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Venezuela en la lista de países en la que los derechos laborales no están garantizados

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Venezuela fue incluida en la lista de países en donde no hay garantías de derechos laborales, de acuerdo con el Índice Global de los Derechos 2025 de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

De acuerdo con el documento, Venezuela se ubica en la calificación 5 del índice, llamada “derechos no garantizados”, junto a países como Irán, Bangladesh, Guatemala, Colombia, Ecuador, Honduras, Irán, la Federación Rusa, entre otros. Es el segundo año consecutivo en el que el país figura en esta lista.

Estar en la categoría 5 del índice es un indicador de que el Estado no garantiza los derechos laborales más básicos ni protege efectivamente a los trabajadores frente a abusos. En muchos casos, incluso criminaliza la acción sindical, reprime protestas, impide la negociación colectiva y colabora activamente en la represión del movimiento sindical.

Restricciones al acceso a la justicia

Según el Índice Global de los Derechos 2025, el derecho al acceso a la justicia “brinda a los trabajadores la posibilidad de reclamar y obtener una reparación justa a través del sistema jurídico cuando se han vulnerado sus derechos”.

En países como Venezuela, Belarús, Camboya, Hong Kong y Myanmar “se ha detenido y procesado sistemáticamente a dirigentes sindicales mediante acusaciones falsas, y los juicios se han caracterizado por un flagrante menosprecio de las garantías procesales y la imparcialidad”.

De acuerdo con el Índice, en 2025, en 109 (72%) de los 151 países, los trabajadores no han tenido acceso o han tenido un acceso restringido a la justicia, lo que supone “un deterioro significativo con respecto al 65% registrado en 2024 y coincide con el nivel más alto registrado desde que se empezó a publicar el Índice”.

Detenciones arbitrarias, arrestos y encarcelamiento

El informe advierte que en 2025, 71 (47%) de los 151 países han notificado casos de trabajadores detenidos y condenados a penas de cárcel por ejercer sus libertades sindicales. Pese a que la CSI registra una ligera mejora con respecto al 49% registrado en 2025, “sigue constituyendo casi el doble del nivel registrado en 2014, cuando empezó a publicarse el Índice”.

Destaca que en Venezuela un sindicalista del sector educativo fue detenido por la policía sin justificación, mientras que otro lleva más de dos años de prisión preventiva.

Países mejor calificados

En la edición 2025 del Índice Global de los Derechos de la CSI, solo siete países obtuvieron la calificación más alta (categoría 1), lo que indica violaciones esporádicas de los derechos laborales. Estos países son Alemania, Austria, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Noruega y Suecia.

A pesar de este desempeño relativamente positivo, el informe advierte que incluso en estos países se han reportado algunas irregularidades aisladas, lo que refleja un deterioro generalizado en los estándares globales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Maduro creó dirección de ciberdefensa en la GNB y creó otras estructuras en las FANB

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Mientras conmemoraba el 88 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Nicolás Maduro anunció la creación de la Dirección de Ciberdefensa con el supuesto objetivo de combatir al ciberterrorismo y fortalecer las habilidades tecnológicas de la GNB.

“Hoy vamos hacia nuevas transformaciones, nuevos cuerpos y organismos de trabajo para el combate al ciberterrorismo, al terrorismo, para el desarrollo de la capacidad digital, comunicacional de nuestra Guardia Nacional Bolivariana”, expresó Maduro durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).  

Maduro anunció la creación de otras estructuras dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), entre ellas, un comando nacional de guardería ambiental, otro de seguridad y auxilio vial, brigadas de vigilancia costera, bases de sanidad militar, puntos de apoyo logístico y comandos de zona para la GNB.

De la misma manera sentenció que activarán 41 nuevas unidades de la Guardia del Pueblo y pondrán en marcha 51 destacamentos territoriales.

El pasado 5 de julio, Maduro ordenó a la cúpula militar avanzar en el desarrollo de sistemas de defensa con misiles y antimisiles, como parte de una aparente estrategia para proteger la soberanía nacional.

Maduro dijo que con la ayuda de los aliados de Venezuela se puede recuperar el sistema de armas y reforzar la defensa aérea con tecnología propia. 

De acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, la GNB comandó la represión contra el pueblo venezolano luego de efectuadas las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Por tal razón, la oficina liderada por Marco Rubio sancionó en noviembre de 2024 al menos una decena de funcionarios militares.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

¿Ajusticiamiento de la justicia en Colombia?

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Desde la atalaya rigurosa del Derecho, en procesos en los que se administra Justicia y no se filtran las venganzas, la sentencia proferida por la jueza colombiana Sandra Heredia, condenando al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y luego celebrada por Iván Cepeda –facilitador de la paz con la narcoguerrilla de las FARC y el ELN, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, y quien atribuye al paramilitarismo el asesinato de su padre en 1994, un senador y militante comunista, Manuel Cepeda Vargas– representa, qué duda cabe, otro episodio más de la larga guerra que aún sufre Colombia.

¿Sentencia de primera instancia penal tras una causa cuya armadura política se levanta desde septiembre de 2012 y ha de esperar como “debido proceso” durante casi tres lustros?

La jueza, previamente, aclara y se excusa, como para asegurar su independencia: “La justicia no se arrodilla ante el poder”, dice como apertura de su sentencia. “No es un juicio contra la historia política de Colombia. No es una revancha. No es una conspiración”, ajusta.

Tras la violencia incubada a lo largo de una década, a partir de 1948, surgen durante los años 60 del pasado siglo los movimientos guerrilleros de las FARC y el ELN, el primero de filo soviético y el segundo tributario de La Habana. Y en los años 80, en medio de la vorágine provocada por estos y la incapacidad del Estado para cuidar la vida de la población colombiana –cuando a su término es asesinado el candidato presidencial liberal Luis Carlos Galán y avanza sobre el control del poder el carismático Pablo Escobar, cabeza del narcotráfico y del Cartel de Medellín–, emerge el fenómeno del paramilitarismo: el ojo por ojo, diente por diente, entre grupos que aún no conocen o han perdido la textura social. Casi medio siglo ha transcurrido.

Unos y otros, controlando extensas zonas de una geografía que, a la par, evidencia su clima favorable para los cultivos de la droga, mutan de guerrilleros a narcoguerrilleros y, de suyo, a ser practicantes habituales del terrorismo, en suma, ser narcoterroristas; todo lo cual potencia sus poderes destructivos, a los que suma la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad que no cesan y permanecen impunes. A partir de 1995, Human Rights Watch apunta sus investigaciones para criminalizar al Ejército colombiano, por su alianza o vínculos con el paramilitarismo; quedando fuera la actuación dominante de la narcoguerrilla en la violencia sobre partes de Colombia.

La lucha entre ambas vertientes de la tragedia neogranadina –la que originó la violencia y la que se hizo de la violencia para protegerse como víctima– obliga entonces a la reacción institucional del Estado colombiano. Se diseña e inicia, bajo el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y contándose con el firme apoyo norteamericano, una política de seguridad democrática –el Plan Colombia– que, sucesivamente, lleva cabo el hoy expresidente Uribe durante la primera década del 2000. Numerosos capos del narcotráfico son extraditados durante esa elipse.

Se trataba, en concreto, de fortalecer el control territorial y la capacidad de las fuerzas armadas para combatir grupos armados ilegales, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y el Estado de derecho, devolviéndoseles a aquellas el monopolio de las armas. Tanto como dicha política buscó la participación de la sociedad civil en la lucha contra la inseguridad a través de mecanismos de información y colaboración con las autoridades.

Virtualmente derrotada, la administración que sucede a Uribe, la de Juan Manuel Santos, sin haberse concluido todavía la tarea de la seguridad democrática, en acuerdo con La Habana y con el gobierno de facto venezolano –primero con Hugo Chávez Frías y luego Nicolás Maduro Moros– declara la paz con las FARC. Las incorpora a la lucha política y esta se transforma en partido a partir de 2016, mientras una parte de sus miembros sostiene en paralelo la violencia, usando ahora como aliviadero a Venezuela. Hasta el jefe de las FARC, Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, carnal del senador Cepeda, luego de apoyar los acuerdos de paz evita ser extraditado y muere en Venezuela, víctima de su violencia.

El presidente Uribe, fuera del poder contesta permanentemente y de modo público las señaladas desviaciones institucionales, para salvar la democracia, y hasta en vísperas de su condena alerta sobre el establecimiento de un área binacional fronteriza; controlada esta por el Cártel de Soles venezolano, declarado por USA como nueva organización terrorista y narco criminal, encabezada por las autoridades del vecino Estado de Venezuela.

Desconocidos por el pueblo colombiano los Acuerdos de Paz, y cuestionado su modelo de justicia transicional –liberador de castigos a los narcocriminales que aceptan la verdad de sus hechos– Uribe controvierte, así, con el senador Cepeda en el ámbito parlamentario. Ambos se cruzan acusaciones, relacionadas con los actos de violencia vividos por la nación neogranadina y sobre sus responsabilidades históricas.

Pasados 6 años la Corte Suprema, instada por el expresidente, decide cerrar un debate entre este y Cepeda que ha llegado a sus estrados; no obstante que, la Sala de Instrucción opta seguidamente por abrirle causa al expresidente dándole legalidad a una grabación ilegal que hace un condenado a 40 años de cárcel –Juan Miguel Monsalve– a uno de los abogados del expresidente. En 2020 aquella ordena su arresto domiciliario, acusándosele de fraude procesal y por haberse querellado contra Cepeda.

En 2021 la Fiscalía pide se deseche el caso por falta de pruebas, pero una juez de instancia ordinaria insiste en procesar al expresidente, y otra, del mismo nivel, ante la insistencia del Ministerio Público, ratifica que Uribe debe ser enjuiciado.

En 2024, sustituido el fiscal general de Colombia y nombrada sustituta Luz Adriana Camargo, propuesta por Petro y quien venía de investigar el paramilitarismo en Colombia; que luego sirve en Naciones Unidas bajo la autoridad de Iván Velásquez Gómez, ministro de Defensa del mismo Petro, es quien acusa formalmente al presidente Uribe. Le da un giro radical a la postura del Ministerio Público, que sostiene la inocencia del exmandatario, exigiendo su sobreseimiento.

Sometido a juicio a partir del 6 de febrero de 2025, sin haber transcurrido un semestre, la jueza Heredia, del juzgado 44 penal del circuito de Bogotá, recusada por su parcialidad –que esta no admite ni procesa y que resuelve la Corte Suprema favoreciéndola y paralizando el juicio– llegado el 28 de julio declara culpable fraude procesal y de haber intentado sobornar al testigo encarcelado y condenado al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

Su sentencia, en tan breve término, que bastaría para resolver sobre un «fraude procesal», sin embargo, logra lo impensable, el texto frisa las 1000 páginas que lee y mal lee como si fuese la obra ajena, y en un resumen que le consume 12 horas en su lectura ante la nación conectada durante la audiencia a través de las redes y la radio y televisión; el juicio adquiere, así, la connotación de un juicio popular.

El peso de las páginas, llenas de valoraciones políticas y personales, cumplía su propósito como narrativa de ocasión y para prosélitos. Las FARC y el ELN, que no derrotaron al Estado colombiano con las armas, pero lo debilitaron confrontándolo de modo violento; y que después se coaligan con el paramilitarismo por la cola, en el mercado y el tráfico internacional de drogas, antes gerenciado desde La Habana y ahora administrado por el Cartel de los Soles, creen haberle dado su estocada mortal a la burguesía colombiana, a la clase democrática, su enemiga histórica.

“No es designio de la providencia, mandato de Dios o alineación de los planetas que al tiempo todos los protagonistas se abocaran hacia una misma causa, menos que una persona privada de la libertad con las evidentes limitaciones que ostenta para comunicarse lograra movilizar a casi una decena de personas para obtener su proceso reivindicatorio,” opina la sentenciadora en el texto de su fallo llamado histórico y que respalda con sus años de servidora judicial, en carrera que inicia en 1994 y logrando acreditarse como abogado una década más tarde, en una seccional de la Universidad Cooperativa de Colombia, entidad privada del sector cooperativo que forma profesionales para “resolver problemas sociales”. 

La Justicia tiene la última palabra

En Bogotá, en fin, sigue la guerra y la violencia, ahora bajo una modalidad de tercera generación, en aplicación del llamado lawfare.  No hubo sentencia, sino un protocolo médico forense para el ajusticiamiento de la justicia, única garantía que le resta a los colombianos para sostener la estabilidad institucional y democrática.

¿Se trata de una judicialización de la política, como se lo propuso Chávez Frías al destituir a todo el Poder Judicial venezolano mediando una constituyente, designando como jueces a los escribanos a su servicio, para criminalizar a los enemigos políticos?

El presidente colombiano, Gustavo Petro, sin cuidar la distancia a la que está obligado, siquiera para salvar las formas y sin que la juez, después de sentenciar, haya dicho su última palabra, pide para ella y para su familia se les proteja la vida. Entre tanto, no se recupera de su atentado, mientras el país mira hacia la Casa de Nariño, el precandidato presidencial y senador uribista Miguel Uribe. 

Por vez primera se condena por una peccata minuta, dado el contexto delineado, a un expresidente que persiguió al narcotráfico y a la guerrilla terrorista junto a sus crímenes de trascendencia internacional. Entre tanto, esa Justicia omitió, salvando a dos expresidentes y un presidente señalados de recibir dineros ilícitos, según se dice procedentes del narcotráfico, para sus campañas, o de aceptar coimas de la empresa transnacional constructora que ha apalancado a uno de los parteros del socialismo del siglo XXI, al sobreviviente Luiz Inácio Lula da Silva. Este, por si fuese poco, ha pedido la judicialización de su contendiente, Jair Bolsonaro, como respuesta a su propia judicialización anterior.

Colombia, aun así, mantiene su fe firme en la resiliencia de su Justicia y en su capacidad para enmendar entuertos y restablecer los equilibrios de su balanza, salvaguardando a las hoy maltratadas instituciones democráticas.

En suma, que acaso, abandonando su actual como sobrevenido estado larvario, deban los sistemas de protección de derechos humanos ocuparse de la cuestión colombiana, es lo deseable. Que todavía no hay caso, cierto es. Deben agotarse los recursos internos. Y la OEA tiene a mano una labor preventiva que realizar, si relee los términos de la Carta Democrática Interamericana. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si aspira a sobrevivir, al menos ha de hacer uso de las que fuesen sus competencias originarias – allá cuando la presidía don Rómulo Gallegos – y conocidas como “funciones políticas”: “formular recomendaciones… preparar los estudios e informes”, cuando menos.

Asdrúbal Aguiar es exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

correoaustral@gmail.com | @asdrubalaguiar

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Denuncian nuevas restricciones en ingreso de alimentos para presos políticos del Helicoide

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Familiares de los presos políticos recluidos en El Helicoide, en Caracas, denunciaron una nueva medida impuesta por las autoridades penitenciarias que agrava las condiciones de encierro y vulnera sus derechos fundamentales.

De acuerdo con la información difundida por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, desde ahora solo podrán llevar comida los días viernes, eliminando así la posibilidad de hacerlo diariamente como había sido la norma hasta el momento.

“Esta medida aplica para todos los presos políticos recluidos en El Helicoide, hombres y mujeres. A varias familias este fin de semana, después de llegar a El Helicoide, no les aceptaron la comida que con esfuerzo llevaron a sus seres queridos”, denunció el Comité.

El impacto de la decisión recae en detenidos que, según el Comité, “llevan hasta un año sin recibir visitas, sin poder comunicarse por llamadas telefónicas y aislados completamente de sus familias”. A este aislamiento prolongado, se suma ahora la restricción del ingreso de alimentos y la reducción de paquetería a una sola vez por semana.

Los familiares advierten que, para muchas personas privadas de libertad, la entrega de comida no solo garantizaba su alimentación en condiciones mínimas de dignidad, sino que además era el único canal indirecto de contacto con el exterior.

“Quitar este derecho incrementa el riesgo para su salud física y mental, vulnerando gravemente sus derechos humanos”, recalcaron.

La organización responsabiliza al Estado por lo que califican como una violación al derecho a la alimentación, la integridad personal y el debido proceso.

Ante esta situación, el Comité hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a las instancias nacionales competentes para que intervengan ante lo que consideran parte de un patrón ya establecido de “tratos crueles e inhumanos” en centros de reclusión política del país.

Finalmente, exigieron “el cese de estas medidas arbitrarias, el restablecimiento de las visitas y las comunicaciones, y el respeto a la dignidad de todas las personas privadas de libertad por razones políticas”.

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Alertan sobre traslado arbitrario de hermanos Guevara, condenados por caso Danilo Anderson

Varias ONG denunciaron el traslado arbitrario de los expolicías Rolando, Juan y Otoniel Guevara, condenados a prisión en 2005 por el asesinato del fiscal Danilo Anderson.

“En horas de la mañana (de este sábado 2 de agosto) se conoció el rumor de que los hermanos habrían sido trasladados a la cárcel de El Rodeo I (SESMAS). Al acudir a El Helicoide, funcionarios confirmaron que habían sido trasladados, pero no ofrecieron información sobre su paradero”, expuso Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) en su cuenta de X.

De acuerdo a la ONG, los hermanos Guevara permanecieron detenidos arbitrariamente en las instalaciones de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) por más de 20 años.

“Su traslado, sin notificación a sus familiares ni al equipo legal, viola garantías fundamentales y profundiza la angustia e incertidumbre de sus seres queridos”.

El Clippve exigió una fe de vida, información inmediata sobre sus paraderos y respeto a sus dignidades y derechos humanos.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) señaló también en X que la familia de los Guevara se había visto obligada a realizar un recorrido por diversos centros penitenciarios sin obtener respuestas por parte de las autoridades.

“Estos traslados se han ejecutado sin notificación previa ni posterior a los familiares, abogados de confianza ni a los tribunales competentes, contraviniendo el marco legal venezolano, el cual establece que son los jueces que conocen la causa, son la autoridad competente para autorizar y supervisar cualquier traslado de lugar de reclusión”.

La ONG expresó que la situación por la que atraviesan los hermanos Guevara se replica en otros encarcelados.

“Los traslados arbitrarios no solo agravan las condiciones de reclusión, sino que también constituyen una forma de maltrato institucional hacia quienes ya enfrentan múltiples formas de exclusión y abandono. El Estado tiene la obligación de garantizar derechos, no de profundizar el sufrimiento. Hoy, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la legalidad, la dignidad y la justicia para todas las personas privadas de libertad y sus familias”.

Rolando y Otoniel Guevara fueron sentenciados a 27 años de cárcel por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, mientras que a Juan Guevara lo condenaron a 30 años de prisión por el mismo delito y, además, por porte ilícito de armas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Cuando la tortura no termina con la excarcelación

El 3 de agosto de 2024 *Luis fue sacado de su lugar de trabajo de forma violenta por funcionarios policiales que primero lo confundieron con otro nombre. Lo llevaron al comando de un partido político oficialista, donde fue golpeado y obligado a grabar un video confesando ser parte de una presunta conspiración en la región noroccidental del país, donde vive. 

Se le acusó de supuestamente recibir dinero para quemar una sede política. Su primo también fue detenido ese día por presunta complicidad. “Lo obligaron a que admitieran que ellos eran culpables, que María Corina le había dado 2000 dólares para pagar a los comanditos, y que él suministró los cauchos y gasolina para que quemaran el comando”, contó la madre del joven de 23 años en entrevista con Runrun.es.

Su madre, *Ana, que presentaba secuelas por haber sufrido un ACV recientemente, tuvo una crisis cuando intentó verlo. Le negaron información en varios comandos y hospitales. Fue gracias a familiares de cuerpos policiales que logró rastrear su ubicación. Y allí inició un peregrinar de semanas para poder saber del paradero de su hijo entre traslados sin aviso y ocultamiento de información. 

La excarcelación de Luis tuvo lugar en diciembre de 2024. Tal y como fue su detención, se produjo en condiciones irregulares. El 14 de diciembre, el preso político fue trasladado a la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo. El día 27 del mismo mes les dijeron a los familiares que tenían que llevar un plato navideño. La señora Ana se emocionó porque por fin su hijo podría ingerir una comida caliente. Él le decía que la comida de Tocuyito era peor que la de Yare III, calabozos por los que también pasó. 

Ese 27 de diciembre hubo mucha gente, incluso, permitieron la entrada de niños. Era tanta la euforia que su mamá tuvo una subida de tensión y fue atendida en la enfermería de Tocuyito. Le dijeron que habría una sorpresa, y es que su hijo por fin sería excarcelado.

La señora Ana salió emocionada del penal y se encontró con su hermano, quien le preguntó por qué los muchachos no habían salido con ella. Al cabo de unas horas, supieron por otros familiares que a los jóvenes excarcelados los estaban dejando en el terminal Big Low Center, de Valencia. Sin avisar a sus familiares, solo los dejaban allí varados, a la intemperie. 

Después de llegar al terminal de pasajeros y dar vueltas alrededor, Ana se pudo encontrar con su hijo. Finalmente, había sido excarcelado. “Esa fue la alegría más grande de mi vida, el 27 de diciembre, cuando a mi hijo lo liberan”, manifestó. 

Perseguido tras la excarcelación

*Luis fue excarcelado con régimen de presentación cada tres meses en Caracas. Pero la persecución no paró tras salir de la cárcel. Ya no tenía un hogar donde vivir, porque la casa que tenía su madre era del gobierno y se la desvalijaron, les quitaron la bolsa del CLAP y tampoco querían venderle la bombona de gas.

“La casa donde yo estaba la compré por 400 dólares. Era una casa del gobierno. Me dicen que la habían expropiado. Yo consulté y me dijeron que no se podía hacer nada, porque esas casas del gobierno se la podían dar ellos a quien les diera la gana. Yo compré esa casa y yo no sabía que no me pertenecía”, relató su madre.

Luis y su mamá se mudaron a casa de su abuela, pero allí la situación era compleja. El tío del joven no quería que estuvieran allí “porque estaba perseguido por la policía y por el gobierno”. Entonces, decidieron moverse a otra residencia que estaban cuidando, cerca de donde vivían inicialmente. Allí estuvieron durante cuatro meses.

Pero una persona involucrada en la detención de Luis siguió acechandolos. Tuvieron que mudarse otra vez. “Mi hijo tuvo que cambiar de trabajo. Ahora, está en una cauchera, pero la mudaron para otro lado”, contó.

“Los policías iban a dar allá (al trabajo de Luis) y le quitaban dinero para no molestarlo. Mi hijo me decía, ‘mami, no digas nada’. Nos tenían amenazados”, agregó la mamá del joven.

Esa situación los obligó a retornar a la casa de la abuela de Luis, porque en la que estaban la vendieron, pero él no vive tranquilo. Le dice a su mamá que no puede dormir con la luz apagada. Las enciende y pide dormir acompañado, porque teme estar solo. “Yo no quiero estar más nunca en la oscuridad”, dice Luis cada noche.

Su mamá siente que él no le cuenta todo lo que vivió en prisión. El expreso político ha tenido que acudir a terapia psicológica por las secuelas emocionales que le dejó el encarcelamiento arbitrario, y ahora la persecución, de la que sigue siendo víctima.

La mamá del joven fue despedida de su trabajo en un hospital universitario después que él fue detenido. Ahora, apenas sobrevive limpiando casas algunos días de la semana. El golpe emocional, físico y económico ha sido fuerte para ellos. Y todavía no termina.

En un informe publicado a finales de febrero de 2025, Amnistía Internacional denunció que los presos políticos siguen viviendo “un calvario” cuando son excarcelados: muchos deben presentarse frecuentemente a tribunales, lo que dificulta su reinserción a la vida cotidiana. A ello se suma la “vigilancia y el acoso”, tanto contra ellos, como contra sus familiares.

“Las casas de algunos han sido objeto de allanamientos arbitrarios, y en otros casos -los familiares- han recibido amenazas anónimas por su activismo. La represión no se limita a los presos, sino que también afecta a quienes alzan la voz por su liberación”, alertó Amnistía Internacional.

También desde ese mes, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha denunciado que algunos excarcelados son víctimas “de persecución y acoso” por parte de individuos y funcionarios que participaron en sus detenciones.

“Como consecuencia, muchos se han visto obligados a abandonar sus hogares para evitar la angustiante situación de sentirse vigilados o perseguidos, así como el temor constante de volver a ser encarcelados”, alertaron, mientras calificaron estas acciones como una continuación del “terror de Estado” contra la población.

La desaparición y la búsqueda

*Luis, quien sigue siendo hostigado aún excarcelado, padeció durante meses las vejaciones de un sistema de justicia que vulnera los derechos humanos. Y también su madre, quien experimentó varias vejaciones por tratar de estar cerca de su hijo.

Cuando fue detenido en agosto de 2024, Luis fue trasladado a un comando de la División de Investigaciones Penales de la PNB. Cuenta su madre que en ese lugar había varios detenidos poselectorales. Otros familiares tenían que pagar para poder ver a sus hijos. Ella, gracias a que tiene familiares que son funcionarios, no tuvo que pagar.

Allí estuvo unos 15 días. Le raparon el cabello y le hicieron usar un uniforme azul. No le permitieron tener un abogado privado. A mediados de agosto, fue trasladado a Caracas junto a otros detenidos poselectorales, sin avisar a sus familiares el lugar en el cual estaría recluido ahora.

“Cuando lo trasladaron, yo quedé mal, yo decía que me estaban robando a mi hijo, me estaban robando a mi muchacho, me lo estaban quitando. Lloré ese día como no tienes idea”, relató la señora *Ana.

A pesar de sentirse devastada y de sus problemas de salud, la señora Ana pidió un dinero prestado, vendió uno de los aires acondicionados que había comprado su hijo y tomó rumbo a la capital con otras madres. Al llegar, estuvieron en la casa de un familiar de uno de los jóvenes detenidos.

Estar sola en una ciudad lejana

Se asentaron en una zona del oeste de Caracas, pero ese lugar, aunque era de un familiar de los muchachos que estaban presos, no les inspiraba confianza porque la propietaria apoyaba al oficialismo. 

“No nos habíamos fijado que ella tenía un altar de Chávez (…) Eran como las dos de la mañana cuando nos dimos cuenta y a las cinco de la mañana nosotros agarramos nuestros chécheres y nos fuimos”, relató la señora Ana.

El grupo de madres salió de ese lugar y fueron recibidas en un convento, también ubicado en el oeste de Caracas. Allí las ayudaron con todo y les sugirieron acudir al Foro Penal,  donde hizo todas las denuncias necesarias para el caso de su hijo. 

Pero la señora Ana seguía sin tener noticias de él. Llegado septiembre, junto a otras madres, acudió al Ministerio Penitenciario, donde le informaron que su hijo estaba recluido en Yare III, ubicada en San Francisco de Yare, estado Miranda. Sintió un alivio enorme porque ya había ido a Tocuyito y Tocorón, y en esas cárceles le aseguraron que no estaba Aunque recibió esa información, al llegar a Yare III, otra vez los funcionarios negaban que Luis estuviera recluido en este lugar.

A mediados de septiembre, la señora Ana salió del convento y fue acogida por un joven militar en su casa, quien la trató como si fuera de la familia mientras ella atravesaba este proceso.

La señora *Ana nunca recibió una llamada de su hijo y le seguían negando que estuviera en Yare III. No fue sino hasta que recibió una noticia de un familiar que es funcionario que le confirmaron que efectivamente, estaba allí recluido. Por fin pudo verlo, pero no abrazarlo, no se lo permitían.

Cuando la autorizaron para llevarle alimentos y otros objetos para su higiene, solo le recibieron un paquete de pan, otro de galletas, una jarrita de agua, crema dental, jabón y un boxer. *Luis no tenía acceso a una buena alimentación mientras estuvo detenido.

Requisas vejatorias

A mediados de noviembre se hizo un primer traslado de presos políticos poselectorales desde Yare III hacia Tocuyito y Tocorón. La señora *Ana cuenta que supuestamente encontraron drogas dentro del penal y allí comenzaron las requisas abusivas hacia los familiares.

Tanto a ella como a otras madres, el director del penal les preguntaba en tono déspota “¿y dónde está María Corina?”, “por culpa de ella es que estos muchachos están aquí”, y así otras frases revictimizantes y denigrantes.

Luego de esos hechos, iniciaron requisas invasivas en Yare III. La peor que experimentó la señora Ana ocurrió el 5 de noviembre. Todavía la recuerda con mucho dolor. “Yo dije que nos estaban violando”, expresó.

Las mujeres tenían que desnudarse y ponerse en posición de parto. “Nos obligaron a abrir nuestras vaginas con nuestras manos para que ellos nos grabaran y nos alumbraran. Eso fue horrible y denigrante. Nos humillaron horrible”, recordó.

Las requisas descritas por la señora Ana incumplen con los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establecen, en su ítem XXI, que las revisiones corporales a privados de libertad y sus familiares deben “ser compatibles con la dignidad humana y con el respeto a los derechos fundamentales”. Y además especifica: “Los registros intrusivos vaginales y anales serán prohibidos por la ley”.

Ella no le contó nada a su hijo en ese momento, porque la visita era custodiada. Fue cuando salió del lugar que se desahogó con otras madres.

“Mi hijo está enfermo”

Además de ser víctima de hostigamiento posterior a su excarcelación, la prisión injusta y las precarias condiciones de reclusión y alimentación por más de cuatro meses dejaron secuelas en la salud de *Luis. Desde enero ha presentado fuertes malestares. Comenzó con una diarrea y dolor abdominal. Le hicieron exámenes y los médicos han pasado por varios diagnósticos, como gastritis y hepatitis.

“En febrero, cuando le hicimos otra vez los exámenes, arrojaron que tenía una supuesta hepatitis. Se hizo el tratamiento y la dieta”, relató su mamá.

Pero el malestar no paró. A finales de marzo, el día de su cumpleaños, Luis reportó que se sentía mal otra vez. Lo volvieron a llevar al médico y le dijeron que seguía con hepatitis. Esto preocupó a su mamá, porque había pasado mucho tiempo ya y él seguía su alimentación al pie de la letra.

Y llegó el Día de las Madres en mayo. Ese día otra vez volvió a sentirse mal y le mandaron acetaminofén. En junio, después del Día del Padre, los malestares persistían. “Yo veía que él se ponía más mal con la dieta y todo”, relató su madre.

A mediados de ese mes, Luis se puso amarillo y lo llevaron al médico de nuevo, en donde le volvieron a decir que tenía hepatitis. Allí fue cuando ella decidió llevarlo con un gastroenterólogo, quien ordenó otros estudios. Le hicieron una tomografía abdominal y una ecografía.

A finales de julio, fueron a consulta otra vez, y el médico decidió tratarlo por una presunta cirrosis hepática aunque ni él ni su madre entienden este diagnóstico ni qué pudo haberlo causado. *Luis tiene los ojos sumamente amarillos y su mamá está preocupada por su salud.

Luis sigue tratando de recuperar una normalidad que se le hace esquiva. Aunque nuevamente puede ver la luz del sol a diario, las secuelas psicológicas de la prisión, el asedio al que ha sido sometido y las dificultades con su salud no permiten que pase definitivamente la página.

*Los nombres de los entrevistados se modificaron para resguardar la identidad de las víctimas

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

“Mi propósito trasciende eso”: MCM sobre si aún aspira a ser presidenta de Venezuela

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En una entrevista con La Gran Aldea, la líder opositora, María Corina Machado, fue interrogada sobre si aún sigue aspirando a ser la primera mujer presidenta de Venezuela, a un año de los acontecimientos del 28 de julio de 2024.

“Es divertido porque hace un año yo hubiese contestado tajantemente ‘yo voy a ser la próxima presidenta de Venezuela, la primera mujer’. Hoy yo te digo: Mi propósito trasciende eso: yo quiero cumplir el mandato que recibí de los venezolanos de liberar al país y servir donde esté. Y eso le ha dado una gran trascendencia “, expresó.

Machado también fue consultada sobre qué mensaje le enviaría a los ciudadanos que sienten “el peso del cansancio” porque a un año de las presidenciales del 28 de julio pasado -en las que la oposición afirma con las actas emanadas del Consejo Nacional Electoral que el ganador fue Edmundo González- no se ha podido lograr el cambio político que aspiraban.

“Tú no puedes liberar un país si no tienes confianza en su sociedad, y yo tengo confianza en los venezolanos y la he tenido siempre. Por eso sabía que las primarias iban a ser una maravilla, que no hacía falta el CNE. Por eso yo sabía que hicieran las trampas que hicieran nosotros íbamos a poder demostrar nuestra victoria. Y por eso sé que hagan lo que hagan, violencia, mentira y corrupción, a estos tipos los vamos a sacar”, insistió.

En otro apartado de la entrevista, aseguró que no están de brazos cruzados y que la libertad necesita de la participación de todos los ciudadanos: “Cuando me vienen con el cuento de que la gente se desmoraliza, que pierde la esperanza, digo: no. Aquí todo el mundo sabe que lo que está en juego es la vida de nuestros hijos. Esto no tiene límite de tiempo, pero sí tiene urgencia. No estamos esperando que las cosas pasen. Estamos haciendo que las cosas pasen. Pero todo el mundo tiene que trabajar. No depende de mí, ni de Edmundo, ni de un partido. Depende de los 30 millones de venezolanos”.

Sin embargo, manifestó que “el día o momento exacto, nadie lo puede afirmar”, pero sí tiene claro el “destino”.

“Esto trasciende este régimen. Maduro y su régimen van a salir, de una manera y otra, con negociación o sin negociación, un día antes o después, eso está escrito, va a pasar. El gran desafío es esa Venezuela en ruinas, tendremos una responsabilidad histórica, Construir toda una relación entre Estado-ciudadano desde cero”, dijo.

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Machado está convencida de que vendrá una “Venezuela luminosa” después de finalizar la etapa “más oscura”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Solicitan información sobre paradero de dirigente político José Riera

Familiares del dirigente político José Riera denunciaron que tienen una semana sin conocer el paradero de este, luego que fuese detenido de manera arbitraria el pasado 26 de julio por funcionarios de seguridad del Estado.

Dos hermanas de Riera dijeron a través de un video publicado en las redes sociales del partido Voluntad Popular que la desaparición forzada de Riera ha generado angustia en el seno de la familia. 

“No hemos tenido ninguna llamada, ningún mensaje. No se le permite comunicarse con sus familiares, no se le permite comunicarse con sus abogados, y esto es, simplemente, una violación a sus derechos humanos”, señaló una de las hermanas de Riera.

Señalaron que desconocen si ha recibido algún medicamento en vista que es hipertenso y padece de alergias.

“No hay fe de vida, no hay contacto, no hay respuestas. José necesita sus medicamentos, es alérgico y estaba bajo observación médica por su presión arterial. Su vida corre peligro. Exigimos saber dónde está José y su liberación inmediata”, agregó VP en su cuenta de X.

Los familiares hicieron un llamado a las autoridades para que no comentan exceso alguno y respeten los derechos humanos de Riera, a la par que exigieron una fe de vida luego de más de una semana sin saber de él.

El pasado viernes 1 de agosto, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció que se desconoce el paradero de Riera y dijo que se trata de un caso de desaparición forzada.

“Sus hermanas están desesperadas, temen por su vida y por su integridad física. El Estado tiene la obligación de dar respuestas. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad”.

Previo a las elecciones del pasado 27 de julio, Amnistía Internacional (AI) advirtió sobre un aumento drástico de las detenciones hechas por la administración de Nicolás Maduro.

La organización internacional dijo que la ola de represión sistemática se desató luego de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro sin hasta ahora mostrar actas ni resultados desagregados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.