La ONG Espacio Público anunció que en Venezuela se registraron al menos 3 casos y 6 violaciones a la libertad de expresión durante el pasado mes de agosto. Según su boletín mensual, en el año se han registrado al menos 107 violaciones al derecho a informar.
«Es el registro más bajo del año; sin embargo, la cifra no describe un mes de menos restricciones, sino un mes en el que buena parte de lo que limitó el derecho a informar no se expresó en hechos individuales denunciables, sino en decisiones institucionales, opacidad y acuerdos adoptados sin información pública», afirmó la ONG.
Las cinco víctimas identificadas por Espacio Público fueron periodistas o reporteros. Durante el mes se identificó un victimario: los cuerpos de seguridad del Gobierno Interino. Sin embargo, se registraron otros dos victimarios que los reporteros no pudieron identificar.
Hostigamiento y censura
El primer caso registrado ocurrió el 6 de agosto en La Carlota, Caracas. Una periodista del medio Efecto Cocuyo cubrió la instalación de la mesa de diálogo entre los integrantes de la Asamblea Nacional 2015 y el Gobierno interino. Funcionarios del gobierno, sin identificación, la acorralaron, la amenazaron y la obligaron a borrar todo el material audiovisual que tenía del evento.
El 13 de agosto, el periódico digital El Nacional denunció que Instagram suspendió su cuenta el 26 de julio por denuncias fraudulentas de infracción de derechos de autor, dejando sin ese canal a más de cuatro millones de usuarios.
«El caso repite el patrón que ya afectó a Armando.Info y El Pitazo: un mecanismo legítimo de protección de derechos convertido en herramienta de censura. Ocurre además sobre un escenario en el que más de 60 medios digitales siguen bloqueados por Conatel por vía administrativa, sin decisión judicial ni posibilidad de apelación», agregó la ONG.
Espacio Público reiteró que el Gobierno interino de Venezuela sigue en opacidad al no publicar datos sobre el impacto de los terremotos del pasado junio y sobre los planes de restablecimiento del sistema eléctrico, que se ha mencionado como un mecanismo de reparación hacia la democracia.
Según su informe publicado el 17 de agosto, de 10 miembros del personal de salud admite sentir temor a reportar ante la prensa durante la emergencia humanitaria por amedrentamiento de parte de las autoridades políticas ligadas al Gobierno interino.
«En lo que va de 2026 acumulamos 170 violaciones, con la intimidación (47,65 %) y la censura (25,29 %) en primer y segundo lugar de frecuencia. De las 122 víctimas, 70 son periodistas o reporteros (57,38%), y entre los 104 victimarios los cuerpos de seguridad concentran casi la mitad (50,48,08 %), seguidos por instituciones del Estado (20,19,23 %)», reportó Espacio Público.
