La constatación del comercio de esclavos reinstaurado en Venezuela durante los recientes lustros, y la participación en el mismo del señor José Luis Rodríguez Zapatero, revela con crudeza lo que, para mí, se limitaba a un ejercicio intelectual y académico. Uno de mis últimos libros –prologado por el eminente constitucionalista mexicano Diego Valadés– lleva por título, justamente, El derecho internacional y su deconstrucción en el siglo XXI.
Lo significativo es que lo que ocurre ante la vista inerme del mundo Occidental, a saber, el trasiego de vidas humanas y su intercambio entre gobiernos, como si se tratase de una venta de reses en pública almoneda, dice algo más grave y ominoso que la ocurrencia repetida de violaciones sistemáticas del derecho a la libertad y a la integridad personal de un grupo de personas.
En el caso, se trata preferentemente de venezolanos o de cualquier otra “especie de animal irracional” – así se les ve y trata – que, a juicio de sus mercaderes, resulte de interés para un trueque y la repartición de sus beneficios, ora de poder bruto y no solo dinerario.
Presenciamos, en suma, algo más que un simple deterioro del moderno Estado constitucional y democrático de derecho o la ineficacia protectora de derechos fundamentales por los órganos naturales de tutela, los jueces. Hemos dado vuelta atrás a las páginas de la historia, hasta el momento de anomia previo y conocido, cuando menos por Venezuela, antes de constituirse en parte de la organización colonial de la monarquía española.
Los indígenas nuestros, como en otras latitudes del territorio que Francisco de Miranda llamara Colombia Americana, practicaban entre ellos la esclavitud, mucho antes de la llegada a tierra firme de los primeros adelantados. Los arauacos del delta del Orinoco usaban la expresión maco para identificar a todo aquel que era reducido a esclavitud, e itotos les decían los caribes. Estos, por cierto, eran dados a secuestrar a los pacíficos arauacos para vendérselos a traficantes holandeses, al punto de que grupos importantes de aquellos abandonaron nuestro territorio. Migraron por el collar de islas del norte hasta alcanzar Puerto Rico. Una y otra de tales comunidades primitivas comerciaban sus esclavos para obtener a cambio algunas mercancías.
Es parte de esta historia, por lo demás, lo que resulta impertinente a la inhumanidad de los “negreros”, sean Zapatero o el mismo Nicolás Maduro Moros, socios comanditantes en la empresa esclavista venezolana, a saber, la negativa que diera España al intento de Cristóbal Colón de vender un lote de 500 indios en Andalucía. Apercibió a los negociadores y contraventores de su real orden con la amenaza de muerte. Mas, como siempre ocurre, los interesados en el vil negocio de la trata le hicieron saber a la Corona de una resistencia indígena –absurda en un territorio como el nuestro al que las crónicas describen despoblado y con miríadas de indios dispersos y nómades– a fin de justificar su posterior sometimiento y esclavitud. Ahora se les califica, indiscriminadamente, como fascistas, terroristas, traidores a la patria, o migrantes ilegales.
Pero la suma de reducidos era peccata minuta durante esa elipse colonial en la que, al término y como ocurrió en la Nueva Granada que adosaba a los venezolanos, los esclavos se integraban a las familias de sus amos como trabajadores domésticos o “ayas” de sus hijos, o como amantes que esperaban el “blanqueamiento” de sus hijos naturales. Distinto es el caso de los encarcelados en Venezuela, no pocos víctimas de maltratos incluidos los sexuales como lo precisa Naciones Unidas y que frisa un número que ya se aproxima al millar.
A inicios y mediados del siglo XVI los españoles trajeron a Buría –parroquia larense– 80 esclavos; misma cifra que recién prometió liberar el régimen madurista, sin cumplirla. Entre tanto don Simón de Bolívar solicitó permiso al rey para importar unos 3000 africanos. A finales de señalado siglo llegarían a La Guaira en buque portugués unos 172 esclavos y al año siguiente, en 1594, otros dos cargamentos que agregaron 284 más; monto, el último, que rememora el número similar de los despachados desde las jaulas de El Salvador tras el negociado emprendido por su presidente Nayib Bukele.
Que en este último caso y a las liberaciones recientes de 9 norteamericanos –uno buscado por la justicia española, que pasó por alto el señor Zapatero– se le hayan agregado unos 48 libertos como contraprestación del régimen a sus alacranes y para usarlos de mostrario para la parodia electoral circense del venidero 27 de julio, apenas muestra la saña y la manera como ceban sus bajos instintos los traficantes con el dolor y la esperanza de los encarcelados y sus familias. ¡Y es que cada liberación tiene su costo! No expresa un cometido humanitario.
La introducción de esclavos fue prohibida por la Junta de Gobierno establecida en Caracas, el 19 de abril de 1810. Y si bien el comercio interno fue proscrito a partir de 1854, la libertad de los esclavos fue la obra de una transacción dineraria entre el Estado y sus dueños. Para uno y para otros la dignidad de la persona es solo un nominalismo constitucional, todavía más durante el tiempo del “monagato”. Cada esclavo tuvo como precio 190 pesos.
No por azar, la caída de nuestras dos primera repúblicas, según se afirma, hubo lugar por la falta de apoyo de la mayoría social de mestizos y de esclavos a los patriotas; estaban persuadidos del mejor trato que, a diferencia de los mantuanos locales o la oligarquía criolla, les brindaba España a través las Leyes de Indias. Fueron el embrión del moderno derecho laboral y social. La regulación del trabajo, el trato humano, la alimentación y la vivienda eran cuestiones de importancia fundamental. De allí la inefectividad de la medida que dictara el Libertador en 1816, desde Carúpano, liberando a los esclavos, incluidos los suyos, sitos en las haciendas de su familia y que llegaron a ser unas 2000 almas. Ninguna le siguió.
El asunto es que para el comercio actual y desembozado de esclavos venezolanos ni cuentan las leyes, ni tienen los jueces capacidad efectiva para contenerlo, al verse desconocidos por sus regentes, los mismos gobiernos que se han hecho de ese mercado o que participan del mismo, por rentable, políticamente, o al menos eso creen.
Crímenes de lesa humanidad
Que el régimen de Caracas considere que los presos políticos son cosas disponibles y negociables, y que las toma y trata como si fuesen de su propiedad, nadie lo duda. Está a la vista la experiencia, que es palmaria.
¿Sabrán los administradores de este mercado de esclavos emergente e integrado por venezolanos y otras víctimas que recoge el régimen madurista en su propio terreno, o se los sustrae al exterior en práctica abierta de “abigeato”, que tal actividad es constitutiva de un crimen de lesa humanidad?
Y cabe precisar, al respeto, que la privación de libertad como ataque sistemático contra la población civil –en el contexto mercaderil y de esclavitud enunciado antes– es la premisa de base; tanto que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional analiza el supuesto de migrantes recluidos en centros de detención en Libia, víctimas de maltrato y violencia sexual, a saber, torturados, y que luego dicho Estado canjea como esclavos. Del delito son responsables los organizadores de esa trata y no solo sus ejecutores, pues concluye en liberaciones transadas o por intercambios; incluso en los casos en los que, haciéndosele fraude a la ley, se hace pasar a los esclavos por prisioneros comunes.
El asunto, en fin, provoca náuseas y dice mucho sobre la agonía contemporánea de la razón, en un marco de disolución total de los mecanismos de protección y de tutela universal y regional de derechos humanos, cuyo fundamento fueron los principios adoptados por Naciones Unidas a partir de 1945, sobre la experiencia del Holocausto. Esa memoria se ha extraviado en un Occidente sin memoria, embargado por el cinismo de sus élites.
“Los frutos, en la historia reciente, están a la vista”, dice bien José Rodríguez Iturbe en su obra El sueño de la razón (Alfa, 2024). Pareciera que ya, con el antihumanismo radical de las formas más depuradas de la posmodernidad, la ignorancia y el respeto a la humana dignidad han llegado a extremos que reclaman imperiosamente un cambio. Cambio en la percepción de la antropología filosófica, agobiada por la ceguera de la percepción de la persona humana como causa sui. No bastó que colocara como temática la vida o la existencia”, señala el autor.
El asunto de fondo es que, si el hombre y la mujer de este tiempo se han arrogado autoridad para disponer a su arbitrio y al detal de sus naturalezas, cosificándolas, haciéndolas libremente disponibles, sea al comienzo, en el curso, o al final de la vida, en la práctica han cerrado por sí mismos la distancia que antes le impedía o limitaba a gobiernos y gobernantes como Maduro o a exgobernantes como Zapatero el usar de sus pueblos y encarcelarlos, para luego rematarlos en pública almoneda.
El mercado de esclavos venezolano, por lo pronto no es inédito en su propósito de timos, fraudes y engaños. Lo mismo ocurría con los griegos y los romanos. Al punto que las fuentes cuentan lo que hoy se ha constatado y es sabido a la vez que vez vivido por las generaciones venezolanas del momento, es decir, que “a veces los esclavos eran secuestrados o robados, y luego vendidos como si fueran prisioneros de guerra o provenientes de fuentes legítimas en aquellos tiempos”. Menudo problema para el presidente Bukele, para Zapatero y para Nicolás.
La Convención de Palermo es precisa al recordar que la trata de personas implica no solo a la esclavitud, sino a “las prácticas análogas”, como esta de la transacción mercaderil de presos políticos que nunca bajan en su número y que crece o se mantiene mediante una puerta giratoria. Oído al tambor.
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