El 18 de septiembre del 2008, José Miguel Vivanco, director de la división americana de Human Rights Watch, y un investigador de su equipo, se encontraban en Caracas. Habían presentado un informe titulado Una Década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela, en el que denunciaban cómo el régimen había dado inicio a una serie de medidas que atentaban contra la libertad de expresión, el pluralismo político y las libertades individuales. Por eso, ambos fueron interceptados por funcionarios públicos en un hotel, se les decomisaron sus teléfonos y los trasladaron hasta el aeropuerto, donde tomaron un viaje hasta San Pablo, Brasil.
No sería sino hasta el 2026 cuando la organización volvería a Venezuela, esta vez, de la mano de la directora actual, Juanita Goebertus Estrada, abogada y politóloga colombiana egresada de la Universidad de los Andes. Entre el 2008 y el 2026, la organización realizó varias investigaciones, pero sin que sus miembros directivos pudieran pisar suelo venezolano.
Goebertus es consciente de la intrincada situación actual. Venezuela, se supone, está atravesando una transición hacia la democracia. Tras la captura de Nicolás Maduro ocurrida el 03 de enero, bajo el tutelaje del gobierno de Estados Unidos, han ido implementándose reformas para ponerle fin a la etapa de autoritarismo chavista. Sin embargo, en la población, el desespero se ha hecho notar. Muchos comentan que Trump parece más interesado en los acuerdos petroleros que en terminar con esta etapa. Muchos presos políticos han sido liberados, pero no todos. Algunas leyes han sido modificadas, pero continúa existiendo el aparato represivo. Entonces: ¿estamos, sí o no, en una transición?
Es una pregunta que muchos se hacen hoy en día. Hay esperanza, pero también desconfianza. Pero ella tiene experiencia en entornos complejos. Entre 2012 y 2016, coordinó el grupo de Justicia Transicional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y formó parte de la delegación gubernamental en las negociaciones con las FARC en La Habana. Y desde el 2022, ha estado en varios países de la región como parte de su labor institucional. Ella es muy consciente de que, en el escenario venezolano, hay muchos factores jugando en el tablero.
Formó parte de la delegación a cargo de los acuerdos de paz en Colombia. De cara a una futura transición hacia la democracia, ¿será un proceso similar en Venezuela con respecto a quienes son responsables de las violaciones a derechos humanos?
Creo que son casos muy distintos. Hay que tener cuidado con los paralelismos. Colombia viene haciendo procesos de negociación, y de desmovilización de distintos grupos desde los 90, y llegando a este proceso último en La Habana, donde hice parte como miembro de la delegación del gobierno en ese momento, que culminó con dejación de armas de más de 13.000 excombatientes de las FARC y la creación de un proceso complejo de implementación de acuerdos. En los distintos capítulos de la historia de Colombia ha habido modalidades de justicia transicional que combinan mecanismos judiciales y extrajudiciales, como la Comisión de la Verdad, el Centro Memoria Histórica o la creación de un programa de reparación administrativa para las víctimas, o como los procesos judiciales que han tenido distintas variables, desde los procesos de justicia y paz, que fueron procesos en la justicia ordinaria para investigar a los responsables entre los paramilitares de las violaciones a derechos humanos hasta la Jurisdicción Especial de Paz, que hoy en día ha condenado tanto a comandantes de la guerrilla como a miembros de las fuerzas públicas por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
En el caso de la FARC por las políticas de secuestro, o a los funcionarios colombianos por ejecuciones extrajudiciales. Todo ese contexto lo doy porque creo que es un escenario muy distinto al venezolano.
El proceso venezolano busca ser una transición a la democracia. Requiere mecanismos de reinstitucionalización, reforma de la justicia, reforma al sector seguridad, el desmonte del aparato represivo del Estado, fijación de un calendario electoral, garantías electorales, reconfiguración del sistema electoral, garantías para el ejercicio de la oposición. Es un proceso distinto, tiene el tutelaje de EE. UU. y tiene una altísima influencia internacional. Eso marca un tipo de proceso muy diferente al que ha tenido Colombia.
Ahora, hay un hilo común: investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos, al menos a los principales. Los que incluso podrían estar incluso incurso en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Es una deuda con las víctimas y al deber del Estado venezolanos. ¿En qué consistirá ese proceso? Es una pregunta muy abierta, y dependerá de lo que los venezolanos y venezolanas, y las víctimas, quieran en su proceso de vuelta a la democracia.
¿Qué cambios se observan en la relación del Estado venezolano con los derechos humanos tras el 3 de enero?
Creo que, en efecto, y lo publicamos en nuestro comunicado de prensa, ha habido una serie de cambios a partir de la llegada de la presidente interina Delcy Rodríguez, que incluye la liberación de más de 900 presos políticos, la promulgación de la Ley de Amnistía, el establecimiento de las mesas de conversaciones, el desbloqueo de páginas webs, y el desmonte -al menos por ahora- de varios mecanismos de represión, como las alcabalas o los dispositivos de vigilancia sobre líderes políticos de oposición, o la culminación de varios procesos contra líderes de la sociedad civil, como el de Carlos Correa o el de Rocío Sanmiguel.
Se muestra un clima distinto, ahora, creemos que son cambios que hay que reconocer, pero que todavía no son sostenibles, parten de una serie de decisiones que podrían retraerse. No ha habido desmonte de los organismos de inteligencia, de sus funciones de control en varios centros penitenciarios donde sigue habiendo torturas, y algunas personas son liberadas y otras no. Hay avances, los notamos, los destacamos, pero para que esto sea sostenible y que se avance hacia una transición a la democracia hay que avanzar en varias reformas institucionales profundas.
¿Cuáles son las medidas más urgentes que deben tomarse en materia de derechos humanos el Estado venezolano?
Lo primero, y aquí está la vida de las personas, terminar de liberar a todos los presos políticos; dependiendo de la lista, hay entre 350 y 500, hay que hacer el proceso de revisión de todos los casos. Lo segundo es avanzar en la reforma y la recomposición no solo del TSJ, sino en general, para así recuperar un sistema judicial independiente, no politizado, que permita garantizar la idoneidad de quienes ocupan esos cargos. Y el tercero debe ser un proceso una reforma del sector encargado de la seguridad: quitarle las funciones de sustentación penal a los organismos de inteligencia, con procesos de depuración, que haya una reconstrucción de unas fuerzas profesionales que tengan capacidad de lucha contra el crimen organizado y que no sean usados como una policía política para reprimir a opositores y críticos, que en eso se convirtieron SEBIN y DGCIM.
Y luego tenemos todo un entramado de leyes: la ley del odio debe derogarse, no solo despenalizarse, para que nadie sea perseguido por lo que piensa; también la ley contra el terrorismo, que ha sido uno de los principales vehículos para perseguir a opositores; y la Ley Bolívar y la Ley Resorte, que han impedido el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios independientes.
Hay que desmontar todo ese aparato legislativo. No son las únicas, pero dirías estas. Y dicho de paso, la reforma del CNE y el establecimiento de un calendario electoral, que permita la participación de todos los actores políticos, el ingreso al país de los líderes de oposición que quieran ingresar al país y el destrabe de los mecanismos judiciales que han impedido su participación en los procesos electorales.
¿El equipo de Human Rights, y otras organizaciones con las que hayan podido tener contactos, sienten que este año han sido escuchadas por el Estado?
Estamos en un proceso de restableciendo canales. No hacíamos una visita al país desde que nuestro director, José Miguel Vibanco, fue expulsado hace 18 años y enviado en un avión a Brasil. Nuestra visión es que el restablecimiento tomará tiempo. Hemos tenido reuniones con la ministra Ana María San Juan, con el vicecanciller Oliver Blanco, con el fiscal general de la nación Larry Devoe, con la presidenta interina Delcy Rodríguez. Les hemos mencionado estos temas. Hemos visto que algunas personas han sido liberadas, pero insistimos en que deben ser todas. Diría que es el proceso de restablecimiento de un canal, que aunque lejos de ser perfecto, busca incidir en las decisiones que se toman para se avance en la protección de derechos humanos que se avance hasta el restablecimiento de la democracia.
Tomando en cuenta lo sucedido en casos como el de Chile o Argentina, ¿qué acciones deberá tomar la ciudadanía para mantener la memoria histórica?
Si algo hemos aprendido de esos procesos es que la resistencia de la sociedad civil es fundamental. Mantiene la información, recolecta los casos. Yo creo que la sociedad venezolana, de manera heroica, en contra de muchísimos ataques y persecución, ha dejado registros y ha documentado todo a detalle, y eso forma parte de esa tarea. Implica mantener una presión. Hay el riesgo de que esta transición, sobre todo en la medida de que EE. UU controle este proceso, haya un sentimiento de no empujar hacia una transición plena. Pero hemos visto una sociedad civil que se manifiesta de materia pacífica, y que insista en que haya cambios para estos procesos de transición y para que se preserve la memoria histórica, que es importante para cuando llegue el proceso de satisfacer los derechos de las víctimas.
¿Por qué es importante para las víctimas conocer la verdad como punto de partida para lograr luego reparación y garantías de no repetición?
Toda la lógica y el objetivo de la justicia transicional es recuperar las relaciones de confianza entre la ciudadanía que se rompen durante regímenes totalitarios porque está en el sentimiento de que cualquier vecino podría estar vigilando y avisándole al régimen. Creo que lo que se ha vivido con el terremoto fue una muestra clara de eso: el sentimiento de que es un Estado represor, no uno que busca ayudar y rescatar a sobrevientas. Es una relación fracturada.
La aspiración de la justicia transicional, a través de mecanismos judiciales que buscan esclarecer la verdad, reparar a las víctimas, buscar a los desparecidos, que buscan investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves y representativos, se busca reconstruir la relación entre ciudadanía y estado. Para que adelante la ciudadanía pueda confiar en el Estado, sin pensar “qué susto, si denuncio me van a perseguir a mí”. La idea de la justicia transicional es esa: restituir el tejido de confianza.
¿El terremoto dejó en evidencia la situación de los derechos humanos en Venezuela?
Creo que el terremoto evidenció una paradoja extraña: pese a ser un Estado represor y responsable de gravísimas violaciones a los derechos humanos, era al mismo tiempo un Estado ineficiente, pequeño e incapaz de brindar servicios públicos básicos. Demostró esa dualidad: es un Estado represivo al que le faltan muchísimas reformas para dejar de perseguir a la ciudadanía y restablecer la confianza, pero al mismo tiempo es un Estado roto, sin capacidad de hacer lo más básico, como brindar humanitaria ante emergencia, protección de las personas que quedan sin organizar, buscar sobrevivientes. Lo que hace un Estado: organizar política pública y ejecutar. El terremoto mostró esa doble cara. Hay que reconstruir instituciones que ya no existen, que no tienen capacidad, presupuesto ni personas capaces de diseñar políticas públicas para atender a la ciudadanía.
¿Crees que los intereses económicos en torno al petróleo pueden poner en riesgo el proceso de democratización?
Creo que el gobierno de EE. UU. tiene la principal palanca para avanzar o no en las reformas institucionales para que Venezuela transite a la democracia. Es innegable ha habido liberación de presos, ley de amnistía, el desbloque de algunas páginas webs, en gran medida, por la presión que ha ejercido el gobierno de EE. UU. Lo que a mí me preocupa, es que mientras más uno más ve el interés económico, como el acuerdo petrolero, las personas involucradas en ese acuerdo relacionadas con casos de gravísima corrupción, en la medida en la que el interés de EE. UU. parecería estar concentrado en los aspectos económicos, se puede perder el ímpetu en los derechos humanos. Dicho de otra forma: si EE. UU. solo se centra en temas económicas, no habrá un incentivo para las reformas institucionales.
Creo que el gobierno de EE. UU y el secretario Rubio debería tener cuidado en si su legado será simplemente la extracción de los recursos de Venezuela o si se usará su capacidad y su incidencia para avanzar en serio para una reforma que permita llegar a una democracia en Venezuela.
¿Crees que la ciudadanía venezolana ha logrado resistir?
La ciudadanía venezolana ha sido estoica. Ha resistido en medio de una persecución y censura brutales, a pesar del inmenso miedo de que el Estado venezolano haga un uso de la fuerza violento, y ha seguido documentando, registrando, teniendo periodismo de investigación del más alto nivel del continente. Han hecho todo y más para poder resistir unos embates muy fuertes. En este escenario, hay algo más de apertura para hablar y documentar, así que lo que sigue es empujar de forma pacífica esta ventana de oportunidad para que realmente Venezuela implementa la reforma para lograr una transición hacía a la democracia.
¿La corrupción es un obstáculo para la aspiración?
La corrupción, por supuesto que me preocupa mucho. En el caso de Venezuela, no solo durante el chavismo, sino desde antes, la corrupción asociada a la renta petrolera ha estado en el centro del quiebre de la confianza de la ciudadanía a las instituciones. Muy seguramente Venezuela no habría terminado en décadas de chavismo, y de lo que eso ha significado para los derechos humanos, si no hubiera habido el tipo de corrupción asociado a las rentas. El chavismo, pese a tener una plataforma ideológica distinta, siguió con la misma lógica. Un proceso serio hacia la democracia, que debería poner en el centro la recuperación de la confianza en las instituciones, tiene que poner mecanismos contundentes de transparencia en el manejo de la renta petrolera para que la ciudadanía confíe. Desafortunadamente, el gobierno de los EE. UU. está haciendo todo lo contrario, y entre más opacos son esos acuerdos hay más posibilidades de que esa dinámica de corrupción siga existiendo.
