La Fiscalía española remitió un informe a Estados Unidos sobre el ex marine Dahud Hanid Ortiz, quien fue liberado el pasado viernes 18 de julio en el marco de una negociación entre la administración del presidente Donald Trump y el gobierno de Nicolás Maduro.
Ortiz estaba preso en Venezuela junto a otros nueve ciudadanos de nacionalidad estadounidense y regresó a territorio norteamericano a cambio de 252 migrantes que se encontraban recluidos en el Centro de Confinamiento al Terrorismo (Cecot) en El Salvador y hasta ahora poco mas de 70 presos politicos.
De acuerdo a la justicia española, Ortiz fue condenado a 30 años de cárcel en 2016 por un triple asesinato.
Según el Ministerio de Justicia de España, el gobierno de Pedro Sánchez solicitó la extradición de Ortiz, quien tiene nacionalidad estadounidense y también venezolana, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se negó.
Los familiares de las víctimas declararon el pasado martes 22 de julio que por desconocimiento o error quedará en libertad un asesino condenado.
La administración oficialista a través de su Ministerio de Interior y Justicia reconoció que Estados Unidos negoció y logró la liberación de un hombre condenado por asesinato.
Tras ser consultada sobre Ortiz en el programa de la Alianza Rebelde Investiga, La Conversa, la vocera en español del Departamento de Estado, Natalia Molano, se abstuvo de hablar sobre el caso y se apegó a una ley de privacidad estadounidense.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Ese 24 de junio seguía lloviendo. Desde la noche anterior comenzaron a caer gotas y gotas de agua que impactaban fuertemente en el techo de zinc de la casa de Lucia Ramírez, una mujer de 38 años, contadora de profesión, a quien la crisis económica la llevó a ser costurera desde hace siete años. Desde ese tiempo todo su esfuerzo se concentró en tratar la salud de Ariadna, su hija.
El sonido suave de la lluvia que en cada segundo seguía golpeando la superficie del río se mantenía como telón de fondo. La tarde del martes 24 de junio, Lucia todavía se encontraba en su casa, en la segunda planta de un galpón a orillas del río Motatán -que había alquilado desde hace un tiempo- ubicado en la parroquia Timotes, en el municipio Miranda, en la zona del páramo merideño. La acompañaba su hija de 7 años de edad. La constante lluvia no le permitió ir a su trabajo, por lo que tomó el día libre para cumplir con los quehaceres de la casa, preparar el almuerzo y luego ver una película.
Pasadas las 2:00 de la tarde, de repente, irrumpió en su habitación Gabriel, su hermano, para darle un aviso:
– Levántese, que el río se nos metió -le dijo.
– ¿En serio? -contestó Lucia.
Durante la temporada lluviosa en Venezuela -de mayo a noviembre- la Zona de Convergencia Intertropical –una masa de nubes cargadas de agua, que suelen moverse entre los trópicos- se desplaza hacia el norte, acercándose a territorio venezolano y ocasionando aumento de nubosidad, lluvias frecuentes e intensas y tormentas eléctricas. La situación coincidió en esos días en Mérida con el paso de la onda tropical número 9.
El geógrafo y profesor titular de la Universidad de los Andes (ULA), Gustavo Paéz, consultado por El Estímulo, dijo que el 24 de junio se registraron entre 30 y 35 milímetros de lluvia en la zona afectada. En un solo día llovió una cuarta parte de lo que suele llover en junio. Eso produjo la saturación de los suelos y el aumento de los ríos Chama y Motatán.
Mientras que otroinforme de la Asociación Civil Ecoazul, publicado el 29 de junio, documentó que en la región de los Andes “cayeron 190 litros de agua por metro cuadrado en un día”. Asimismo, puntualizó que el gran impacto que tuvieron esas lluvias en Mérida se debe a que el bosque del páramo perdió su capacidad de absorción y que sólo la reforestación masiva mitigará las “emergencias climáticas”.
“Yo no escuchaba nada porque entre el ruido de la lluvia y la de los trabajadores -en el galpón-, yo tenía el volumen alto a la película, pensaba que todo estaba normal. Resulta que la bulla era porque los obreros estaban sacando las hortalizas, las cestas y los carros y ellos no se percataron que estaba en la vivienda, pensaban que me había ido a trabajar, por eso no me llamaron”, relata Lucía.
Su primera reacción al saber que el agua entraba en su casa fue asomarse por la ventana del cuarto. Mientras su mirada recorría la superficie del río, percibió que una pared del galpón, en el primer piso, ya no estaba. Esa fue la señal de alarma. En pocos minutos, en medio de la lluvia, Lucia salió de su casa corriendo con su hija y su hermano hacia la carretera.
El olor a tierra mojada y el estruendo del río protagonizan esa recordada tarde. El agua fluía con fuerza. Mientras chocaba con las rocas, Lucia se acercó con cautela a buscar algo, a observar cualquier cosa que capturara su atención. Sus ojos miraban hacía el caudal, que ya había cambiado a un color marrón. De repente, observó que más arriba objetos como una cocina, bombonas y enseres eran arrastrados por el afluente.
En medio de las circunstancias desafiantes, sin luz, Lucia ingresó rápidamente a su casa para buscar ropa, especialmente de su hija. Logró armar un pequeño bolso. Cuando salió rápidamente de su vivienda, desde lejos, observó cómo se cayó parte del techo. Poco a poco el río iba haciendo espacio en la vía. A las 3:15 de la tarde Lucía recuerda que cayó una parte de la casa que habitaba, y seguidamente, la otra.
Dos horas después de ese angustiante momento en el que Lucia y Ariadna veían desvanecer su hogar, la madre se fue en busca de un lugar seguro para pasar la noche. Ese lugar fue un CDI, el de la comunidad. Allí, sentada, Ariadna mirándola a los ojos le dijo:
– Mami, todo va a estar bien. Lo importante es que no nos pasó nada -expresó la niña entre lágrimas.
Solidaridad en medio de la tragedia
El CDI se había convertido esa noche en el refugio para los vecinos que habían sufrido los embates del desastre. A las 11:30 de la noche -recuerda Lucia-, un vecino se acercó hasta el centro asistencial y les ofreció a ambas pasar la noche en su casa.
“En el CDI mi hija me manifestaba que tenía hambre, que tenía frío, sed, y hubo un vecino que nos alojó esa noche, mientras que al día siguiente veíamos qué hacer. Nos dormimos muy tarde porque aún en nuestra mente retumbaba el estruendo de las piedras chocando entre sí, contra los muros, llevándose siembras, carreteras y dejando muy deterioradas casas. Había mucha tristeza en ese CDI”, recuerda Lucia.
Al día siguiente, se fue hasta el lugar donde se encontraba su casa para ver lo que había quedado. En medio del caos surgió la solidaridad entre vecinos, quienes se unieron para remover los escombros, las piedras y el barro de las viviendas que habían sido afectadas.
En su casa, en lo que había quedado de ella, permaneció Lucia durante cuatro días esperando a las instituciones del Estado para ser incluida en los programas de vivienda que estableció el Gobierno nacional para los afectados por las lluvias en la entidad. Sin embargo, no le aseguran que pueda ser una de las beneficiarias.
A pesar de que lo perdió todo, no está incluida en las estadísticas de las familias afectadas por lo ocurrido en la zona del páramo merideño. El argumento que utilizan las autoridades para justificar esa decisión es que la casa no era propia, por lo que le sugieren que debe seguir viviendo alquilada y procurar ella misma adonde mudarse.
Por lo pronto, Lucia vive junto a su tía, quien le permitió habitar su casa mientras logra recuperarse de su difícil situación. Aunque sus ingresos no son los de antes, sigue trabajando para reunir dinero suficiente que le permita mudarse y poder reconstruir su vida, mientras espera la ayuda del Estado.
Entretanto su hija, Ariadna, se fue a vivir con su padre. Con él y junto a su hermano mayor podrá continuar su tratamiento para controlar la pérdida excesiva de proteínas a través de sus riñones por la que requiere atención médica mensual.
“Como la vivienda no era mía no estoy considerada como damnificada a pesar de haber perdido absolutamente todo (…) la respuesta del Gobierno para mí es que siga pagando un alquiler. Es muy triste y muy incierta mi situación. Por ahora, sigo trabajando y ver qué va sucediendo estos días. Gracias a Díos que Cáritas me ha extendido su apoyo, han sido muy solidarios. Todo el apoyo lo he recibido a través de ellos y de la Fundación Regalando Sonrisas”, expresó Lucia.
La organización católica inició en la región afectada la segunda fase de su asistencia humanitaria, que consiste en apoyo, consultas médicas y asesoramiento psicológico, crucial para superar el trauma de la pérdida que miles de familias experimentan.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Al régimen madurista no le resultó favorable el desenlace de sus pronósticos con las elecciones presidenciales de hace un año. Por el contrario, al cumplirse el próximo 28 de julio el aniversario de su derrota más aplastante en 26 años de autoritarismo, utiliza sin reparos la maquinaria del terror para pretender borrar de la conciencia popular ese día, cuando los venezolanos eligieron un presidente. Que no es precisamente quien usurpa hoy el cargo en Miraflores.
En realidad, manipular la historia le jugó una tremenda mala pasada al derrotado candidato oficialista. Maduro creyó que ganar indulgencia con escapulario ajeno sería suficiente para refrescar un chavismo en ruinas. No, no ha sido capaz de “revitalizar” la gestión presidencial más decadente en casi 200 años de historia republicana.
Ese día, el pueblo venezolano se levantó, junto al toque de diana acostumbrado en las filas del PSUV, para manifestar su intención de voto. Entonces la peor paliza que haya recibido un candidato oficialista en cualquier época. Al ejercer su derecho constitucional, eligió a Edmundo González Urrutia, quien, flotando en el portaviones de María Corina Machado, duplicó al derrotado mandatario por más de tres millones de sufragios.
Así como hay un solo 23 de enero en la memoria colectiva, a partir de 2024 solo existirá en la historiografía nacional un único 28 de julio. El otro quedará como dato natal de un extinto mandatario, ignorado incluso por los áulicos del régimen. Esos mismos que se ufanan de su “triunfo” en 25 elecciones manipuladas desde el peso del Estado.
Al mismo tiempo, remarcan desconocer eventos clave que forman parte de la épica por la democracia en el siglo XXI: el 2 de diciembre de 2007, cuando el pueblo salió en defensa de la CRBV ante la pretensión de reformarla de Hugo Chávez, votando por el NO; posteriormente, el 6 de diciembre de 2015, con la victoria opositora en las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional; y la elección presidencial del 28 de julio de 2024, ya citada.
No por casualidad el resultado de esta decisión soberana lo pervirtió el gobierno. Un régimen que desde sus inicios tuvo un claro talante autoritario, hasta llegar a la dictadura que padecemos desde 2013 y que arrecia en la actualidad.
Encararon la derrota del intento de reforma constitucional de 2007, orientada a implantar el Estado comunal, con la imposición de leyes orgánicas comunales en 2010; la derrota aplastante sufrida en las elecciones de la Asamblea Nacional en 2015 tuvo como respuesta la elección de una Asamblea Constituyente espuria y violadora de la CRBV; y la humillante derrota en la elección presidencial la suplantaron con la usurpación del 10 de enero de 2025.
Esta ofensiva contra las instituciones ha tenido su versión propia en otros sectores. En el caso del sector privado, con la expropiación ilegal de empresas prósperas de la industria, el comercio y la agricultura, determinando la pérdida de centenas de miles de puestos de trabajo.
En cuanto a los sindicatos, ha promovido la creación de organismos paralelos con sindicatos oficialistas, con los consejos revolucionarios de trabajadores, el control obrero, la cogestión obrera y falsas cooperativas de trabajo asociado. Todos, pantomimas de organismos soviéticos con el objetivo de eliminar la contratación colectiva, la destrucción del salario, abaratar la mano de obra y la flexibilización salvaje de la relación de trabajo.
Esta barbarie no puede olvidarse, aunque quisieran: es la causa de la diáspora más acentuada del planeta, con una cifra cercana a los 9 millones de venezolanos que labran sus destinos en más de 90 países. Una multitud que contradice la pretensión del régimen de presentarse como redentores de los 252 venezolanos injustamente presos en el CECOT de El Salvador.
Ante esta tragedia que vive el país, la respuesta del Estado madurista es refugiarse en las encuestas de Óscar Schemel, que indican cifras risibles de crecimiento económico y bienestar social, y en la feroz represión que consagra la imposición de un Estado de sitio que busca hasta debajo de las piedras a la disidencia, manteniendo en prisión a más de 1000 disidentes y aplicando la política de puerta giratoria de liberación de algunos y apresamiento inmediato de otros.
Esta ofensiva brutal no logra que la población venezolana pase la página del día en que fue derrotada la tiranía mediante el voto popular directo y secreto consagrado en la Constitución de 1999, como lo señala la reciente encuesta de junio de 2025 de Meganálisis, donde el 82,7 % rechaza que los resultados del 28-J sean parte del pasado.
Para conocer las historias de los 238 hombres deportados a El Salvador haz click aquí
ProPublica, The Texas Tribuney un equipo de periodistas venezolanos de Alianza Rebelde Investiga (Runrun.es, Tal Cual y El Pitazo) y Cazadores de Fake News han pasado los últimos cuatro meses indagando sobre las vidas y los antecedentes de 238 hombres venezolanos que estuvieron presos en El Salvador.Hemos recopilado un informe sin precedentes, caso por caso.
Accedimos a datos del Gobierno para determinar si habían sido condenados por delitos en Estados Unidos o si tenían cargos pendientes. Descubrimos que la mayoría figuraban únicamente por infracciones a las leyes de inmigración. También entrevistamos a familiares de más de 100 de los deportados, revisamos miles de páginas de expedientes judiciales de Estados Unidos y Sudamérica, y analizamos datos de los tribunales federales de inmigración.
La vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, evitó responder preguntas sobre los hombres que figuran en la base de datos, pero afirmó que Trump “está comprometido con el pueblo estadounidense a cumplir sus promesas al pueblo estadounidense y a expulsar a los delincuentes y terroristas indocumentados que suponen una amenaza para la seguridad pública”. Jackson remitió las preguntas al Departamento de Seguridad Nacional, que tampoco respondió.
Obtuvimos información interna que demuestra que el gobierno de Trump sabía que al menos 197 de los deportados no tenían condena por ningún delito en los Estados Unidos, y que solo seis habían sido condenados por delitos violentos. Identificamos menos de una docena de condenas adicionales, tanto por delitos cometidos en los Estados Unidos como en el extranjero, que no se reflejaban en los datos del gobierno.
Casi la mitad de los deportados, 118, fueron expulsados del país con sus casos de inmigración aún en proceso, lo cual debería haberlos protegido de ser deportados. Algunos estaban a unos pocos días de su audiencia final.
Al menos 166 de los deportados tienen tatuajes. Según las entrevistas con familiares, los documentos y registros judiciales, el gobierno se basó en gran medida en los tatuajes para vincularlos a los deportados con el Tren de Aragua, aunque los expertos consideran que los tatuajes no son un indicador fiable de pertenencia a la pandilla.
Cuando fueron detenidos, muchos de ellos se encontraban trabajando en Estados Unidos. Al menos 20 eran barberos o estilistas, 38 eran jornaleros o trabajadores de la construcción como obreros o albañiles y por lo menos 25 eran repartidores o conductores de aplicaciones de taxi.
Los venezolanos tienen entre 18 y 46 años de edad. Las consecuencias de estar presos durante meses van más allá de los deportados. Sus esposas no podían cubrir la renta. Sus familiares tuvieron que suspender sus tratamientos médicos. Sus hijos no sabían si volverían a verlos.
Metodología
Esta base de datos forma parte de una investigación conjunta de ProPublica, The Texas Tribune y los medios venezolanos Cazadores de Fake News y Alianza Rebelde Investiga sobre los 238 venezolanos deportados al CECOT el 15 de marzo, y cuyos nombres fueron publicados por primera vez por CBS News.
En el procesos para confirmar la identidad de los deportados, buscamos por fecha de nacimiento en los registros oficiales del gobierno venezolano, entre ellos la base de datos del servicio de identificación (Saime) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; la base de datos pública del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); y la base de datos pública del Registro Electoral Venezolano. El equipo de periodistas de esta alianza de medios estadounidenses y venezolanos entrevistó a familiares de más de 100 de los deportados, además de docenas de abogados que los representan y organizaciones civiles que colaboran en su defensa. Las entrevistas se realizaron antes de que los deportados fueran puestos en libertad, y muchas de ellas se llevaron a cabo en español.
Revisamos las cuentas de redes sociales de los deportados y sus familiares, además de reportajes, comunicados de prensa del gobierno de Estados Unidos y documentos judiciales. Para determinar qué sucedió con sus casos de inmigración, analizamos los datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
También obtuvimos, en exclusiva, información que el gobierno había recopilado sobre los hombres deportados antes de su expulsión. Entre esos datos, se consignaba si habían sido condenados por delitos en Estados Unidos, si tenían cargos pendientes o si figuraban únicamente por violaciones de las leyes de inmigración. Faltaban datos sobre nueve casos. Para verificar y ampliar esa información buscamos en bases de datos de registros públicos de Estados Unidos; revisamos los sitios web de la policía, de departamentos de sheriff y tribunales de condado; leímos documentos judiciales, y presentamos numerosas solicitudes de registros públicos a las fuerzas del orden y a los sistemas judiciales de todo el país.
Para buscar antecedentes penales en el extranjero, revisamos los registros del sitio web oficial del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y consultamos una base de datos jurídica de alcance mundial. También obtuvimos información judicial y policial de Chile, Perú y Colombia, y entrevistamos a funcionarios policiales de estos países, en los que algunos de los migrantes vivieron previamente. Además, pudimos acceder a tres bases de datos de la policía venezolana y a un informe de Interpol de enero de 2024 que se usaron para confeccionar una lista de más de 1.400 presuntos miembros de pandillas venezolanas, incluidos integrantes del Tren de Aragua. Al comparar la lista con los nombres de los 238 deportados, no encontramos coincidencias.
Los datos recabados sobre los antecedentes penales de los hombres deportados no son exhaustivos, ya que no existe una base de datos universal de acusaciones o condenas.
En el caso de las personas que, según el gobierno del presidente Donald Trump, tenían procesos penales o condenas pendientes en Estados Unidos, intentamos ponernos en contacto con sus familiares y sus abogados. Incluimos todas las respuestas de quienes nos contestaron.
Además, consultamos al gobierno estadounidense sobre cada uno de estos casos. La administración no respondió a nuestras preguntas sobre los deportados, salvo en las entradas en que se indica lo contrario.
La base de datos indica la edad de los hombres al 15 de marzo, fecha en la que fueron deportados.
Seguimos investigando. ¿Usted o alguien que conozca se encuentra entre los deportados? ¿Tiene información sobre el operativo de deportación que pueda compartir con nosotros? Puede llenar este formulario o escribirnos por WhatsApp al 917-327-4868. Por favor, sea lo más específico, claro y conciso que pueda.
Para conocer las historias de los 238 hombres deportados a El Salvador haz click aquí
——-
También colaboraron en esta investigación: Kate Morrisey, periodista independiente; Gabriel Pasquini, periodista independiente; Coral Murphy Marcos, periodista independiente; Liz Gascón, periodista de ARI; Melany Garces, periodista de ARI; Paula Rangel, periodista de ARI; Lucía Pineda, periodista de ARI; Mayreth Casanova, periodista de ARI; Luna Perdomo, periodista de ARI; María José Dugarte, periodista independiente; Sheyla Urdaneta, jefa de información de El Pitazo; Juan Hernández Vargas, ingeniero de datos y Gabriela Rincón, periodista de Cazadores de Fake News.
Traducción de Wendy Selene Pérez con la ayuda de Google Translate. Ezequiel Zaidenwerg-Dib contribuyó a la traducción.
El Colegio de Enfermería de Caracas denunció este martes, 22 de julio, la detención de Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermería de Barinas, hecho que se produjo frente a la sede gremial que representa.
Mediante un comunicado, la organización manifestó su “más enérgico rechazo” ante la detención de González y alertó: “Este acto constituye una grave violación a los derechos humanos, gremiales y ciudadanos, y se inscribe dentro de un patrón alarmante de persecución sistemática contra líderes y lideresas del gremio de enfermería en Venezuela, cuyo único ‘delito’ ha sido alzar la voz en defensa de condiciones de trabajo dignas, salario justo y respeto a la profesión”.
Asimismo, exigieron la liberación de González así como “el cese de toda forma de hostigamiento, criminalización y persecución en contra de la Lic. Maritza Moreno, presidenta del Colegio de Enfermería de Caroní, y de todos los dirigentes que hoy enfrentan represalias por ejercer legítimamente la representación de sus agremiados”.
“Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre este preocupante contexto de represión que vulnera los principios fundamentales de libertad sindical, participación gremial y defensa del derecho a la salud. La enfermería no se calla, no se rinde y no está sola. En nombre de nuestras agremiadas y agremiados, alzamos la voz por la libertad, la justicia y la dignidad profesional”, finalizó.
Por su parte, la ONG Provea recordó la obligación del Estado de “garantizar condiciones de trabajo seguras, dignas y un salario suficiente”, como lo establece el artículo 87 de la Constitución y el artículo 98 de la Ley del Trabajo. “Ambos reconocen el derecho a una vida digna, con empleo justo y bien remunerado”, acotó.
También, la organización Fundehullan denunció que la detención de Yanny González es un “acto vulnera el debido proceso y la libertad personal, consagrados en el artículo 44 de la Constitución, así como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia”.
“La enfermería no se calla, no se rinde y no está sola”
Colegio de Enfermería de Caracas denuncia detención arbitraria de Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermería Barinas, este #22Jul frente a su sede gremial.
Denunciamos la Detención arbitraria de Yanny González, presidenta del gremio de enfermería de Barinas. Por una comisión mixta de cuerpos de seguridad del Estado.
La detención ocurrió hoy a las 2:30 pm en el Colegio de Enfermeros en #Barinas
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas, fue excarcelado este miércoles, 23 de julio, tras haber estado detenido desde el pasado 12 de junio. También fueron excarcelados el economista Daniel Cadenas y el administrador Gerardo Cacique, ambos colaboradores del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).
La confirmación de la excarcelación de Rodrigo Cabezas fue informada a través de la página web del economista, donde recordaron que estuvo 41 días detenido. “Gracias a todos quienes apoyaron esta campaña. Su voz fue fundamental para lograr su liberación”, se lee en el mensaje donde no ofrecieron mayores detalles.
Cabezas, quien también es profesor de la Universidad del Zulia, fue detenido el 12 de junio por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Maracaibo, estado Zulia. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, había vinculado a Cabezas a supuestos “planes desestabilizadores”.
En cuanto a los colaboradores del OVF, el medio aliado El Pitazo reseñó que salieron de su lugar de reclusión y ya se encuentran junto a sus familiares. Cadenas y Cacique estaban desaparecidos desde el 13 y 11 de junio, respectivamente. En ese momento, el Observatorio Venezolano de Finanzas publicó un comunicado para rechazar la persecución contra sus colaboradores.
“Manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la persecución, el hostigamiento y la criminalización de personas dedicadas al levantamiento, análisis y difusión de información estadística relevante para comprender la economía venezolana”, escribió el OVF en sus redes sociales el pasado 14 de junio.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El diputado electo en los pasados comicios del 25 de mayo, Stalin González, aseguró que un sector de la oposición había participado en las negociaciones que permitieron la liberación de 252 venezolanos en El Salvador, una decena de estadounidenses y la excarcelación de cerca de 60 presos políticos.
“Si hemos hablado con el régimen en las últimas semanas por el tema de liberar personas que hoy están presas”, dijo el parlamentario en la sede del partido Un Nuevo Tiempo (UNT).
González recalcó que la oposición no sugirió a quién liberar.
“Eso lo decide quien está en el poder. Nosotros abogamos y queremos que todos y cada uno de los presos políticos salgan”, dijo González.
El diputado de la Asamblea Nacional celebró que más de 200 venezolanos hayan regresado a sus hogares luego de ser señalados como presuntos miembros del Tren de Aragua y enviados al Centro del Confinamiento al Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
“Ahora digo yo ¿cuántos presos políticos en Venezuela tienen mucho tiempo y no han podido ver a su familia? ¿Cuántos presos políticos no sabemos dónde están hoy recluidos? ¿Cuántos presos políticos hoy tienen derecho a una defensa privada y se les impone una defensa pública? ¿Cuántos fueron presentados en un mayor lapso al que dice la ley o han sido presentados por, ahora, en unas sesiones telemáticas?”, apuntó.
González manifestó que “no dieron nada a cambio” por la excarcelación de los presos políticos venezolanos.
“Lo que estamos dando es que creemos en el ejercicio de la política, que creemos en la defensa de la Constitución y de las leyes y vamos a seguir luchando porque haya democracia en Venezuela y que no nos vamos a rendir en ningún espacio”, añadió.
Paralelo a la excarcelación de algunos presos políticos, la líder opositora María Corina Machado denunció una brutal ola de represión con la desaparición de más de 20 personas en las últimas 72 horas.
Machado sostuvo que entre los aprehendidos hay personas vinculadas a la oposición democrática, así como testigos de mesa de los pasados comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, fecha en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como ganador a Nicolás Maduro sin que hasta ahora haya mostrado las actas ni los resultados desagregados de cada entidad.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Mañanero de Runrun.es del miércoles 23 de julio resume los titulares de las noticias más relevantes de las últimas horas: De los 57 nombres que se han conocido luego que el gobierno de Nicolás Maduro anunció la excarcelación de varios presos políticos el pasado viernes 18 de julio, apenas una mujer figura en lista.
“A pesar de que la cifra de excarcelaciones anunciadas por voceros oficiales del régimen era de 80 personas, hasta el día de hoy no se tiene confirmación de que ese número se haya concretado. Más grave aún, hasta el momento, sólo una mujer ha sido excarcelada y no han liberado a ningún menor de edad. Según registros de organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón, más de 90 mujeres y al menos cuatro menores de edad continúan privados de libertad por motivos políticos”, Comando ConVzla.
