El 28 de julio de 2024 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. A pesar de un contexto de persecución política y cierre del espacio cívico, millones de venezolanos acudieron a las urnas con la esperanza de una transición democrática.
Un año después de las elecciones presidenciales, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advierte que esa manifestación de voluntad ciudadana fue respondida con una nueva oleada represiva, marcada por violaciones a los derechos humanos y una creciente deriva autoritaria del Estado.
En un informe que cubre el periodo entre enero de 2024 y julio de 2025, WOLA sistematiza hechos y patrones represivos a partir del monitoreo constante del contexto venezolano. Entre los hallazgos más graves se destacan detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hostigamiento judicial, muertes bajo custodia y allanamientos ilegales.
El informe también señala que, tras las presidenciales de 2024, se convocaron nuevos procesos electorales que tampoco cumplen con estándares democráticos mínimos. En paralelo, el gobierno ha impulsado un modelo de Estado Comunal que sustituye el orden constitucional y debilita la separación de poderes bajo un discurso de “democracia protagónica”.
A pesar de un entorno cada vez más hostil para el activismo, con censura digital, leyes contra las ONG y criminalización del trabajo de la sociedad civil, persisten expresiones de resistencia ciudadana. Para WOLA, Venezuela atraviesa un momento crítico que requiere una respuesta firme por parte de la comunidad internacional.
La política de persecución por motivos políticos no ha cesado
Un año después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la represión en Venezuela no solo persiste, sino que se ha intensificado con nuevos métodos. El informe de WOLA advierte que el gobierno de Nicolás Maduro “ha profundizado un aparato de persecución política y control social que alcanza el umbral de prácticas de terrorismo de Estado”, mediante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y hostigamiento sistemático contra voces disidentes.
La represión se intensificó en el período inmediatamente posterior a las presidenciales y fue de carácter masivo, dirigida especialmente contra dirigentes opositores, sus familiares y personas percibidas como contrarias al régimen. “Con el paso del tiempo, los métodos de la represión han variado, pero el ataque contra la población civil en el marco de una política para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición o a quienes son percibidos como oposición, continúa”, sostiene el documento.
Se ha consolidado un entramado legal para cerrar el espacio cívico
El cierre del espacio cívico en Venezuela se ha vuelto más sofisticado y estructural. El informe denuncia la existencia de un “marco normativo orientado a restringir gravemente los derechos a la libertad de expresión, asociación y participación política”. A las leyes ya vigentes que criminalizan la disidencia —como la Ley Contra el Odio y la Ley Contra la Delincuencia Organizada— se suman nuevas normativas y proyectos legislativos que apuntan a consolidar una arquitectura legal de control autoritario.
Entre ellas destaca la Ley de Fiscalización de ONG, aprobada por la Asamblea Nacional, y otras aún en discusión, como el proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares. “Estos instrumentos ampliarían aún más las facultades estatales para controlar y sancionar el ejercicio legítimo de derechos fundamentales, particularmente en contextos de crítica al poder o movilización ciudadana”, explica WOLA.
Según el informe, esta batería legal “profundiza el cierre del espacio cívico en el país” y constituye un elemento clave de la estrategia del Estado para neutralizar cualquier forma de organización independiente.
Elecciones posteriores al 28 de julio debilitan la confianza en el voto
Lejos de enmendar las irregularidades del proceso presidencial de 2024, el gobierno venezolano ha continuado utilizando los eventos electorales como mecanismos para afianzar su poder. WOLA advierte que las elecciones regionales y legislativas de mayo de 2025, así como las municipales previstas para el 27 de julio, “se celebran sin condiciones mínimas de transparencia, equidad y legalidad”, lo que ha agravado la crisis de legitimidad institucional.
“El Estado continuó instrumentalizando los procesos electorales para consolidar su poder”, señala el informe. Esto se ha traducido en tácticas como la imposición de resultados incontrastables, la división artificial de la oposición y el desconocimiento de mandatos constitucionales y recomendaciones internacionales.
Este uso del sistema electoral como herramienta de control, en lugar de mecanismo de participación, “debilita la confianza ciudadana en el derecho al sufragio como herramienta de cambio democrático”, advierte WOLA.
La reforma constitucional busca impulsar Estado Comunal
WOLA alerta que el impulso del Estado Comunal representa una amenaza directa a los principios democráticos y al sistema de soberanía popular basado en el sufragio universal.
Aunque es presentada como una vía para el empoderamiento ciudadano, la propuesta comunal “avanza en realidad hacia la centralización autoritaria del poder”, señala el informe. El modelo sustituye instituciones representativas por estructuras paralelas controladas por el Ejecutivo, restringe la participación a quienes comparten la ideología oficial y elimina garantías básicas de pluralismo y rendición de cuentas.
“La posible reforma constitucional que ha planteado Nicolás Maduro para el 2026 apunta a consolidar este modelo”, advierte WOLA, al tiempo que denuncia que este diseño político es “profundamente excluyente, clientelar y antidemocrático”.
Persiste y se agrava la emergencia humanitaria compleja
El informe de WOLA denuncia que persisten “la privación prolongada de bienes y servicios básicos, la falta de información oficial sobre indicadores económicos clave y la persecución contra expertos que monitorean la crisis”.
A esta situación estructural se suma una disminución crítica en el financiamiento internacional para la asistencia humanitaria. Esto amenaza con desmantelar la ya frágil red de apoyo que sostiene a comunidades vulnerables en el país. WOLA subraya que “sin considerar esta emergencia estructural, no es posible comprender plenamente las barreras para la participación política ni el alcance del malestar ciudadano”.
Una política exterior contradictoria: Estados Unidos frente a la crisis venezolana
WOLA advierte que, aunque persiste un consenso bipartidista en Estados Unidos que reconoce el carácter autoritario del gobierno venezolano, la política exterior hacia Venezuela ha variado entre administraciones y presenta contradicciones.
En el caso de la administración Donald Trump, se combinan “posturas distintas” que responden a intereses enfrentados: contener la migración mediante deportaciones y, al mismo tiempo, contrarrestar un gobierno alineado con intereses opuestos a los de EEUU. La reciente revocación de licencias petroleras “no debe ser analizada en el vacío” ni asumirse como la única medida eficaz contra el chavismo, pues su impacto debe evaluarse con “evidencia verificable”.
Medidas como el fin de programas de cooperación, el cierre de vías de regularización migratoria y los vuelos de deportación masivos “afectan a la población venezolana que ha estado sometida a un gobierno autoritario y contribuyen al cierre del espacio cívico”.
Durante el gobierno de Joe Biden las licencias petroleras produjeron “resultados mixtos”, al facilitar negociaciones que derivaron en el Acuerdo de Barbados. Sin embargo, su aplicación se dio bajo un marco “opaco” que favorece la corrupción, y tras el incumplimiento del acuerdo, se volvieron a restringir.
WOLA insiste en que las sanciones sectoriales han profundizado la crisis económica y humanitaria, y que la imposición de aranceles a las exportaciones petroleras puede limitar el acceso a insumos clave, afectando directamente a la población.
La organización también alerta sobre la reducción de la cooperación internacional y la contradicción entre el discurso pro-democrático de EEUU y su trato a la migración forzada: el endurecimiento de políticas migratorias y las deportaciones “agravan la situación de vulnerabilidad” de quienes huyen de la emergencia y la persecución en Venezuela.
Puede leer el informe completo aquí
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
