De acuerdo a un informe de la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC), casi veinte millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria aguda durante 2024 en América Latina, con Colombia al frente de los seis países afectados.
Según el informe en el vecino país8,8 millones de personas fueron afectadas, de los cuales 7,8 ciudadanos son ciudadanos neogranadinos y 1 millón migrantes.
De acuerdo a la investigación, el conflicto armado, el desplazamiento interno creciente y la precariedad de la población migrante fueron elementos de peso en la situación alimentaria colombiana.
Según el informe, un total de 19,7 millones de personas se toparon con altos niveles de inseguridad alimentaria aguda Fase 3 o superior)en al menos seis países.
El estudio revela que la proporción de población con alto nivel de inseguridad alimentaria aguda en la región aumentó del 17% en 2023 al 20% en 2024.
LaRed Global contra las Crisis Alimentarias expuso que Haití fue el país con la crisis alimentaria más grave de la región, con 5.600 personas en catástrofe alimentaria (Fase 5), el estado más avanzado de hambre que puede llevar a inanición y muerte.
300 000 menores haitianos sufrieron desnutrición aguda, lo que convirtió al país en el único de la región con una crisis nutricional en 2024.
De acuerdo al informe los desafíos climáticos actuales son otro elemento de peso en la región, en vista que las pocas precipitaciones y condiciones más cálidas y secas amenazan a América Central y el noroeste de América del Sur.
“Esto plantea riesgos para la producción agrícola, disponibilidad de alimentos y los medios de vida en toda la región”, advirtió GNAFC.
Para este estudio, la GNAFC contó con el apoyo de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Mientras su presidente Jorge Rodríguez y otros miembros se encuentran haciendo campaña para las para las venideras elecciones del 25 de mayo, los diputados de la Asamblea Nacional dominada por el chavismo tiene más de un mes sin celebrar sesiones ordinarias o extraordinarias.
En concreto, 35 días sin sesionar lleva el Parlamento conformado por 277 diputados El propio Rodríguez aspira repetir para el lapso legislativo 2026-2031, así como los diputados Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra.
Los chavistas Pedro Infante y América Pérez, primer y segunda vicepresidenta de la AN, respectivamente, también están en campaña, la cual comenzó oficialmente el pasado 29 de abril y finaliza el próximo 22 de mayo de acuerdo a lo informado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso.
Durante el periodo de ausencia en la AN, varios de sus diputados han participado en actos relacionados con los venideros comicios, en los cuales se elegirán 285 escaños, incluidos representantes de la denominada la Guayana Esequiba.
La última sesión que celebró la AN fue el pasado jueves 10 de abril, cuando aprobó el decreto de estado de emergencia económica firmado por Nicolás Maduro.
De acuerdo a los diputados chavistas, estos han relegado la agenda electoral con el propósito de “profundizar la revolución bolivariana”.
Pese a la decisión de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y de la líder opositora María Corina Machado de no participar en el proceso, el exgobernador de Miranda Henrique Capriles Radonski y el exdiputado Juan Requesens postularon sus nombres para este 25M.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dimitió temporalmente hasta que concluya una investigación por mala conducta sexual en su contra. La licencia que tomó Khan será hasta el final de la investigación externa, que comenzó a finales del año pasado, y sus fiscales adjuntos dirigirán la oficina en su ausencia, dijo la CPI en un comunicado.
Informes de prensa publicados previamente citaban un documento que describía acusaciones contra Khan, que se cree incluyen contacto sexual no deseado y “abuso”. No obstante, Khan negó esas acusaciones comunicadas al órgano rector del tribunal en octubre del año pasado.
De acuerdo con Reuters, Khan habría enviado una misiva a su personal confirmando su licencia temporal y en la que el fiscal dijo que su posición había sido revisada constantemente. “Mi decisión está motivada por un compromiso profundo e inquebrantable con la credibilidad de nuestra Oficina y de la Corte, y con la salvaguarda de la integridad del proceso y la equidad para todos los involucrados”, según se informa, dijo en la carta.
El caso de Venezuela sigue en proceso
Tamara Sujú, abogada defensora de derechos humanos, afirmó que el caso de Venezuela sigue en proceso en la CPI pese a la dimisión temporal de Karim Khan. “El proceso sigue. La CPI tiene continuidad institucional. La CPI está diseñada para asegurar la continuidad de sus funciones”, escribió Sujú en su cuenta de X.
Asimismo, recordó que los procedimientos y procesos en curso son responsabilidad de la Oficina del Fiscal (OTP), que está integrada por varios fiscales adjuntos, investigadores y personal jurídico.
“Mientras se nombra un nuevo Fiscal Jefe (por elección de los Estados Partes del Estatuto de Roma), las funciones pueden ser asumidas interinamente por un fiscal adjunto o un funcionario autorizado, garantizando así la continuidad de las investigaciones y procesos”, agregó.
El pasado 15 de mayo se presentó el Informe 2024-2025 del Instituto Casla, en el que se documentó que los ataques sistemáticos contra la población civil han demostrado que el gobierno venezolano “pese a estar en la palestra pública internacional por los crímenes de lesa humanidad que comete, no tiene la intención de parar, sino todo lo contario, está dispuesto a seguir reprimiendo y persiguiendo sistemáticamente a la población civil y militar con el fin de permanecer en el poder”.
El documento recuerda que en 2024 enviaron cartas al fiscal Khan solicitando órdenes de arresto contra altos funcionarios del DGCIM y del Sebin y contra el gobernante, Nicolás Maduro.
En el informe se considera que la Corte Penal Internacional “debe actuar con urgencia ante tantos elementos presentados y acelerar la investigación y emitir órdenes de arresto contra los máximos responsables, incluso si ocupan cargos de poder”. Destacan que los crímenes qe denuncian “no se limitan a una frontera nacional, sino que implican colaboración entre regímenes autoritarios (Venezuela, Cuba, y posiblemente Irán o Rusia en asesoría militar), lo que los convierte en una amenaza regional”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Recaudar fondos para garantizar la sustentabilidad de los medios de comunicación independientes en Venezuela es el objetivo del Teletón Vaca Mediática, que se llevará a cabo este sábado 17 de mayo a través de una transmisión en vivo desde un estudio en Miami y un espacio virtual desde Caracas y el resto del mundo, que podrá ser visto en streaming por medio de Youtube de 3:00 p.m. a 6:00 p.m, hora de Venezuela.
Esta es una iniciativa de CONNECTAS, plataforma periodística para las Américas que reúne investigación, análisis e información, por el periodismo que explica, conecta y no se rinde.
De acuerdo a la ONG Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys) y Reporteros sin Fronteras más de 300 medios han sido cerrados en Venezuela durante la última década.
A eso se suma un bloqueo sistemático de portales informativos, la criminalización del ejercicio periodístico, el encarcelamiento para al menos una decena de profesionales de la comunicación social y el exilio forzado de periodistas y editores.
Los recursos obtenidos en este teletón y todas las donaciones que se hagan para la Vaca Mediática desde los distintos mecanismos establecidos, serán destinados a beneficiar a 15 medios venezolanos: Arepita, Efecto Cocuyo, El Pitazo, Caracas Chronicles, Cazadores de Fake News, Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys), La Vida de Nos, Medianálisis, Monitor de Víctimas, ProboxVE, Reporte Ya, Runrunes, Servicio de Información Pública, Tal Cual y VE sin filtro. Estos 15 medios suman 50 premios y reconocimientos por sus trabajos de investigación en alianzas estratégicas.
Las temáticas que abordan estas investigaciones persiguen combatir la desinformación desde una óptica nacional, regional e hiperlocal: defensa de derechos humanos, del medio ambiente, del periodismo y lucha contra la corrupción han sido algunos de los focos de estos medios a lo largo de su historia.
Pese a las limitaciones, los medios independientes venezolanos han podido mantener su labor y están comprometidos con el periodismo ético, responsable y útil, cuya calidad ha sido reconocida en los más importantes foros del mundo.
Además de periodistas, a este evento con el objetivo de salvar al periodismo independiente en Venezuela se unirán artistas, humoristas, influencers y otros talentos. César Miguel Rondón, Luis Chataing, los integrantes del podcast El Cuartico, Maria Semprún, Gladys Rodríguez y Ricardo del Búfalo, son algunos de los nombres que se sumarán a la causa convocada por la #VacaMediatica.
Con los fondos recaudados este 17M se pretende garantizar el sueldo de los trabajadores involucrados en el funcionamiento diario de los medios independientes, resguardar la seguridad de periodistas y equipos de trabajo, modernizar herramientas tecnológicas y narrativas y capacitar al personal en pos de seguir innovando en la región.
Desde ya, los medios involucrados ponen a disposición la etiqueta #VacaMediatica en todas sus plataformas para hacer las contribuciones y así ayudar a que el periodismo independiente se mantenga vivo en Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En el mes dedicado a la concienciación sobre la hipertensión, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP) anuncia una importante Jornada Gratuita de Despistaje de la Hipertensión para el próximo sábado 17 de mayo.
Durante la actividad, quienes asistan tendrán la oportunidad de recibir una consulta de despistaje con cardiólogos especializados para evaluar su riesgo cardiovascular, además de la medición de la Glicemia Capilar.
Los participantes que presenten indicios de riesgo de hipertensión tendrán la posibilidad de programar una consulta cardiológica exhaustiva, que incluirá un electrocardiograma, a un precio preferencial de tan solo $30.
Además, se facilitará el acceso a estudios complementarios esenciales para una evaluación integral de la salud cardiovascular, como la radiografía de tórax (en proyecciones AP y lateral) por $10 y el Perfil 20 por $30.
Los interesados en participar deben inscribirse a través de WhatsApp por el número
al (0414) (0412) (0424) CLINICA (2546422).
La prevención es fundamental
Es crucial recordar que la hipertensión constituye uno de los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y a la ocurrencia de muerte prematura.
Estadísticas revelan que una de cada cuatro personas adultas padece esta condición, pero alarmantemente, solo una de cada cinco logra mantenerla bajo control. Por esta razón, el monitoreo regular de la presión arterial y la adopción de un estilo de vida saludable se erigen como pilares fundamentales para la prevención y el bienestar.
En su compromiso con la salud cardiovascular, el servicio de cardiología del GMSP ofrece una atención integral a pacientes de todas las edades, tanto adultos como pediátricos. Este servicio se distingue por el empleo de estudios diagnósticos modernos y de gran confiabilidad, llevados a cabo por un equipo de profesionales altamente cualificados y con amplia experiencia en el campo
En este sentido, la institución presenta una estructura que se divide en tres áreas de especialización bien definidas: la cardiología clínica, la hemodinamia y la cirugía cardiovascular.
Esta división permite abarcar un amplio espectro de necesidades, desde el manejo eficiente de emergencias cardiovasculares hasta la realización de jornadas preventivas y consultas médicas exhaustivas, respaldadas por estudios diagnósticos avanzados como electrocardiogramas, ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, holter y ecocardiogramas transesofágicos, entre otros.
Adicionalmente, el GMSP cuenta con una unidad especializada en el tratamiento de afecciones vasculares en los miembros inferiores, ofreciendo soluciones tanto estéticas como funcionales mediante tecnología de punta. Esta unidad se enfoca en mejorar significativamente la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades arteriales y venosas.
Para ser atendido en el GMSP, solicitar citas y obtener mayor información se debe llamar al 0500 CUIDATE (2843283) o al (0212) 9176200, y se puede escribir vía WhatsApp al 0414/0424/0412 CLINICA (2546422), también por la página: www.grupomedicosp.com Además, puede seguirlos como @grupomedicosp en las redes sociales Instagram, TikTok, Facebook, X (antes Twitter), Threads y en su canal de YouTube.
Después de dos meses de separación, la niña de apenas dos años de edad, Maikelys Antonella Espinoza Bernal, aterrizó este miércoles 15 de mayo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a bordo de un vuelo de repatriación procedente de Texas, Estados Unidos, junto a otros 225 venezolanos migrantes deportados.
Como de costumbre, al terminal asistió el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y en esta ocasión Cilia Flores, quien la tomó en brazos para que las cámaras de Venezolana de Televisión (VTV) captaran el momento.
Horas después, en el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro recibió a la niña, a su madre Yorelys Bernal y a su abuela, Raida Inciarte.
“Tengo que agradecer por sus gestiones al embajador Richard Grenell, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y también al propio Trump. Ha habido y habrá diferencias, pero es posible avanzar, con la bendición de Dios”, dijo.
Desde hace semanas, el régimen madurista había promovido una campaña en pos de la devolución de la niña a territorio nacional, acusando al gobierno de Estados Unidos de haberla secuestrado.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) negó la acusación, argumentando que la niña había sido separada de su familia para protegerla de sus padres, acusados de pertenecer al Tren de Aragua.
En marzo de este año, Maiker Espinoza Escalona, padre de Maikelys, fue deportado primero a la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, y un día después, a la cárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, por sus supuestos vínculos con el TDA.
Paralelamente, Yorelys Bernal fue enviada de vuelta a Venezuela en un vuelo de repatriación, por lo que la niña quedó bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) y el DHS.
“No permitiremos que se abuse de esta niña y que siga expuesta a actividades delictivas que ponen en riesgo su seguridad”, se desprende de una declaración del departamento.
Según DHS, Maikelys fue repatriada luego de 302 días en suelo estadounidense por una orden de una corte y separada de su madre porque presuntamente esta reclutaba a mujeres jóvenes para traficar droga y prostituirse para el TDA.
“Al menos sabemos que la niña no estará con su padre, que operaba una casa de tortura y supervisaba homicidios, venta de drogas, secuestros, extorsión y tráfico sexual para la organización criminal”, se desprende de la cuenta de DHS en X.
La familia Espinoza Bernal llegó a Estados Unidos en mayo del año pasado y pidió asilo, pero en julio los padres de la niña recibieron una orden de expulsión durante el mandato del expresidente de ese país, Joe Biden.
Nunca debió pasar
De acuerdo a Yumildre Castillo, exjueza de protección de Niños, Niñas y Adolescentes y profesora universitaria, todo NNA (niño, niña y adolescente) tiene derecho a ser protegido, a crecer, a desarrollarse y a tener contacto directo con su familia de origen.
“En este caso en particular, estamos hablando de una niña de 2 años. Y, de acuerdo a nuestra legislación, los niños deben permanecer con sus madres de manera preferente hasta alcanzar los 7”, dijo.
Según un comunicado emitido por el coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, desde la perspectiva del derecho internacional y los derechos humanos, la separación forzada vulnera el principio superior del NNA, consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
De acuerdo a Trapani, la unidad familiar se ve afectada cuando la separación ocurre sin evaluación judicial ni garantías del debido proceso.
“Este principio está protegido por el artículo 9 de la CDN y por el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)”.
Trapani expuso que la presunción de inocencia igualmente es vulnerada al vincular a la madre con una organización delictiva sin mediar proceso judicial.
Asimismo, el abogado indicó en el documento que, según el principio de no devolución contemplado en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, está prohibido devolver a una persona a un país donde su vida o integridad corra riesgo.
“Separar a una madre de su hija y deportarla sin una evaluación exhaustiva del riesgo en su país de origen vulnera este principio”, alertó.
Castillo explicó que la doctrina siempre avala la permanencia de los NNA con su familia de origen.
“Solo en casos que sean verdaderamente comprobados que afectan a sus intereses superiores se les tiene que retener, y no existe pronunciamiento judicial alguno que coloque a la madre en una situación que le señale como perjudicial para la crianza de su hija”.
La ex jueza consideró innecesario armar una alharaca internacional con la intervención de organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para garantizar la reunificación de una niña de dos años con su progenitora.
“No han debido retenerla nunca. Ni a ella, ni a ningún otro Niño”, sentenció.
No es la primera vez
El coordinador de Cecodap indicó que, según cifras recabadas de medios de comunicación, alrededor de 600 NNA han sido devueltos en vuelos de repatriación.
Trapani sostuvo en su comunicado que según la coordinadora del Plan Vuelta a la Patria, Anahí Arizmendi, existen al menos tres casos de madres migrantes que han sido deportadas sin sus hijos menores de edad.
También informó que de acuerdo a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en 2018, bajo la política de “tolerancia cero”, el gobierno de Estados Unidos separó a más de 5000 NNA de sus padres migrantes en la frontera y, tres años después, el propio DHS reconoció que cientos de niños no habían sido reunificados con sus familiares.
La Unión Americana de Libertades Civiles expresó que “los reportes sobre separaciones familiares, deportaciones sumarias y demoras en la reunificación siguen generando preocupación”.
Castillo aseveró que el caso de la niña Maikelys Espinoza se asemeja al de Elián González, respecto a la doctrina de protección integral que privilegia el derecho que tienen los NNA a permanecer con su familia de origen: “Especialmente, cuando se trata de niños muy pequeños”.
González protagonizó uno de los conflictos internacionales más mediáticos del mundo, luego de que el bote en el que salió de Cuba en 1999 zozobrara antes de llegar a costas de Florida y su madre, quien lo había embarcado sin permiso de su padre, muriera.
Posterior a una batalla en el Congreso y en tribunales federales, Elián -de apenas siete años- fue devuelto con su progenitor a Cuba, donde aún vive, trabajando como ingeniero industrial y militar y formando parte del Partido Comunista.
“Las dinámicas pudieran ser parecidas porque se convirtieron en casos muy mediáticos, pero el contexto de ambos es distinto, las situaciones históricas y sociales en aquella época distan de la actual”, dijo Castillo.
La exjueza aclaró que en los casos de NNA en primera infancia, los padres y madres tienen la primera palabra.
“Si estuviésemos hablando de un adolescente de 14 años, prevalece el derecho que tiene esa persona en función de su capacidad progresiva, reconocida por la doctrina, de decidir si quiere o no estar en determinado espacio y con quién quiere estar, pero hablándose de niños que están en un proceso de desarrollo tan vulnerable, resulta indispensable que se privilegie la permanencia con su familia de origen”. ahondó.
El entorno de la separación
Castillo manifestó que según la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente (LOPNA) existen garantías para el uso de la identidad e imagen de los NNA, pero la misma está supeditada a la autorización que hagan sus padres, representantes o responsables.
“En este caso de Maikelys, debemos suponer que contaba con la autorización de su madre”. recalcó.
Trapani expuso en su comunicado que, a nivel psicosocial, las separaciones forzadas generan traumas como ansiedad, trastornos de apego, regresiones conductuales y efectos a largo plazo en el desarrollo emocional.
El coordinador de Cecodap expresó que según Unicef y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las separaciones forzadas con justificación migratoria son consideradas como una forma de violencia institucional.
Castillo recalcó que tanto el gobierno de Venezuela como el de Estados Unidos están suscritos a la Convención sobre los Derechos del Niño que ratifica la permanencia de los NNA con su familia directa.
“Venezuela incluso tiene ratificada la Convención, por eso tenemos una ley orgánica para la protección de NNA. En el caso de Estados Unidos, ellos tienen suscrita la Convención, pero no la tienen ratificada, es decir, que no se ha convertido en letra obligatoria dentro de su territorio”, aclaró.
La profesora universitaria indicó que es complejo evaluar si hubo un exceso de exhibición o publicidad en torno al caso de Maikelys Espinoza.
“Quien no está padeciendo la retención de un hijo puede considerarlo incluso un problema menor que no reviste tanta notoriedad ni importancia, pero hay que ponerse en los zapatos de esa madre a quien deportan de un territorio extranjero, al cual llegó con sobradas esperanzas, expectativas, ideas y proyectos, y adicionalmente le dicen que se van a quedar con su hija. Eso es una impronta difícil de gestionar”, consideró.
Para la e jueza, lo rescatable del caso es que pone en tela de juicio abordajes hechos a partir de determinadas situaciones dentro del derecho migratorio que son lesivas para NNA.
“Si es aprovechado o no por determinados sectores de la sociedad, eso es algo que escapa de nuestras manos, lo que resulta cierto es que situaciones como esta no deberían pasar. Porque si estamos hablando de lo difícil que puede resultar gestionar una situación así para un adulto, es más cuesta arriba para una niña de dos años”, enfatizó.
De acuerdo a Trapani, el caso de Maikelys no puede ser entendido como un hecho aislado o un procedimiento administrativo regular.
“Es una alerta sobre la urgencia de construir políticas migratorias con rostro humano, que armonicen seguridad con derechos y justicia”, expresó.
A juicio del coordinador de Cecodap es perentorio exigir una investigación independiente y transparente y garantías de no repetición.
“Es imprescindible que siempre cuando se trata de NNA, se mantengan las garantías mínimas que impidan que sean separados de manera abrupta de sus padres”, puntualizó Castillo.
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En El Mañanero del 16 de mayo deRunrun.es resumimos los titulares más destacados durante el fin de semana en Venezuela: El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), exigió la liberación y protección de Eduardo Torres, defensor de DDHH y miembro de la ONG Provea, y también que se garantice la seguridad e integridad de Oscar Murillo, coordinador general de la organización. Alimenta la Solidaridad paraliza sus comedores comunitarios por riesgos de seguridad, y al menos 12 000 niños resultarán afectados.
“El poder es nuestro. El poder para desobedecer. El poder para decir no. Yo ya voté el 28 de julio”, expresó María Corina Machado, respecto a comicios del 25 de mayo.
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Después de casi 9 años haciéndole frente a la pobreza y la desnutrición infantil en Venezuela, el programa “Alimenta la Solidaridad” anunció este 15 de mayo de 2025 que se veían obligado a pausar sus operaciones, medida que afecta a más de 12.000 niños que diariamente se benefician con los comedores comunitarios del proyecto.
“Esta pausa responde a una razón fundamental: proteger la seguridad de nuestros beneficiarios, líderes comunitarios y equipo de trabajo. Para nosotros, proteger a nuestra gente es un principio sagrado. La nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG impone condiciones y riesgos que hacen inviable nuestra labor. En su forma actual, esta norma restringe el derecho a la libre asociación y criminaliza el trabajo humanitario y comunitario, afectando directamente nuestro modelo de impacto”, especificaron en un comunicado.
Destacan que el contexto de “creciente represión contra la sociedad civil” ya ha alcanzado a miembros de Alimenta la Solidaridad- por lo que creen que continuar operando “sin garantías mínimas de seguridad sería irresponsable”.
“La persecución pone en riesgo a las familias que, durante años, han abierto sus hogares para alimentar y educar a los niños más vulnerables. Protegerlas es hoy, y siempre ha sido, nuestra prioridad ética y moral. Somos plenamente conscientes de las consecuencias de esta pausa en las comunidades que atendemos, más aún en medio de una crisis alimentaria persistente desde 2016, cuando iniciamos este proyecto. Sin embargo, no pondremos en riesgo la integridad de quienes sostienen esta red de solidaridad”, amplía el documento.
“El compromiso se transforma”
A lo largo de estos años, Alimenta la Solidaridad sirvió más de 24 millones de platos de comida en 15 estados del país, empoderando a mujeres y madres para liderar espacios seguros donde miles de niños recibían alimentos a diario, sin discriminación ni condiciones.
A pesar del cese temporal de operaciones, la organización reafirmó su compromiso con Venezuela y aseguró que trabaja en nuevas estrategias para continuar su labor de forma segura. Destacaron asimismo que más de 5.000 personas en la diáspora han sido clave como donantes, demostrando que la identidad venezolana también se fortalece a través de la solidaridad.
La organización también agradeció a productores de alimentos, instituciones donantes y aliados por su confianza, apoyo y reconocimiento al modelo de transparencia y rendición de cuentas que representa su labor, así como a los líderes comunitarios, voluntarios y colaboradores por haber convertido cada comedor “en un espacio donde un plato de comida representa crecimiento, educación, dignidad y esperanza para la próxima generación de venezolanos”
Alimenta la Solidaridad aseguró que, aunque el camino sigue siendo desafiante, seguirá adaptándose para abrir nuevas rutas de apoyo a los más vulnerables.
“Nuestro compromiso con los venezolanos más vulnerables no se acaba: se transforma, se adapta y seguirá abriendo caminos para que miles de niños y familias puedan soñar y construir un futuro mejor”, concluyeron.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
