Alex Saab, empresario colombiano identificado durante años como el testaferro del exgobernante venezolano, Nicolás Maduro, se prepara para comparecer este martes ante una corte federal de Miami, donde se espera que se declare culpable en una causa de lavado de dinero relacionada con una trama de corrupción alrededor de contratos para importar alimentos a Venezuela.
Según registros judiciales citados porThe Associated Press,Saab acudirá ante la jueza Kathleen Williams para una audiencia de cambio de declaración. Los términos de la eventual declaración de culpabilidad no habían sido divulgados hasta este lunes y su abogado, Neil Schuster, declinó hacer comentarios a la agencia.
La declaración de culpabilidad aún no se ha producido. Por tanto, cualquier consecuencia jurídica o eventual cooperación de Saab con los fiscales dependerá de lo que ocurra durante la audiencia y de los acuerdos que puedan formar parte del proceso.
Una causa vinculada a los CLAP
La nueva acusación contra Saab fuepresentada por fiscales federales en mayo de 2026, después de que Venezuela lo entregara a Estados Unidos. El Departamento de Justicia sostiene que Saab y sus cómplices utilizaron sobornos, empresas ficticias, facturas fraudulentas y registros de embarque falsificados para obtener contratos relacionados con el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa creado por el gobierno venezolano en 2016 para distribuir alimentos subsidiados.
De acuerdo con la acusación, los alimentos eran adquiridos y enviados desde otros países, entre ellos Colombia y México, mientras se ocultaba fraudulentamente la naturaleza y el origen de parte de los productos. Los fiscales sostienen que la estructura permitió desviar cientos de millones de dólares que debían estar destinados a la adquisición de alimentos para venezolanos vulnerables.
El Departamento del Tesoro estadounidense ya había señalado a Saab en 2019 como parte de una red de corrupción vinculada al programa CLAP. En aquel momento, la administración estadounidense sostuvo que el empresario se había beneficiado de contratos sobrevalorados y que había utilizado una red de compañías para obtener ganancias de las importaciones de alimentos.
El programa de los CLAP fue creado en medio de la grave crisis económica y de abastecimiento que atravesaba Venezuela, con el pretendido objetivo de distribuir cajas de alimentos subsidiados a sectores vulnerables, pero durante años fue objeto de cuestionamientos y denuncias de corrupción, sobreprecios y uso político de la distribución de alimentos.
La acusación también alcanza operaciones petroleras
La causa presentada en mayo amplió el alcance de las investigaciones estadounidenses. El Departamento de Justicia afirmó que, desde 2019 y hasta al menos enero de 2026, la presunta estructura criminal se extendió a operaciones relacionadas con el petróleo venezolano.
Según los fiscales, Saab y sus asociados habrían utilizado sus relaciones con funcionarios venezolanos para acceder a petróleo propiedad de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), venderlo bajo supuestos fraudulentos y transferir parte de los ingresos a través de cuentas bancarias estadounidenses.
El gobierno estadounidense sostiene que los recursos derivados de esas operaciones fueron utilizados para continuar y ocultar el esquema relacionado con el programa CLAP. La acusación presentada en mayo señala que Saab enfrenta un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios, un delito que puede acarrear una pena máxima de 20 años de prisión si resulta condenado.
De Cabo Verde a Miami y de vuelta a Venezuela
La historia judicial de Saab comenzó antes de la nueva causa. En julio de 2019, Estados Unidos lo acusó junto con el empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas de delitos de lavado de dinero relacionados con un esquema anterior de sobornos y contratos públicos venezolanos.
Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 durante una escala de su viaje hacia Irán y posteriormente extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. En esa causa, los fiscales estadounidenses inicialmente presentaron una acusación de ocho cargos, aunque posteriormente retiraron siete como parte del proceso que permitió su extradición.
En diciembre de 2023, Saab salió de una cárcel federal estadounidense después de que el entonces presidente Joe Biden le concediera clemencia como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela. El acuerdo permitió el regreso a Estados Unidos de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela, incluidos seis que Washington consideraba detenidos injustamente.
Un nuevo proceso tras la captura de Maduro
La situación cambió en 2026. Tras su regreso a Venezuela y después de la caída de Maduro, Saab fue entregado por la administración interina de Delcy Rodríguez a Estados Unidos el 16 de mayo de 2026, en medio de una nueva etapa de cooperación entre Caracas y Washington.
El Departamento de Justicia anunció entonces una nueva acusación y dejó claro que se trataba de un proceso distinto de la causa que había quedado cubierta por la clemencia de Biden. La fiscalía sostiene que las nuevas acusaciones abarcan una presunta estructura de corrupciónque se extendió desde el negocio de los alimentos hacia operaciones petroleras.
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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 14 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.
El primer sorbo:la dosis fuerte de información para abrir los ojos
Después de protestar por la liberación de los presos políticos en Venezuela, Óscar Morales López, un hombre de 56 años, casi se convirtió en uno. Estuvo detenido arbitrariamente por seis horas el pasado sábado, 12 de septiembre. La denuncia ocurrió a las 09:00 a.m. y a las 03:00 p.m. los abogados de Provea y de la Alianza por los Presos Políticos lograron liberar a Morales en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez, en Caracas.
Para el Comité por la Libertad de los Presos Políticos infirió que la detención de Morales se retoma al uso de un cartel con la cara de Diosdado Cabello, actual Ministro de Interior, Justicia y Paz, con la inscripción «El ser más odiado».
Por ahora, el número de presos políticos en Venezuela se mantiene en 328, según los datos de la ONG Foro Penal.
«Parece que para ellos el señor salió demasiado rápido. Se les aguó la fiesta de manipulación sentimental y política que estaban armando», dijo Jorge Arreaza sobre al detención de Óscar Morales en sus redes sociales. «Como si en cualquier país del mundo no se produjera alguna detención en el marco de protestas. Ni hablar de lo que ocurre en la Florida», agregó haciendo referencia a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) contra los migrantes en Estados Unidos.
La semana pasada hubo reunión entre el BCV y los bancos:
Los últimos cambios anunciados por el BCV para la banca dejan una señal que me parece importante mirar más allá de sus efectos inmediatos sobre el sistema financiero.
Se anunció un fuerte aumento del costo asociado a los…
Vi en Instagram un post sobre un nuevo programa de Venezolana de Televisión; Noches con Silva, conducido por Henrys Silva. Hasta ahí, cada quien verá lo que quiera ver y escuchará lo que quiera escuchar.
Lo que me llamó la atención –y me dio mucha rabia– fue el comentario de una persona que, al referirse al público que asistía al programa, escribió: “Ahí está la zambería”.
Le respondí algo muy sencillo: ¿Qué tienen de malo los zambos? ¿Cuál es, según él, el dilema con ellos? Porque ese, precisamente, es uno de los problemas que después de 27 años de sufrimiento seguimos sin resolver.
Durante mucho tiempo nos contamos a nosotros mismos que los venezolanos no éramos racistas ni clasistas. Que aquí todos éramos iguales. Que el mestizaje nos había vacunado contra esos prejuicios. Pero quizás nos lo creímos demasiado, porque sí éramos clasistas y sí hemos sido racistas, aunque nos incomode reconocerlo.
En Venezuela, como en cualquier sociedad, hemos tenido prejuicios de clase, de color de piel, de apellido, de origen, de educación y hasta de acento. Los disimulamos detrás del humor, de la familiaridad y de esa costumbre tan nuestra de tratarnos de “negro”, “catire”, “gordo”, “flaco” o hasta “niche”, sin preguntarnos siempre qué hay detrás de las palabras.
Pero hay algo que deberíamos tener clarísimo a estas alturas: ser negro no es un defecto. Ser zambo no es un defecto. Y ser blanco tampoco es una virtud.
Mi tío bisabuelo Laureano Vallenilla Lanz decía –no sé si la frase es suya o simplemente la repetía– que en Venezuela quien tenía varias generaciones aquí, “si no tiraba flechas, tocaba tambor”. La frase podrá sonar políticamente incorrecta hoy, pero encierra una verdad que deberíamos recordar: Venezuela es un país profundamente mestizo.
Todos podemos tener entre nuestros antepasados a indígenas, africanos y europeos. ¿Y qué? Eso NO es un problema. El problema empieza cuando alguien se siente superior a otro por su color de piel. O por su apellido. O por el dinero que tiene. O por la universidad en la que estudió. O por el lugar donde nació. O por la música que escucha. O por la manera en que habla. Y ahí está, precisamente, una de las grandes tragedias de estos 27 años.
Nos hemos pasado siglos tratando de averiguar quién tuvo una abuela negra para decidir cuánto valía. Y después de 27 años de chavismo seguimos utilizando el color de la piel como arma política. ¿De verdad eso es lo que aprendimos?
Hugo Chávez no inventó todos nuestros prejuicios. Los encontró. Encontró resentimientos reales, desigualdades reales y heridas sociales reales. Y en lugar de ayudarnos a superarlos, convirtió muchos de ellos en instrumentos de poder. Convirtió el resentimiento en una herramienta política, la división en una estrategia, la condición social en una identidad política “somos patenelsuelos” y el color de piel, en ocasiones, en una bandera. Y así terminamos enfrentados venezolanos contra venezolanos.
Pero hay algo todavía más triste: que después de haber pagado un precio tan alto, sigamos regando la misma matica. Porque el resentimiento no se combate con otro resentimiento. El racismo no se combate con racismo de signo contrario. El clasismo no se acaba cambiando quién desprecia y quién es despreciado. Y una sociedad no se reconstruye sustituyendo una superioridad por otra.
Por eso me preocupa tanto leer “ahí está la zambería” como si la palabra fuera un insulto.
Me preocuparía exactamente igual que alguien escribiera “ahí están los blanquitos”, “ahí están los sifrinos”, “ahí están los negros”, “ahí están los indios” o cualquier otra expresión destinada a convertir las características de un grupo humano en una descalificación.
No quiero una Venezuela en la que unos venezolanos aprendan a despreciar a otros venezolanos con el mismo lenguaje que durante años hemos denunciado.
Quiero una Venezuela en la que podamos mirar una multitud y no preguntarnos primero de qué color es, cuánto dinero tiene o de qué clase social viene.
Quiero que aprendamos, finalmente, que una persona no vale más porque sea blanca ni vale menos porque sea negra. Que no es mejor quien tiene un apellido ilustre ni peor quien nació en un barrio humilde. Que nadie hereda superioridad, pero tampoco nace inferior.
Y que el verdadero problema nunca ha sido el color de la piel. El problema son los que se sienten superiores.
Después de 27 años de sufrimiento, de familias separadas, de millones de venezolanos fuera del país, de una economía destruida, de instituciones arrasadas y de tantas vidas atravesadas por el conflicto político, uno esperaría que hubiéramos aprendido algo.
Por lo menos, que NO hemos sufrido 27 años para terminar aprendiendo a odiarnos mejor.
La Cancillería de Colombia anunció el inicio de una serie de diálogos para atender a las familias de los connacionales detenidos arbitrariamente en Venezuela. Su intención fue «fortalecer la comunicación entre las familias y la institucionalidad y conocer de primera mano sus inquietudes y necesidades».
La última liberación de presos políticos en Venezuela con nacionalidad colombiana ocurrió en octubre de 2025. Hasta la fecha aun quedan siete personas con nacionalidad colombiana y 10 personas con doble nacionalidad, colombovenezolana, privados de libertad arbitrariamente en Venezuela, según los datos de la ONG Foro Penal.
Esa población representa el 51,51 % de los 33 presos políticos con nacionalidad extranjera en Venezuela registrados por la ONG.
“La importancia de esta reunión radicó en varios puntos. El primero de ellos era establecer un puente de comunicación con las familias y expresarles la solidaridad del Gobierno nacional frente al dolor que están atravesando”, expresó el viceministro de Asuntos Migratorios,… pic.twitter.com/Dwce4elSmp
El encuentro se realizó en el Palacio de San Carlos, en Bogotá. Los familiares de los presos políticos se reunieron con Pedro Agustín Roa Arboleday, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.
Durante la reunión, las autoridades colombianas reiteraron que sus connacionales detenidos arbitrariamente en Venezuela no han gozado de un debido proceso judicial, lo que vulnera sus derechos fundamentales y las normas internacionales.
Germán Vargas Navarrete, representante de varias familias afectadas, afirmó que la Cancillería se contactó con los connacionales por primera vez en cuatro años.
El Gobierno colombiano también denunció que, hasta la fecha, el Gobierno interino de Venezuela no da información suficiente para acceder a los expedientes de los colombianos detenidos y brindar asistencia consular. La Cancillería y el exembajador colombiano en Venezuela, Milton Rengifo, afirman que han enviado más de 20 notas verbales a las autoridades venezolanas para solicitar información sobre los detenidos.
La Cancillería, en una nota de prensa, afirmó que «mantendrá abiertos los canales de comunicación con los familiares y las organizaciones que acompañan estos casos, con el fin de facilitar el intercambio de información y fortalecer la articulación institucional».
Mientras tanto, Vargas denunció que existen familias colombianas que no tienen los recursos para contactarse con la Cancillería y exponer sus casos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ante la prensa este 13 de septiembre que Venezuela afirmó que Venezuela aún no está «lista» para celebrar unas elecciones o cambiar a los representantes del Poder Ejecutivo chavista.
«[Tendrán elecciones] cuando estén listos. Los venezolanos en este momento están felices porque antes vivían una situación muy difícil», declaró el mandatario norteamericano durante al celebración del torneo de golf Irish Open.
Trump repitió sus últimas declaraciones sobre el acuerdo petrolero entre su gobierno y el gabinete interino de Delcy Rodríguez.
«Venezuela está ganando muchísimo dinero y nosotros también. Y, como saben, ahora todas las grandes empresas están llegando allí y, cuando empiecen a perforar de verdad, cuando eso realmente comience a suceder, el pueblo de Venezuela está muy, muy feliz», dijo en Irlanda.
Un acuerdo entre críticas y silencio
El acuerdo petrolero, celebrado a inicios del mes de septiembre, permitirá al gobierno estadounidense a acceder a más de 65 millones de barriles de crudo en suelo venezolano durante 100 años. La empresa encargada de dirigir el acuerdo energético es North American Blue Energy Partners, una empresa dirigida por Alejandro Betancourt, un venezolano señalado por distintas cortes de Suiza y España por corrupción mientras manejaba los activos de Petróleos de Venezuela junto al chavismo, junto a Delcy Rodríguez.
El acuerdo entre Trump y Rodríguez ha acarreado críticas de la sociedad civil venezolana sobre la vulneración de la soberanía nacional y la falta de transparencia. Mientras tanto, Dihnora Figuera, la jefa de la Asamblea Nacional del 2015 frente a la mesa de negociación con el chavismo, alertó que la prioridad de los diálogos será la restitución normativa del país antes de la celebración de unas elecciones.
En una entrevista a Radio Fe y Alegría Noticias, Bianca Dámaso, directora del Taller Ortoprotécnica C.A., informó que más de 150 personas de Caracas y La Guaira afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio de 2026 necesitan prótesis como herramientas de apoyo para su discapacidad motora.
Dámaso enfatizó que esta cifra no es oficial. Tampoco el Gobierno ha ofrecido un censo sobre las personas con discapacidad que requieren atención especializada tras el desastre. Las 150 personas que menciona son pacientes que se han acercado al taller, a la Fundación Juan Pablo Dos Santos y a la Fundación CIREC, instituciones de la sociedad civil dedicadas a la atención humanitaria de las personas con discapacidad.
La mayoría de la población afectada presenta amputaciones transfemorales. Otra proporción más pequeña presentan amputaciones en miembros superiores. El paciente más joven tiene 5 años y el más viejo tiene 79.
La directora del taller Ortoprotécnica informó que se atenderán 31 casos, garantizándoles acceso a prótesis y fisioterapia de fortalecimiento como preparación para utilizarlas. Según Dámaso, los primeros cuatro afectados por los terremotos recibirán sus prótesis el próximo 15 de septiembre.
«Perdieron la casa, su familia y también una parte de su cuerpo. Entonces, es un choque bastante fuerte y estamos buscando la manera de hacerles la vida lo más fácil posible», expresó en la entrevista radial.
Una necesidad cara y silenciosa en Venezuela
Dámaso enfatizó que, antes de los terremotos, la demanda por prótesis en Venezuela era alta: más de 3.000 personas amputadas que requieren una prótesis y no cuentan con los recursos para adquirirlo, según las estimaciones de las tres instituciones.
La especialista en órtesis y prótesis también reveló que el costo de una prótesis puede oscilar entre 3 500 y 25 000 dólares estadounidenses. Mientras tanto, el sueldo mínimo del venezolano está anclado a los 130 bolívares, que para la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela del día 14 de septiembre de 2026 equivale a 0,15 dólares estadounidenses mensuales.
Según los datos de la institución, diariamente aparecen nuevos pacientes en las plataformas de la fundación a través de sus redes sociales.
Dámaso instó a las autoridades gubernamentales a atender de forma integral a la población afectada por el desastre.
Dada la normalización de la amoralidad en el mundo de la política, llamada “arte de lo posible”, teatro de la astucia o de la habilidad, como así lo asumen quienes a diario se desayunan sus vergüenzas contradiciendo el mandato virtuoso de Platón, se verá de políticamente incorrecto el que introduzca como tema el de la cuestión de la dignidad humana. Asumo el riesgo, así me acompañen solo doce, diría san Juan Pablo II.
Cabe y es pertinente, no obstante, pues este fue no solo la piedra angular sobre la que se levanta el edificio del sistema universal de derechos humanos a partir de 1945, tras el Holocausto y cuyas columnas se han fragilizado, sobre todo a partir de 1989. El asunto da cuenta de las raíces milenarias de la civilización que nos integra, que son las que se fragilizan justamente y están haciendo añicos con nuestro patrimonio intelectual; el que nos da talante de cara a las otras civilizaciones que, paradójicamente, no se avergüenzan de las suyas.
Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, lo dicen las fuentes, argumentaron que todos los seres humanos comparten una chispa divina o “razón universal” (logos). Esto los igualaba moralmente por encima de los animales, independientemente de si eran libres o esclavos. Cicerón dio un giro conceptual: afirmó que el ser humano posee una dignidad natural superior a la de los animales debido a su mente y capacidad de razonar, obligándolo a vivir con decoro y control moral. Antígona desafía las leyes del Estado en nombre de leyes no escritas y eternas, sentando un precedente sobre valores que trascienden al poder político para salvaguardar el respeto al individuo.
Llegado el mundo medieval se democratiza la idea de la dignidad humana a través de la teología, lo refieren las mismas fuentes; dejando de ser una conquista basada en la mera razón y pasando a ser un atributo intrínseco y sagrado de cada individuo. Su dignidad es indestructible, afirma Agustín de Hipona, mientras que Tomás de Aquino argumenta que el ser humano es la criatura más perfecta del mundo visible debido a su intelecto y libre albedrío, lo que le otorga un dominio sobre sus propios actos y un lugar digno y preeminente en el orden de la creación.
El último doctor de la Iglesia, Joseph Ratzinger, papa Benedicto XVI, en sus enseñanzas nos deja dos párrafos conceptuales que mucho iluminan al respecto: “Para convencer a un alma racional no hay que recurrir al propio brazo ni a instrumentos contundentes, ni a ningún otro medio con el que se pueda amenazar de muerte a otra persona”. “En el mundo occidental está muy difundida la opinión según la cual solo la razón positivista y las formas de la filosofía derivadas de ella son universales, pero las culturas profundamente religiosas del mundo consideran que precisamente esta exclusión de lo divino de la universalidad de la razón constituye un ataque a sus convicciones más íntimas. Una razón que sea sorda a lo divino y relegue la religión al ámbito de las subculturas, es incapaz de entrar en el diálogo de las culturas” con vistas a la paz en la convivencia, afirma el papa alemán.
Los ejemplos de voluntarismo desembozado e hiperbolizado, y sincretizados en el laboratorio del narcisismo digital imperante en quienes, en su mayoría, avanzan hacia el secuestro de los espacios de poder –con desprecio absoluto por la institución invisible de la confianza de la gente– para servirse de estos, son máximas de la experiencia. Venezuela es un emblema. A diario golpean directamente sobre la humanidad de las víctimas en este tiempo de deconstrucción de sólidos culturales y de dictadura del relativismo.
Lo cierto es que nadie sabe de derechos o recuerda que existen y se fundan en la dignidad de la persona humana, sino cuando los pierde; me lo decía tres décadas atrás el maestro Karel Vasak, eminente jurista checo-francés fallecido y proponente de las llamadas generaciones de los derechos humanos. Lo sabe en carne propia la pareja de los Maduro-Flores, sometida a la justicia norteamericana por alegados atentados contra la dignidad humana de los venezolanos al coludirse para ello con el crimen organizado trasnacional.
Lo sabrán pronto, llegado el momento, sus causahabientes, tragados por odios existenciales, revanchas políticas, cosificados por quien hoy les explota o les nombra misioneros elevándoles mientras condiciona sus pasos y los de todos quienes se suman a ese teatro de la infamia. Son los que ahora departen y le sonríen a los que Naciones Unidas ha identificado como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad.
También lo sabrán, eso creo, los que con saña de Caines resucitan a los demonios del mal absoluto, pues recrean en América la tragedia de la diáspora judía que tanto avergonzó a las generaciones europeas y del mundo al finalizar la Segunda Gran Guerra del siglo XX.
¿Se ha perdido como valor estructurante de nuestra civilización y para la dinámica del poder que avanza tras los nuevos «judíos del siglo XXI», el de la dignidad de la persona humana? Huelgan los ejemplos, insisto. No solo se trata de los migrantes venezolanos, los de adentro, los prisioneros políticos, o los de afuera, que viajaron al ostracismo en búsqueda de libertad, pero que sobreviven ocultos en sus madrigueras del norte y del sur.
La reciente prédica de papa León XIV ante el pleno de la plaza de San Pedro, actualizando las enseñanzas de Gaudium et Spes –documento fundamental del Concilio Vaticano II– no llega por acaso. Habla por sí sola. No reclama de agregados ni circunloquios. Hace presente el pontífice norteamericano su más reciente encíclica Magnifica humanitas para insistir en que la dignidad humana es un don que precede y excede al mismo hombre, varón o mujer. No “depende de sus capacidades, de sus riquezas y de su rol, ni de sus decisiones justas o equivocadas”. Por lo que, sin decirlo, repara en quienes hoy, manipulando y prosternando la protección de los derechos humanos por sus gobernados, en nombre de “sus” derechos acaban con el Estado de derecho –única protección con la que cuenta toda víctima, refugiándose en la independencia de los jueces– dando rienda suelta al “derecho penal del enemigo”.
Sensiblemente, se recrea la tesis que esbozara el jurista alemán Carl Schmidt en su ensayo sobre El concepto de lo político (1927/1932), que la hizo práctica el nacionalsocialismo y tuvo su origen en las humillaciones que a la vez recibió la nación alemana al concluir la Primera Guerra Mundial. “Supongamos que en el dominio de lo moral la distinción última es la del bien y el mal… Pues bien, la distinción política específica, aquella a la que pueden reconducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinción de amigo y enemigo”, escribe Schmidt.
Seguidamente agrega que se llevaron “tan lejos el concepto del enemigo [las potencias vencedoras] que acabaron no solo con la distinción entre combatiente y no combatiente, sino incluso con la de guerra y paz. Pero al mismo tiempo intentaron legalizar por medio de pactos este estado intermedio, tan indeterminado y deliberadamente mantenido en suspenso, y hacer como si jurídicamente fuese el statu quo de la paz normal y definitivo”. Por lo que huelga el ejemplo de los buhoneros del petróleo. Y lo explica bien dicho jurista hace casi una centuria: “El resultado es que el Estado como modelo de unidad política, el Estado como portador del más asombroso de todos los monopolios, el de la decisión política, esa joya de la forma europea y del racionalismo occidental, queda destronada”.
En suma, si escrudiñamos sobre el fondo de la reflexión schmitiana, que no por azar explica el sentido del asunto vertebral que adelanto con esta crónica y se encuentra severamente comprometido, a cuyo tenor la pérdida de la dignidad humana como astrolabio de la humana existencia nos conduce a la guerra de todos contra todos, constataremos que siempre termina resolviéndose todo, solo en apariencia, a través de acuerdos utilitarios: “La generación alemana que precede a la nuestra estaba dominada por una sensación de ocaso cultural que se puso de manifiesto ya antes de la Guerra Mundial, y que en modo alguno tuvo que esperar al hundimiento de 1918 ni a la decadencia de Occidente de Spengler… El poder irresistible de la técnica aparecía aquí como gobierno de la falta de espíritu sobre el espíritu, como mecánica tal vez ingeniosa pero carente de alma”, escribe, para fijar un corolario.
Así las cosas, volviendo al principio, al caracterizar la dignidad humana, León XIV nos recuerda lo que se olvida u omite por quienes falsifican y manipulan las ideas y los conceptos, tanto como trastornan el significado de los significantes para prosternar cualquier percepción humana del ser humano, hasta situarlo como enemigo y así poder cosificarlo, esclavizarlo.
“La dignidad humana recubre a la totalidad de la persona y volverla objeto del que puede disponerse arbitrariamente o tratarlo como tal representa su negación”, dice el pontífice, apoyándose sobre el documento conciliar mencionado. A la sazón explica que tres son sus manifestaciones y le son inherentes: “La inteligencia, que impone en toda persona buscar y servir a la verdad”, que no a la mentira o a la manipulación de aquella, como de ordinario ocurre en la escena política contemporánea; “la conciencia, que le permite darle unidad y sentido a la propia vida” humana, autónomamente, pudiendo discernir cualquier hombre sobre su proyecto de perfectibilidad; y “la libertad, que lo hace protagonista a la vez que responsable de sus propias decisiones”.
De modo que todo intento para postergar, disminuir u horadar a la dignidad resta en todos y no solo en los victimarios cuando advierten la pérdida del poder que detentan, lo que les es connatural a la criatura, a saber, ser inteligente, consciente, y libre. Es esto, exactamente, lo que se está subestimando y poco importa a quienes, asumiéndose como dioses terrenos, han dado por muerto a Dios y fracturan todos los límites que evitarían nuestro colectivo descenso hacia el abismo de la corrupción.
Unos, por empeñados en destruir las raíces culturales que nos atan, bajo los dictados de la biblia gramsciana –la del socialismo del siglo XXI– en tanto que otros, por lo dicho, por haber dado a Dios por muerto, siendo feligreses de Así habló Zaratustra. No faltan, sino que sobran dentro de esa fauna de inhumanidad actuante y presente, lo recordaba Ratzinger, los que se avergüenzan de sus paternidades judeocristianas y grecolatinas.
La libertad de elegir entre el bien y el mal
No puedo menos, dentro de lo poco que puedo dejarles para la reflexión, en medio del deslave de narrativas al detal y que como río sin madre fluyen por el ecosistema de las redes, que transcribirles, acaso como simple protesta o como anotación al margen de la historia que se habrá de escribir, lo que hice constar en el libro que a cuatro manos editamos con José Rodríguez Iturbe: Voz y caminos. Los grandes temas del siglo XXI en la obra de Joseph Aloisius Ratzinger (2024).
“Naturalmente, un político –dice Ratzinger– buscará el éxito, sin el cual nunca tendría la posibilidad de una acción política efectiva. Pero el éxito está subordinado al criterio de la justicia, a la voluntad de aplicar el derecho y a la comprensión del derecho. El éxito puede ser también una seducción y, de esta forma, abre la puerta a la desvirtuación del derecho, a la destrucción de la justicia. «Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos?», observaba en cierta ocasión San Agustín. Nosotros, los alemanes, sabemos por experiencia que estas palabras no son una mera quimera. Hemos experimentado cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó a él; cómo se pisoteó el derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho; se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada, que podía amenazar el mundo entero y llevarlo hasta el borde del abismo”, declara el papa emérito fallecido ante el Parlamento de su patria.
“Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político. En un momento histórico, en el cual el hombre ha adquirido un poder hasta ahora inimaginable, este deber se convierte en algo particularmente urgente. El hombre tiene la capacidad de destruir el mundo”, fue su alerta para entonces.
No tiene reparos, en fin, al volver más allá de la argumentación filosófica, sobre la cuestión antropológica y para resolver sobre la dignidad humana que a todos nos es inherente y nos trasciende: “El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza, y su voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza, la escucha, y cuando se acepta como lo que es, y admite que no se ha creado a sí mismo. Así, y solo de esta manera, se realiza la verdadera libertad humana”, concluye.
En momentos de incertidumbre como los que nos interpelan a las generaciones que hemos sido testigos de lo ocurrido durante el curso de los últimos 30 años (1989-2019), que se aceleran y no se han cerrado como se esperaba, tras la pandemia universal del covid-19; tiempo de deconstrucción que ha sido, en el marco de un tiempo sin lugares y de irrelevancia para el valor del tiempo, incluso admitiéndose la tesis de Spengler: hasta para los existencialistas solo existe el hombre y su factor común es la temporalidad o historicidad, llegada como sea la hora del renacer nos hará falta un sextante. Y ninguno comparable al de Ratzinger. En el zenit de su poder y de la vida optó por la renuncia y la humildad. Eligió «no-ser hombre» a la manera de Pico de la Mirándola y regresar al claustro, al espacio de reflexión transcurrido ya su tiempo, para, a partir de esa manifestación visible de entrega, mostrarnos el rostro de la verdadera dignidad humana; indicándonos que todos y cada uno somos experiencia una y única, que se potencia en la alteridad, pues realizamos nuestros derechos ante y junto a los otros, no frente a nosotros mismos; y por una sola razón, somos imago Dei.
Enhorabuena, ahora tenemos a la cabeza de la referencia moral que sigue siendo la Roma vaticana a papa Prevost, un agustino. En Magnifica Humanitas expone y relee los principios cardinales del humanismo cristiano según la doctrina social de la Iglesia, destacando que el fundamento central, insiste en ello, es la dignidad intrínseca e infinita de toda persona humana; la cual, por ende, no depende de condiciones morales, sociales o políticas, ni puede ser anulada por ninguna circunstancia. De esta dignidad se derivan, justamente, los derechos humanos, entendidos no como concesiones externas, sino como expresiones inherentes a la persona. El primero de ellos es el derecho a la vida, base de todos los demás, afirma el obispo de Roma.
Sin embargo, estos derechos, tal como lo consigna, enfrentan amenazas actuales como el señalado relativismo, la manipulación social, el avance tecnológico sin ética, y la pérdida de sus fundamentos, acuña. No por azar se constata una inflación de derechos sin contrapartida posible en el campo de las garantías, que solo aportan el Estado de derecho y el derecho a la democracia; todo lo cual suscita indignación social creciente y polaridades por pérdida del eje social vertebrador que es la igual dignidad de toda persona humana.
De consiguiente, vuelve el papa sobre el concepto del desarrollo humano integral ya que implica promover a toda la persona y a todas las personas en todas sus dimensiones (materiales, espirituales, sociales y culturales); en armonía, y he aquí lo novedoso, con el cuidado del medio ambiente. Al conjunto lo califica León XIV de “ecología integral”. Y visto que la dignidad humana es el fundamento último del orden social y jurídico, no puede depender de mayorías o consensos cambiantes, pues toda sociedad justa debe basarse en su reconocimiento y protección efectiva, señala.
Y concluye con algo que toca al centro neurálgico de la consideración que he realizado hasta aquí y que parte de una pregunta crucial que todos hemos de hacernos. ¿La dignidad humana puede delegarse o quedar sujeta a la voluntad de otro o a la providencia mesiánica de otro ser humano tan carente y limitado como nosotros?
“Pensar que los problemas son demasiado grandes y nosotros demasiado pequeños, y que, por tanto, nuestras decisiones no cambian nada, es una forma elegante de rendirse, a menudo disfrazada de realismo”, precisa el ocupante de la cátedra de Pedro. “No todos tienen el mismo poder de influir sobre la realidad: hay quienes gobiernan, …; y hay quienes parecen tener solo su propia vida cotidiana. Sin embargo, nadie está exento de responsabilidad. Cada uno dispone de un ámbito propio de acción, y ahí —no en otro lugar— está llamado a elegir si alimenta la lógica de la fuerza —aunque sea solo con indiferencia, cinismo, mentira y odio—; o si promueve la lógica de la paz —con verdad, sobriedad, cercanía y cuidado—, es su admonición.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció en su último informe que al menos 7414 personas privadas de libertad se mantienen recluidas en calabozos policiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), instalaciones destinadas originalmente para el resguardo temporal.
«Sin embargo, desde el año 2011, tras una circular emitida por Iris Varela, entonces ministra del Servicio Penitenciario, que limitaba los cupos en los centros penitenciarios y ordenaba solicitar autorización para el traslado de los aprehendidos, convirtió los calabozos en cárceles fijas que albergan a ciudadanos en condiciones infrahumanas, conviviendo con hacinamiento e insalubridad», informó el OVP en una nota de prensa.
Runrun.es ofrecerá un resumen del informe en 7 claves:
Años que debieron ser 48 horas
Según la investigación del OVP, el promedio de reclusión dentro de las cárceles paralelas del CICPC son 615 días, equivalente a 1 año y 8 meses.
La encuesta reveló que una de cada tres personas recluidas en esas zonas lleva más de dos años detenida. La ONG también precisó que 4291 personas identificadas el (58 %) tiene más de un año detenida.
De acuerdo con el Código Orgánico Procesal, una persona en estos calabozos debería estar 48 horas como máximo.
«Los funcionarios del Cicpc no cuentan con la formación profesional necesaria para ejercer funciones propias de la administración penitenciaria ni para asumir la custodia prolongada de las personas recluidas en sus instalaciones», denuncia el OVP en su informe. «La situación adquiere especial gravedad si se considera que estos espacios no fueron diseñados para albergar personas durante largos periodos [de tiempo]».
Caracas: la zona con más afectados
Al menos 157 dependencias policiales están funcionando como calabozos paralelos al sistema penitenciario, detalló el OVP.
De esta muestra, la ONG constató que la capital venezolana es la zona geográfica con mayor cantidad de personas privadas en calabozos del Cicpc: existen 1103 personas (14,88 % del total). Luego están los estados Zulia —con 864 u 11,65 %—, Miranda —con 733 o 9,89 %—, Carabobo —con 616 u 8,3 %— y Aragua —con 562 o 7,58 %—. Esas 5 entidades reúnen el 51 % de la población afectada directamente por la vulneración del Código del Proceso Penal.
«La dispersión territorial de la población detenida genera un problema adicional: dificulta la supervisión judicial, limita la capacidad de monitoreo independiente y reduce la transparencia institucional», se lee en el informe. «Mientras más fragmentada se encuentra la población privada de libertad, más complejo resulta documentar violaciones a los derechos humanos y exigir responsabilidades».
El retardo procesal es la norma
Los hallazgos del informe revelaron que la permanencia prolongada está vinculada al retardo procesal: 6518 personas (87,9 %) no tienen una sentencia firme para estar privadas de libertad. Por lo tanto, 9 de cada 10 personas están en esos calabozos esperando una decisión judicial.
«La cifra resulta incompatible con el carácter excepcional de la detención preventiva», lamentó la ONG. «Cuando una medida cautelar alcanza niveles cercanos al 90 % de la población recluida deja de funcionar como excepción y pasa a convertirse en regla. La consecuencia práctica es desbastadora: miles de personas son sometidas a condiciones de privación de libertad propias de una condena sin haber sido condenadas».
Diversidad de poblaciones vulnerables
Dentro de la población evaluada por el OVP, al menos 914 personas se identifican como mujeres (12,3 %). De ese grupo, 766 (83,8 %) no tienen una sentencia firme.
«Aunque representan una minoría respecto a los hombres, su situación resulta especialmente preocupante porque las dependencias policiales no suelen contar con infraestructura adecuada para responder a las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad», destacó la ONG. Entre las condiciones estructurales se encuentra el acceso al agua potable y los productos de higiene menstrual.
El informe reveló que 17 adolescentes se encuentran privados de libertad en los calabozos del CICPC. La ONG denunció que los jóvenes y los activistas no tienen acceso a su expediente para verificar si las garantías que establece la Lopnna (Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente) sobre la naturaleza excepcional de la reclusión de un menor de edad y las condiciones diferenciadas respecto a la población adulta.
La ONG también identificó a 181 personas privadas de libertad con edades mayores a los 65 años. Ellos establecen que esta población es más vulnerable a la falta de medicamentos y personal de salud capacitado que el sistema penitenciario ha sufrido por años, y que se ha matado a más de 30 reclusos bajo la custodia del Estado en distintos calabozos entre abril y septiembre de 2026.
Aun así, el OVP reconoce que la mayoría de la población afectada se encuentra e edades económicamente activas: el 56,7 % (4205) se encuentra entre los 26 y los 45 años. «Cada persona recluida representa una familia afectada, una fuente de ingresos interrumpida y una red de apoyo debilitada», agregó el informe.
Las sedes regionales tienen mayor hacinamiento
De las 157 delegaciones del Cicpc que identificó el OVP, la institución que tiene más personas recluidas es la Delegación Municipal de Maracaibo, con 278 personas.
Las Delegaciones Municipales fuera de la capital, pero en las principales ciudades del país, son las que concentran la mayor cantidad de afectados en un mismo recinto: la Coordinación de Aprehendidos de Carabobo alberga 240 personas, la Delegación Municipal de Valencia tiene 202 reclusos, la de Maturín tiene 167, la de San Francisco de Apure tiene 164, la de Barinas tiene 160 y la de Ciudad Guayana tiene 158.
Esa población representa el 18,5 % del registro de la OVP.
«Estas sedes continúan operando sin los recursos humanos, financieros y estructurales que normalmente deberían acompañar la administración de una población penitenciaria de tales dimensiones», enfatizó la ONG. «Esto constituye, además, en una evidencia directa de la incapacidad del Estado para brindar traslados oportunos hacia establecimientos penitenciarios formales».
Una vacuna para sobrevivir
Según el informe, los funcionarios del Cicpc le ofrecen «beneficios» a los privados de libertad —como una cama lejos de otros reclusos, acceso a sanitarios limpios y salir para tomar el sol— por un precio de 200 dólares americanos.
En un contexto que ha denunciado el OVP sobre el peso financiero que los familiares de los reclusos deben costear para cubrir una alimentación balanceada y constante, así como servicios de lavandería, productos de limpieza personal y medicinas, se agrega otro gasto para que los privados de libertad tengan sus derechos fundamentales.
«Cuando el acceso a un baño, a una ducha o a una hora de sol tiene un precio, el Estado deja de administrar justicia para administrar privilegios», sentenció la ONG.
La opacidad es la regla
La opacidad institucional no ha permitido precisar cuál es la capacidad instalada de estos calabozos, su hacinamiento, su disponibilidad a agua y alimentos, el presupuesto destinado a estos recintos y el número de personal de salud y de seguridad que debería atender el recinto.
El OVP denunció que la población evaluada para su informe debe contar con más de 2226 funcionarios que los custodian por tres turnos de forma permanente, si se toma en cuenta los estándares propuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de tener 1 funcionario por cada 10 reclusos.
«Es importante destacar que esta cifra es una estimación técnica y no constituye una obligación jurídica expresamente establecida por organismos internacionales. Sin embargo, permite dimensionar la magnitud del desafío operativo que representa custodiar adecuadamente a más de siete mil personas distribuidas en 157 sedes», advirtió el OVP.
Para la ONG, la opacidad institucional es un instrumento más que perpetúa la crisis penitenciaria y del sistema de justicia en el país, al evitar que organismos independientes y las víctimas puedan reconocer los patrones en los que están inmersos.