Venezuela entregó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), este 11 de agosto, la documentación que prueba sus derechos sobre el territorio Esequibo, zona de 159.542 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana desde hace 125 años.
Pero a la par de que la comisión presidencial para la defensa de la Guayana Esequiba entregara, según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, 50 tomos con los alegatos escritos y las pruebas, la administración de Nicolás Maduro no solo volvió a enfatizar que no reconoce la jurisdicción de la CIJ para decidir sobre la controversia territorial, sino que advirtió que una sentencia que perjudique los intereses del Estado venezolano no será acatada.
“Venezuela ha dicho que no va a acatar las normas, pero en el juicio ha seguido todo lo que se afirma. Sin embargo, el Gobierno de Venezuela tampoco acató la orden preliminar de la CIJ sobre que no se hicieran elecciones referidas al territorio Esequibo. En todo caso, los países siempre dicen esto, pero las decisiones de la CIJ se llevan al Consejo de Seguridad si no son cumplidas. En este momento Guyana es miembro del Consejo de Seguridad, pero lo dejará este diciembre”, explicó el abogado experto en derecho internacional, Juan Sainz Borgo.
En declaraciones a #LaHoradeVenezuela, el profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) indicó que cruzado el puente de un eventual desconocimiento de Venezuela a una sentencia de la Corte, estaría por verse qué ocurre en el Consejo de Seguridad, puesto que el gobierno guyanés ha venido haciendo un trabajo ante un probable desacato de Venezuela.
También recordó que Venezuela no ha pagado sus cuotas en la ONU y no tiene derecho al voto.
En diciembre de 2023, pese a la protesta de Guyana y la petición de la CIJ de abstenerse de realizar cualquier acción que empeore la disputa territorial, el chavismo promovió un referendo popular con el que se aprobó el apoyo de todas las medidas de Miraflores para recuperar el Esequibo, el desconocimiento a la jurisdicción de la CIJ y la creación del estado Guayana Esequiba.
Luego, incluyó al nuevo estado Guayana Esequiba en las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo, en las que se escogió a un gobernador que despacha en territorio venezolano (Tumeremo, estado Bolívar), un Consejo Legislativo con ocho diputados y seis diputados de la Asamblea Nacional (AN). Esto ocurrió pese a que la CIJ emitió una medida cautelar (2 de mayo) para impedir los comicios en el territorio Esequibo.
El investigador del Instituto de Derecho Público de la UCV apunta que el Estado venezolano, por recomendaciones, ha seguido todas las instrucciones de la Corte en el proceso y se ha atenido a los lapsos procesales establecido en un calendario votado, aprobado y comunicado a las partes del juicio.
“En el caso de la Guayana Esequiba, la CIJ publicó el 14 de junio del año pasado el calendario que decía que Guyana debía presentar la respuesta a la contestación de la demanda de Venezuela antes del 9 de diciembre de 2024 (llamado réplica) y Venezuela debía responder este escrito, que se llama duplica, antes del 11 de agosto de 2025 y así lo hizo”, dijo el abogado.
¿Qué sigue?
“Guyana tiene el deber de cumplir sus obligaciones internacionales y sentarse pacíficamente a hablar con Venezuela sin usar la fuerza y sin pedir intervención de potencias extranjeras con el interés de apropiarse de recursos naturales”, instó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Este 12 de agosto, el canciller de Guyana, Hugh Todd, declaró que su país está comprometido a resolver la controversia fronteriza con Venezuela por la región del Esequibo «de forma pacífica y conforme al derecho internacional».
Luego de presentar la contramemoria o duplica, de acuerdo con Sainz Borgo, la Corte se reúne, examina los recaudos presentados y fija una fecha para pronunciar sentencia, la cual estima, debería producirse para dentro de un año.
“Qué puede decidir la Corte: Si es válido el Laudo o no. Eso es clave. A partir de allí se abrirá un gran número de preguntas: ¿Es válido el límite terrestre actual o no? En todo caso, se abre entonces la delimitación marina y submarina que es la que más preocupa a Guyana por las explotaciones petroleras y a Venezuela por lo mismo, más la entrada al Orinoco. El tema es que el país no sabe que se contestó (la comisión presidencial a la CIJ), no se consultó a los especialistas, no se abrió un debate sobre la respuesta de Venezuela ni como llevar el caso. Así que para el país la decisión será una sorpresa”, criticó el jurista.
Guyana defiende el Laudo Arbitral de 1899, el que definió la actual frontera y apuesta por resolver el conflicto territorial a través del proceso abierto en la CIJ. Venezuela, en cambio, declaró nulo el Laudo y se aferra al Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo cual no ha llegado a materializarse.
El reclamo histórico, de más de 100 años sobre el Esequibo, se ahondó entre Venezuela y Guyana después de que este último aprobó la exploración de petróleo en un mar pendiente por delimitar que considera como suyo. Ante esto, elevó en 2018 ante la CIJ, una solicitud para validar el Laudo Arbitral de París que despojó a Venezuela del Esequibo a finales del siglo XIX.
Delcy Rodríguez señaló que es una maniobra del vecino país para despojar a Venezuela de sus recursos.
Para el jurista, la controversia territorial aún no está cerca de resolverse. “Apenas estamos comenzando. La decisión de la CIJ lo que hará es brindar la certeza jurídica que no hemos tenido en 125 años. A partir de ahora, y especialmente después del Convenio de Ginebra que ratificó que Venezuela planteaba una disputa, sabremos los próximos pasos. Pero en cualquier caso, cualquier decisión, abrirá una nueva fase de determinación de límites para el futuro”, subrayó.
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