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El Mañanero del 11 de agosto: cifra de fallecidos por el doblete sísmico aumenta a 6301 personas

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 11 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La cifra de fallecidos por el doblete sísmico del pasado 24 de junio ascendió a 6301 personas, según el balance semanal difundido este lunes, 10 de agosto, por el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez.

El reporte, publicado en los canales oficiales de Rodríguez, indicó también que 73 356 personas han sido atendidas en hospitales y que 6462 han sido rescatadas. Sin embargo, este balance omitió nuevamente dar una cifra de personas desaparecida. El único dato que se conoce al respecto fue la cifra que dio el gobernador de La Guaira, José Terán, quien precisó, el pasado 4 de agosto, que había 1579 desaparecidos, según datos del censo de vivienda.

Este balance omitió nuevamente dar una cifra de personas desaparecidas, pese a las constantes solicitudes de la ciudadanía por conocer este dato

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Recién salido del horno: otras noticias

Descartan afectaciones en Táchira por terremoto en Colombia

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Dólar/Euro BCV

La cita

“El estado ha sentido el impacto de un movimiento telúrico ocurrido en el departamento de Chocó (a 2.500 kilómetros de San Cristóbal), hasta los momentos, de acuerdo a Protección Civil no se tienen reportes de daños humanos ni materiales de consideración”, declaró FREDDY Bernal en su cuenta de X.   

Lo que rompe en redes

Equipos de socorro y ciudadanos lograron rescatar con vida a un bebé de pocos meses de entre los escombros de una edificación derrumbada en Cali, tras el terremoto de magnitud 7,4.

Azuquita pa’l café

Les presentamos la agenda semanal del Centro Cultural Chacao

La ñapa (recomendamos…)

La ONG Un Mundo Sin Mordaza invita a unirse y a conectar con activistas alrededor del mundo y fortalecer tus herramientas para liderar acciones con un impacto real en favor de los derechos humanos.

Deudas del Estado por violaciones a los derechos humanos

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El ciudadano común entiende por violaciones a los derechos humanos las causadas por los organismos de seguridad a personas a las que asesinan o torturan, así como a quienes encarcelan sin el debido proceso. Pocos amplían el concepto a los despidos injustificados en empresas del Estado o al veto para trabajar en ellas, así como a las confiscaciones de la propiedad privada sin razón valedera o sin la debida compensación.

Al respecto, hay que recordar al próximo gobierno legítimo que tiene que tomar en cuenta estas deudas, así como establecer el procedimiento para identificarlas, reconocerlas y cancelarlas. La lista de los afectados es muy grande. Algunos son conocidos; la mayoría son solo cifras a las que hay que ponerles nombres para visibilizarlos y darles el debido reconocimiento a ellos o a sus familiares.

Son numerosos los asesinatos de opositores por parte de la Guardia Nacional, de organismos de seguridad del Estado y de paramilitares del régimen. Algunos murieron bajo custodia como consecuencia de las torturas. Despidieron a numerosos jueces por no plegarse a las órdenes del régimen. Entre ellos, la jueza Afiuni, encarcelada y torturada por aplicar la ley y todavía no tiene plena libertad (*), a pesar de su delicado estado de salud.

Violaciones de los derechos humanos a personas

Fueron numerosos los despedidos por haber firmado la solicitud de revocatorio del presidente Chávez. Los exiliados suman varios miles, entre ellos comunicadores sociales, empresarios y sindicalistas. Según Foro Penal, al 3 de agosto de 2026 había 382 presos políticos, de los cuales 160 eran militares.

A raíz del paro cívico nacional iniciado el 2 de diciembre de 2002, convocado por la CTV, Fedecámaras y la Coordinadora Democrática, en la que estaban representados todos los partidos de oposición, el Gobierno de Chávez despidió a unos 23.000 trabajadores de PDVSA y sus filiales, a quienes les confiscaron las prestaciones y los haberes depositados en el Fondo de Ahorro. Sus hijos fueron expulsados de las escuelas y los residentes en los campos petroleros, como Los Semerucos, fueron agredidos. En 2004 fue asesinado José Manuel Vilas, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol. Algunos estuvieron presos y cientos emigraron por no poder trabajar en Venezuela.

Violaciones a la propiedad

Desde la promulgación, por decreto, de una inconstitucional Ley de Tierras, despojaron a numerosos propietarios de sus fincas sin compensación, la gran mayoría de ellas en producción y de mediano tamaño. Además, confiscaron muchas empresas, locales comerciales y viviendas. Todas las empresas confiscadas quebraron en manos del Estado.

Para lograr la hegemonía comunicacional, se confiscó Radio Caracas Televisión y se cerraron, u obligaron a cerrar, numerosas emisoras de radio y periódicos. En el caso de El Nacional, el régimen se valió de jueces sumisos para apoderarse de sus instalaciones con base en una demanda de Diosdado Cabello por supuesta difamación.

Compensación a las víctimas

El punto de referencia debe ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, con base en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la obligación de garantizar a las víctimas el disfrute de sus derechos, reparar las consecuencias de la violación y pagar una justa indemnización que incluye aspectos materiales, morales e institucionales. La dignidad lesionada genera un deber de restitución, compensación y memoria.

¿Cómo proceder con los miles de casos que pueden presentarse al nuevo gobierno?

En casi la totalidad de los casos llevados ante los tribunales venezolanos, se desestimaron las demandas o las sentencias favorecieron al gobierno. Quienes han acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tenido éxito, pero el procedimiento es costoso y lleva mucho tiempo. Pareciera que lo procedente es que los casos se resuelvan mediante la evaluación de un comité de la nueva Asamblea Nacional. En 2015, la directiva de Gente del Petróleo y la anterior directiva de Unapetrol presentaron un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional que contempla esa vía.

Es asunto de evaluarlo, ampliarlo para abarcar a todos los afectados, tanto personalmente como por la confiscación de sus propiedades, y presentarlo a la nueva Asamblea, que tendrá que elegirse a corto plazo. Algunos dirán que nadie puede atribuirse la representación de un universo tan diverso, y tienen razón. Pero quien no esté de acuerdo tiene el derecho de presentar su caso ante la instancia que prefiera.

Como (había) en botica

  • El presidente Trump debe entender que Venezuela no es un país feliz, que exigimos que presente cuentas sobre el petróleo comercializado por su país y que rechazamos su afirmación de que al vencedor le pertenecen los despojos. Además, instamos a Dinorah Figuera y a Jorge Rodríguez a que acuerden realizar la elección presidencial lo antes posible para liberarnos de ese tutor.
  • Lamentamos los fallecimientos de Alexis Payares Hernández, José Almarza Albornoz y Óscar García Freites, compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

(*) Nota del editor: la jueza María Lourdes Afiuni recobró su libertad plena el 7 de agosto de 2026, fecha posterior a la redacción de este artículo.

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Descartan afectaciones en Táchira por terremoto en Colombia

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El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, informó que en la entidad andina no hubo víctimas fatales, heridos ni afectaciones de consideración luego del terremoto de 7,4 que afectó a Colombia en la mañana de este lunes y que dejó una cifra de más de cien muertos en el vecino país.

“El estado ha sentido el impacto de un movimiento telúrico ocurrido en el departamento de Chocó (a 2.500 kilómetros de San Cristóbal), hasta los momentos, de acuerdo a Protección Civil no se tienen reportes de daños humanos ni materiales de consideración”, declaró Bernal en su cuenta de X.   

Bernal sentenció además en una entrevista televisiva que de acuerdo a Funvisis (Fundación Venezolana de Investigaciones Tecnológicas) el sismo tuvo magnitud de 6,6 en ese territorio.

El mandatario regional aseguró que las autoridades seguirán desplegadas en todo el estado para atender necesidades e hizo un llamado a la población para estar alertas con las réplicas. 

Asimismo usuarios de redes sociales reportaron que el sismo se sintió en los estados Trujillo, Mérida, Barinas y Zulia, así como en algunas parte de Miranda y Distrito Capital, sin hasta ahora reportes de daños humanos ni materiales. 

Estado de desastre nacional 

111 personas muertas, 87 heridos, 1575 viviendas con daños, 37 viviendas completamente destruidas y 61 edificios colapsados fue el saldo informado por el recién juramentado presidente colombiano Abelardo de la Espriella en un primer boletín emitido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, de acuerdo a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

De La Espriella declaró “estado de desastre nacional”, una acción que le permite tomar medidas especiales frente a situaciones que puedan poner en riesgo la economía, el orden social, el medioambiente o la estabilidad del país. 

“El gobierno nacional desplegará todas sus capacidades para defender la vida, atender a los necesitados”, dijo el mandatario. 

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Cifra de fallecidos por el doblete sísmico aumenta a 6301 personas

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La cifra de fallecidos por el doblete sísmico del pasado 24 de junio ascendió a 6301 personas, según el balance semanal difundido este lunes, 10 de agosto, por el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez.

El reporte, publicado en los canales oficiales de Rodríguez, indicó también que 73 356 personas han sido atendidas en hospitales y que 6462 han sido rescatadas. Sin embargo, este balance omitió nuevamente dar una cifra de personas desaparecida. El único dato que se conoce al respecto fue la cifra que dio el gobernador de La Guaira, José Terán, quien precisó, el pasado 4 de agosto, que había 1579 desaparecidos, según datos del censo de vivienda.

Con respecto a las infraestructuras, el balance precisó que han sido evaluadas 53 314 viviendas (aunque no especifica en qué ubicaciones), de las cuales 31 336 se encuentran habitables y con etiqueta verde, 12 411 fueron catalogadas como restringidas con etiqueta amarilla y 9567 presentan alto riesgo (etiqueta roja). Hasta ahora se han entregado 287 viviendas a las personas afectadas por los derrumbes.

Finalmente, sin ofrecer mayores detalles, el reporte compartido por Jorge Rodríguez detalló que se han recolectado 483 525,41 toneladas de escombros, lo que representa el 23,26 % del total que se necesita recoger.

A la fecha, decenas de familiares y voluntarios se mantienen en La Guaira buscando los cuerpos de personas que aún siguen bajo los escombros. El Estado tampoco dio información sobre funcionarios o rescatistas desplegados en la ‘zona cero’ del desastre cuando ya pasó mes y medio del doblete sísmico.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Exigen la liberación de Perkins Rocha frente a su residencia en Caracas

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Decenas de ciudadanos se movilizaron este lunes 10 de agosto hasta la residencia del abogado y dirigente nacional de Vente Venezuela, Perkins Rocha, para exigir el fin de su arresto domiciliario y reclamar la libertad de todos los presos políticos en el país.

Los manifestantes se reunieron frente a la vivienda del dirigente y expresaron su respaldo con lemas y cánticos como “Perkins, amigo, tu gente está contigo”, mientras Rocha, desde el interior de su vivienda, respondió a la concentración asomándose y ondeando una bandera de Venezuela ante los presentes.

La negativa de amnistía

La movilización mostró la situación actual del dirigente político, quien sigue bajo arresto domiciliario y vigilancia permanente. Rocha era el asesor jurídico de Vente Venezuela, organización liderada por María Corina Machado, y fue detenido en agosto de 2024 tras la oleada de represión y aprehensiones posterior a las elecciones del 28 de julio del mismo año.

Luego de permanecer un tiempo en El Helicoide, Rocha recibió una medida sustitutiva en febrero de 2026 que le permitió ser trasladado a su domicilio bajo custodia del Estado. De este mismo modo, durante ese mes, la presidente encargada Delcy Rodríguez le negó por completo el beneficio estipulado en la Ley de Amnistía.

Rechazo de la defensa

El pasado 15 de julio, el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio, especializado en delitos asociados al terrorismo, rechazó las solicitudes de revisión de la medida cautelar presentadas por su defensa.

El juzgado calificó las peticiones como “manifiestamente improcedentes” y “sin lugar”, para así seguir manteniendo el arresto domiciliario con la presencia de cuerpos policiales frente a su residencia. El documento judicial explica que se analizaron tres solicitudes entregadas el 23 de abril, el 9 de junio y el 9 de julio de 2026 y que las circunstancias no han cambiado.

El abogado defensor Omar Mora Tosta cuestionó la decisión del tribunal y la denominó como “ilegal y arbitraria”. Sostuvo que el fallo demostró la insistencia, discriminación y desigualdad frente a la ley dentro del proceso contra Rocha.

Con esta confirmación judicial, Perkins Rocha continuará bajo custodia en su vivienda mientras sectores civiles, organizaciones y la oposición reclaman su pronta liberación, así como la de todos los presos políticos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Autoridades indígenas denuncian el secuestro del capitán Julio Rodríguez

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Las autoridades indígenas de Mapoyo, en el estado Bolívar, denunciaron el secuestro del capitán Julio Rodríguez, presuntamente a manos de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

A través de su cuenta en X, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) alertó que Rodríguez tiene siete días desaparecido, luego de que hombres armados se lo llevaran a la fuerza la noche del 2 de agosto en la comunidad Jivi Ekunay, Los Pijiguaos.

Provea detalló que dos días después del secuestro, una comisión de líderes y jóvenes indígenas que salió a buscarlo fue emboscada en el sector Vincler. Voceros comunitarios denunciaron que drones sobrevolaron la zona y lanzaron artefactos explosivos contra el grupo. En el ataque resultó gravemente herido Alirio Rodríguez, adulto mayor, quien fue trasladado de emergencia al Hospital de Los Pijiguaos.

La denuncia formal fue presentada ante la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, sin que hasta ahora se conozcan acciones concretas del Estado para localizar al capitán o garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.

El territorio ancestral Mapoyo está legalmente demarcado y lo habitan comunidades Mapoyo, Jivi, Huottüja y Baniva. Su tradición oral fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2014.

La comunidad actualmente enfrenta la presión de la extracción ilegal de coltán, estaño, oro y tierras raras, con yacimientos controlados por grupos armados irregulares.

“El Estado venezolano está obligado a garantizar la vida y la integridad de los pueblos indígenas y el control efectivo de sus territorios demarcados”, recalcó Provea.

La ONG instó al Estado venezolano a garantizar el retorno seguro del capitán Julio Rodríguez, a expulsar a los grupos armados irregulares que operan en territorio indígena y a detener las actividades mineras ilegales en las áreas adyacentes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Sismos agravaron la sobrecarga de mujeres cuidadoras

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Luego del 24 de junio, comenzó otra emergencia. En La Guaira, Caracas y Zulia, mujeres cuidadoras tuvieron que encontrar donde dormir, buscar ingresos y contener a quienes quedaron más afectados, al tiempo que lidiaban con pérdidas, miedo y desplazamiento. 

Organismos como ONU Mujeres han advertido que los desastres profundizan desigualdades de género preexistentes y que los procesos de respuesta y reconstrucción deben incorporar las necesidades específicas de mujeres y niñas, además de reconocer su papel activo en las comunidades afectadas.

Cuatro mujeres contaron a Runrun.es cómo el doble terremoto las sacó de sus rutinas y las puso a cargo de nuevas responsabilidades. En medio de pérdidas, desplazamientos y cambios familiares, tuvieron que cuidar a otros mientras también intentaban recomponer sus propias vidas.

Cuidar lejos, pero no ausente

Liz Marrero, de 33 años, nacida en Caracas y residente en Los Ángeles, California, llevaba 14 años construyendo una carrera como bailarina. Los sismos del 24 de junio cambió el rumbo de esa vida: perdió a su madre, Noreliz Marrero; a su hermana, Cairo El Piñero Marrero; y a su cuñado, Roberto Brito. Sus sobrinos, Sebastián Brito, de 16 años, y Samuel Brito, de 12, sobrevivieron.

Samuel permaneció 12 horas entre los escombros antes de ser rescatado. Sus padres fueron quienes lo encontraron, pero no sobrevivieron. Sebastián también quedó con vida. Desde Los Ángeles, Liz comenzó a organizar lo que vendría después.

“Asumir una responsabilidad fue de inmediato, fue un instinto, fue una señal y fue como no tener otra cosa que hacer, sino que esa era mi prioridad”, cuenta.

Antes del doblete sísmico, su rutina estaba dividida entre el ejercicio, las clases, el trabajo y su familia. Después, su día comienza atendiendo las necesidades de los niños y continúa con la coordinación de la campaña que busca reunir recursos para ellos.

La responsabilidad también ha implicado gestionar a distancia aquello que los familiares cercanos no pueden resolver solos. Mientras otras personas permanecen junto a Samuel y Sebastián, Liz coordina recursos, moviliza contactos y busca garantizar que tengan atención y condiciones para reconstruir su vida.

“El doble terremoto agravó todo. En medio de una situación de vulnerabilidad, como las que ya tenían antes en su comunidad, podían delegar los cuidados, podían organizarse, pero ahorita la situación es tan precaria que es muy difícil tener la confianza de que puedes confiar en un tercero, incluso si es alguien conocido o alguien de la familia, para asumir todas las tareas que significan la cotidianidad en un alojamiento temporal”, resume la activista de género y directora de Mulier, Estefanía Mendoza.

Mendoza revela que la ruptura de esas redes de cuidado tiene consecuencias directas sobre la recuperación económica de las mujeres. Antes del terremoto, una vecina podía cuidar a los niños mientras otra trabajaba o una familiar podía asumir parte de las tareas del hogar. Al perder la vivienda, cambiar de comunidad o trasladarse a un refugio, esas redes desaparecen y las fuentes de empleo pueden quedar lejos. 

Cuidar en un entorno diferente

Birmania González, de 46 años, todavía recuerda el sonido de las paredes moviéndose. Es madre de una joven de 23 años con autismo y, aunque su vivienda no quedó completamente destruida, el terremoto alteró el lugar donde durante años había construido las rutinas que le permitían cuidar a su hija. Parte de la casa se cayó y varias paredes del cuarto quedaron fracturadas, por lo que las autoridades no les permiten permanecer dentro del inmueble mientras se evalúan las condiciones.

Ahora viven en carpas instaladas en el patio de su propia casa, en la urbanización La Atlántida, en Catia La Mar. Están cerca de lo que durante años fue su lugar seguro, pero sin poder habitarlo como antes.

Pero para ella la emergencia no terminó cuando logró sacar a sus hijos de la vivienda. Después del terremoto tuvo que asumir una nueva tarea: acompañar en un entorno completamente distinto mientras intentaba resolver su propia situación habitacional. La joven perdió su habitación, sus espacios habituales y parte de las referencias que durante años le habían brindado seguridad.

Desde la carpa instalada en el patio, intenta mantener cierta normalidad dentro de una rutina que dejó de existir. Su hija quiere entrar nuevamente a la casa, regresar a los lugares que reconoce, pero la familia solo puede ingresar para buscar algunas pertenencias.

“El impacto de una emergencia como esta no es neutro. En las mujeres se activa un rol de cuidado que ha sido construido e internalizado históricamente: proteger a sus familiares, sostener el hogar y garantizar la supervivencia de la familia. Después del terremoto, ese papel se intensifica y muchas terminan relegando su empleo, sus proyectos personales e incluso su propia salud para responder a las necesidades de los demás”, explica la trabajadora social y profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Carolina Alviarez.

Cuidar lejos del hogar

Alejandra Urrutia, de 20 años, no esperaba que el terremoto cambiara el rumbo de su vida. Antes del 24 de junio vivía en Caracas, trabajaba como barbera y construía una rutina propia. Pero después de que el edificio donde residía su familia en Los Palos Grandes resultara afectado, tuvo que mudarse temporalmente a Cabimas junto a su madre, Digna Perdomo de 49 años, y su hermano menor, Santiago, de 8 años.

La familia encontró refugio en la casa de Lucrecia Altamira, la abuela materna de Alejandra, quien los recibió. Y mientras su madre busca reconstruir una estabilidad económica en otra ciudad, Alejandra asumió una responsabilidad que no estaba contemplada en sus planes: acompañar y cuidar a su hermano.

Santiago es un niño lleno de energía  y la ruptura de su rutina también han sido parte del proceso de adaptación. Alejandra explica que ahora debe estar más pendiente de él, acompañarlo en sus actividades y ayudarlo a adaptarse a un lugar distinto al que conocía.

Entre los cuidados de su hermano, las diligencias de la casa y el apoyo a su mamá y su abuela, la joven terminó ocupando un papel central dentro de la dinámica familiar

Su mamá intenta acompañarla y reconoce el apoyo que representa dentro de la familia. Su abuela se encarga principalmente de la cocina y otros oficios, pero Alejandra siente que la emergencia también le quitó algo difícil de recuperar: la posibilidad de vivir su juventud con mayor libertad.

 “Después de un desastre, las mujeres suelen postergar su propio cuidado para atender a sus hijos, a sus padres, a otros familiares o a quien esté enfermo. Esa sobrecarga física y emocional termina pasando factura al cuerpo: aparecen dolores musculares, fatiga, alteraciones cardiovasculares, problemas gastrointestinales y hasta cambios hormonales asociados al estrés. Hay que entender ese dolor y acompañarlas antes de que su cuerpo colapse”, subraya Meikel Andrade, médico cirujano independiente.

Andrade argumenta que el desgaste prolongado también puede manifestarse con señales de alarma que requieren atención inmediata, como dolor torácico, dificultad para respirar, cefaleas intensas por hipertensión, sangrados digestivos o ginecológicos, pérdida acelerada de peso, deshidratación y síntomas de colapso emocional.

Los sismos aumentaron las cargas asociadas al cuidado

Norah Vásquez, de 39 años, no pensó que terminaría asumiendo una responsabilidad tan grande con su sobrino. Antes del terremoto del 24 de junio vivía en Caraballeda, La Guaira, junto a Thiago Núñez, de 15 años, a quien acompaña desde hace años mientras su hermana permanece en Colombia intentando sostener a la familia desde la distancia.

El padre de Thiago nunca estuvo presente en su crianza. Por eso, cuando su madre tuvo que salir del país, Norah se convirtió en la persona que quedó a cargo de él. No es su hijo, pero en la práctica organiza sus días, atiende sus necesidades y ocupa un lugar que muchas veces se parece al de una madre.

El terremoto terminó de cambiar una dinámica que ya era compleja. La familia perdió sus pertenencias en Caraballeda y tuvo que trasladarse hasta La Candelaria, en Caracas, donde fueron recibidos temporalmente en la casa de un colega de Norah. Allí, Thiago tuvo que adaptarse a un nuevo espacio, lejos de su rutina, de sus amigos y de la vida que conocía.

El cambio también tuvo un impacto emocional en el adolescente. Norah cuenta que ha estado más ansioso y que en algunos momentos expresa su deseo de volver a ver a su mamá. Ella entiende esa necesidad, pero también carga con la frustración de estar en medio de una situación que no depende completamente de ella.

Su hermana Tania le pide que continúe cuidándolo porque sabe que Norah es quien puede estar presente, pero ella siente que esa responsabilidad comienza a superar sus posibilidades. Aunque recibe 300 dólares mensuales para cubrir los gastos de Thiago, asegura que el dinero no alcanza y que muchas veces debe aportar de sus propios ingresos.

“Yo lo quiero mucho, pero también hay momentos en los que siento que todo recae sobre mí”, explica, al hablar de una responsabilidad que asumió por amor, pero que también ha limitado su propia vida.

Entre el trabajo, los oficios de la casa y el cuidado de Thiago, Norah siente que no tiene espacio para sí misma. Dice que no ha podido construir una relación de pareja porque llega agotada al final del día y porque siente que siempre hay algo pendiente.

“En tiempos de crisis se intensifica una carga de cuidado que históricamente ha recaído sobre las mujeres. Se espera de ellas contención, sacrificio y que prioricen las necesidades de otros, incluso cuando ellas también están atravesando pérdidas, miedo e incertidumbre. Cuando esa responsabilidad se sostiene sin redes de apoyo, puede afectar su bienestar emocional, su identidad y la forma en que proyectan su propia vida”, expresa la psicóloga y cofundadora del Colectivo de Resilientes e Inquebrantables, Mariangelica Morillo.

Cuidar también implica derechos

Los testimonios de Liz, Birmania, Alejandra y Norah muestran cómo, después del terremoto, distintas mujeres asumieron responsabilidades de cuidado dentro de sus familias mientras enfrentaban pérdidas, desplazamientos y cambios en sus propios proyectos de vida. 

Para Roxana Vivas, abogada y especialista en equidad de género y derechos humanos, trabajadora de organizaciones como Women’s Link Worldwide, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional Venezuela, esta situación debe analizarse desde las obligaciones que existen para garantizar igualdad y protección durante una emergencia. 

“Las emergencias no suspenden los derechos de las personas. Por el contrario, en estos contextos es cuando el Estado y las instituciones deben reforzar las medidas para evitar que las desigualdades existentes se profundicen. Cuando hablamos de mujeres cuidadoras, no solo estamos hablando de una carga familiar o privada, sino de una realidad atravesada por estereotipos de género que históricamente han asignado a las mujeres la responsabilidad principal del cuidado. La respuesta humanitaria debe reconocer ese trabajo, garantizar condiciones para que puedan ejercer sus derechos y promover una distribución corresponsable de esas tareas entre las familias, las comunidades y las instituciones”, relata.

La especialista señala que la Constitución reconoce principios como la igualdad y la protección integral de la familia, mientras que la normativa sobre niños, niñas y adolescentes establece la corresponsabilidad en su cuidado y ninguna mujer debería tener que sacrificar su autonomía para sostener por sí sola a su familia: el cuidado también debe ser una responsabilidad compartida.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Afiuni: el precio de cumplir la ley

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Hay historias que terminan perteneciendo a un país entero. La de María Lourdes Afiuni es una de ellas.

Han pasado los años y, sin embargo, basta pronunciar su apellido para que los venezolanos recordemos uno de los episodios más dolorosos -y sobre todo más vergonzosos- de nuestra historia republicana. No porque una jueza haya ido a prisión, sino porque todos entendimos que, a partir de ese momento, la justicia venezolana había muerto.

Afiuni hizo lo que un juez está obligado a hacer: aplicar la ley. Otorgó la libertad y suspendió las medidas cautelares que pesaban sobre un procesado, Eligio Cedeño, cuya prisión preventiva había excedido el límite permitido por la legislación venezolana. Podía gustarnos o no el beneficiario de la decisión. Lo importante era el principio. La ley existe precisamente para impedir que el poder encarcele indefinidamente a una persona sin juzgarla. La juez Afiuni aplicó impecablemente la ley.

Pero entonces ocurrió lo impensable:

En una transmisión de Aló Presidente, Hugo Chávez lanzó una orden que todavía estremece por su crudeza: “¡Pongan presa a esa sinvergüenza!”

No habló un ciudadano indignado. No opinó un dirigente político. Habló el presidente de la República.

Y cuando quien concentra todo el poder da una orden semejante en cadena nacional, lo que se hizo evidente es que la separación de poderes había dejado de existir en Venezuela. El Poder Judicial daba la deshonrosa muestra de que había dejado de ser un poder para convertirse en una oficina subordinada al Ejecutivo, porque pocas horas después, María Lourdes Afiuni estaba detenida.

Para añadirle más desgracia a la desgracia, no fue solamente ella quien perdió la libertad: la perdió también cada juez venezolano que comprendió que, desde ese día, una sentencia podía costarle la cárcel. Y la perdimos todos los venezolanos, porque quedamos sometidos a los caprichos, antojos, rabias y extravagancias de un dictador.

En ese momento, los venezolanos que solo conocíamos la democracia también aprendimos que las dictaduras no necesitan encarcelar a todos. Les basta con castigar ejemplarmente a unos pocos para que el miedo haga el resto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.

El caso Afiuni no destruyó únicamente la vida de una mujer. Destruyó la confianza de quienes debían impartir justicia. Muchos entendieron que ya no serían evaluados por su apego al derecho, sino por su obediencia al poder político.

Y un juez que decide con miedo deja de ser juez. Es apenas un funcionario que firma lo que otros deciden. ¡Qué asco!

Por eso, cuando pensamos en la Venezuela que algún día tendremos que reconstruir, solemos hablar de la economía, de la educación, de los hospitales, de las carreteras, o de los servicios públicos. Todo eso será indispensable, por supuesto.

Pero hay algo previo: la justicia.

Porque ningún empresario serio invertirá donde los contratos no se respetan. Ningún ciudadano se sentirá seguro donde un juez puede recibir órdenes por teléfono o a gritos durante una cadena de radio y televisión. Ninguna democracia puede sobrevivir si los tribunales no son capaces de proteger al ciudadano frente a los abusos del propio Estado.

La reconstrucción de Venezuela exigirá algo más difícil que cambiar leyes. Habrá que reconstruir la confianza. Así como Chávez ordenó sentar en el banquillo a María Lourdes Afiuni, ahora habrá que sentar en el banquillo al Poder Judicial.

Y esa tarea comienza por seleccionar jueces verdaderamente idóneos: personas de sólida formación jurídica, independencia intelectual, impecable conducta ética y el coraje suficiente para recordar, todos los días, que su compromiso no es con un gobierno, un partido o un líder, sino con la Constitución, la ley y un país agotado, agobiado, asustado y herido de todas las maneras posibles, que los necesita con urgencia.

Un buen juez no busca agradar al poder. Busca hacer justicia. Eso, que parece una obviedad, en Venezuela dejó de serlo hace mucho tiempo.

Quizás por eso la historia de María Lourdes Afiuni sigue siendo tan dolorosa. Porque no habla solamente de lo que le hicieron a una juez. Habla de lo que nos hicieron a todos.

Y también de lo que tendremos que impedir que vuelva a ocurrir si de verdad queremos recuperar la república. Sin jueces independientes no habrá democracia. Sin seguridad jurídica no habrá inversiones. Y sin confianza… ¡sin confianza no habrá futuro!

@cjaimesb

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