Desapariciones forzadas, encarcelamiento sin el debido proceso, negativa a una defensa privada y contacto con los familiares y una larga lista de atropellos a los derechos humanos de los privados de libertad han denunciado los medios de El Salvador durante el gobierno del presidente de ese país, Nayib Bukele.
Así lo expuso el periodista de El Faro, Nelson Rauda en La Conversa, programa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y TalCual.
En la edición que llevó por título Y ahora: ¿Por qué persiguen a los venezolanos en Estados Unidos? y estuvo conducida por la directora de ARI, Ronna Rísquez; Víctor Amaya, director de TalCual y Luis Blanco, director de Runrunes, Rauda expresó que en El Salvador no hay autoridad alguna que pueda hacerle frente a las decisiones de Bukele.
“Este país se rige por lo que diga Bukele, aquí todo está centralizado. Los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia los eligió el partido del presidente. Ser juez y emitir una orden contra Bukele es firmar tu sentencia judicial, al menos tienes garantizado el traslado a otra instancia o un despido”, dijo el periodista.
Rísquez recordó que el pasado fin de semana Bukele fue el responsable de recibir a 238 migrantes, a quienes calificaron de ser presuntos integrantes del Tren de Aragua, provenientes de Estados Unidos, pese a que un juez federal ordenó el regreso a suelo norteamericano del avión donde los transportaban.
Los migrantes fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una carcel de máxima seguridad construida durante el mandato de Bukele para albergar a criminales pertenecientes a pandillas.
“Del Cecot tenemos poca información, en teoría ningún detenido ha salido de esa prisión. Los salvadoreños hemos visto decenas de videos de la cárcel, pero a los periodistas no se nos ha dado acceso. Han hecho tours para mostrarla a influencers. Hasta el youtuber Luisito Comunica ha entrado”, indicó Rauda.
Amaya informó que de acuerdo a lo expuesto por el propio Bukele, el Cecot tiene capacidad para 40 mil personas y no está a su máxima capacidad.
“Tenemos más de 20 testimonios que denuncian torturas sistemáticas en el Cecot. En El Salvador hay otras 22 prisiones y de esas no hay imágenes ni se hacen tours. Las organizaciones han registrado más de 300 muertes en cárceles salvadoreñas. Actualmente hay 110 mil personas presas en un país de 6 millones de habitantes”, aseveró Rauda.
Amaya apuntó que eso significaba cerca del 2% de la población.
Rauda indicó que los venezolanos que llegaron provenientes de Estados Unidos, desconocen si están bajo la jurisdicción salvadoreña o americana.
“Esas personas están en un limbo jurídico. No hay una lista oficial con los nombres de las personas que llegaron al Cecot. Suponemos que muchos de ellos van a estar desaparecidos por meses”.
El periodista calificó el traslado de venezolanos supuestos miembros del TDA y algunos pandilleros salvadoreños (según lo expresado por el propio Bukele) como un destierro.
Rauda recordó que el artículo 10 de la Constitución de El Salvador prohíbe la autorización de convenios en los que se pacte proscripción o destierro.
“¿Qué ley le faculta a Bukele para alquilar la cárceles salvadoreñas? Una abogada de nombre Ruth López indicó que en todo caso para que una persona pueda ser llevada a otro país tiene que ser a través de una sentencia firme”.
Rauda informó que según la propia Casa Blanca, el acuerdo para recibir a los detenidos en Cecot ronda los 6 millones de dólares, a razón de $20 mil anuales por cada privado de libertad.
Para Rísquez es curioso que en los videos que han salido a la luz pública sobre los recién llegados al Cecot, ninguno de los detenidos tenga acento venezolano.
Blanco alertó que se desconoce si en ese vuelo iban a bordo nacionalidades diferentes a la venezolana o salvadoreña.
Bukele en la oscuridad
“Todo es secreto en El Salvador, en todo hay opacidad, existe un patrón generalizado de ocultamiento de la información, para los periodistas es difícil, porque no sabemos en quién confiar. La forma de operar de este gobierno es bastante similar a la de la mafia. Alejandro Muyshondt, ex asesor de seguridad, murió en una cárcel bajo custodia del Estado luego de haber hecho ciertas denuncias”, aseveró Rauda.
A juicio de Rísquez validar este tipo de acciones es respaldar los primeros pasos hacia la destrucción de la democracia. “No está en juego solo los DDHH de un grupo de personas, también el sistema de justicia de los Estados Unidos. Me pregunto si esto no está sujeto a investigaciones por parte de la Corte Penal Internacional”.
La periodista asomó también que de alguna manera el episodio pudiese convertirse en una forma de oxígeno para el gobierno de Maduro, que ha solicitado la intervención de organismos internacionales para inspeccionar el respeto al debido proceso con los acusados y recluidos en el Cecot.
“Llama la atención que voceros del gobierno venezolano, señalados de violar DDHH, llamen al debido proceso”, sostuvo Amaya.
Rauda agregó que desde 2018, el periodismo en El Salvador ha retrocedido 67 puestos en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras.
“El Faro se vio obligado a mudar sus oficinas administrativas a Costa Rica por acusaciones de lavado de dinero. Un medio vinculado a Bukele nos acusó de haber violado a una periodista. Tenemos colegas en el exilio. Aunque Bukele lo niega, hubo periodistas presos. El canal Teleprensa cerró operaciones el año pasado. Hay persecución a medios”.
El periodista sentenció que desde el gobierno de Bukele se está construyendo la misma narrativa que en la administración de Trump.
“De que todos los migrantes son criminales y merecen ser tratados así”.
