El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció la muerte bajo custodia del Estado en la cárcel de Tocorón del estado Aragua de Lindomar Jesús Amaro Bustamante de 27 años de edad.
De acuerdo a la organización, Amaro se habría ahorcado dentro de su celda este sábado 3 de mayo.
Amaro fue detenido en el marco de la represión poselectoral del pasado 28 de julio por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Cojedes mientras se dirigía en moto a su vivienda.
Clippve expuso a través de sus redes sociales que de acuerdo a familiares, Amaro ya había intentado quitarse la vida, y aunque advirtieron a las autoridades, este no recibió atención médica ni protección especial.
De acuerdo a Clippve, con la muerte de Amaro ya suman al menos seis las personas fallecidas bajo custodia del Estado entre 2024 y lo que va de 2025.
Según la organización, el cuerpo de Amaro fue enterrado de manera exprés la tarde del pasado sábado en su natal Cojedes. Su familia no pudo visitarlo durante los nueve meses de reclusión por no contar con los medios para trasladarse a Aragua.
Clippve también informó que Jhoandri Joel Silva Lara, también detenido arbitrariamente luego de las presidenciales, intentó suicidarse el mismo sábado en Tocorón.
Silva de 26 años fue arrestado por la División de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB cerca de una farmacia donde buscaba un anticonvulsivo para su hija.
De acuerdo al Cippve, recientemente fue dado de alta del Hospital Militar de Maracay luego de sufrir una crisis nerviosa provocada por el encierro, el maltrato y la angustia.
La organización informó que ambos jóvenes estuvieron recluidos al menos 15 días en las llamadas “celdas de castigo” o “tigritos”, utilizadas por custodios del penal para aplicar tortura psicológica y tratos crueles.
“Exigimos al Estado venezolano garantizar la integridad de todos los detenidos, así como investigar esta muerte y todas las ocurridas bajo custodia, sancionando a los responsables, entre ellos el actual director del penal de Tocorón, Juan Carlos Quezada, señalado por familiares como uno de los principales responsables de las condiciones infrahumanas”, expuso Cippve en un comunicado.
“Hacemos un llamado a las distintas instancias de las Naciones Unidas, en especial al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, al Relator sobre la Tortura y a la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, para que promuevan una investigación internacional e independiente, de oficio, que lleve a juicio a los responsables de estas graves violaciones”, prosiguió la organización.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En el mes aniversario de la Sinfónica de Falcón, dos hechos delictivos empañaron la festividad de la música clásica en tierras occidentales.
Testigos y miembros de la orquesta sinfónica denunciaron que en el sótano del Teatro Armonía ubicado en la calle Falcón de la ciudad de Coro sustrajeron la tubería de cobre de las unidades de aire acondicionado.
Mientras en el conservatorio de música “José Maiolino Conte”, ubicado en la calle Colón de la zona colonial de la capital, violentaron la puerta principal.
“No pudieron ingresar y por fortuna no sustrajeron nada”, dijo uno de los asiduos visitantes del conservatorio.
El conservatorio está ubicado en la antigua cárcel de Coro y fue inaugurado en el 2015. Tiene espacio para la formación de 600 niñas, niños y adolescentes.
“Las celdas estaban inutilizadas. El maestro José Antonio Abreu nos enseñó a aprovechar todos los espacios en pro de la música”, dijo el profesor César Morales en el marco de la inauguración.
Por su parte, el Teatro Armonía, con una capacidad para 680 espectadores, se comenzó a construir el 20 de octubre de 1986, durante el mandato del presidente Jaime Lusinchi y fue inaugurado el 5 de diciembre de 1999, en la gestión del gobernador José Curiel.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Entre enero y abril de 2025 se documentaron 95 violaciones contra la libertad de expresión en el país de acuerdo al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela).
IPYS informó que las restricciones a internet son la forma de censura más frecuente, con 32 casos documentados.
El instituto señaló que las restricciones a internet incluyeron bloqueos selectivos y ataques de suplantación de identidad, que impidieron el acceso a contenidos críticos y vulneraron el derecho de la ciudadanía a estar informada.
La violencia contra la prensa se mantiene como una herramienta de represión.
En el primer cuatrimestre del año se registraron 18 agresiones físicas y verbales contra periodistas, medios y ciudadanos que ejercen su derecho a expresarse.
“A ello se suma la persistencia del discurso estigmatizante, con 16 incidentes protagonizados por figuras públicas y medios oficiales que deslegitiman y criminalizan a periodistas y medios independientes, creando un entorno de hostilidad y persecución”, dijo IPYS.
El hostigamiento judicial también continúa presente contabilizando seis casos en los que el sistema de justicia fue instrumentalizado para intimidar y castigar a trabajadores de la prensa.
“Las demandas, citaciones arbitrarias y procesos judiciales sin garantías se utilizan como mecanismos para desmovilizar el periodismo crítico”, reiteró.
González Urrutia condeno ataques a la prensa
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Edmundo González Urrutia rechazó el bloqueo de portales informativos y el cierre de más de 400 medios por parte del gobierno de Nicolás Maduro en un mensaje emitido a través de sus redes sociales.
“Una prensa libre no es una amenaza para la democracia. Es su columna vertebral”, indicó González Urrutia.
Dijo que más de 370 periodistas se han visto obligados a salir de Venezuela por cumplir con su labor informativa.
“En medio de la censura, la intimidación y el miedo, la prensa libre ha resistido. Y esa valentía será fundamental para la reconstrucción democrática que todos anhelamos. Estoy comprometido a garantizar el derecho a informar, a opinar y a disentir sin miedo”. indicó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Parece una escena de la película John Q, donde Denzel Washington interpreta a un padre desesperado que toma como rehenes a los médicos de un centro de salud en Estados Unidos como última carta para salvar a su hijo. Pero en este caso el protagonista no es un actor. Tampoco llevaba un revólver y la historia se desarrolla en un hospital del estado Aragua. Winston Armando Vargas Idrogo, un joven venezolano de 19 años fue inmortalizado esta semana en un video en las redes sociales, cuando con un destornillador amenazaba a una doctora. Justifica la agresión diciendo que su pequeño hijo, Mathias, de apenas dos meses de nacido, llevaba días sin ser atendido.
–¡Por favor! –imploraba Vargas Idrogo–, ¡atiendan a mi hijo!
–¡Ella no opera, ella no opera! –decía una voz, que no se puede identificar en el cortometraje que se hizo viral en Instagram.
Las frases dan más contexto a la escena que ocurre en el Hospital Central de Maracay –ciudad caída en desgracia por la fama del Tren de Aragua– y ratifica el colapso del sistema de salud pública en Venezuela.
La noticia se extendió por todo el país y luego llegó a los diarios mexicanos y colombianos. Los medios digitales usan adjetivos para llamar al clickbait: “Espeluznante”, “Terrorífico”, dicen, como si en estos países no murieran decenas de personas diariamente, mutiladas, a tiros, por violencia machista o por capricho de las mafias, guerrillas y paramilitares.
Vargas Idrogo lleva una gorra, camiseta larga, jean y un morral. Parece uno de los tantos venezolanos que cruzan el Darién, buscando un país en el que las cosas funcionen. La salud por ejemplo. En el video no se ve que le acerque el destornillador a Iza Jiménez, como se llama la doctora. La aprieta, eso sí, con el brazo derecho.
Hombre tomó como rehén a una doctora del Hospital Central de Maracay tras no ser atendido por el servicio médico 🇻🇪🚨 El ciudadano identificado como Winston Idrogo de 19 años fue apreendido por organismos de seguridad, tras una situación irregular en las instalaciones del Hospital Central de Maracay en horas de la tarde del martes 29 de abril. 🚨 De acuerdo a los hechos, el hombre tras sentirse desatendido por los médicos tomó de rehén a una de las doctoras amenazándola de muerte con un destornillador. #enlamovida#venezuela#caracas#noticiashoy#30abril
Cuentan también en las redes y medios que no hubo desenlace fatal. Vargas Idrogo fue detenido. Jiménez no sufrió daños físicos (habrá que ver qué pasa con el estrés posterior). Fue un desenlace a lo “John Q”, esa buena película de Nick Cassavetes que protagoniza Denzel Washington y que juega con una premisa difícil de responder: qué estaríamos dispuestos a hacer para mantener a nuestro hijo con vida.
En “John Q”, John Quincy Archibald, un decente hombre de la clase obrera, se enfrenta a una situación límite por no decir imposible: necesita reunir 75,000 dólares para que su hijo se mantenga en una lista como candidato para ser intervenido si aparece un donante. El total de la operación es de $250,000. Como su jornada laboral fue reducida, perdió el derecho de seguro para el pequeño. A principios de 2000, no existía GoFundMe.
Como no puede reunir esa suma, la esposa de John, Denise, le exige que actúe como un buen padre y resuelva. Él resuelve: con un arma secuestra a 8 personas en el hospital. Si el hijo no sigue en la lista para recibir un nuevo corazón y es intervenido, anuncia a las autoridades que matara a los retenidos. Con el paso del tiempo, los secuestrados se dan cuenta de que John es un buen tipo y que, dadas las circunstancias, cualquiera de ellos podría hacer lo mismo.
A pesar de un cierre a lo Hollywood (una pistola que no funciona como se espera en un momento climático, por ejemplo) el mensaje de “John Q” fue muy discutido en ese momento. El guión de James Kearns apunta a la calidad y accesibilidad de los seguros y la atención médica. Esa es hoy una de las mayores preocupaciones de los venezolanos. “Se puede vivir, pero no te enfermes”, suelen repetir de manera automática cuando los que se quedaron en el país se actualizan por videollamada con los que se fueron.
Afiche de la película John Q
La vida de Winston Armando Vargas Idrogo y su familia se hizo cuesta arriba luego de que su pareja fuera trasladada desde el hospital de Valencia, en el estado Carabobo, hasta el Hospital Central de Maracay, para dar a luz a su segundo bebé el pasado 5 de marzo.
Este día nació Mathias. El niño presentaba una afección de salud que ameritaba una intervención quirúrgica inmediata a fin de prolongar su vida, con la menor secuela posible, pero como la familia no cuenta con los recursos para costear la operación el bebé permanecía en el centro asistencial sin ser operado.
Desde hace varios años en los hospitales públicos en Venezuela exigen a las familias de los pacientes comprar todos los insumos, medicamentos y material quirúrgico necesarios e incluso pagar honorarios a los médicos. Un reportaje publicado en 2024 por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) señala que “el desabastecimiento de insumos en los quirófanos públicos de Venezuela se situó en 73 %, según la última Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) –una iniciativa de la ONG Médicos por la Salud que monitorea 40 centros asistenciales–”.
Esta investigación denominada Estado Borrado también reveló que 4,2 millones de venezolanos afectados por problemas de salud graves en el país no recibieron asistencia médica durante 2023.
Gráfico del reportaje Estado Borrado
Tras 59 días de espera, Mathias había comenzado a presentar complicaciones y el joven padre solicitó hablar con el médico a cargo, pero no fue posible. En su lugar enviaron a una de las médicos residentes, lo que causó impotencia y desencadenó la reacción violenta de Vargas Idrogo.
En una de las escenas más logradas de la película, John decide despedirse de su hijo. Lo hace porque ha tomado una decisión trascendental y posiblemente no lo volverá a ver. El diálogo es el siguiente:
—Mike, Mike, intenta mantenerte despierto, solo un minuto ¿Vale? Tengo que decirte unas cosillas.
—Vale, papá.
—Haz caso a tu madre, siempre ¿Me entiendes? Haz lo que te diga, es tu mejor amiga. Dile que la quieres todos los días.
—Muy bien, papá.
—Bien, eres muy joven para las chicas ahora, pero ya te llegará el momento, y cuando llegué trátalas como princesas, porque eso es lo que son. Cuando digas que vas a hacer algo… cuando digas que vas a hacer algo hazlo porque tu palabra de hombre es todo lo que tienes. Y el dinero, oye gana, gana dinero si puedes, aunque tengas que venderte de vez en cuando, gana todo el dinero que puedas, no seas estúpido como tu padre.
—Vale.
—Todo es mucho más fácil con dinero, hijo. Y no fumes. Se bueno con la gente. Si alguien se mete contigo, esto ya lo hemos hablado, plántale cara y sé un hombre y… aléjate de las cosas malas hijo, por favor. No te líes con cosas malas. Ahí afuera hay muchísimas cosas buenas… Nunca te dejaré… Siempre estaré contigo ahí dentro (señala el corazón). Te quiero, hijo.
Trailer de la película John Q
Vargas Idrogo después de entregar el destornillador y ser esposado fue trasladado al centro de detención preventiva adscrito a la policía estadal en El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry. No sabemos si pudo despedirse del pequeño que no había sido atendido o si al menos llegó a decirle: “Te quiero, hijo”. Desde el lugar de reclusión, el joven pidió disculpas y aseguró que no tenía pensado agredir a nadie. “Solo quiero que mi hijo no muera”, dijo a las autoridades.
Se espera que el próximo martes 6 de mayo el pequeño Mathias entre a cirugía y reciba finalmente la atención de médicos especialistas.
Entre tanto, el joven padre debe enfrentar la justicia, espera ser trasladado para su presentación ante los tribunales y conocer así el proceso judicial que amerita. El Código Penal en su artículo 169 establece sanción con cárcel a las agresiones y amenazas, pero se flexibiliza con la realización de trabajos comunitarios o terapias asistidas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Desde Colombia, la organización Amnistía Internacional presentó recientemente un informe en el que aseguró que en Venezuela existe un agravamiento de la emergencia humanitaria y un incremento de la represión estatal posterior a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024.
Nastassja Rojas Silva, directora adjunta de Amnistía Internacional Venezuela explicó que tras el anuncio de las elecciones, se ha observado un repunte en las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.
“Hay una dinámica particular: el gobierno en ocasiones suelta un poco y aliviana las condiciones, pero luego vuelve y reprime, y eso es lo que sucedió después del 28 de julio, pero en unas dimensiones que antes no habíamos visto”, afirmó Rojas.
Rojas indicó que uno de los casos más emblemáticos citados es el de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, cuya detención evidencia una ampliación del perfil de los perseguidos políticos.
Asimismo el informe denuncia arrestos a menores de edad, quienes habrían sido víctimas de torturas y aislamiento de sus familias.
“Hay unas condiciones estructurales que son propias de la emergencia humanitaria compleja que hay en el contexto venezolano. Tenemos casos de personas que están desaparecidas de manera temporal o que son detenidas por razones políticas”, puntualizó.
De acuerdo al informe, las manifestaciones luego de los comicios presidenciales fueron “reprimidas de forma violenta, con uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales”.
Cientos de personas salieron a las calles, luego de que Elvis Amoroso presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Nicolás Maduro como ganador el 28J sin hasta ahora mostrar resultados desagregados.
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El gobierno de Venezuela insistió en la celebración de elecciones regionales en el Esequibo el venidero domingo 25 de mayo, pese a que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le ordenó abstenerse de tal acción.
A través de su cuenta de Telegram, la vicepresidente ejecutiva Delcy Rodríguez aseguró que el territorio pertenece a Venezuela y por lo tanto les corresponde la soberanía.
“Venezuela defenderá sus derechos históricos sobre su territorio sagrado y, en unión nacional, decimos cada mañana; el sol de Venezuela nace en el Esequibo”, escribió.
Aseveró que la postura de la administración madurista es la de sentarse con sus pares vecinos.
“Guyana no tiene otra opción que negociar en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1996, en lugar de pretender salidas belicistas que amenacen la paz de la región”.
Como parte de la estrategia para supuestamente recuperar el territorio en disputa, en diciembre de 2023 el gobierno venezolano llevó a cabo un referéndumen el que supuestamente participaron 10 millones de personas -según el Consejo Nacional Electoral (CNE)– y en el que la mayoría aprobó la creación de un estado en el Esequibo.
Atendiendo a peticiones de Guyana en la ONU, la CIJ ordenó al chavismo abstenerse de llevar a cabo las elecciones.
“En espera de una decisión definitiva sobre el caso, la República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de celebrar elecciones o preparar elecciones en el territorio en disputa, que la República Cooperativa de Guyana administra actualmente y sobre el cual ejerce control”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
35 periodistas judicializados, de los cuales 15 están en prisión. Esa es la realidad que enfrenta Venezuela en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Así lo informó este sábado 3 de mayo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) a través de un comunicado.
El SNTP expresó que de los 35 judicializados, 12 tienen medidas cautelares y otros ocho enfrentan interrogatorios o escapan de órdenes de aprehensión.
“En este día mundial de la libertad de prensa, el SNTP exige al Estado y al sistema de justicia de Venezuela la liberación de periodistas y trabajadores de la prensa, el cese de la persecución y el respeto a la prensa”, colocó el SNTP en una publicación de X.
El SNTP indicó que hoy en día los periodistas no ejercen su profesión con libertad.
“Hay un deterioro de las condiciones para el ejercicio de la libre prensa en Venezuela a través del uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo como herramienta para silenciar voces críticas”.
El organismo denunció que en Venezuela no hay transparencia y la opacidad es la norma.
“El acceso a la información pública sigue siendo precario, con funcionarios del Estado que evaden su responsabilidad para rendir cuentas sobre asuntos que están bajo su responsabilidad”, agregó.
El SNTP igualmente dio a conocer que en los últimos años se ha evidenciado la desaparición de los medios impresos, el cierre de estaciones de radio y el bloqueo a más de 60 medios de comunicación en internet.
Entre las exigencia del SNTP al Estado se encuentra la liberación de los 15 periodistas detenidos, así como el cese de todos los procesos judiciales en contra de los trabajadores de la prensa.
También solicitaron que revisen y deroguen todas las leyes que criminalizan la libertad de expresión y se utilizan para perseguir a los comunicadores sociales, incluyendo la ley antiterrorismo.
Por su parte, exigió el cese inmediato del cierre de emisoras de radio y el bloqueo a páginas web de información.
Asimismo pidió acceso a la información pública y la rendición de cuentas por parte de funcionarios del Estado.
Por último, solicitó que se implementen políticas de seguridad y protección para periodistas durante el ejercicio de sus funciones.
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De acuerdo a la ONG Foro Penal un total de 906 presos políticos continúan detenidos en Venezuela.
Desde su última actualización, la organización contabilizó 17 nuevos arrestos además de una excarcelación.
Según la ONG, los detenidos se dividen en 815 hombres y 91 mujeres, de los cuales 901 son adultos y cinco adolescentes de entre 14 y 17 años de edad.
De la cifra total, 737 de los presos son civiles y 169 militares.
Foro Penal informó que desde 2014 hasta la fecha, se han llevado a cabo un total de 18.334 detenciones políticas.
De acuerdo a la organización la mayoría de los ciudadanos incluidos en este conteo fueron detenidos después de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso proclamó ganador a Nicolás Maduro sin hasta ahora mostrar resultados desagregados.
Por su parte, en su informe anual la ONG Espacio Público registró 99 detenciones por expresar opiniones durante 2024 en Venezuela, un aumento del 254 % respecto a 2023, cuando documentó 28 casos.
“Se documentó una intensificación de la persecución y el hostigamiento contra ciudadanos, especialmente hacia opositores políticos, activistas y periodistas. Las elecciones presidenciales marcaron un hito negativo en la garantía de derechos humanos”, expuso la organización.
Apenas esta semana familiares de los presos políticos pidieron ante la ONU en Caracas que intervenga a favor de la liberación de sus seres queridos.
Tanto Maduro como el fiscal general de la República impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente y ratificado por la AN chavista, Tarek William Saab, aseguran que en Venezuela no hay presos políticos y califican a los encarcelados luego de las elecciones como terroristas culpables de varios delitos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
