Durante junio de 2025, la ONG Espacio Público documentó que el patrón de persecución estatal contra periodistas y defensores de derechos humanos se mantuvo, alcanzando ahora a economistas con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas y censura digital.
De acuerdo con el reporte mensual de la ONG, en junio se registraron tres violaciones al derecho a la libertad de expresión: dos casos de censura y uno de intimidación. Los afectados fueron periodistas, reporteros y plataformas web, y ocurrieron tanto en el estado Táchira como en espacios digitales.
Desapariciones y detenciones arbitrarias
Espacio Público recordó el caso del periodista Carlos Marcano, quien fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana el 23 de mayo, y durante más de diez días su familia no tuvo noticias sobre su paradero. Cuando su madre logró verlo en La Yaguara, en Caracas, fue solo por unos minutos: al día siguiente, Marcano fue trasladado a un lugar desconocido, sin orden judicial.
Por otra parte, la criminalización del ejercicio periodístico también alcanzó a Nakary Mena Ramos, reportera de Impacto Venezuela, detenida en abril junto a su pareja Gianni González por publicar un reportaje sobre inseguridad. Ambos fueron imputados por “instigación al odio” y “noticias falsas”, y estuvieron desaparecidos por más de 70 horas. El 17 de junio, un tribunal ratificó su privación de libertad.
Economistas en la mira
En un contexto de creciente opacidad económica, al menos cinco analistas financieros fueron detenidos brevemente e interrogados por cuerpos de seguridad. La causa: difundir cifras sobre inflación y poder adquisitivo. Para el Observatorio Venezolano de Finanzas, se trata de una política estatal orientada a ocultar datos clave sobre la situación económica del país.
Restricciones en zonas fronterizas
La organización alertó que la censura estructural también golpea con más fuerza a las zonas fronterizas. En estados como Apure, Bolívar y Falcón, los bloqueos informativos se suman al abandono institucional, los apagones y la presencia de grupos armados. En estos territorios, el derecho a estar informado está severamente restringido.
Informe de la ONU: patrones de persecución
El pasado 27 de junio, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó un nuevo informe sobre Venezuela evidenciando que persiste un patrón de persecución contra quienes expresan críticas al poder. Se reportaron más de 2.400 detenciones tras las protestas post-electorales, bloqueos a más de 60 sitios web, vigilancia digital y uso arbitrario de leyes como la de odio.
“La represión sostenida y el cierre del espacio cívico tienen un impacto directo sobre la ciudadanía: dificultan el acceso a información confiable, generan miedo a expresarse y reducen los canales para exigir derechos. La autocensura se intensifica ante la amenaza de detenciones, bloqueos o represalias”, alertó Espacio Público.
Todas esas acciones, según lo que advirtió la ONG, “debilita la participación pública y la capacidad de organización social, factores esenciales para la vida democrática”. En consecuencia, agregó el reporte, “las personas quedan aisladas, desinformadas y sin vías seguras para denunciar abusos o promover soluciones a los problemas que enfrentan a diario”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El Centro para la Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho de la Universidad de Stanford (EEUU) se sumó a las voces que han reclamado y exigido del exconcejal y activista Jesús Armas, al cumplirse 7 meses de su detención ocurrida en Caracas.
“Jesús es un dedicado servidor público, ingeniero y líder cívico que ha dedicado su vida a promover los valores democráticos, mejorar los servicios públicos y defender la dignidad del pueblo venezolano. Como presidente de la ONG Ciudadanía Sin Límites, ha implementado iniciativas impactantes para mejorar el acceso al agua, la política energética y la transparencia en las comunidades más vulnerables de Caracas”, dice el comunicado publicado en el sitio web de Centro.
El 10 de diciembre de 2024 , Armas fue desaparecido forzosamente y detenido en Venezuela por fuerzas de seguridad. Actualmente se encuentra detenido en El Helicoide y durante siete meses ha estado recluido en completo aislamiento e incomunicación, sin que su familiar haya podido verlo ni haya tenido acceso a sus representantes legales.
El 31 de diciembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Jesús Armas. Allí resaltan el “riesgo grave y urgente para su vida e integridad personal y llaman a las autoridades venezolanas a proteger sus derechos y garantizar su bienestar, pero no se han tomado medidas significativas para cumplir con estas medidas.
El Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho y la Maestría Ford Dorsey en Política Internacional de la Universidad de Stanford instó a la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y los gobiernos democráticos a alzar su voz en apoyo a Jesús y a condenar la creciente represión y tortura contra actores democráticos pacíficos en Venezuela.
De acuerdo al más reciente reporte de Foro Penal, en Venezuela hay 927 presos políticos, de los cuales 831 son hombres y 96 mujeres, entre los cuales hay 922 adultos y cinco adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años. La mayoría de los detenidos fueron capturados después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024.
“Solo recibimos su ropa sucia”
El arresto de Armas se produjo el 10 de diciembre del 2024, en Las Mercedes, en el municipio Baruta, al momento de tomar un taxi luego de salir de un local. Del lugar se lo llevaron en una camioneta Toyota 4Runner plateada sin placas. Este jueves 10 de julio, activistas y organizaciones no gubernamentales exigen su liberación.
“La única señal que a veces recibimos es su ropa sucia, eso no es justicia, eso es tortura contra él y contra nosotros como su familia. Desde que Jesús fue detenido arbitrariamente ha estado en aislamiento total; sin acceso a visitas, a sus abogados” expresó su pareja y también defensora de DDHH, Sairam Rivas, en un video en las redes sociales este 10 de julio.
¿Desde cuándo defender a tu ciudad es un delito?
Jesús Armas lleva 7 meses aislado, sin visitas, sin abogado, sin contacto con su familia.
Oscar Murillo, coordinador general de Provea, conversó con Runrunes el pasado 9 de julio sobre la decisión de la Asamblea Nacional de declarar persona no grata al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. A juicio de Murillo, esto fue una “maniobra desde la retórica oficial” muy “agresiva y violenta” para desviar la atención sobre los temas que preocupan a los ciudadanos del país, como la continua violación de derechos humanos, que también se abordó en la conversación.
Para Murillo, lo que ocurre en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024 no puede entenderse sino como una escalada represiva contra toda forma de disidencia. “No hay descanso para la sociedad venezolana, que sigue resistiendo con mucha dignidad, pero tiene que protegerse”, afirma. Y aunque el miedo impone silencios, sostiene que no hay claudicación ni resignación entre los ciudadanos, sino un “apaciguamiento estratégico”: “Este pueblo ha aprendido a optimizar sus esfuerzos y a sortear la censura”.
Murillo calificó de “simbólico y necesario” el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y la expresión libre, incluso cuando se expresan con carteles o acciones ciudadanas sencillas, como colgar pancartas -así como la exhibida en el Colegio de Nacional de Periodistas con los rostros de periodistas detenidos que luego fue robada por desconocidos encapuchados-.
Lo preocupante —agregó— es cómo el Estado responde con violencia y vandalismo, bloqueando incluso gestos mínimos de denuncia social. “Estas son estrategias de una misma política: controlar la información, mantener el chantaje ideológico”.
Advirtió que no se trata solo de represión explícita, sino de un entorno de “vigilancia, censura y autocensura“.
Ante la pregunta de si existe una ciudadanía resignada, Murillo fue tajante: “No hay claudicación. Hay que entender la lógica de un terror generalizado. La gente se protege, se repliega,se protege, se solidariza entre los más cercanos, pero no olvida que tiene derechos y mantiene una conciencia de exigibilidad muy presente”.
Desde Provea, afirmó Murillo, han constatado cómo las personas han aprendido a elegir cuándo y cómo movilizarse. “ La gente está muy clara de lo que lo que pasa. Ahora, también el pueblo venezolano ha aprendido a optimizar sus esfuerzos. ¿Cuándo me movilizo? ¿Cuándo puedo movilizarme? ¿Cuándo no? ¿Cuándo me expongo más?”.
El gobierno intentó “suavizar” el informe del alto comisionado
Oscar Murillo explicó que debe ser el Ejecutivo quien tome la decisión final sobre el exhorto que hizo la AN respecto al alto comisionado de la ONU, pero que hasta el momento, eso no ha ocurrido, la medida no ha trascendido el discurso o las palabras: “Hay un estrategia a medio término de descalificar el mecanismo, tratar de estigmatizar todo esto tratando de buscar un ‘enemigo externo’, es como el principio de esta retórica (…) Desde el derecho internacional, y según lo que establece la Convención de Viena, le corresponde a la Cancillería de la República informar al responsable de la misión de la ONU en Venezuela informar, con nombre y apellido, las personas declaradas no gratas. Sabemos que hay solo una funcionaria del equipo en Venezuela, el resto del equipo expulsado el año pasado se encuentra en Panamá. Desde allí realizan la labor de documentación, sistematización, elaboración y la propuesta del informe que revisa el equipo del alto comisionado en Ginebra”.
El defensor dijo que el gobierno ha venido implementado una estrategia de que cuando le sirven los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, “entonces procura proyectar una imagen de colaboración y cooperación”.
“Eso fue lo que pasó cuando aquel primer informe de la entonces alta comisionada Michelle Bachelet. Le interesaba al gobierno restablecer algunas condiciones y proyectar una imagen de cooperación con los mecanismos. Hoy día no es tan así, los desprecia”, expresó.
Murillo reveló que circularon versiones de que el gobierno intentó, por vías de presión diplomática, impedir que el informe fuese ajustado a la realidad de lo acontecido en el último año en el país.
“Esto no ocurrió, creemos que esta puede ser una de las razones por las que se da una respuesta virulenta, siempre el gobierno venezolano responde con más crudeza a los informes de la Misión de Determinación de Hechos que a los informes del alto comisionado”, recordó.
Añadió que el hecho de que el propio Türk leyera el informe significa mucho en términos diplomáticos: “Se estuvo manejando la hipótesis de que iba a ser un informe duro, contundente, muy claro, como en efecto ocurrió, pero que él no lo iba a leer, que no iba a estar en la sala del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Sin embargo, se quedó, lo leyó y además invirtió lo que ha sido siempre su discurso, que arranca con generar alguna ’empatía’ con el gobierno, por ejemplo, mencionando el tema de las sanciones y después va enumerando la serie de violaciones. En esta oportunidad fue distinto, comenzó narrando y describiendo todas las violaciones de derechos humanos comprendidas de mayo 2024 a mayo 2025″.
Un informe que desnuda la realidad del país
“En Venezuela hay sufrimiento, hay dolor, y no solo nos referimos a las víctimas de la represión, a la negativa del ejercicio de los derechos civiles y políticos, sino también a lo que establece el alto comisionado en su más reciente informe: hay unas condiciones muy duras para satisfacer las necesidades más básicas de los venezolanos. Eso es un elemento distintivo de esta oportunidad del informe del alto comisionado (…) El salario es un tema que preocupa a todos los venezolanos, excepto a aquellos productos privilegiados y élites cercanos a los circuitos del poder”, comentó Oscar Murillo.
Destacó que el contundente informe presentado hace un par de semanas por el alto comisionado de la ONU reseña las “arbitrariedades y los abusos del período estudiado”, que abarca mayo de 2024 a mayo de 2025, meses en los que considera, “prácticamente se ha venido extinguiendo al Estado de derecho”. Agregó que hoy en día cualquier ciudadano en Venezuela puede ser víctima de una detención arbitraria, “y sometido a un proceso de aislamiento prolongado y de incomunicación con sus seres queridos”.
Insistió en que “los grandes temas” que aquejan a los venezolanos están siendo “relegados, postergados y diferidos” lo que aleja la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales y genera “ese dolor, ese sufrimiento, esa vulnerabilidad en el goce y disfrute de los derechos humanos, no solamente el ejercicio de los derechos civiles y políticos, repito, sino también en lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
Las violaciones a DD. HH. en deportaciones a El Salvador
Murillo aclaró que, en contraposición con lo que ha venido denunciando el gobierno, el pasado 13 de mayo el alto comisionado se refirió al caso de las personas, entre ellos un número importante de venezolanos, deportadas a El Salvador desde Estados Unidos.
“El gobierno pudiera tener diferencias con respecto al tono que utilizó el alto comisionado para referirse al caso del Salvador y quizá cómo se refiere a los presos políticos, o a lo que nosotros llamamos presos por razones políticas en el caso venezolano. Es normal que pueda haber alguna discrepancia, pero no puede decirse que el acto comisionado no se pronunció. Sí lo hizo. Ahora, quizás el gobierno que fuese con mayor énfasis, pero recordemos entonces que hay un informe que comenzó en mayo 2024 y todo lo que ocurrió en el año 2024 no fue cualquier cosa, porque estamos hablando de que en Venezuela se rompieron los récords de represión política al menos desde cuando Provea registra casos, que es desde el año 1988 en adelante”, puntualizó.
Recordó que la Venezuela contemporánea no había presenciado una fase durante un ciclo político de protesta o conflictividad política con más de 2400 personas detenidas arbitrariamente: “También hay que decir que tenemos 21 muertes registradas, asesinatos en el contexto también electoral y desapariciones forzadas. Es decir, fue mucho lo que ocurrió, y evidentemente el acento iba a estar allí”.
Sobre las deportaciones a El Salvador, recordó que Provea fue la primera organización venezolana de derechos humanos que se pronunció en contra esta situación: “Trasladaron a personas sin sentencia previa, sin un proceso justo, sin derecho a la defensa a un tercer país (…) Esa persona no va a poder tener visita, esa persona no va a poder contratar un abogado, esa persona no sabe en qué jurisdicción judicial debe ampararse, si en las estadounidenses, en las Venezuela o en las de El Salvador. Es una situación realmente grave que nosotros lo denunciamos sin ningún cortapisa”.
Recalcó que estas acciones conjuntas de los gobiernos de El Salvador y EE. UU. violan los derechos humanos y, en algunos casos, se puede hablar de desaparición forzada, “porque hay personas que fueron prácticamente extraídas” sin que se les siguiera el proceso legal de deportación.
“Tanto en ese caso como en las deportaciones masivas que se han dado hacia Venezuela, también allá hay un conjunto de irregularidades, tanto del gobierno estadounidense como del gobierno venezolano. En ambos casos se está incumpliendo un principio que se llama el principio de no devolución. Estamos hablando de personas que salieron del país bajo situaciones forzosas, ¿verdad? No fue que fueron de turismo, no es una aventura, sino en una situación de refugiados en la que están buscando un mejor porvenir, seguridad para su familia, están huyendo de una crisis económica, muchos también están huyendo de la persecución política. No hay condiciones, por todo lo que nosotros sabemos que pasa en el país para decir, ‘bueno, yo te regreso al país de donde tú estás saliendo por estas razones que estamos especificando’. Allí se ha violado el principio de no devolución. Primero tiene que haber un juicio en el que el país receptor compruebe que tal persona representa una ‘amenaza para la comunidad’ donde se encuentra, tiene que calificar el delito, ir a un juicio y en ese caso puede proceder esa deportación. Pero lo que hemos visto con las deportaciones masivas es que allí no se está cumpliendo en ningún momento el principio de devolución, sino que responde a política con intereses muy claros antimigratorios, y del lado venezolano hay un aprovechamiento, hay una instrumentalización de ese retorno para para fines políticos y propaganda política”, amplió Murillo.
Caso Eduardo Torres y la vulnerabilidad jurídica de todos los venezolanos
En la conversación se recordó el caso de Eduardo Torres, miembro del equipo de Provea que permanece tras las rejas desde hace un par de meses, cuando fue detenido en el marco de la ola represiva previa a los comicios regionales
Oscar Murillo mencionó, como aspecto anecdótico, que Torres era el encargado de redactar el capítulo sobre derecho a la libertad personal en el informe anual de Provea, justo el derecho que ahora le ha sido vulnerado.
Recordó que la detención de Torres se ejecutó sin orden judicial y bajo el argumento de supuestos planes de desestabilización vinculados a las elecciones. Durante los primeros cuatro días estuvo desaparecido, sin que se informara oficialmente su paradero ni los cargos en su contra. La presión nacional e internacional forzó al Ministerio Público a reconocer la detención, aunque sin mayores detalles.
Días después se confirmó que se encontraba detenido en la sede del Sebin en El Helicoide, Caracas. Desde entonces, sus familiares han podido dejarle comida y ropa, pero no se le permite recibir visitas, ni tampoco firmar el consentimiento para ser representado por sus abogadas de confianza, ambas miembros de Provea. Esto le impide ejercer su derecho a una defensa adecuada. A esto se suma que el defensor público asignado al caso ha ofrecido muy poca información sobre el estado legal y físico de Eduardo Torres.
“Hay un violación desde el día uno, que comienza una desaparición forzada, una detención arbitraria, hasta el día de hoy, en el que Eduardo Torres, como otro más de este de de este grupo de venezolanos detenidos, no tienen derecho a la defensa. No está recibiendo la visita correspondiente de sus seres queridos. No puede participar de su proceso de defensa. Él es abogado y y sabe muy bien y estamos seguros de que él ha pedido al juez, cuando se dio la presentación, tener acceso al equipo de Provea. Y nada de esto ha sido permitido. Por eso, estamos hablando de un momento muy grave, de una profundización de un modelo autoritario, donde se van como borrando las líneas, las muy difusas líneas, de separación de poderes que había en Venezuela. Es decir, si ya cargábamos sobre sí esta crisis de derechos humanos, el hecho de que la Fiscalía General de la República y que la Defensoría del Pueblo no puedan marcar ninguna diferencia en resguardar, en garantizar el respeto a los derechos humanos durante los procesos judiciales, pues nos indica que estamos ante una situación de absoluta vulnerabilidad jurídicade todos los venezolanos en este momento”, denunció.
“Apagón democrático” y la crisis multifactorial del país
Murillo insistió en que la crisis venezolana va más allá de lo político. “No hay políticas públicas en ningún sector: ni en salud, ni en educación, ni en ambiente”. Denunció que la degradación del sistema universitario y proyectos emblemáticos como la represa de Tocoma evidencian la desinversión, la corrupción y la falta de planificación estructural.
También, alertó sobre el deterioro de derechos sociales, especialmente los laborales y ambientales, y una creciente desigualdad que impide la movilidad social y la posibilidad de progreso humano.
El coordinador general de Provea se refirió, por otra parte, al concepto de “apagón democrático” —eje del más reciente informe de Provea— que responde a la ruptura del principio de legitimidad del voto. “Cuando el pueblo pierde el derecho a elegir su destino político mediante el sufragio, se desmantela el último pilar de la institucionalidad democrática. El 28 de julio marca una ruptura histórica con el proyecto republicano”.
Esta fractura, advirtió, desencadena una crisis multidimensional: legitimidad, gobernabilidad, representación y políticas públicas. Sin separación de poderes ni debate público, “ya no hay políticas de Estado, solo decisiones autoritarias sin control ni consenso social”.
¿Qué esperar de las próximas elecciones?
Sobre las elecciones locales del 27 de julio de 2025, Murillo señaló que responden a una estrategia de “control territorial” y no a una auténtica restitución del derecho al sufragio. Criticó la falta de garantías mínimas, la inhabilitación de partidos y candidatos, y la permanencia de un árbitro electoral que no genera confianza.
Aun así, defendió el derecho a participar de quienes decidan votar. “Esa decisión no debe ser estigmatizada, no tiene que ser atacada (…) La participación política es un derecho y, por lo tanto, debemos resguardarlo y se respeta”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
En Venezuela, la figura de Diosdado Cabello tiene un protagonismo cada vez mayor, no solo en el ámbito político, sino también en el ecosistema digital; donde su discursoestigmatizante es reforzado y las voces críticas silenciadas mediante una red de cuentas institucionales. Su poder en redes se sostiene en una estrategia de propaganda y hostigamiento coordinado que evidencia el control del gobierno sobre el espacio informativo en línea.
Aunque la coordinación entre cuentas en redes sociales para promover ataques en línea y narrativas difamatorias contra voces críticas no es algo nuevo en Venezuela, lo que ha cambiado es el uso de un programa de televisión, transmitido en los medios del Estado, con el objetivo de amenazar y señalar a cualquier voz opositora o disidente del chavismo.
“Con el Mazo Dando” se incluye en un patrón de uso indebido de cuentas oficiales de alcaldías, ministerios y otros entes públicos para difundir propaganda política y electoral, así como la participación activa de funcionarios policiales y militares en campañas de acoso, doxxing y amplificación de mensajes oficialistas. Estos mecanismos se han adaptado con rapidez a los cambios en la propiedad y los algoritmos de las plataformas digitales, consolidando así un sistema represivo más sofisticado y efectivo.
Bajo la “Operación TunTun”, Cabello (como ministro de Interior y Justicia) lanza amenazas recurrentes de allanamientos y detenciones contra opositores, periodistas y activistas, que con frecuencia se hacen realidad. Estas acciones, difundidas en su programa Con el Mazo Dando y amplificadas por redes sociales mediante cuentas coordinadas, consolidan un aparato de intimidación con alcance masivo y sostenido.
Mediante cuatro escuchas sociales distintas en X, Facebook, Instagram y TikTok, se examinaron más de 52 000 publicaciones en línea, encontrando una coordinación entre distintas cuentas del CICPC a través del uso del “repost” a las narrativas originadas en las cuentas de “Con El Mazo Dando”.Estas narrativas forman parte de un terrorismo de Estado que se ha instaurado en Venezuela desde las elecciones del 28 de julio de 2024, fecha que representa el punto de inicio para la mayor persecusión política del gobierno de Maduro en contra de la sociedad civil, y que llevó a miles de venezolanos tras las rejas, luego de una represión que se promovió en gran medida en redes sociales como una estrategia para sembrar terror y así inmovilizar la protesta y acallar cualquier tipo de disidencia.
Identificando que parte de la red que amplifica los mensajes de Diosdado Cabello está integrada por cuentas vinculadas a instituciones públicas y funcionarios del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, especialmente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Esta maquinaria no solo respalda la narrativa oficial, sino que también convierte las amenazas en instrumentos de propaganda con un fuerte efecto intimidatorio. Evidenciando que lejos de ser una táctica del pasado, la vigilancia de los contenidos en redes y la “Operación TunTun” siguen activas y es sostenida por cuerpos armados del Estado, reforzando su presencia en el imaginario colectivo con cada nueva detención y en cada ciclo electoral, profundizando así el miedo como herramienta de control social.
El terror empieza con el Ministro de Justicia
“¡Gordo, gordo, gorditooo…! Les ganaremos con votos, les ganaremos en las calles, y si se atreven con la violencia… ¡les saldrá el TUN TUN!”, leía Diosdado Cabello en su programa en un video publicado el 24 de mayo de 2025, un día antes de las elecciones regionales en Venezuela y en medio de una nueva persecución política en la que más de 60 venezolanos, entre activistas de derechos humanos, periodistas, políticos y miembros de la sociedad civil, fueron arrestados.
El mensaje anterior no se quedó solo en un programa de televisión, sino que fue amplificado por cuentas del CICPC que se alinearon con la amenaza y difundieron la narrativa de intimidación con el uso de etiquetas vinculadas a su actual jefe (#DiosdadoCabello, #ConElMazoDando, #Mazo4F).
Aunque “Con el Mazo dando” se transmite desde el 2014 y su participación dentro del gobierno oficialista ha sido constante, la preponderancia que ha tomado en el tiempo y en particular en último año, lo ha llevado a convertirse en la cara visible de la represión en el país y a jugar un papel cada vez más activo en el uso de redes sociales con fines maliciosos.
Durante años, el Ministerio de Comunicación e Información (MIPPCI) fue la voz del oficialismo en las redes sociales. Desde allí se centralizaba la propaganda, los anuncios, las campañas políticas y las etiquetas que debían replicarse. Pero algo cambió.
En agosto de 2024, la red social X (antes Twitter) fue bloqueada en Venezuela. Desde entonces, el MIPPCI ha guardado silencio, y ese vacío fue ocupado poco a poco por una figura que ya tenía peso propio: Diosdado Cabello y su tropa propia. La cuenta del programa “Con El Mazo Dando”, (que estuvo suspendida en Twitter antes de la llegada de Elon Musk a la plataforma) ha ignorado la orden de Nicolás Maduro y es de las que ha seguido utilizando X para difundir sus narrativas y movilizar a sus estructuras.
El Mazo se replica: ¿cómo opera la red?
La cuenta de “Con el Mazo Dando” no ha sido el único altavoz del oficialismo en X y otras plataformas, en torno a ella ha surgido una red mucho más activa e invasiva que opera desde organismos de seguridad, principalmente el CICPC, en lugar de un ministerio de comunicación.
Esta sigue una estrategia coordinada y jerárquica: los contenidos del programa son replicados mediante etiquetas y publicaciones por cuentas institucionales del CICPC, que funcionan como nodos centrales. Desde allí, el mensaje se disemina hacia cuentas estadales y municipales, conformando una estructura de amplificación con múltiples niveles que refuerza el control discursivo del oficialismo en el entorno digital.
Pensar en el mecanismo de difusión de las narrativas podría ser cómo pensar en un árbol; en el que cuenta matriz o superior del programa de Cabello es el tronco que distribuye a las ramas principales (cuentas estatales) la información y estás a su vez la difunden las ramas más pequeñas (cuentas municipales) que terminan el ciclo en las hojas (jurisdicciones más pequeñas). Al final, un solo mensaje de Cabello es replicado por redes dentro de todo el territorio venezolano en distintas plataformas, lo cual ayuda a difundir el temor en la población y crear una presencia ampliada y diversificada en el país.
Es decir, el epicentro se desplazó. El MIPPCI fue sustituido por una estructura que tiene a Diosdado Cabello como centro narrativo, a su programa “Con El Mazo Dando” como emisora principal, y a una red de cuentas institucionales como brazos difusores.
Además, en las cuatro búsquedas realizadas entre el 05 de abril y el 10 de junio de 2025 para rastrear las narrativas promovidas por Cabello y cómo estaban siendo replicadas por estas cuentas institucionales, se recopilaron 52.302 menciones en redes sociales que evidenciaron un nuevo escenario: la actividad se trasladó casi por completo a Instagram, que se formalizó en el nuevo campo de batalla, con el 64,64% de las menciones totales que siguen este patrón narrativo.
Veamos un ejemplo:
El 23 de abril de este año, la cuenta de Instagram de “Con el Mazo Dando” (@mazo4f) difundió un video sobre el encuentro entre Cabello y el encargado de negocios de la Embajada de Corea del Norte, quien entregaba una carta enviada por el Partido de los Trabajadores. Esta publicación fue replicada el 24 de abril por la cuenta del CICPC de Apure (@delegacion.estadalapure), la cual a su vez fue replicada por la cuenta del CICPC de la delegación municipal de Guasdualito (@delegacionmuncipalguasdualito).
La publicación está acompañada de una leyenda que revela el uso continuado del “reposteo” (la réplica o redistribución de un contenido ya publicado, desde una cuenta hacia otras), desde la cuenta @Mazo4F hasta los miles de perfiles del ente policial. El mensaje que acompaña a la publicación dice:
“#Repost @delegacion.estadalapure #Repost @cicpcbarinas2020 @mazo4f #BukeleSecuestrador| La República Popular Democrática de Corea y la República Bolivariana de Venezuela fortalecen lazos de hermandad y solidaridad.
Esta estructura de difusión no es nueva ni empezó durante el periodo de mayor represión y persecución (las elecciones de julio de 2024). Sin embargo, sí se activó en torno a la “Operación TunTun” apenas el discurso del chavismo mutó de la propaganda al ataque, también ha servido para difundir la narrativa de Diosdado sobre los migrantes y afianzar su imagen como supuesto defensor de los deportados. En general, es una red que actúa y amplifica lo que este quiera en cada momento.
Además, se logró comprobar que esta es una red altamente coordinada. En una de las cuatro búsquedas realizadas se pudo corroborar la coordinación entre varias cuentas institucionales y “Con el Mazo Dando”, gracias a la réplica de mensajes casi idénticos. Entre el 17 de abril y el 19 de mayo, buscamos palabras claves como CICPC, MIPPCI, GNB, MIJPVzla, gobernación, Seniat, Corpoelec y Alcaldía, junto a la palabra repost y la etiqueta #Repost. Esta búsqueda arrojó 5.245 menciones.
Esta acción coordinada ya existía entre estas cuentas, pero su finalidad era difundir contenido policial e institucional; en al menos 678 menciones incluyen usuario “@douglasricovzla”, cuenta del Director del CICPC, todas en Instagram.
Al separar las 5.245 menciones recolectadas por aquellas con el término “Mazo4F” (usuario de “Con el Mazo Dando” en Instagram, Facebook y TikTok), se encontraron al menos 110 menciones distribuidas en varias redes sociales: 67 en Instagram, 37 en X, 4 en Facebook y 2 en TikTok.
13 de estas menciones fueron promovidas el 14 de mayo de 2025, cuando llega la bebé Maikelys a Venezuela, en un acto propagandístico protagonizado por Cabello y Cilia Flores en medio de las deportaciones de venezolanos por parte de Estados Unidos. Ese día se hicieron publicaciones en Instagram desde varias cuentas institucionales, donde se menciona a la cuenta oficial de Cabello (@dcabellor) y se usan las etiquetas #Venezuela #Maikelys #Diosdado #CiliaFlores.
En la difusión de la narrativa de Diosdado “salvador de migrantes”, la medalla de la réplica masiva se la llevó la cuenta de la Unidad de Criminalística del CICPC (@unidaddecriminalistica.cicpc), la cual sólo el 14 de mayo, hizo siete publicaciones sobre la llegada de la bebé Makeilys a Venezuela (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Además, se pudieron identificar tres mensajes repetidos sin ningún tipo de modificación que fueron replicados por entre 98 y 123 veces en Instagram. Esto también ocurrió en X con 162 menciones de muchas cuentas haciendo mensajes repetidos. Estas cuentas de X tienen fecha de creación reciente y pocos seguidores como es el caso de @etesetch93968 y @darkaz456325, que además se retuitean entre sí:
En el marco de las elecciones regionales y parlamentarias en Venezuela (25 de mayo de 2025) la red de difusión del CICPC se activó al máximo para alinearse con el tema electoral.
En solo dos meses identificamos más de 20.000 menciones a etiquetas como #GenteQueResuelve o #VotoPorGenteQueResuelve, narrativas que forman parte de la campaña electoral impulsada por el oficialismo venezolano.
Muchos de estos mensajes salieron de @mazo4f, pasaron por @CicpcBarinas2020 y terminaron siendo republicados por cuentas municipales. Una maquinaria aceitada que usó recursos del Estado para favorecer candidatos oficialistas
Precisamente la cuenta de Instagram @CicpcBarinas2020 es una de las piezas centrales de este sistema. Esta cuenta funciona como un nodo de distribución: toma contenido del programa de Cabello (@mazo4f) y lo repostea, para que luego otras cuentas regionales y municipales del CICPC lo vuelvan a publicar. Es un sistema jerárquico y automatizado que garantiza que un mismo mensaje se multiplique por todo el país. El resultado: saturación y repetición.
Una de las búsquedas realizadas se centró en esta coordinación, usando palabras como repost, mazo4f, dcabellor y cicpcbarinas2020 para mapear el comportamiento de estas cuentas durante una semana.
Entre el 20 y el 28 de mayo de 2025 se encontraron 75 publicaciones con estas características, de las cuales seis menciones en cuentas del CICPC eran republicaciones de CICPCBarinas2020 que a su vez estaba replicando al Mazo o a la cuenta de Cabello. En una semana, la cuenta de delegacion.estatalapure, reposteó 31 veces a CICPCBarinas2020, siendo 12 de estas publicaciones mensajes de propaganda electoral de las cuentas @nicolasmaduro y @presidencialve.
Durante esa semana, al menos 27 cuentas institucionales difundieron el contenido de las cuentas de “Con el Mazo Dando” o de Diosdado Cabello: 17 delegaciones del CICPC en Instagram y 10 cuentas de distintas sedes del Servicio Nacional de Medicina Y Ciencias Forenses (Senamecf) en X.
Diosdado a la luz, el MIPPCI a la sombra
La comunicación digital y la propaganda del oficialismo venezolano ha mutado. Ya no se trata del Ministerio de Comunicaciones impulsando “la etiqueta del día” en X. Ahora es una red hipervigilante y altamente política, que incluye diversas instituciones adscritas al Ministerio de Interior y Justicia, principalmente en Instagram y centrada en una figura: Diosdado Cabello.
La propaganda ya no se emite desde la voz del Estado, sino desde las instituciones que deberían proteger al ciudadano: la policía científica, los cuerpos forenses, las alcaldías, las gobernaciones. Todos repostean, todos amplifican, todos obedecen la narrativa promovida por “Con el Mazo Dando” y su líder, Cabello.
Durante años, el MIPPCI contaminó la conversación política en X con el posicionamiento de etiquetas diarias a través de los llamados “Tuiteros de la Patria”, quienes recibían bonos económicos del Estado por amplificar la propaganda chavista. El volumen que lograba generar este organismo con el impulso de etiquetas era significativo, llegando incluso a superar etiquetas de temas mundiales como el fallecimiento de la Reina Isabel en Inglaterra.
Los datos históricos reflejan cómo el MIPPCI pasó de promediar el impulso de etiquetas mensualmente con 38,8 millones de tweets en el primer trimestre de 2023, a promediar solo 4 millones en el tercer trimestre del mismo año, tras la llegada de Elon Musk a Twitter y la restricción al acceso al API que hizo que el gobierno no pudiera identificar a los “tuiteros de la patria” que promovían las etiquetas. En consecuencia, esta tropa dejó de recibir beneficios económicos por el volumen de tweets que generaba, con lo que se desestimuló la propagación inorgánica de contenido en X.
La presencia visible del MIPPCI en X desapareció por completo tras el bloqueo de la plataforma en Venezuela por parte de Nicolás Maduro en agosto de 2024, dando paso a esta reconfiguración comunicacional en la que, no solo la cuenta de “Con el Mazo Dando” se mantiene activa en X, sino que se articuló esta nueva red en plataformas como Instagram que difunden las narrativas del programa a través de entes institucionales y cuerpos policiales.
El problema principal está en que no se trata solo de propaganda, sino también de contenido difamatorio, ataques a diversos miembros de la sociedad civil y amenaza de persecución a los ciudadanos bajo la “Operación TunTun”.
Aunque el MIPPCI no esté activo en X, su coordinación sigue existiendo, solo que ahora desde las sombras, a través de un avanzado sistema llamado Siscom, que partiendo del anonimato sigue contaminando la conversación en redes de una forma más agresiva y confrontativa y menos propagandística, como era su forma de actuar anteriormente.
Este estudio refleja una estrategia estructurada, jerárquica y altamente coordinada para ocupar el espacio digital, amplificar mensajes oficialistas y atacar a sus adversarios.
La red digital construida alrededor de “Con el Mazo Dando” actúa como una estructura organizada de acoso político, financiada con recursos públicos, y utilizada para difundir miedo, manipular la opinión pública y perseguir la disidencia.
Esto representa no solo una violación a la institucionalidad, sino una grave amenaza a los derechos humanos y la libertad de expresión.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El Observatorio de Prisiones (OVP) denunció que el dirigente político y periodista, Biagio Pilieri, permanece aislado desde hace más de diez meses sin posibilidad de tener contacto con sus familiares ni acceder a abogados privados.
Maria Livia Vasile, esposa del político, quien fue detenido en agosto del año pasado, dijo en un video difundido en redes sociales que ha habido total hermetismo en cuanto a su condición.
“No ha tenido derecho a ver a sus seres queridos”, denunció.
Vasile sentenció que su esposo padece problemas gastrointestinales crónicos, desgaste óseo e hipertensión arterial.
“Desconocemos si sus patologías se han acentuado”, añadió.
De acuerdo al OVP, mantener a una persona en aislamiento por más de 15 días constituye una forma de trato cruel, inhumana y degradante que de prolongarse puede ser considerada tortura.
“Además tiene graves consecuencias en la salud física y mental de las personas como ansiedad, depresión, ira, autolesiones y paranoia, de acuerdo con la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT). Los efectos pueden ser irreversibles”, publicó la organización en X.
Según el más reciente balance de la ONG Foro Penal, la cifra de presos políticos es de940, de las cuales 844 son hombres y 96 mujeres.
El conteo especifica que hay 936 adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años. 771 son civiles y 169 militares.
Además 85 de los detenidos son extranjeros, algunos con doble nacionalidad.
La mayoría de estas aprehensiones se produjeron después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso declaró como ganador a Nicolás Maduro sin hasta ahora mostrar las actas ni resultados desagregados en su página web.
Según Foro Penal, desde 2014, se han documentado 18.430 detenciones de carácter político.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En un video compartido en sus redes sociales el dirigente opositor, Edmundo González Urrutia, destacó que Venezuela necesita “memoria, justicia y dignidad para poder reconstruirnos”.
El encabezado del mensaje que acompaño al video expresaba: “No buscamos revancha, pero sí justicia”. En el audiovisual, de más de un minuto, González Urrutia insistió en que es necesario “hacer valer el peso de la justicia”, sin que eso signifique “cobrarte las cosas del pasado”.
Insistió en que cualquier proceso de transición debe poner la mirada hacia adelante y no mantener el foco “en el retrovisor” de lo que pasó: “Hay que extraer lecciones para corregir los errores y avanzar hacia un escenario de democratización abierto, plural, donde quepamos todos”.
Consideró que debe prevalece una nueva visión de la democracia: “25 años de un partido monocolor en el gobierno… así no se construye una democracia sana, una democracia vigorosa. Se construye con los factores que son los elementos esenciales de la democracia, entre otros, la alternancia del poder, transitar de un gobierno de dictadura y un gobierno militar a una democracia elegida por el pueblo y el voto popular”.
González Urrutia se encuentra exiliado en España desde septiembre de 2024, después de que las actas electorales recabadas por la oposición lo certificaran como ganador de la contienda presidencial del 28 de julio. Pero el Consejo Nacional Electoral anunció un resultado que declaró como vencedor de esas elecciones a Nicolás Maduro.
A casi un año de la consulta, el CNE no ha publicado los resultados desagregados de esa elección, que fue desconocida por varios gobiernos internacionales.
“Lo que viene no es una promesa”
El candidato opositor denunció en enero pasado que no pudo viajar al país para intentar tomar posesión del gobierno por razones de seguridad. El pasado 5 de julio, a propósito de la conmemoración de la firma del acta de la independencia, recordó que esa fecha no fue un punto de llegada, “sino el comienzo de una lucha que continúa”.
Estableciendo un paralelismo con 1811, González Urrutia señaló que Venezuela enfrenta nuevamente una amenaza a su soberanía, pero esta vez por un régimen interno. González Urrutia recordó que la voluntad popular ya fue expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
“Una decisión que no se borra. Cuando el pueblo se une, no hay poder que lo detenga”, dijo González Urrutia.
Asimismo, agradeció a quienes, tanto dentro como fuera del país, continúan apoyando y defendiendo los resultados del 28 de julio
“Lo que viene no es una promesa. Es el resultado de lo que ya empezó. Lo que viene, viene porque juntos lo haremos posible”, expresó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El Mañanero de este lunes 10 de julio resume los titulares de las noticias más relevantes de las últimas horas: En su informe “Venezuela en cifras 2024”, la organización Un Mundo Sin Mordaza expone un panorama “alarmante” sobre el deterioro sistemático de los DDHH en el país, evidenciado a través de múltiples indicadores en áreas clave como libertad de expresión, trabajo, salud, educación, servicios públicos y participación política. Además, otro año escolar termina con más penas que glorias.
“Trato cruel. Eduardo Torres, defensor, sindicalista, miembro de PROVEA y de la UCV, cumple 2 meses preso desde que fue víctima de una desaparición el 9 de mayo. Está aislado en el Sebin El Helicoide, incomunicado, sin visitas de su familia o abogados. #LiberenAEduardoTorres beneficiario de medidas cautelares de protección de la CIDH”, denunció Provea.
José Bodas Lugo, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), alertó sobre la desaparición forzada de trabajadores del sector petrolero en los estados Anzoátegui y Falcón.
Mediante un video publicado en redes sociales, Bodas Lugo precisó que, de acuerdo con las denuncias de familiares de los trabajadores petroleros afectados, al menos 35 fueron detenidos en Anzoátegui y otros 25 en el estado Falcón.
“Esto ha generado una gran zozobra en el seno de la clase trabajadora, ya que a estos trabajadores se los llevaron tanto de las áreas de trabajo como de su casa sin orden judicial, violándoles todos sus derechos y hasta ahora no hay información sobre ellos”, denunció el dirigente sindical.
Bodas Lugo exigió a la administración de Nicolás Maduro que se informe a los familiares el estado físico y mental de los trabajadores petroleros detenidos. Asimismo, dirigió una exigencia a Wills Rangel, presidente de la FUTPV, y demás miembros del comité de la misma, para que se pronuncien sobre esta situación “y le exijan al gobierno que informe el estado de estos trabajadores, la causa de su detención y sobre todo que cese el hostigamiento que existe en las áreas petroleras y que den información al respecto a la clase trabajadora”.
#VIDEO Secretario General de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, José Bodas, denuncia que a la detención de trabajadores en el Complejo Refinador Paraguaná, se suman otros 35 casos en Anzoátegui.
— Tribuna Popular Web (@_TribunaPopular) July 3, 2025
Los activistas sindicales José Bodas e Iván Freites, han denunciado la desaparición forzosa de por lo menos 60 trabajadores petroleros de Anzoátegui y Falcón. Maduro mató la libertad sindical. No hay sindicatos libres en Venezuela, sino dóciles y arrastrados parapetos patronales
Responsabilizan a exdirector del Sebin de hostigar a trabajadores petroleros
Iván Freites, secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores Petroleros Petroquímicos y Gasíferos del estado Falcón (Sutpgef), denunció desde el pasado 29 de junio el “secuestro” de más de 60 trabajadores petroleros.
Según señaló Freites en su denuncia, el general Gustavo Enrique González López, exdirector del Sebin y actual jefe de la “policía interna” de Pdvsa, “ha asumido un rol protagónico en la represión y el hostigamiento contra los trabajadores petroleros”.
“Desde hace semanas, encabeza personalmente redadas en las áreas operativas, junto a sus esbirros de contrainteligencia, aplicando interrogatorios forzados, amenazas y detenciones arbitrarias. Hasta el momento, más de 60 trabajadores han sido secuestrados, sin derecho a defensa ni información a sus familias”, denunció Freites en ese momento.
El dirigente sindical aseveró que varios trabajadores intentaron presentar su renuncia para protegerse, pero la rechazaban “y se les amenaza con cárcel bajo acusaciones absurdas de traición a la patria”.
Asimismo, alertó que los familiares “son acosados, intimidados y amenazados con ser procesados por ‘terrorismo’ y ‘saqueo de bienes del Estado’, en un intento criminal de sembrar miedo colectivo y silenciar cualquier voz que denuncie la destrucción moral y operativa de nuestra industria petrolera”.
Denuncia Urgente!
Persecución y terror contra los trabajadores de PDVSA: más de 60 trabajadores secuestrados
El general Gustavo Enrique González López, ex director del SEBIN y actual jefe de la “policía interna” de PDVSA, ha asumido un rol protagónico en la represión y el… pic.twitter.com/Vc3nhyKM4Z
La represión “asustó” a los chinos en el Centro de Refinación Paraguaná
El mismo 29 de junio, Iván Freites alertó sobre la posible retirada de las empresas chinas que están a cargo de las reparaciones en el Centro de Refinación Paraguaná (CRP). “China amenaza a Maduro con abandonar trabajos de reparación en el Centro de Refinación Paraguaná” debido al “tenso ambiente de inseguridad, tanto personal como industrial que reina en Paraguaná”, señaló en sus redes sociales.
Así como en su denuncia inicial, atribuyó esta situación a la “represión” de organismos como la Dgcim y el Sebin en contra de los trabajadores en las refinerías Amuay y Cardón. “La desaparición forzada de decenas de trabajadores asustó a los chinos”, expresó.
China amenaza a Maduro con abandonar trabajos de reparación en el Centro de Refinación Paraguaná
Ante la represión del DGCIM y el SEBIN en contra de los trabajadores en las refinerías Amuay y Cardón, Delsy Rodriguez se trasladó de emergencia a Punto Fijo acompañada de 500… pic.twitter.com/YE05d4DZDM
Freites señaló que ante la represión de estos organismos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez se trasladó “de emergencia a Punto Fijo acompañada de 500 colectivos para realizar actividades de proselitismo, propaganda y amedrentamiento”. La visita al CRP fue publicada por la propia Delcy Rodríguez en su cuenta de Instagram.
Según el Ministerio de Hidrocarburos, el cual dirige Rodríguez, en la visita de la oficialista al complejo también “se evaluó la operatividad del Sistema Nacional de Refinación, componente fundamental para garantizar el suministro y la distribución de combustible en todo el territorio nacional”.
“En respuesta a las quejas de los chinos, la dictadura criminal ocupó con militares las zonas adyacentes a las refinerías, así como los edificios administrativos. El paso está totalmente restringido”, añadió el pasado 29 de junio.
Andrés Velásquez, dirigente nacional de La Causa R, condenó la detención y desaparición de al menos 60 trabajadores petroleros en los estados Anzoátegui y Falcón.
“Maduro mató la libertad sindical. No hay sindicatos libres en Venezuela, sino dóciles y arrastrados parapetos patronales”, escribió el dirigente opositor en su cuenta de X.
Los activistas sindicales José Bodas e Iván Freites, han denunciado la desaparición forzosa de por lo menos 60 trabajadores petroleros de Anzoátegui y Falcón. Maduro mató la libertad sindical. No hay sindicatos libres en Venezuela, sino dóciles y arrastrados parapetos patronales
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
