“Que el perdón abra las puertas de la libertad”, se lee en la imagen de una publicación compartida en la red social X por la ONGJusticia, Encuentro y Perdón, este viernes santo, día en el que se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús.
“En esta Semana Santa, cuando millones en Venezuela y el mundo recuerdan el dolor, el sacrificio y la esperanza de la resurrección, alzamos la voz por quienes viven su propio calvario en silencio: las personas injustamente detenidas por razones políticas. Son madres, hijos, hermanos, activistas, ciudadanos. Son rostros que no deberíamos olvidar”, se lee en el mensaje compartido.
La ONG destacó que la cruz que cargan los presos políticos “no es solo la del encierro injusto, sino la del olvido, la separación de sus familias, la criminalización de la palabra y el castigo por la dignidad“.
En esta Semana Santa, cuando millones en Venezuela y el mundo recuerdan el dolor, el sacrificio y la esperanza de la resurrección, alzamos la voz por quienes viven su propio calvario en silencio: las personas injustamente detenidas por razones políticas.
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) April 18, 2025
Hicieron sus votos porque el mensaje de la Semana de “amor, perdón, justicia y redención” inspire a todos los sectores de la sociedad, muy especialmente “a quienes tienen en sus manos el poder de liberar, de sanar heridas, de abrir caminos a la reconciliación“.
En ese sentido, reiteraron su exhorto a las autoridades venezolanas” “a liberar a quienes están encarcelados por defender derechos y por quienes trabajan activamente en la defensa de los derechos humanos en Venezuela“.
“Su libertad es la llave para una Venezuela en paz, con memoria, justicia y perdón. La liberación de todos los presos de conciencia sería un paso decisivo hacia la reconstrucción del tejido social, el reencuentro nacional y la apertura de caminos hacia una paz sostenible y genuina”, concluyeron.
El pasado lunes, los familiares de presos políticos celebraron un vía crucis en la plaza Altamira, de Caracas, que marcó el fin la jornada de oración por la libertad que los llevó a realizar vigilias en varios centros de reclusión.
Durante la actividad, que fue convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), los familiares y amigos recorrieron las 15 estaciones que contemplan la pasión, muerte y resurrección de Cristo, “vinculándolas con el sufrimiento que hoy enfrentan los presos políticos y sus familias en Venezuela”, señaló la organización.
De acuerdo con el balance más reciente del Foro Penal (16 de abril), en Venezuela hay un total de 890 presos políticos (800 hombres y 90 mujeres). 5 de ellos son adolescentes y se desconoce el paradero de 61.
El Gobierno de Guyana reiteró este viernes, 18 de abril, que no negociará con Venezuela la disputa por la región del Esequibo, insistiendo en que el conflicto debe resolverse exclusivamente en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Esta posición fue expresada en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, en respuesta a las declaraciones de un diplomático chino que sugirió que ambos países podrían solucionar el tema mediante “consultas y negociaciones amistosas”.
El gobernante Nicolás Maduro, ha insistido en la necesidad de un diálogo directo con su homólogo guyanés, Irfaan Ali. Sin embargo, Guyana ha rechazado categóricamente esta posibilidad, argumentando que el caso ya está bajo la jurisdicción de la CIJ por decisión del secretario general de la ONU, en cumplimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966.
«A tal efecto, y para no menoscabar la jurisdicción ni la autoridad de la Corte como foro idóneo para la resolución de esta controversia, Guyana se abstendrá de debatir ningún asunto que se haya presentado ante la Corte», expresa el texto.
Guyana rechaza injerencia y acusa a Venezuela de violar su soberanía
En su comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana también cuestionó el silencio de China ante los planes de Venezuela de realizar elecciones en el Esequibo el próximo 25 de mayo, calificando esta acción como una “clara violación de la soberanía e integridad territorial” del país.
Además, Guyana subrayó que cualquier discusión sobre el Esequibo debe limitarse al ámbito legal internacional, evitando debates que puedan socavar la autoridad de la CIJ. “Para no menoscabar la jurisdicción de la Corte, Guyana se abstendrá de tratar cualquier asunto relacionado con este caso fuera de ese foro”, señaló el texto.
Antecedentes del conflicto y recientes tensiones
La disputa por el Esequibo, una zona rica en petróleo y minerales que abarca dos tercios del territorio guyanés, se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía a la entonces Guyana Británica. Sin embargo, Venezuela declaró nulo este fallo en 1962 y, cuatro años después, firmó el Acuerdo de Ginebra con el Reino Unido, estableciendo una comisión bilateral para resolver el conflicto, aunque sin resultados concretos.
Las tensiones se agravaron en diciembre de 2023, cuando Venezuela celebró un referéndum para reclamar la soberanía del Esequibo. Más recientemente, el 12 de abril, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez acusó a Guyana de tener “intenciones belicistas” tras firmar un Memorando de Entendimiento con el Reino Unido para fortalecer la cooperación en defensa.
Guyana, por su parte, mantiene su postura de resolver el conflicto por la vía legal, mientras Venezuela insiste en la negociación directa, dejando en evidencia una brecha diplomática que parece lejos de cerrarse.
En una entrevista, la líder opositora, María Corina Machado, opinó que quienes participen en los comicios regionales y legislativos del 25 de mayo sufrirán una “enorme derrota”.
«Este es un momento donde no podemos ser ingenuos, yo estoy segura de que la sociedad venezolana no lo es y estoy convencida de que el 25 de mayo será una enorme derrota para todo el que se preste a ello, obviamente, empezando por el régimen», comentó en la conversación que sostuvo con la periodista Carla Angola.
Machado se abstuvo de comentar directamente cuál, a su juicio, es la agenda de políticos como Manuel Rosales y Henrique Capriles: “Eso hay que preguntárselo a ellos”. Sin embargo, mencionó que a lo largo de estos años, el país ha tenido “tristes decepciones”, y que lo que a ella más le ha dolido son “los amigos y compañeros” que ha perdido porque “traicionaron la causa o se rindieron”.
“Yo no soy quién para juzgar las decisiones personales de otros. Si tú dices ‘no puedo más, hasta aquí llegué, tengo miedo, estoy cansado’, yo lo entiendo, es tu decisión. Pero aquellos que llaman, convocan o promueven la rendición, la entrega, o dejar de luchar, para mí eso es imperdonable. aquí no cabe duda de que el régimen con su pretensión de someter a la sociedad quiere pasar la página del 28 de julio, y dentro de esa operación se enmarca la farsa del 25 de mayo. Yo tengo enorme confianza en la sociedad venezolana y creo que cada quien juzga, y la historia va a juzgar implacablemente entre aquellos que se quedaron o quienes se pasaron para el lado del régimen”, expresó.
Machado insistió en que no se trata de su liderazgo, o el de Edmundo González, sino de que el pueblo venezolano entendió su fuerza como sociedad organizada.
“Los mismos que dicen que la gente se olvidó del 28 de julio o llamando a lavarle la cara a Maduro son quienes decían que la primaria no iba a funcionar, o trataban de pararla. Y la inteligencia del pueblo de Venezuela permitió que nos organizáramos, la primaria fue un proceso de empoderamiento donde la gente dijo ‘aquí mando yo’, la gente salió a votar aunque fuera identificada (…) Y meses después esa misma gente estaba llevando adelante la épica del 28 de julio”, recalcó.
Protección a los migrantes en EEUU
Al ser consultada sobre si ha hecho gestiones para apoyar a la comunidad migrante venezolana en Estados Unidos, que se siente amenazada por las decisiones judiciales como la eliminación del parole humanitario y las acciones contra el TPS, Machado aseguró que ha hecho los trámites pertinentes dentro de sus posibilidades.
“Lo he dicho antes y lo repito y la respuesta es sí (…) Sé que hay mucha angustia para millones de venezolanos que están alrededor del mundo, sé que hay una enorme angustia por la decisiones que ha tomado la administración Trump para combatir la inmigración ilegal y que hay muchos venezolanos que sienten que corren riesgo ahora. A ellos yo les quiero decir, todo lo que hemos podido hacer que sea procedente lo hemos hecho, ahora, lo hacemos con discreción, sin estridencias y sin pretender convertir esto en un tema de política interna, porque esto sería un error garrafal, el presidente Trump es un aliado de la democracia en Venezuela, es un aliado del pueblo de Venezuela que quiere transición y las acciones que ha adoptado así lo demuestran. No podemos olvidar que Venezuela la hemos logrado posicionar como una causa que agrupa a todo el mundo, no que divide, donde la gente coincide aunque haya diferencias. Usar la causa venezolana para tomar partido por uno u otro, o para que alguien en determinado país pueda lograr algún beneficio, eso sí es reprochable. Todos tenemos mucho que hacer, yo les garantizo que estamos haciendo todo lo que podemos hacer para tratar de darle protección a los venezolanos, y pido que nadie use la causa venezolana en beneficio propio ni para dañarnos o para enfrentarnos ala administración Trump o a otros actores que necesitamos en este causa. Al final, la solución real es que podamos reencontrarnos en una Venezuela libre y para eso hay que sacar al régimen del poder”, abundó.
Por otra parte, insistió en que el gobierno de Trump entiende y está “clarísimo” de lo que significa una transición democrática en Venezuela para Estados Unidos y el hemisferio.
“Listos para asumir el poder”
María Corina Machado también reveló que se encuentra trabajando con sus equipos para la próxima fase de “presión ciudadana”, e interactuando con todos los gobiernos y actores necesarios para que “ejerzan presión” en las horas decisivas.
“Están ocurriendo cosas que no habían ocurrido antes. También, nos estamos preparando y estamos listos, para asumir el poder. Para el momento en el que lleguemos, saber lo que hay que hacer en las 100 primeras horas, donde siempre la prioridad es la protección de los venezolanos dentro y fuera”, aseguró.
Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, denunció que este 17 de abril, jueves santo, se cumplen 100 días de la “desaparición forzada por detención arbitraria” de su esposo, Rafael Tudares Bracho.
En una misiva publicada en la red social X, expresó que cada día sin su esposo, “es una carga pesada y dura”, pero que ha mantenido la fortaleza y determinación en el ejemplo “que nos dio Jesús al cargar la cruz que sostuvo durante su vía crucis”.
“En cierta forma, todos los familiares de víctimas de desaparición forzada y detenciones arbitrarias, llevamos el peso de una cruz, de incertidumbre y dolor, pero también la esperanza de que la verdad y la libertad prevalecerán”, sostuvo.
Dijo que mantiene su fe de que un día sabrá la verdad sobre el paradero y situación de su esposo, detenido el pasado 7 de enero cuando iba hacia a la escuela de sus hijos para dejarlos por el inicio de clases. En ese momento, hombres encapuchados, vestido de negro lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E2C y se lo llevaron, según la denuncia de Edmundo González aquel día. Todo ocurrió a tres días de la investidura de Nicolás Maduro, cuando se esperaba que Edmundo González Urrutia llegara al país.
“Hoy alzo mi voz por Rafael y por todas las personas que han sido víctimas de situaciones de desaparición forzada por detenciones arbitrarias. No podemos permitir que el silencio y la ausencia nos consuma. Exigimos justicia, dignidad, verdad y que aparezcan con vida quienes, como Rafael, todavía no han aparecido. Sigamos luchando juntos teniendo presente que la fe y la memoria son nuestras mejores herramientas para alcanzar la verdadera justicia y libertad”, concluyó Mariana González de Tudares.
Patrón poselectoral
El pasado 14 de abril, Edmundo González relató en su cuenta en X el padecer de sus nietos por la situación.
“Mis nietos vieron cómo hombres armados, encapuchados, se llevaban a su papá, luego de bajarlos del carro y dejarlos en la calle. Desde ese día no lo han vuelto a ver. Pesadillas, incertidumbre y la pregunta permanente ¿y cuándo va a volver mi papá? Siempre se quedan sin respuesta. Esta tragedia la vive mi hija y toda la familia. Todos queremos saber dónde y cómo está Rafael Tudares”, exigió.
Los expertos denunciaron que “ante instituciones nacionales parcializadas y disfuncionales, las víctimas recurren cada vez más a mecanismos internacionales para conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos, prevenir cualquier daño irreparable a su vida e integridad personal y buscar reparación”.
Resaltaron además que las denuncias y recursos de habeas corpus intentados por ONG, familiares y abogados no están siendo procesados, y en ocasiones, ni siquiera aceptados.
Una denuncia sobre las políticas migratorias de Estados Unidos en contra de los venezolanos fue presentada por la Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) y el relator especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes en Ginebra, Suiza.
“Condenamos este atropello a sus derechos fundamentales auspiciado por el gobierno de Nayib Bukele. Llamamos a la comunidad internacional a condenar estos repudiables comportamientos que sin lugar a dudas involucionan el devenir de la humanidad”, consideraron.
La carta fue suscrita por organizaciones populares y defensores de derechos humanos, movimientos sociales ycolectivos solidarios. En ella, expresan “profunda preocupación” por la invocación de la Ley Enemigos Extranjeros, emitida el pasado 14 de marzo de 2025 por el Gobierno de los Estados Unidos de América, y sus “graves implicaciones contra la comunidad migrante venezolana”.
Aseguran que la proclama criminaliza de forma masiva a personas migrantes por el solo hecho de ser venezolanos: “Todos los ciudadanos de esa nacionalidad mayores 14 años son considerados potenciales ‘enemigos’, sin necesidad de juicio, pruebas o antecedentes penales”.
Alertan que la medida además habilita “detenciones arbitrarias, deportaciones. traslados forzados y la confiscación de bienes, en clara violación de normas fundamentales del derecho internacional y de los derechos humanos”.
Especifican que, en concreto, la medida contradice abiertamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los principios de no discriminación y no devolución.
“Se trata de una forma institucionalizada de castigo colectivo basado en la nacionalidad, contraria a todo estándar de justicia forma institucionalizada de castigo internacional”, insisten.
A juicio de los expertos en derechos humanos que radicaron la denuncia, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 es una “legislación anacrónica vinculada históricamente a la represión de minorías y la creación de campos de concentración” y representa “un peligroso precedente que pone en riesgo a toda América Latina y el Caribe, y por extensión, a los principios más básicos del sistema internacional de protección”.
Un crimen de lesa humanidad
Los denunciantes consideraron como alarmante el traslado forzoso de 255 venezolanos a El Salvador, confinados en el centro penitenciario de máxima seguridad CECOT, “sin proceso judicial y en condiciones degradantes”.
“Esta medida, además de inhumana, podría constituir un crimen de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma, al implicar persecución y privación grave de la libertad por razones políticas o de origen nacional”, recalcan.
La Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social resalta que esta política no surge en el vacío, sino que forma parte de un contexto de “presiones multilaterales, criminalización de la migración y aplicación de medidas coercitivas unilaterales” que han forzado a miles de personas a abandonar su país de origen en busca de mejores condiciones de vida.
“Ahora, esas mismas víctimas son perseguidas bajo una narrativa de seguridad que normaliza la violencia institucional contra poblaciones migrantes”, acotaron.
En la misiva consignada, instaron a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos a que se pronuncien “con urgencia” sobre estos hechos, solicitar el cese inmediato de esta política y exigir a los Estados involucrados el respeto al derecho internacional.
Sangre vinculada al Ejecutivo corre por las venas de la nueva presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV), Laura Carolina Guerra Angulo, hermana de Adriana Guerra, exesposa de Nicolás Maduro entre 1988 y 1994 y tía del diputado de la Asamblea Nacional chavista Nicolás Maduro Guerra, quien fue nombrada en el cargo en la Gaceta Oficial Extraordinaria Número 6.898 el pasado viernes 11 de abril.
Guerra reemplazó en el puesto a Calixto Ortega Sánchez, hijo del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Calixto Ortega Ríos. Ortega Sánchez ocupaba el cargo desde 2018 y fue nombrado por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente.
Ingeniera de petróleo con master en extracción de crudos pesados, Guerra fue presidenta del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) y también del Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden), lugar este último que ocupó en calidad de encargada en reemplazo de Simón Zerpa.
Igualmente, se desempeñó como jefa de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (Sunai) en febrero de 2019 y en 2015 estuvo en la gerencia de la oficina de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Bogotá, Colombia, empresa en la que empezó a trabajar en 2006.
Guerra se convirtió en la presidenta número 26 del ente emisor desde 1940 y la cuarta mujer en ocupar el cargo.
Según la Constitución Nacional, el presidente de la República tiene la potestad para nombrar al presidente del BCV, luego de fijar un procedimiento público de evaluación de méritos y credenciales de las personas postuladas a dicho cargo. Posteriormente la Asamblea Nacional ratifica la designación en sesión plenaria.
A juicio de Ramón Maniglia, viceministro de Economía digital y presidente del Banco de Venezuela, un total de 46 personas se postularon para ocupar el directorio del BCV, una lista que fue divulgada el pasado 8 de abril por un comité de evaluación de méritos y credenciales integrado por miembros del Ejecutivo nacional y Asamblea Nacional, apenas un día después de que Maduro firmase un decreto de emergencia económica, que le otorgó poderes para supuestamente tomar medidas en la materia.
Como presidenta del BCV, Guerra deberá enfrentar grandes desafíos como una inflación estimada para finales de 2025 en un porcentaje superior a 200%, según una investigación del instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Esta alza de los precios responde en buena medida a la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, fenómeno que algunos economistas han atribuido al propio BCV y las intervenciones que ha hecho en el mercado en pro de mantener artificialmente la estabilidad de la tasa.
“Cuando se toman esas medidas sin reservas internacionales y sin acceso a un mercado financiero foráneo es algo que prácticamente está condenado al fracaso”, dijo el economista Pedro Palma en la edición de La Conversa del pasado 2 de abril.
Aunado al panorama cambiario, el gobierno debe hacer frente a la partida de Venezuela de la empresa petrolera extranjera Chevron y la imposición de aranceles de 15% a las importaciones por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Guerra y sus compañeros
Además de Guerra Angulo, al directorio BCV fueron incorporados Anabel Pereira Fernández, Luis Alberto Pérez González, Carlos Alessando Cestari Infantini, Christiam Hernández Verdecanna, Santiago Armando Lazo Ortega y Christian Martell Ramírez, nombres que han rotado antes por distintos cargos en el área económica.
Según la agencia Bloomberg, el motivo de este movimiento en el ente emisor estaría vinculado a la negativa de algunos de sus miembros a incorporar oro a las reservas internacionales sin cumplir con los estándares previstos.
Pereira es abogada, actual ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior y representante del Ejecutivo en el BCV. En agosto de 2022 fue designada presidenta de Fogade, además se desempeñó como directora de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y luego de la supuesta trama de corrupción Pdvsa-cripto denunciada por el propio gobierno chavista asumió la presidencia de la junta reestructuradora de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), organismo que fue eliminado.
Pérez González, por su parte, es viceministro encargado de Seguimiento y Control del Desarrollo Ecominero del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico y presidente, igualmente encargado, de la Empresa Carbones del Zulia S.A. (CarboZulia).
Cestari Infantini es general de la Fuerza Armada Nacional (FANB) y fue Jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) en 2018, además ejerció como gerente de Tecnología de Información y Comunicación en el Seniat durante 2016.
Hernández Verdecanna fue vicepresidente de Finanzas y Miembro Principal de la Junta Directiva de Pdvsa en 2024, Tesorero Nacional encargado en 2022, director del Banco de Venezuela, viceministro del Ministerio de Economía, Banca y Finanzas en 2018, viceministro encargado para el Sistema Bancario Nacional en 2018 y viceministro de Inversión para el Desarrollo.
Lazo Ortega es economista de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con postgrados en estadística y en banca y finanzas y desde 2018 forma parte del Directorio del BCV, es el único que permanece. Fue viceministro de Planificación Económica del Ministerio de Planificación y Desarrollo entre 2014 y 2018. Director del Bandes Uruguay en 2014 y director suplente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) en 2013.
Por su parte, a Martell Ramírez no se le conoce cargo público donde haya ejercido.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La mayoría de los venezolanos es creyente de Dios, según reveló el estudio de la Fundación Gumilla titulado “Sociografía Religiosa. La religiosidad de los venezolanos”.
El estudio fue realizado por la Fundación Gumilla con trabajo de campo del Instituto DELPHOS, C.A. , bajo la dirección del doctor en Ciencias Sociales Jesús María Aguirre S.J. y la investigadora Melanie Pocaterra.
El estudio encontró que 63% de los venezolanos se identifica como católico, lo que consolida al catolicismo como la religión predominante en el país. Asimismo, la investigación mostró que el 97% de los encuestados cree en Dios y que la oración regular es una práctica común.
A los católicos le siguen los evangélicos, quienes representan un 16%, mientras que el 6% se adscribe a otras religiones cristianas. Por otro lado, un 8% de los venezolanos declara no profesar ninguna religión, cifra que incluye tanto a ateos como a agnósticos.
La encuesta se realizó a una muestra de 1.000 personas distribuidas en todo el territorio nacional. Según la Fundación Gumilla, esta ofrece una radiografía detallada de las creencias y prácticas religiosas de los venezolanos.
Fuente: Fundación Gumilla
La religiosidad según edades y regiones
Uno de los aspectos más reveladores del estudio es cómo varía la identidad religiosa según la edad. A medida que las personas son mayores, es más común que se identifiquen como católicos, evangélicos u otras denominaciones cristianas. En contraste, entre los jóvenes de 25 a 34 años, según el estudio, predomina la falta de afiliación religiosa.
En términos geográficos, aunque el catolicismo sigue siendo la religión dominante a nivel nacional, los evangélicos tienen una fuerte presencia en zonas como la región Guayanesa, Nor-Oriental, Centro Occidental y la Cuenca del Lago de Maracaibo. Por otro lado, el ateísmo y las demás corrientes cristianas son más frecuentes en el Centro Norte del país.
Creencias y valores: Dios como centro de la vida
El estudio reveló que la creencia en Dios sigue siendo casi unánime: el 97% de los encuestados asegura tener fe en una divinidad. La mayoría también sostiene la existencia del cielo (75%) y del infierno (63%), aunque el purgatorio cuenta con menor aceptación, con apenas un 38% de creyentes.
A la hora de describir a Dios, los encuestados combinan una visión trascendente y cercana. Un 58% lo define como un ser todopoderoso y juez del mundo, mientras que el 54% lo concibe como un padre amoroso que se preocupa por sus hijos.
La figura de Jesús de Nazaret también mantiene gran centralidad en la espiritualidad del país: el 97% lo reconoce como el Hijo de Dios y, entre quienes profesan el cristianismo, un 64% afirma que se comunica con Él a través de la oración.
Prácticas religiosas: entre la misa y la oración personal
Las prácticas religiosas entre los católicos venezolanos revelan una fe vivida con matices. Según el estudio de la Fundación Gumilla, el 72% de los encuestados aseguró que ora con frecuencia, pero solo un 40% asiste regularmente a misa o lee la Biblia. La participación en los sacramentos es menor: el 15% dice confesarse y comulgar habitualmente.
También se detallaron las motivaciones detrás de la oración: la salud (58%) y el bienestar de la familia (29%) son las principales razones para elevar plegarias, lo que sugiere una espiritualidad profundamente conectada con las preocupaciones del día a día y el cuidado de los seres queridos.
La Iglesia Católica y su imagen pública
La Iglesia Católica se mantiene como una de las instituciones con mayor confianza en Venezuela, con un 48% de respaldo ciudadano, solo por debajo de las universidades (65%), según el estudio. Sin embargo, también enfrenta cuestionamientos importantes. Los casos de pederastia (34%) y la percepción de algunos sacerdotes como interesados en el dinero (25%) figuran entre las principales críticas de los encuestados.
Al preguntar qué posición ha tenido la Iglesia Católica en el escenario político actual, las personas encuestadas perciben que ha sido neutral en un 47%, un 28% dijo no saberlo, 17% consideró que es pro-oposición y el 8% cree que la Iglesia Católica es pro-gobierno.
Por otra parte, según el estudio, más de la mitad de los venezolanos (53%) cree que la Iglesia puede jugar un rol clave en la reconciliación nacional, mientras que un 25% considera que no.
Con respecto a las figuras eclesiales, la Virgen de Coromoto sigue siendo la más reconocida (51%), seguida por la beata María de San José (30%). Sin embargo, personajes actuales como el representante venezolano en el Sínodo de Roma o el presidente de la Conferencia Episcopal apenas logran niveles mínimos de reconocimiento.
Cambio generacional en la transmisión de religiones
El estudio de la Fundación Gumilla reveló que la transmisión de la fe en Venezuela está cambiando. Aunque el 49% de los adultos encuestados desea que sus hijos o nietos sean católicos, un 30% prefiere que ellos decidan por sí mismos su camino espiritual. Este giro apunta hacia una mayor autonomía religiosa en las nuevas generaciones y refleja un cambio cultural en la forma de vivir y heredar la fe.
En este nuevo escenario, destacaron a los medios digitales como aliados claves. En este caso, WhatsApp lidera como canal para recibir contenidos religiosos (48%), seguido por la televisión (29%) y plataformas como TikTok (18%) e Instagram (14%). Los formatos breves, como videos cortos y audios de pocos minutos, son los favoritos, lo que evidencia una espiritualidad que se adapta al ritmo y estilo de vida actual.
Una de las corrientes de la oposición venezolana, encabezada por Henrique Capriles y Manuel Rosales, ha pactado un acuerdo con las autoridades de la revolución bolivariana para garantizar su participación en las venideras elecciones parlamentarias y de gobernadores de mayo de 2025. Aún a pesar de lo sucedido el pasado 28 de julio de 2024.
Capriles integra una plancha como candidato a diputado bajo el paraguas de Un Nuevo Tiempo, en un acuerdo en el cual la que están presentes, también, dirigentes como Stalin González, Tomás Guanipa, Henri Falcón, Pablo Pérez, Felipe Mujica o Luis Emilio Rondón. Rosales es la carta más conocida como candidato a gobernador.
En el seno de la oposición venezolana se produce una nueva ruptura, que tiene como epicentro la interpretación en torno a la utilidad actual del voto, probablemente estimulada por el oficialismo, que en cualquier caso deja las cosas más o menos igual a como estaban: una amplia mayoría todavía simpatizando con los postulados de María Corina y González Urrutia; y este grupo emergente de sectores moderados, interesados en el deslinde con la Plataforma Unitaria, que quieren dejar atrás el tiempo de Machado buscando nuevos desarrollos en un careo electoral.
Los postulados de Capriles y Rosales encuentran soporte civil en organizaciones como Decide, recientemente presentada al público, en el cual se hace una especie de renovación fe pública del voto como instrumento político.
En Un Nuevo Tiempo se asume que el distanciamiento con la Plataforma es temporal, pero muchos de sus dirigentes piensan que es importante encontrar algún camino de coincidencias con los partidos que todavía pueden hacer política en el país. Algunos de sus dirigentes opinan que es necesario adelantar alguna política de distensión con el oficialismo, esperando mejores oportunidades para plantearse un proyecto de poder.
La decisión de participar en estas elecciones ha concretado también la división de Primero Justicia: Capriles y sus seguidores internos llevaban rato cuestionando a la actual dirección nacional del partido, haciendo observaciones estatutarias, exigiendo medidas contra el actual estancamiento, y proponiendo “un nuevo rumbo”, presumiblemente para trascender la situación del 28 de julio.
El Consejo Nacional Electoral admite los recaudos de Un Nuevo Tiempo y la tarjeta de electores de Henrique Capriles, pero veta la posibilidad de participar a organizaciones como el Movimiento por Venezuela, perteneciente a la Plataforma, liderado de Simón Calzadilla y Andrés Caleca, que acompañaron la candidatura de Edmundo González, pero no han querido renunciar a las estrategias electorales de movilización popular. Quedan también por fuera partidos particularmente moderados en sus procedimientos, como el MAS, y Centrados, que dirige Enrique Márquez y hoy está en prisión.
Los limites que impuso el chavismo
El oficialismo está colocando los nuevos límites del ejercicio político del país. En las consultas electorales de la institucionalidad chavista el límite extremo de la oposición es este. Nadie en Venezuela es capaz de garantizar que no se repetirá un escenario como el del pasado 28 de julio, pero la calistenia electoral plantada puede regresarle algunas calorías de pertinencia y popularidad a políticos que no conocen sus mejores momentos en materia de poder de convocatoria.
“En sus conversaciones con el gobierno Capriles intentó convencer a Jorge Rodríguez para que permitiera participar al Movimiento por Venezuela, y el chavismo siempre se negaba”, cuenta una fuente cercana a este partido que ha preferido mantener su nombre en la reserva. “Quieren cortar de raíz cualquier política que le dé continuidad a las reivindicaciones de Machado, o regrese el debate a aquellos días”.
La incertidumbre en torno al comportamiento institucional del CNE es muy alta, y por lo tanto, el margen de maniobra de Capriles, Rosales y compañía es estrecho y resbaladizo en esta circunstancia.
Es cierto que la cita electoral se produce en un escenario de extrema debilidad política para el PSUV. Para algunos observadores no sería nada difícil que el oficialismo permita a la oposición ocupar algunos espacios y ofrecer una imagen de amplitud frente a sus críticos. Ese escenario sólo se concretaría si el oficialismo logra mover aceptablemente a su militancia, un evento que todavía está por verse.
El oficialismo ha evidenciado públicamente, en varias ocasiones, su desprecio por Henrique Capriles y Manuel Rosales y el resto del estamento opositor. Rosales, Capriles, Florido, González, Guanipa, pueden eventualmente quedar electos, y luego podrían ser amenazados, hostigados, cuestionados, cercados, allanados y eventualmente removidos, para salir por la puerta de atrás con alguna palanca institucional del universo revolucionario. Le sucede a los opositores, y a veces también a los chavistas. Ha sucedido de manera permanente en los últimos 25 años.
