El Mañanero de Runrun.es del lunes 30 de julio resume los titulares de las noticias más relevantes de las últimas jornadas: a un año de las presidenciales del 28 de julio y de la represión que se desató el día después y que aún persiste, los relatos del temor, la resiliencia y la resistencia describen a un país con una emoción contenida, pero latente.
“Estamos en organización clandestina dentro del país, nos prepararemos para la acción cívica el día que se requiera. Los militares saben lo que tienen que hacer, no deserten, cuídense, formen equipos de confianza extrema y prepárense para defender lo que el pueblo ordenó. La mayoría de los funcionarios policiales están comprometidos con la conquista de la democracia, sigan preparándose para actuar”, aseguró María Corina Machado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La noche de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, miles de votantes permanecieron a las puertas de sus centros y grabaron en video la lectura de cada acta, en la mayoría de los casos favorables a Edmundo González Urrutia. Durante unas horas, esos videos —un ejercicio distribuido de vigilancia colectiva que incomodó al poder— con cientos de escenas casi idénticas, firmadas con la voz de funcionarios que leyeron los resultados, marcaron el punto más alto de una movilización electoral ciudadana que venía creciendo semanas antes de la cita electoral.
Esa efervescencia tuvo un alto costo. Tras la proclamación de Nicolás Maduro, estallaron protestas con víctimas mortales, detenciones arbitrarias y una campaña de acoso estatal en línea. En pocos días se instaló un silencio cauteloso que, un año después, todavía condiciona la conversación pública.
Para entender cómo aquella euforia digital —que permitió documentar, compartir y fiscalizar el proceso electoral— se transformó en un clima de persecución y miedo, conviene reunir las voces que acompañaron cada etapa: ciudadanos que subieron actas, especialistas que rastrearon los datos y defensores de derechos humanos que denunciaron los abusos.
Sus relatos trazan la conquista de ese espacio de participación, muestran hasta dónde se perdió y apuntan los caminos que aún quedan para reactivarlo.
El auge de la conversación y la organización ciudadana
“La gente no solo fue capaz de compartir información de calidad, sino también de rechazar la mentira, la propaganda, la manipulación”, afirma el periodista Luis Carlos Díaz. Desde su mirada, el entusiasmo que marcó el período preelectoral fue un fruto de la resiliencia comunicacional acumulada durante más de una década de activismo digital en Venezuela.
Ese entusiasmo preelectoral también se reflejó en la conversación en redes sociales y pudo documentarse mediante análisis de datos.
La organización Cazadores de Fake News analizó gráficamente la conversación electoral que hubo en X del 4 al 12 de julio. El análisis constató que los mensajes de los simpatizantes del candidato opositor Edmundo González Urrutia superaron, de manera orgánica, a la conversación favorable al oficialismo, a pesar de que esta última estaba siendo impulsada, en gran parte, por militantes del PSUV, medios afines al oficialismo, empleados públicos e incluso redes militares.
#LaHoraDeVenezuela | Así se ve la conversación en X sobre los candidatos presidenciales 2024
Descargamos más de 2.1 Millones de tweets con menciones a los nombres de usuarios de 11 candidatos presidenciales y usamos Gephi para mapear la conversación electoral en X del 4 al 16 de… pic.twitter.com/oAgOsiiGCV
— Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) July 17, 2024
Rafael Uzcátegui, director del centro de pensamiento Laboratorio de Paz explicó que, en un ejercicio por mantenerse informados durante el proceso electoral, los venezolanos construyeron redes para compartir contenidos en espacios de confianza. Fue precisamente la existencia de estas redes lo que permitió que documentaran los resultados electorales desde los propios centros de votación. “La gente tuvo su propia verdad antes de que se divulgara la supuesta verdad oficial”, explica.
La diáspora también fue clave. Venezolanos en todo el mundo esperaban el cierre de mesas para revisar actas, compartirlas y compararlas. Este compromiso fue aún más significativo si se considera que, a pesar de que más de 7 millones de venezolanos forman parte de la diáspora, solo 69.211 personas fueron habilitadas para sufragar en el exterior.
La exclusión del voto migrante consolidó la necesidad de que quienes estaban fuera del país se implicaran en la verificación ciudadana y el relato colectivo del proceso.
La plataforma resultadosconvzla.com, puesta en marcha el 30 de julio como un repositorio centralizado por la oposición de las actas originales que los mismos ciudadanos estuvieron escaneando por varios días, terminó de cohesionar ese proceso. Cada nueva carga de actas generaba hilos colaborativos en los que ciudadanos las contrastaban con los resultados escuchados en vivo en sus propias comunidades, mientras analistas y estadísticos cotejaban los totales.
“Esto nació desde lo más profundo del sentimiento ciudadano de justicia”, recuerda Giusseppe Gangi, activista digital y creador del portal macedoniadelnorte.com. Sin esa colaboración, dice, no habría sido posible construir el archivo ciudadano más amplio de una elección en Venezuela.
🗳️🇻🇪 Resultados por partidos políticos a nivel nacional tras revisar la totalidad de las 25.073 actas.
Ante la aparición en línea del archivo con miles de actas escaneadas, la primera reacción del gobierno fue deslegitimarlas. Voceros oficiales alegaron que presentaban “firmas planas” o “metadatos corruptos” y otras desinformaciones que fueron desmontadas sucesivamente por iniciativas de verificación de hechos, medios de comunicación y activistas digitales como el mismo Gangi.
“Buscar desacreditar las actas por metadatos o firmas demuestra lo poco que tenían a su favor”, dijo Gangi, recordando que éstas eran legítimas, pues provenían del papel que las máquinas del CNE imprimieron en los centros de votación y fueron escaneadas, de forma colaborativa y en red, por los propios venezolanos organizados.
La campaña de miedo para callar la protesta
La misma noche del 28 de julio comenzó a apagarse el entusiasmo de la fase preelectoral y fue convirtiéndose en miedo.
Tras el anuncio oficial que ratificó a Nicolás Maduro, miles de personas se movilizaron para denunciar las inconsistencias entre los resultados divulgados por el CNE y los conteos de cierre verificados por observadores en cada centro de votación. Las manifestaciones se multiplicaron y, en varios puntos, testigos reportaron la presencia de grupos armados progubernamentales cuya actuación dejó heridos y víctimas mortales.
Los días siguientes al proceso electoral, la respuesta estatal derivó en el despliegue de la llamada “Operación Tun Tun”: una campaña de detenciones masivas acompañada de vigilancia y delación. Debido a esta campaña, más de dos mil personas fueron arrestadas en todo el país, en muchos casos de forma arbitraria y sin pruebas claras. Así comenzó una estrategia de intimidación destinada a sofocar tanto la protesta en las calles como la conversación en línea.
“Después del 28 de julio se siente un silencio dentro de Venezuela, pero no es por apatía, sino por miedo”, aseguró la politóloga Ana Milagros Parra. Según ella, el castigo por opinar a través de contenidos digitales —como los videos que publica regularmente en sus redes sociales— ya no se limita al escrutinio digital: también puede significar cárcel o tortura.
Muchos venezolanos sufrieron la consecuencia de esta campaña, detenidos e imputados por presuntos delitos de incitación al odio o terrorismo por tan solo publicar estados de WhatsApp, tuits críticos o estampar una franela con una imagen incómoda para el poder.
Aunque piensa que expresarse sigue siendo posible, Parra cree que el riesgo es alto: “Expresarse a salvo en Venezuela implicaría que no hubiera un aparato represivo que persiguiera a los disidentes”, aseguró.
Terrorismo de Estado.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos @CIDH denuncia escalada de la represión en #Venezuela tras elecciones del 28J y advierten sobre el uso de la VenApp para la persecución:
Rafael Uzcátegui considera que la campaña —en la que circularon videos intimidatorios, amenazas públicas y criminalización para inhibir la expresión ciudadana— representa una forma de terrorismo de Estado. “No se puede normalizar lo que está mal. La gente debe seguir dándole nombre y señalando los abusos”, sostiene.
Uno de estos abusos quedó claro tras la publicación de una investigación digital que demostró la vinculación de funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con la administración de grupos de Telegram dedicados a la delación digital. En uno de estos canales se alentaba a los usuarios —la mayoría funcionarios policiales— a denunciar a manifestantes, en muchos casos sin aportar ninguna prueba adicional a fotografías y ubicación.
En el canal circuló, por ejemplo, un cartel de “se busca” con la fotografía de un periodista venezolano, actualmente en el exilio. El mensaje ofrecía una recompensa por información sobre su paradero y le atribuía, sin evidencia, haber “pagado a menores de edad” y “vender droga a los motorizados” que protestaban en las calles.
Valentín Ruíz, periodista de Monitor Civil y parte del equipo que investigó el caso, advierte que con este tipo de métodos “se dinamita la acción colectiva para instalar un régimen del terror mediante el uso de la misma sociedad”, una estrategia que calificó como “maquiavélica”.
En CC200, la aplicación de organización electoral del PSUV, se compartió el enlace a un grupo en Telegram donde la DAET estaba centralizando las delaciones enviadas por ciudadanos en todo el país.
La “guerra cognitiva” como justificación del control informativo
Entre el inicio de la campaña electoral, el 4 de julio de 2024 y la toma de posesión de Nicolás Maduro del 10 de enero de 2025, se documentaron al menos 79 bloqueos a sitios web y servidores DNS, incluyendo medios de comunicación, ONG y verificadores de datos. A estos se suman otros cinco sitios bloqueados previamente en 2024, según datos de la organización VE sin Filtro.
A la fecha, más de 60 medios de comunicación independientes permanecen bloqueados por varios proveedores de internet, y persisten las restricciones de acceso a X (Twitter) y la aplicación de mensajería instantánea Signal. Este cerco digital permanente es una pieza fundamental de una política estatal que busca moldear la conversación pública incluso más allá del período electoral.
Andrés Azpúrua, director de Conexión Segura y Libre, asegura que el bloqueo de prácticamente todo el ecosistema de medios independientes del país no solo afecta a voces opositoras, sino a todos los venezolanos, independientemente de su afinidad política.
“Aunque no estés de acuerdo con lo que dicen, necesitas distintas perspectivas para estar realmente informado”, subrayóAzpúrua.
Una de las vías utilizadas para justificar este cerco ha sido la narrativa de una “guerra cognitiva”, según la cual potencias extranjeras y medios de comunicación intervienen para desestabilizar al gobierno de Maduro. Ese argumento, repetido por varios voceros del oficialismo, ha servido como un escudo contra el trabajo de periodistas, observadores y verificadores que documentaron las irregularidades del proceso electoral en tiempo real.
Ewald Scharfenberg, periodista y cofundador del medio de periodismo de investigación Armando.info, también bloqueado en Venezuela, interpreta el concepto de la “guerra cognitiva” como un argumento cínico y manipulador. “Busca aplanar el terreno estableciendo la idea de que todos mienten por igual, y que, por lo tanto, nadie merece credibilidad”, afirmó.
Adicionalmente, la etiqueta de “guerra cognitiva” sirve no solo para justificar la censura, sino también como arma retórica para desacreditar a quienes refutan la versión oficial, incluso frente a pruebas exhaustivas como las actas electorales digitalizadas y publicadas por la oposición.
“Para un sistema que se funda sobre la mentira, como lo es el régimen venezolano, la verdad siempre resulta subversiva”, sostuvo Scharfenberg.
La importancia de documentar
Las consecuencias del control informativo impuesto se evidencian en historias concretas que exponen la importancia del trabajo de documentación y divulgación de incidentes por parte de periodistas y defensores de derechos humanos, pues la desinformación estatal puede borrar víctimas y diluir responsabilidades.
El caso del asesinato durante las protestas postelectorales del joven Aníbal José Romero Salazar, conocido por sus amigos como “Pimpina”, es muestra de ello.
En una rueda de prensa ante medios internacionales, Nicolás Maduro presentó el caso como una “fake news”, mostrando el video de otro joven que hablaba y confesaba haber fingido su muerte. Posteriormente, Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad legal de la ONG Provea, publicó en X el nombre completo de Romero Salazar, de 27 años, reiterando que sí había sido asesinado pese a la negación oficial, y señaló que había testigos que aseguraban que funcionarios de la División de Asuntos Estratégicos (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dispararon cuando él cayó.
El joven se llamaba Aníbal José Romero Salazar de 27 años.
Testigos afirman que dispararon funcionarios del DAET de la PNB
Por más de media hora impidieron fuera trasladado al hospital Pérez Carreño.
Hasta la fecha, la muerte de Romero Salazar y la de muchas otras personas asesinadas durante las protestas se mantienen bajo negacionismo gubernamental. Incluso, voceros del gobierno se han referido a todos los asesinados como militantes del oficialismo, ocultando que la mayoría eran personas que protestaban contra los resultados divulgados por el CNE, que dieron como ganador a Nicolás Maduro.
“Pareciera que hay una firme política desde el Ministerio Público de generar impunidad frente a los asesinatos que ocurrieron en el marco de la represión a las protestas después del 28 de julio de 2024”, expresó Alvarado.
“Pimpina” sí fue asesinado: negacionismo de su muerte es desinformación gubernamental
Aníbal José Romero Salazar, conocido como “Pimpina”, fue asesinado en Antímano, Caracas. Un joven distinto fue presentado ante medios internacionales en rueda de prensa por Nicolás Maduro… https://t.co/IqXFpyF4uMpic.twitter.com/OIKNuaFFio
Frente a esta estrategia de negación y encubrimiento, los informes y registros de organizaciones de derechos humanos se han vuelto herramientas cruciales para reconstruir los hechos y preservar el recuerdo colectivo sobre lo sucedido. Rafael Uzcátegui destaca que “estos informes no solo sirven para la denuncia inmediata, también son un ejercicio de memoria”.
Sin embargo, la represión ha forzado a muchos venezolanos al silencio. Alvarado alerta que “hay personas encarceladas que exigen a sus familias que no sigan denunciando sus casos”, producto del miedo sembrado tras liberaciones condicionadas o amenazas directas.
A pesar de ello, el esfuerzo por documentar y visibilizar persiste como la única vía para evitar que las violaciones queden en el olvido y, en gran medida, es posible gracias a la denuncia ciudadana que, incluso con miedo y ciertas cautelas, continúa alzando la voz tanto en espacios públicos como en las redes sociales.
Cómo reconstruir la conversación
Un año después del 28J, los desafíos se acumulan.
Luis Carlos Díaz identifica tres ejes a reconquistar: mantener la producción de contenido pese a la falta de financiamiento a medios y organizaciones en Venezuela, vencer el miedo a expresarse y reconstruir referentes confiables en redes sociales. “Siento que en Venezuela hemos perdido el ecosistema que había de articulistas de opinión”, señaló como un ejemplo. “Ahora necesitamos generar comunidades de referencia”.
También insiste en no subestimar acciones como compartir un reportaje o verificar una denuncia.
“Eso combate la desinformación y fortalece espacios donde la democracia todavía puede respirar”, dijo.
La lección que deja el primer aniversario del 28J es clara: solo una ciudadanía activa, crítica e informada puede enfrentar la propaganda, la manipulación de redes sociales y los vacíos de información. El reto es devolver el cauce al debate en línea para que la posverdad no se apodere de la memoria colectiva.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Un nuevo informe de Crisis Group para América y el Caribe devela cómo la minería ilegal y la búsqueda desenfrenada del oro se convirtió en un engranaje de violencia, corrupción, crisis humanitaria y destrucción de frágiles ecosistemas en el sur de Venezuela.
De acuerdo con el documento, aunque las autoridades de gubernamentales han allanado minas de oro ilegales en el sur de Venezuela, “explotan las minas para su propio enriquecimiento o permiten que grupos armados lo hagan a cambio de una parte de las ganancias”.
Advierte el reporte de Crisis Group que la minería ilegal descontrolada es impulsada por el aumento del precio del oro, lo que fortalece a las “bandas criminales venezolanas, a los grupos guerrilleros colombianos y a élites corruptas”.
A continuación, en forma de claves, los hallazgos más importantes de este informe de Crisis Group.
Arco Minero: oro y poder criminal
Desde que se formó el Arco Minero (2016), el gobierno venezolano delegó el control de minas de oro en Bolívar y Amazonas a empresas estatales y grupos ilegales, incluyendo guerrillas colombianas como el ELN y disidentes de las FARC, que se han convertido en actores centrales en esta economía ilícita, de acuerdo con lo que se denuncia en este informe.
“A pesar del manto de legalidad que el Arco Minero le da a la industria minera, la producción formal de oro en Venezuela aún tiende a depender de la compra de oro a minas no reguladas, la mayoría de las cuales están controladas por grupos armados no estatales, y a través de empresas propiedad de individuos investigados por corrupción. La transparencia en los contratos y los datos de producción sorprende por su ausencia”, se describe.
Se afirma que la minería ilegal en Bolívar y Amazonas ha convertido al oro en una fuente de poder para grupos armados, guerrillas y redes criminales que controlan con violencia los territorios rurales. En medio del “colapso económico” y la crisis política de Venezuela, el alza global del precio del oro ha hecho más codiciados los yacimientos, mientras miles de mineros artesanales trabajan bajo dominio de estos actores.
Alertan, por otra parte, que aunque el gobierno asegura combatir la minería ilegal, “pactos informales entre militares y guerrillas colombianas” han permitido su expansión, y organizaciones criminales venezolanas siguen adentrándose en la selva en busca de oro.
Grupos irregulares en alianza con el Estado
El informe abunda en cómo los grupos criminales o guerrilleros funcionan en alianza tácita con fuerzas del Estado, imponiendo control territorial, violencia y secuestro en zonas mineras. Esta colusión ha transformado pueblos remotos en “autoridades criminales” y zonas de amenazas constantes hacia las comunidades indígenas.
“Una forma en que esta alianza beneficia a los grupos armados colombianos es que las guerrillas parecen recibir un aviso previo de las ofensivas estatales, lo que les da tiempo para reubicarse y de esa manera evitar enfrentamientos con los militares. Cuando las fuerzas venezolanas se preparan para adentrarse en las densas selvas que rodean las minas de oro, según informaron fuentes a Crisis Group, los grupos guerrilleros colombianos a menudo alertan a los mineros que trabajan con ellos sobre las inminentes incursiones”, denuncia el informe.
Crisis Group menciona que, en algunos casos, los militares entregan entregado las minas confiscadas a nuevos grupos y precisa que en el estado Amazonas, a alias Jhon 40, comandante de la facción disidente de las FARC Acacio Medina, “se le permitió explotar una mina y empezó a vender oro a un precio fijo por debajo del precio del mercado a las fuerzas estatales”.
A juicio del grupo internacional, el Estado venezolano “ha demostrado su incapacidad o falta de voluntad para frenar las acciones de los grupos armados y criminales que explotan las riquezas minerales de Venezuela, coaccionan y aterrorizan a la población local, destruyen el tejido social de las comunidades indígenas y generan un daño ambiental probablemente irreparable”.
Impacto humanitario
Niños menores de diez años trabajando en las minas, casos de esclavitud moderna y distintas formas de explotación laboral (servidumbre doméstica involuntaria), trata laboral, trabajo forzoso infantil, esclavitud sexual y explotación sexual comercial de niños fueron reportadas a Crisis Group por ONG venezolanas.
La organización reporta igualmente el reclutamiento “desenfrenado” de jóvenes por parte de la guerrilla, incluidos adolescentes indígenas de entre trece y quince años, para que trabajen en las minas, cobren extorsiones, ejecutan a mineros que incumplen órdenes de los cabecillas y trafiquen drogas través de las fronteras.
Destrucción ambiental
Las poblaciones indígenas y rurales enfrentan desplazamientos, contaminación del agua, expansión de la malaria y la destrucción del ecosistema en zonas protegidas como el Arco Minero y parques nacionales
Se denuncia que las actividades mineras ya se han adentrado en más de la mitad de las áreas protegidas bajo el régimen de administración especial en la Amazonía venezolana. El reporte indica también que casi 30 ríos del sur del país están afectados por la minería ilegal, un aumento de 106% en seis años.
“Acabaron con el nacimiento del Río Orinoco; ahora los garimpeiros [mineros itinerantes de Brasil] están allí”, señaló un observador a Crisis Group al reportar que la minería a cielo abierto ha llegado incluso a la montaña en la que nace el río Orinoco.
Esta investigación también recoge las últimas cifras disponibles sobre el impacto en la Amazonía venezolana por la minería ilegal: “Más de 22 000 hectáreas fueron arrasadas dentro de los Parques Nacionales Caura, Canaima y Yapacana entre 2017 y 2020, según las últimas cifras disponibles, en gran parte para dar paso a la minería ilegal de oro”.
Acciones urgentes y necesarias
Para Crisis Group es “crucial” poner fin a la violencia y a los abusos contra los derechos humanos relacionados con la minería ilegal en Bolívar y Amazonas, así como limitar la destrucción ambiental que causa.
Aunque reconocen que existen “pocas soluciones significativas” si no hay un cambio en la manera en la que el gobierno actúa en el sur del país, sí consideran necesario que los países del hemisferio, sobre todo los vecinos que comparten territorio en la Amazonía, “así como otros gobiernos extranjeros y actores clave en los mercados del oro” presionen a la administración de Nicolás Maduro “para que ponga fin a estas prácticas depredadoras y permita que las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria asistan a las comunidades en riesgo en Bolívar y Amazonas”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Este 29 de julio se cumple un año del estallido de las protestas poselectorales en Venezuela, cuando miles de ciudadanos —principalmente de comunidades populares— salieron a las calles para rechazar el resultado electoral, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales.
La ONG Provea recordó que aquel día “los habitantes de las comunidades pobres de Venezuela se arrojaron a las calles de las principales ciudades del país para exigir respeto a la voluntad popular”. Las manifestaciones se extendieron por Caracas y otras regiones del país, en una jornada marcada por una violenta respuesta estatal.
Según datos de la organización, “el número de asesinados, en apenas cuatro días de protestas, se elevó a 25 personas”, una cifra alarmante si se compara con las más de 150 jornadas de protestas registradas en 2019, en las que murieron menos de 60 personas.
Provea también documentó que hasta el 1 de agosto de 2024 “se registraron 100 personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad”, atendidas en hospitales públicos de Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara y Miranda. Entre el 29 de julio y el 13 de agosto, “2.400 personas fueron arrestadas”, lo que equivale a un promedio de 150 detenciones diarias.
Para la organización, “la respuesta estatal a las protestas post-electorales marcó un ascenso vertiginoso de graves abusos contra los derechos humanos” y dio paso a “la intensificación de una oleada represiva que aún se mantiene mediante prácticas de terrorismo de Estado como las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y el empleo de tecnologías para el control social de la población”.
Hoy, hace un año, los habitantes de las comunidades pobres de Venezuela se arrojaron a las calles de las principales ciudades del país para exigir respeto a la voluntad popular, en medio de unos comicios catalogados como fraudulentos tras la divulgación de resultados por parte… pic.twitter.com/DPYww7e0HL
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) aporta, a través de su Unidad de Psicología Padre Luis Azagra (UPLA), jornadas de bienestar psicológico a poblaciones de zonas con falta de atención psicológica como Antímano, Caricuao, La Vega, Montalbán, el Paraíso y Catia.
Diego Santoyo, psicólogo de la UPLA explicó al ARI Móvil de El Pitazo, Runrun.es y TalCual que el objetivo de la unidad es atender las diversas necesidades psicológicas de distintas poblaciones como niños, niñas, adolescentes, estudiantes universitarios, entre otros. Este año, las iniciativas están dirigidas a personas de la tercera edad y a cómo ayudarlas a llevar un envejecimiento saludable con distintos hábitos físicos y psicológicos.
Diego Santoyo, psicólogo de la unidad de Psicología Padre Luis Azagra de la Extensión Social de la UCAB / Foto: Yaya Andueza
Vulnerabilidades de las personas de la 3era edad en Venezuela
Envejecer, conlleva cambios físicos y mentales que aquejan a las personas. Aceptar estos cambios y adaptarse a ellos suelen ser la principal dificultad de las personas mayores.
Pero más allá de esta condición natural, Josuaris Mardegi, coordinadora del área clínica, indicó que esta población en Venezuela “puede presentar distintas situaciones y condiciones de vida que significan retos y que se pueden hacer más complejos debido, por ejemplo, a la situación actual del país, a nivel económico y familiar”
Dentro de estas situaciones, estos expertos mencionaron cómo la migración ha provocado la separación física del vínculo afectivo de los adultos de la tercera edad con sus familiares. Esto, a su vez, ha generado que muchas de estas personas estén en total soledad sin ningún familiar de su núcleo cerca.
Josuaris Mardegi, coordinadora del área clínica de la unidad de Psicología Padre Luis Azagra de Extensión Social de la UCAB / Foto: Yaya Andueza
Del mismo modo, Diego Santoyo resaltó que esta situación de soledad hace a estas personas especialmente vulnerables a otras dificultades del entorno como la inestabilidad económica del país. “Los adultos mayores que quedan aquí haciendo vida, por lo tanto muchas veces se encuentran en condiciones de vida bastante precarias”.
¿Qué hacer para mejorar las condiciones de vida de las personas de la tercera edad?
En el ámbito psicológico a mediano y corto plazo los expertos de la UPLA destacaron que es importante generar el acercamiento y la vinculación de estas personas mayores en soledad con otras personas que sigan cercanas en su vida. Por otro lado, desde el punto de vista físico cognitivo, los expertos comentaron sobre la importancia de promover ejercicios mentales de manera cotidiana.
La UPLA en estos casos, organiza actividades lúdicas, académicas, con cierta dificultad para que estos adultos mayores puedan ir realizando semanalmente y de ese modo mantener la plasticidad cerebral y la agilidad, previendo enfermedades asociadas al envejecimiento como el Alzheimer.
Ya que estas actividades se desarrollan con un grupo grande, Diego Santoyo aseguró que lo más importante de esta iniciativa es que “estos grupos terminan generando una especie de comunidad interna” que sirve de contención emocional, compañía y apoyo.
“He encontrado compañía aquí”
El camión de información de la Alianza Rebelde Investiga de El Pitazo, Runrun.es y TalCual culminó la cobertura de la jornada conociendo la percepción de las personas mayores.
Saide Yamaui y Yajaira Montoya, participantes de la jornada de salud mental de la unidad de Psicología Padre Luis Azagra de Extensión Social de la UCAB / Foto: Yaya Andueza
Yajaira Montoya, tiene 73 años. Es docente jubilada desde hace 25 años. Montoya no tuvo hijos y desde que enviudó por la muerte de su esposo vive sola. Mientras está en el Camión de Información compartiendo su historia agradece a los líderes de trabajadores de la UPLA por toda la atención prestada.
“Los muchachos son muy atentos, son muy cordiales, nos buscan la vuelta. He encontrado compañía aquí. Me parece interesante porque tiene uno con quien compartir, que está viviendo más o menos la misma situación”, expresó.
Nelson Piñero, activista de derechos humanos y militante del partido opositor Encuentro Ciudadano, fue trasladado arbitrariamente al centro de reclusión Sesma, en la cárcel de Tocuyito, según denunció este lunes, 28 de julio, la Fundación Familia S.O.S Libertad.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, la fundación defensora de los derechos de los presos políticos alertó que se trata de “un nuevo caso de violación a los derechos humanos en Venezuela”, pues este traslado se concretó sin informar a los familiares de Piñero.
Y no solo se trata del traslado arbitrario, sino que también, según la denuncia de Familia S.O.S Libertad, los familiares de Nelson Piñero se trasladaron hacia el Sesma y los custodios les notificaron “que deberán esperar hasta tres meses para poder visitarlo”, lo que deja al activista en aislamiento.
“Esta situación está pone en evidencia el sufrimiento que enfrentan no solo los detenidos, sino también sus seres queridos, quienes están desinformados y angustiados por su estado”, alertó la organización.
La organización Libertas Venezuela también condenó la situación de Piñero: “Este caso refleja una vez más cómo el régimen usa el sistema judicial como arma de persecución política, castigando a quienes piensan distinto”, señaló.
Nelson Piñero fue detenido el 21 de noviembre de 2023 en su casa en Valencia, estado Carabobo, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). No tenían orden de allanamiento y se lo llevaron solo por publicar mensajes críticos a la gestión de Nicolás Maduro en redes sociales.
El 24 de febrero de 2025, el partido político Encuentro Ciudadano denunció que Piñero fue condenado a 15 años de prisión. “Nuestro dirigente Nelson Piñero, quien lleva más de un año injustamente privado de su libertad,fue condenado a 15 años de prisión por el Juez Tercero de Juicio del estado Carabobo, Luis Ovalles, simplemente por informar a través de las redes sociales”, denunció la organización política en ese momento.
Hoy denunciamos un nuevo caso de violación a los derechos humanos en Venezuela. Nelson Piñero, detenido desde el 21 de noviembre de 2023, ha sido trasladado arbitrariamente al centro de reclusión SESMA ubicado en Tocuyito, sin informar a sus abogados y a sus familiares, esto es… pic.twitter.com/RL64v2DIBy
— Familia S.O.S Libertad (@FliaSOSLibertad) July 28, 2025
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Un año después del presunto hackeo a su página web, el Consejo Nacional Electoral (CNE) volvió a divulgar resultados sin precisiones: esta vez los de las elecciones municipales del 27 de julio, anunciados la tarde del lunes 28, sin detallar cuántos votos ni qué porcentaje obtuvo cada opción.
A través de su canal en Telegram, el organismo publicó tres documentos con los nombres de alcaldes, concejales lista y nominal electos. Sin embargo, en ninguno de los archivos aparece el respaldo popular que obtuvo cada candidatura. La omisión se suma a un patrón ya conocido: tampoco se han hecho públicos los datos desagregados de las elecciones presidenciales de 2024 ni de los comicios regionales del 25 de mayo, recuerda el medio aliado Tal Cual.
Sobre la consulta popular juvenil realizada en paralelo a las municipales tampoco se conocen los resultados, lo que mantiene en la sombra no solo el número de votos, sino también el nivel de participación.
Según la información oficial, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo 282 de las 335 alcaldías del país. A eso se suman tres alcaldías ganadas por partidos aliados del Gran Polo Patriótico: Tupamaro (1), Podemos (1) y Fudeba (1).
Del lado opositor, Fuerza Vecinal fue adjudicada con 11 alcaldías. Vamos Vamos Cojedes se quedó con los nueve municipios del estado homónimo, mientras que Un Nuevo Tiempo obtuvo siete. Copei judicializado ganó seis alcaldías. También, figuran Acción Democrática judicializada y Min Unidad con tres, Alianza del Lápiz y Cambiemos con dos cada uno, y Arepa, Derecha Democrática Popular, El Cambio, Movimiento Ecológico, Unión Nacional Electoral y Unión y Cambio, con una alcaldía cada uno.
Pese a que el sitio web del CNE es el canal oficial donde deberían estar disponibles los resultados desagregados, este permanece fuera de línea desde el 29 de julio de 2024. El organismo ha alegado un “supuesto hackeo”, sin ofrecer mayores detalles técnicos ni cronograma para su restitución.
Cabe recordar que, tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, el CNE proclamó como ganador a Nicolás Maduro. La oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González, denunció entonces fraude con base en las actas de votación en su poder. Aunque el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al CNE publicar esos resultados en Gaceta Electoral, hasta ahora ese mandato tampoco se ha cumplido.
El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este artículo fue redactado el viernes pasado. Con toda seguridad no habrá sorpresas sobre el resultado electoral. María Corina Machado, Edmundo González y los partidos que integran la Plataforma Unitaria decidieron no presentar candidatos y llamaron a no votar como protesta por el golpe de Estado electoral que desconoció el rotundo triunfo de Edmundo González.
De estar en Venezuela, quien esto escribe hubiese procedido como la inmensa mayoría y no habría votado. Sin embargo, no consideramos justo, ni conveniente, calificar de vendidos a todo aquel que haya convocado a votar. Recuperar la democracia requiere el concurso de quienes proceden de buena fe, aunque existan diferencias. Desde luego, es inaceptable tener como opositores al grupo de vividores de la política que tienen organizaciones de maletín para negociar una alcaldía o un cargo de concejal, por si las dudas, nos referimos a Timoteo, Bernabé, Brito, Romero y otros de la misma pandilla.
Seguimos optimistas de que Maduro saldrá más temprano que tarde, pero es evidente que la tarea no es fácil. La renuncia de Chávez a raíz de los acontecimientos del 11 de abril 2002, el triunfo que logramos al tener mayoría de diputados en la Asamblea Nacional 2015, el gobierno interino de Guaidó, reconocido por unos 60 gobiernos, y el rotundo triunfo de Edmundo González hace un año fueron los hitos más importantes de la lucha en contra de la dictadura de Chávez-Maduro. Tuvimos en las manos la recuperación de la democracia. No lo logramos porque este es un régimen tracalero que, además, ha contado con recursos para mantenerse en el poder.
Sin embargo, parte de la oposición democrática cometió el error de no apoyar suficientemente los logros obtenidos y de criticar cuando no se pudo sacar al régimen. Descalificamos el Decreto Carmona, que era lo procedente, pero que no tuvo apoyo político, ni militar. Al gobierno interino de Guaidó le achacamos injustamente todos los males y al final lo defenestró la misma Asamblea que lo eligió. Ahora, no faltarán los que digan que al abstenernos le entregamos a Maduro la Asamblea Nacional, las gobernaciones y alcaldías.
Por primera vez contamos con un liderazgo fuerte. María Corina ha logrado un apoyo popular abrumador. Ojalá no empiecen las críticas porque no ha conseguido que Maduro reconozca su derrota electoral. Ella ha realizado lo humanamente posible y no tenemos duda de que logrará el objetivo de sacar a Maduro y recuperar al país. Tiene planes concretos formulados por los mejores profesionales en cada área. A veces he insistido en la unidad, pero como nos decía recientemente Elizabeth Burgos, lo que hay que promover es un pacto político.
María Corina es la llamada a concretar ese pacto que sane las heridas del pasado y que debe haber causado el reciente evento electoral. Ella debe convocar a toda la dirigencia honesta para remar en la misma dirección, aunque pueda ser por diferentes rutas. Como han dicho algunos, tiene que ser un pacto a largo plazo, entre otras cosas, para crear confianza entro los inversionistas.
Como (había) en botica
Excelente el reporte del Foro Penal sobre la represión en Venezuela, Año 2024. Albany Colmenares, de Vente Venezuela, y Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermería de Barinas, son las recientes presas políticas.
Perkins Rocha tiene casi un año como preso político.
Lamentamos el fallecimiento de Rafael López González, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
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