Este 12 de marzo de 2025 se cumplieron diez años de la muerte de Rodolfo González, el primer preso político que murió bajo custodia del Estado, según recordó a través de la red social X su hija, Lissete González.
“Nosotros nos enteramos en la madrugada del día siguiente por una llamada de la familia en EEUU, que vio en Twitter el rumor de que había muerto. Tuvimos la confirmación a la mañana siguiente cuando nos notificó la Fiscalía. Ese día lo pasamos en declaraciones en el Ministerio Público y esperando en la morgue que nos entregaran el cuerpo, rodeados por la prensa y activistas políticos. Fue un día abrumador”, relató González.
Recordó que su padre ha sido el único preso político fallecido en custodia que tuvo un funeral de acuerdo con el deseo de la familia: “Han seguido las muertes de otros 21 presos políticos. En esos casos, el gobierno no permitió funerales públicos”.
González, piloto retirado, fue detenido en abril de 2014 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), tras un allanamiento de su vivienda. A su esposa también se la llevaron. Ella fue excarcelada con medidas de presentación, pero a él lo acusaron de financiamiento al terrorismo e incitación al odio y fue recluido en El Helicoide.
El entonces ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, declaró en TV que “el aviador”, como lo apodaron, era uno de los principales organizadores de la ola de protestas de ese año, en las que perdieron la vida unas 43 personas. Tres años después, el propio Rodríguez Torres fue encarcelado también bajo cargos de conspiración y su defensa aseguró que sufría abusos y malos tratos.
Horas antes de su muerte, González había recibido la noticia de que él y los estudiantes detenidos serían trasladados a la temida Cárcel de Yare. La ONG Venezuela Awareness Foundation (VAF) atribuyo entonces el suicidio a la “tortura psicológica” a la que habría sido sometido.
“Esta decisión extrema de Rodolfo González en los calabozos del Sebin fue producto de la fuerte tortura psicológica que padeció desde el momento de su detención el 26 de abril del 2014. Hemos recibido informes de que Rodolfo González fue sometido en los últimos días a torturas psicológicas fuertes por funcionarios del Sebin en las que le decían que le iban a trasladar a una cárcel de presos comunes de alta peligrosidad, que era un delincuente y como tal sería tratado”, denunciaron en un comunicado.
Le pidieron delatar a Ledezma
Los días posteriores a la muerte de Rodolfo González, Joel García, su exabogado, aseguró a mediados de 2014 que su defendido le comentó que la fiscal 20° nacional, Katherine Harrington, lo había visitado en la sede del Sebin, en El Helicoide, para ofrecerle beneficios si “delataba” a representantes de la oposición.
“Antes de entrar a la audiencia me contó que la fiscal Katherine Harrington le había ofrecido que si él delataba a ciertos personeros políticos, como el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, podía gozar de algunos beneficios a los que él no accedió porque no tenía a quién culpar, pues ni siquiera él estaba involucrado en algo. Le dije que le comunicara a la fiscal que hablara conmigo, pero ella nunca quiso”, precisó.
Gobierno elude su responsabilidad en estos casos
Al menos seis presos políticos han fallecido bajo custodia del Estado solo en el período poselectoral, que se suman a la lista de 21 que refirió la hija de Rodolfo González, en un contexto de tratos crueles e inhumanos y torturas.
En un reciente reportaje de Runrun.es, una miembro de la organización defensora de los derechos de los presos, Una ventana a la libertad (UVL) –que solicitó resguardar su identidad- apuntó que para el Estado venezolano, estos sucesos no resultan importantes, a pesar de ser consecuencia directa de la grave situación en los penales, que a su vez representan violaciones a los derechos constitucionales. ”Si le es útil (al Estado), le es útil (…)”, lamentó.
Expresó que aunque estos eventos ocurren de manera ”goteada”, es decir, no se repiten todos los días, no le quita la relevancia.
Sobre el caso de González, varias ONG siguen exigiendo justicia: “Su muerte marcó un punto oscuro en la historia”, denunció Justicia, Encuentro y Perdón.
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