La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó este 18 de marzo una actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, fue le encargada de leer en el reporte en el que denunció que el gobierno venezolano “sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades”.
Patricia Tappatá, experta de la Misión, también tomó palabra para exponer la renuencia o dificultades que expresan las víctimas o familiares para cooperar en las investigación, debido “a una realidad de extorsión por parte del Estado”.
“Y aquellas personas que formulan denuncias por violaciones a derechos humanos o expresan una opinión crítica pueden ser objeto de detención y de pérdida en un universo donde la información sobre suerte y paradero es si no imposible, incierta”, enfatizó.
La Misión solicitó al Consejo de Derechos Humanos que inste al Gobierno a “liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente” y a que se les preste “atención médica adecuada y oportuna mientras sigan detenidas”.
A continuación, resumimos en claves los aspectos más relevantes de esta actualización.
Presiones para el resultado del 28 de julio
En el informe se denunció que el Consejo Nacional Electoral, “desconociendo lo que establece la legislación electoral venezolana, nunca publicó ni el acta de totalización de votos ni las actas de escrutinio por mesa”.
La Misión alertó además que recibió “testimonios creíbles y corroborables de que miembros del Consejo recibieron instrucciones políticas para anunciar un resultado distinto al que se obtuvo en las urnas”.
Muertes en protestas poselectorales
La Misión denunció que las diligencias y experticias respecto a las muertes en las protestas poselectorales han sido “mínimas” y que varias fuentes continúan renuentes a brindar información a la misión “por temor a represalias tras haber sido advertidas por las autoridades de no divulgar ninguna información al respecto”.
Se refirieron concretamente a la muerte de siete personas ocurrida en el marco de la protesta del 29 de julio en inmediaciones del obelisco de San Jacinto en la ciudad de Maracay, estado de Aragua.
“La Misión ha analizado más de 80 vídeos y más de 100 fotografías sobre estos hechos confirmando que miembros del ejército y de la GNB, incluido el CONAS, encargados del control de la protesta portaban armas de fuego incluidas escopetas, pistolas y fusibles, además del material antidisturbios como el lanzagranadas para gases lacrimógenos; dos personas civiles resultaron muertas por impactos de bala. En estos eventos, también resultó muerto el sargento primero José Antonio Torrentz de la Guardia Nacional Bolivariana”, detallaron.
La Misión informó que identificó a cuatro generales, un coronel y un teniente coronel del ejército y de la GNB involucrados en las tareas de orden público en el marco de esta protesta y que dos de ellos se encontraban “dentro de una instalación militar desde donde se disparó a las personas que se manifestaban”.
Torturas y tratos crueles a detenidos poselectorales
Las investigaciones llevadas a cabo por la Misión hasta la fecha, presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos, dan muestra de que varias de las detenciones arbitrarias realizadas con posterioridad a las elecciones presidenciales “fueron seguidas de períodos prolongados de incomunicación y desapariciones forzadas principalmente de corta duración” y destacan que es un patrón de comportamiento de las fuerzas de seguridad que han denunciado en anteriores reportes.
Les preocupa además, y dejaron constancia, del “paso por centros clandestinos de detención o casas de seguridad” de los detenidos antes de ser conducidos a centros oficiales.
Adicionalmente, la Misión ha continuado investigando “denuncias de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidas contra personas detenidas después del 28 de julio, cometidos tanto en los centros oficiales de detención como en esas casas de seguridad”. Se refirieron a un caso de uno de los detenidos, quien narró que sufrió golpes con varas de madera y metal.
Se mencionó también que los detenidos poselectorales han referido sus traslados a celdas de castigo, o el sometimiento ” a un régimen de incomunicación durante semanas por haber reclamado mejores condiciones de detención”.
Muertes bajo custodia del Estado
En el reporte se incluyó la mención a las muertes de cuatro presos políticos bajo custodia del Estado. De ellos, tres fueron detenidos entre el 29 de julio y el 2 de agosto y sus muertes se produjeron en noviembre y diciembre. La cuarta persona fue detenida en enero de 2025 y murió en febrero.
“Todas las muertes se debieron a complicaciones de salud de las personas detenidas. La Misión no tiene información de que las autoridades competentes hayan iniciado alguna investigación como establece el derecho internacional”, denunciaron, al tiempo que instaron a las autoridades a que brinden “atención médica adecuada y oportuna” a todas las personas detenidas.
Detenciones a dirigentes y periodistas
Según los datos de la Misión, entre septiembre y diciembre de 2024, en el país fueron detenidas 42 personas opositoras o percibidas como tales, 41 hombres y una mujer, entre las que se encuentran dirigentes y activistas políticas, y al menos, 14 periodistas.
Al reporte sumaron los detenidos durante la primera quincena de enero de 2025: al menos a 84 personas percibidas como opositoras, 69 hombres, 13 mujeres y dos adolescentes, incluidos dos dirigentes de organizaciones sociales y una persona con discapacidad.
En este apartado incluyeron las detenciones de Carlos Correa, presidente de la ONG Espacio Público, cuyo paradero solo fue conocido nueve días después cuando fue liberado; la de Enrique Márquez, excandidato presidencial por el Partido Centrados y antiguo rector del Consejo Nacional Electoral y la de Ángel Godoy, periodista y director de la organización política Movimiento Democracia e Inclusión.
“La Misión también está investigando varios casos en los que se continúa aplicando la práctica de detener a familiares de líderes políticos de oposición y de actores de la sociedad civil. Por ejemplo, el 7 de enero fue detenido Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, cuando llevaba a sus hijos a la escuela”, precisaron.
Persecución aumentó después del 10 de enero de 2025
Durante el periodo de actualización, de acuerdo con la Misión, las detenciones arbitrarias de personas opositoras o percibidas como tales “han continuado y se han incrementado durante el periodo inmediatamente anterior a la investidura presidencial el 10 de enero de 2025″.
En el reporte se denuncia la represión de la fuerzas de seguridad y grupos de civiles a las protestas, así como “situaciones violatorias de derechos humanos, especialmente detenciones arbitrarias”.
Asedio a embajada argentina
La situación de “acoso constante, incluyendo restricciones de acceso a servicios básicos ordenadas por las autoridades” de los seis opositores asilados en la residencia del embajador de Argentina también fue denunciada por la Misión de la ONU.
Recordaron que en este mes de marzo se cumple un año desde que buscaron ese salvaguardo, así como también que una de esas personas (Fernando Martínez Mottola) falleció en su domicilio a causa de una enfermedad el 26 de febrero de 2025, después de haber podido abandonar la residencia el 20 de diciembre de 2024.
“A la fecha de esta actualización, el Gobierno no ha concedido los salvoconductos necesarios para salir del país a las cinco personas restantes, quienes siguen soportando condiciones de acoso constante”, alertaron, por lo que exhortaron al Consejo a que inste al gobierno a liberar “inmediatamente y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluso desde antes del periodo electoral”.
Detenciones a personas extranjeras
La actualización incluyó la referencia a la detención de personas extranjeras en Venezuela, unas 150 según el propio gobierno.
“En la mayoría de estos casos, las personas extranjeras no han tenido acceso a comunicarse con una oficina consular o misión diplomática del estado del que son nacionales, en violación de la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares. Las autoridades también han ignorado solicitudes de información de consulados y misiones diplomáticas sobre casos específicos. Las familias tampoco han podido comunicarse con estas personas, en algunos casos desde hace varios meses”, precisó la Misión.
Señalamientos a Cabello
La Misión se refirió al nombramiento en agosto pasado de Diosdado Cabello como ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y lo señaló de “dirigir formalmente el centro del aparato represivo del Estado” y de continuar “amenazando públicamente a personas opositoras o percibidas como tal”.
Se refirieron asimismo en este breve reporte a las denuncias de la Fiscalía chilena de que una de las personas detenidas identificó a Diosdado Cabello como la persona que ordenó la acción contra Ronald Ojeda, teniente asesinado en ese país.
Restricciones al espacio cívico
En el resumen se incorporó la aprobación en noviembre de 2024 la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales y la Ley orgánica libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela y se advirtió que el lenguaje “expresamente ambiguo ambas leyes permiten una aplicación discrecional restrictiva de los derechos y libertades y prevén graves sanciones, incluidas en el caso de la Ley Simón Bolívar, penas de prisión de hasta 30 años e inhabilitación política de hasta 60 años”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
