Si se va a hacer, que se haga bien. La asociación civil Acceso a la Justicia presentó este viernes, 23 de septiembre, un baremo para evaluar a quienes se postulen a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), basado en los principios constitucionales y de meritocracia.
Los directores de la organización, Laura Louza y Alí Daniels, insistieron en que el instrumento busca “que la excelencia llegue al TSJ” y así el país logre tener magistrados que se atrevan a decirle “no” al poder, y que sean realmente independientes e imparciales. Su expectativa es que este baremo sea tomado en cuenta y que luego se publiquen los resultados en aras de la transparencia.
El proceso de renovación total del Tribunal Supremo, derivado de los acuerdos de la mesa de diálogo entre el oficialismo y parte de la oposición venezolana, hasta ahora solo ha concretado la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del TSJ el 1 de septiembre.
Aún se debe conformar el Comité Preliminar integrado por los diputados de la Asamblea Nacional, para luego abrir el lapso para escoger a 12 miembros de la sociedad civil y después crear el Comité de Postulaciones Judiciales. Solo entonces se podrán postular las y los aspirantes a magistrados.
Estimaron que el proceso puede durar entre dos a tres meses, y en este sentido Daniels opinó que no se le está dando la suficiente prioridad al asunto y que esto también contribuye a retrasar el proceso general hacia una transición democrática en Venezuela.
El instrumento de evaluación tomó en cuenta referencias en otros países como México, Chile y España, entre otros, y busca establecer unas pautas o características base en cuanto al perfil profesional, académico y judicial del aspirante, a las que se le asignan puntos para un puntaje final que determine su idoneidad para asumir el cargo.
Además de los años de experiencia o el nivel de profesionalización, entre los aspectos a valorar incluyeron por ejemplo que no tenga denuncias en su contra por delitos como violencia de género, que no haya cometido plagio o que no aparezca en informes nacionales e internacionales que los acusen de violación de derechos humanos.
Louza y Alí Daniels indicaron que le harán llegar la propuesta a los integrantes de la Asamblea Nacional de 2015, con quienes han mantenido contacto.
Pueden leer la iniciativa completa haciendo clic aquí.
Tres meses después del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio del 2026, la respuesta comunicacional del Estado sigue siendo tardía y no presenta un panorama completo sobre lo sucedido. Un análisis presentado por ProBox(ONG dedicada al monitoreo de la desinformación y el comportamiento digital en Venezuela), reveló que, tras este evento, los balances oficiales sobre las víctimas y los daños materiales siguen siendo una incógnita para la población venezolana.
Esta organización no gubernamental puso bajo la lupa el desempeño comunicacional de 41 instituciones estatales durante la contingencia. Los resultados muestran una brecha significativa entre el sesgo propagandístico, la censura y la falta de datos útiles para orientar a la población en momentos de catástrofes.
Frente a las acusaciones delentitud y falta de coordinación formuladas por sobrevivientes y periodistas independientes, el discurso oficial intentó posicionar una narrativa de “despliegue inmediato” y “matrices de caos”. Sin embargo, los datos presentados en la investigación desmontan el relato gubernamental.
¿Silencio ante una catástrofe?
En una emergencia de gran escala (como lo fueron estos sismos, unos de los más fuertes en casi un siglo) los primeros minutos y horas son determinantes para la supervivencia de los afectados. Pese a esto, el análisis de ProBox revela que, de las 41 instituciones con competencias directas para atender la crisis, solo 6 (el 15 %) publicaron alguna información el día de la tragedia.
Otras 14 instituciones tardaron entre 24 y 48 horas en emitir algún mensaje, mientras que el grupo más numeroso, conformado por 21 organismos (más del 51 %), tardó tres días o más en pronunciarse y otros, nunca emitieron una nota al respecto.
Entre las instituciones que no emitieron un comunicado (según los datos proporcionados por la ONG) destacan el Cicpc, el Semanecf, el Ministerio Público y los despachos encargados de los servicios básicos (agua, electricidad, transporte y telecomunicaciones), entes esenciales para el reporte de personas desaparecidas, fallecidas y asistencia primaria.
Asimismo, el informe asegura que autoridades del estado duraron horas en dar declaraciones y sus intervenciones dejaron fuera la información esencial.
“Delcy Rodríguez habló casi cuatro horas después del terremoto, y tampoco ofreció cifras sobre el estado más perjudicado, La Guaira, solo lo calificó como ‘duramente afectado ‘. El primer reporte con información sobre ese estado no llegó sino hasta las 12:04 de la madrugada del día siguiente, 25 de junio, casi seis horas después del doble terremoto, cuando se declaró zona de desastre”, así expuso probox en su informe.
Propaganda ante el caos
Asimismo, este trabajo de investigación midió la calidad y efectividad del contenido difundido por los entes gubernamentales. Apenas 5 de las 41 instituciones brindaron información completa, técnica y orientada a atender la emergencia conforme a sus responsabilidades, lo que corresponde al 12 % de los entes pertinentes.
Solo 15 organismos ofrecieron datos reales, pero de forma aislada, descontextualizada o sin la continuidad requerida (lo que se traduce al 37 %) y 21 instituciones se dedicaron exclusivamente a publicar recorridos de funcionarios, fotos de inspecciones, agradecimientos políticos o mantuvieron silencio ante la emergencia(51 % de los agentes).
Funvisis y el silencio en la Guaira
El reporte recalca que esta fundación, encargada de monitorear y estudiar la actividad sísmica en Venezuela, tardó más de un mes (31 de julio) en publicar el comunicado técnico oficial con los parámetros del sismo. Asimismo, cinco horas después del evento, emitió su primer reporte cuando organismos internacionales como el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) ya habían difundido los datos precisos apenas 14 minutos después del acontecimiento.
Por otra parte, la Gobernación del estado La Guaira ofreció la cobertura más deficiente de las gobernaciones evaluadas en la investigación. Pese a ser el epicentro de la tragedia, su portal web no registró datos de la emergencia y el gobernador José Alejandro Terán no ofreció una entrevista detallada sobre la situación sino 18 días después del suceso.
Hacer periodismo en Venezuela
La falta de información gubernamental coincidió con severas restricciones al trabajo de la prensa libre. IPYS Venezuela documentó traba de accesos, requisitos de acreditación arbitrarios para ingresar a zonas de desastre en La Guaira y la vigencia de bloqueos en internet a más de 90 portales de noticias independientes.
Hasta la fecha, las cifras oficiales permanecen congeladas. El último balance general fue ofrecido el 24 de agosto (6509 fallecidos y 226 696 atendidos), mientras que el registro de personas desaparecidas no se actualiza desde el 25 de junio, obligando a la ciudadanía a organizarse en plataformas digitales independientes para rastrear a sus familiares. ProBox recuerda que diversos estándares internacionales como el Marco de Sendai de Naciones Unidas, las guías de UNDRR, INSARAG y los estándares humanitarios Esfera/CHS coinciden en algo básico:
“durante una emergencia, la información debe llegar temprano, ser clara y servir para tomar decisiones”, así comunicó la organización en su análisis.
Concluyeron que esto demuestra que, en momentos de catástrofes, la desinformación e ineficiencia también cuestan vidas.
Por último, ProBox denuncia que aún a tres meses de los sismos todavía no hay un “balance público, completo y actualizado de la emergencia”. Se desconoce con exactitud la cifra de desaparecidos, daños, personas refugiados, estado de los servicios básicos y de las necesidades que persisten.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Más de 165 personas de comunidades indígenas Ye’kwana y Sanema del municipio Manapiare, en el estado Amazonas, estarían afectadas en el marco de una emergencia sanitaria por una enfermedad sin precisar hasta los momentos, de acuerdo con información recibida por el programa Wayamoutheri de la organización indígena Kuyunu y difundida este 25 de septiembre.
Según el reporte, entre los síntomas registrados por los convalecientes, se encuentran fiebre alta, vómito, diarrea, bronconeumonía, tos, dolor de cabeza y malestar general. Los niños y niñas serían los más afectados.
En una publicación en su perfil en IG, Wayamoutheri identificó como comunidades afectadas a Cacurí, Joroimeña, Curaguaña, Yajatacuweña, Cujeriña, Macunaima, Tencua, Wachamo, Puerto Unión, San Martín, Caño Negro y áreas vecinas. Kuyunu forma parte de las organizaciones del pueblo Ye’kwana que trabajan en el medio y alto Ventuari, junto con la Unión Maquiritare de Alto Ventuari (UMAV), entre otras instancias indígenas.
Muertes infantiles
El comunicado señala tres fallecimientos que atribuye a esta emergencia sanitaria: una niña de un año, de la comunidad Wasaraña; una recién nacida de tres días, de Cacurí; y una niña de seis años, de Isla Tití. La alerta advierte además sobre dos casos considerados críticos en la comunidad de Cacurí.
De acuerdo con el reporte, una niña Ye’kwana y un bebé Sanema se encuentran graves y necesitan ser trasladados por vía aérea hasta el hospital de Puerto Ayacucho. La situación se complica por las limitaciones de los servicios de salud locales. Wayamoutheri señala que los ambulatorios de Tencua y Cacurí no disponen de suficientes medicamentos ni insumos médicos.
Piden intervención sanitaria urgente
Ante la situación, Wayamoutheri y Kuyunu solicitan a las autoridades nacionales, regionales y municipales una respuesta inmediata.
Entre las medidas requeridas están la evacuación aérea de los pacientes graves en Cacurí, el envío de medicamentos e insumos médicos esenciales y el despliegue de un equipo sanitario que permita investigar el origen de los casos y contener la enfermedad.
La solicitud fue dirigida, entre otras instituciones, a la Alcaldía Indígena de Manapiare, la Gobernación de Amazonas, Amazonas Salud, el Ministerio de Salud y las instancias de salud indígena.
El programa también pidió difundir la alerta para propiciar una respuesta de los organismos del Estado venezolano y atender a las comunidades afectadas.
Las carencias no son novedad
Un informe deHuman Rights Watchdifundido en septiembre de 2026 señala que los pueblos indígenas en Venezuela continúan enfrentando falta de recursos y dificultades para acceder a una alimentación adecuada, además de una afectación desproporcionada por la desnutrición y la pobreza extrema.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también ha recibido reportes sobre morbilidad y mortalidad materna entre los pueblos Ye’kwana y Sanemá, así como sobre la escasez de centros de salud y la falta de medicamentos y equipos médicos.
Mientras que, en su informe anual de 2025, Provea calificó de “grave” la situación en que se encuentran los pueblos indígenas del país debido “a las condiciones sanitarias vinculadas al crecimiento de la minería con un consecuente aumento de los focos mineros en varias regiones”.
Además de aumento de morbilidad y mortalidad por tuberculosis y paludismo, la ONG alertó sobre muertes infantiles por enfermedades prevenibles y tratables como diarrea, vómito y enfermedades respiratorias, debido al consumo de agua contaminada principalmente por mercurio, utilizado en la minería ilegal de oro, que envenena fuentes de agua y los peces, base de la alimentación de muchas comunidades.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Fiscalía Federal de Nueva York se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro. La institución argumentó que existe «un riesgo extremo de fuga» que representan un «peligro para el público», según documentos judiciales presentados a la agencia de noticias EFE el pasado 24 de septiembre.
Agregó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos obtenidos a través de la corrupción durante el mandato de Maduro y el Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), sus conexiones con agentes internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra: narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra.
Al 24 de septiembre de 2026. Caso Maduro-Flores:
Poco antes de la medianoche de ayer, 23 de septiembre de 2026, la Fiscalía ratificó su rechazo a la solicitud de libertad provisional de Cilia Flores, presentando formalmente su oposición escrita ante la Corte de Nueva York que…
El equipo de abogados también destacó la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.
La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de septiembre que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas. La defensa de la exmandataria denunció que Flores ha perdido hasta 11 kilos de peso, un par de muelas y se encuentra en tratamiento cardíaco.
El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. La decisión definitiva sobre su solicitud de arresto domiciliario será evaluada ante el jurado el próximo 8 de octubre.
De ser declarada culpable, Cilia Flores se enfrentaría a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
«Ya basta de retórica. El país necesita garantías para ejercer los derechos políticos, recuperar las tarjetas y los símbolos de los partidos, eliminar las inhabilitaciones, liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos, asegurar la independencia de los poderes y contar con un CNE [Consejo Nacional Electoral] confiable, plazos claros y un cronograma electoral verificable», exigió la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) este 24 de septiembre en sus redes sociales.
La coalición de partidos políticos venezolanos se pronunció luego de que Delcy Rodríguez, presidente encargada de Venezuela con el aval de Estados Unidos, se pronunciara ante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el pasado 23 de septiembre.
Durante la alocución en Estados Unidos, Rodríguez afirmó que en Venezuela habría elecciones, pero no especificó la fecha. También nombró la necesidad de restaurar los derechos civiles y políticos en el país. «Venezuela garantizará condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas del país. La democracia no se mide por la existencia de elecciones, la democracia se define por la cantidad de las condiciones antes de esas elecciones», dijo.
Sin embargo, la PUD recordó que Rodríguez forma parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al que pertenecen la mayoría de quienes han conformado el gabinete autoritario en las últimas dos décadas y media. El país atraviesa su decimoséptima iniciativa de diálogo entre el PSUV y la oposición, según información recopilada por el medio El Pitazo.
«Delcy Rodríguez ha sido parte de los 27 años durante los cuales se produjo la falta de democracia, se consolidó el privilegio por pertenecer a un partido y se profundizó la persecución política. Por eso, sus compromisos deben estar acompañados de acciones concretas, verificables y coherentes con la urgencia que vive Venezuela».
Venezuela escuchó ayer, ante la Asamblea General de la ONU, compromisos que deben traducirse de inmediato en hechos concretos y verificables.
Ya basta de retórica. El país necesita garantías para ejercer los derechos políticos, recuperar las tarjetas y los símbolos de los…
Bajo el acompañamiento del gobierno estadounidense, el PSUV se ha sentado con miembros de partidos opositores liderados por Dinorah Figuera. En su segunda ronda de conversaciones, la mesa de diálogo venezolana espera derogar leyes que restringen los derechos humanos y promover libertades políticas. Hasta la fecha de publicación de esta nota, ninguna de las partes del diálogo ha publicado sus avances.
«Venezuela exige hechos, no más promesas. La democracia no admite más excusas», denunció la Plataforma Unitaria.
Después del gran impacto del doblete sísmico el pasado 24 de junio, miles de hogares se enfrentaron contra dificultades para poder acceder a agua, alimentos, refugios temporales, protección y educación. Ante esta situación, World Visioncreó una respuesta que hasta el momento ha alcanzado a 130 321 personas pertenecientes a 27 809 familias, de las cuales 38 663 corresponden a niñas, niños y adolescentes.
En nota de prensa, informaron que los planes en las zonas afectadas combinan acciones en áreas clave, como la asistencia en agua, saneamiento e higiene (WASH), nutrición, seguridad alimentaria y protección. Como parte del apoyo psicológico, acondicionaron más de 20 Espacios Amigables para la Niñez (EAN), los cuales están diseñados para ofrecer un entorno seguro y de soporte afectivo para la infancia.
El clima y la salud
En los refugios temporales la emergencia se ha visto más complicada, ya que han ocurrido cambios ambientales, como episodios de calor intenso seguidos de precipitaciones fuertes. Estas variaciones aumentan la exposición a cuadros de deshidratación y patologías gastrointestinales entre la población infantil y juvenil.
Ante esta situación, Maribel Prada, gerente país de World Vision Venezuela, sostiene que tras brindar atención a más de 130 000 personas se reconoce que los problemas persisten por el clima y resalta la importancia de mantener la protección de la niñez en el centro de las acciones para resguardar su salud y bienestar.
“A tres meses de los devastadores terremotos, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de permanecer al lado de las familias y la niñez más vulnerable. Tras brindar asistencia multisectorial a más de 130 000 personas, reconocemos que los desafíos persisten, agudizados por la volatilidad climática. Mantener la protección de cada niña y niño como el centro de nuestra respuesta es fundamental para resguardar su salud, dignidad y bienestar.”, afirma Maribel Prada, Gerente País World Vision Venezuela.
Por otro lado, la líder comunitaria, Bringer Figueroa señala que en sectores con más de 600 habitantes la llegada de agua y kits de higiene resulta indispensable, ya que el agua recibida a través de tuberías no se encuentra en condiciones aptas para el consumo.
“En mi comunidad estamos agradecidos con World Vision por la jornada de hoy. Nos suministraron agua y kits de aseo para quienes más lo necesitan. Somos una población de 131 niños, 74 adultos mayores y 640 personas en total. El agua que nos llega por tuberías no está apta para el consumo humano, y estas jornadas son muy necesarias.”, dice Bringer Figueroa, líder comunitaria de La Guaira.
Ayuda a futuro
Por las dificultades que han seguido persistiendo tras la emergencia, World Vision planea extender la entrega planificada de agua potable en los sectores de mayor urgencia, además de impartir pautas de adaptación ante lluvias intensas y altas temperaturas durante las actividades que se realicen. De todos modos, buscan dar continuidad a la atención psicosocial y a las dinámicas formativas dentro de los Espacios Amigables para la Niñez.
En las áreas de saneamiento, la organización ha llevado a cabo el diseño del programa de Educación en Emergencias, la cual trata de una estrategia que busca canalizar alianzas para evitar la interrupción del aprendizaje de las niñas y niños durante el periodo de recuperación posterior a los sismos.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 25 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.
El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos
Se cumplen tres meses desde los terremotos que afectaron el norte y el noreste de Venezuela, y el Gobierno interino sigue en la costumbre de la opacidad. El equipo de la Alianza Rebelde Investiga —periodistas de Runrun.es, TalCual y El Pitazo— visitó 17 edificios de la OPPPE (Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales) en Caracas con ingenieros expertos independietes y detectaron inconsistencias entre las etiquetas que indicaban la gravedad del edificio y las fallas reales que presentaban.
También vieron que la atención que recibían cada edificio correspondía a un «padrino» asignado por el Gobierno interino, instituciones de la administración pública encargadas de velar por los avances de la reparación. Mientras algunos edificios llevan reparaciones en proceso, otros vecinos deben dormir en carpas cerca de sus hogares, pero los padrinos le piden que las carpas «no se vean» ante el público.
«Ahora la Secretaría de Salud del estado Lara no envió el gasoil, ellos son los culpables de la situación que está pasando ahorita porque la administración reporta la falta de gasoil», declaró a El Pitazo Anabelle Camacaro, familiar de uno de los 42 pacientes renales en Lara que no pueden tener tratamiento en la Unidad de Diálisis de Barquisimeto por los constantes cortes del servicio eléctrico. La Secretaría de Salud es el ente encargado de llevar gasoil a la planta eléctrica que mantiene la Unidad de Diálisis.
Azuquita pa’l café
#24Sep | 🥇🇻🇪 Venezuela conquistó la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras imponerse a Chile en la tanda de penaltis.
⚽ La Vinotinto consiguió igualar el marcador con un gol en el último minuto del tiempo reglamentario, lo que llevó… pic.twitter.com/BhKaGkwUYe
#24Sep#Portuguesa#Protestas#SinLuz María Gabriela Gil, esposa del gobernador del estado Portuguesa, Primitivo Cedeño, se convirtió en tendencia tras cuestionar a los ciudadanos que protestaban contra el severo racionamiento eléctrico en la entidad y preguntar públicamente si…
En Caracas, los terremotos del 24 de junio de 2026 destruyeron parcialmente al menos 14 de las 36 torres construidas por la extinta Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe) para la Gran Misión Vivienda Venezuela creada durante el gobierno de Hugo Chávez. Así lo revela la más reciente investigación de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por Runrun.es, El Pitazoy TalCual, cuyo equipo recorrió 17 de estos edificios porque sus daños habían sido documentados a través de reportes en medios de comunicación y redes sociales.
Tres meses después del doblete sísmico, estos 14 edificios tenían etiqueta amarilla con daños de mampostería en los primeros cuatro a seis pisos de las estructuras. Entre las áreas afectadas se encontraban los locales comerciales, así como las plantas bajas, que obligaron a la mayoría de sus residentes a desalojar temporalmente sus apartamentos y trasladarse en algunos casos a albergues temporales.
Para indagar el impacto de los daños, dos ingenieros acompañaron el recorrido del equipo ARI. En cada visita se completó un formulario para conocer datos del edificio —como el número de torres, pisos o apartamentos por nivel— y el estatus de las reparaciones y de habitabilidad de las estructuras. Se conoció que entre edificios variaba el ente encargado de las restauraciones, bajo la figura de los “padrinos”. Mientras en la mayoría estaban en desarrollo los arreglos, en tres conjuntos residenciales aún no habían iniciado. Solo uno de los edificios renovados (Opppe 11 – Gigante de Latinoamérica) fue entregado de manera oficial a sus beneficiarios con una visita de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
Una de estas edificaciones afectadas fue la Opppe 58 de la parroquia Santa Teresa, a cuyos habitantes les inquietó la contradicción que se presentó entre las dos evaluaciones que se hicieron a esa construcción: tras la primera inspección, los ingenieros le pusieron una etiqueta roja en la entrada, lo que señalaba que la estructura estaba en riesgo. Esto de acuerdo con el método del semáforo técnico adoptado por el gobierno nacional para determinar si, luego del terremoto, un edificio podía ocuparse (verde), requería intervenciones (amarillo) o debía evacuarse (rojo).
Sin embargo, en una segunda revisión, cambiaron la etiqueta por una calcomanía verde ya que, aparentemente, no hubo daños estructurales. Indicaron, no obstante, que debían demoler y restaurar dos paredes de la planta “para mitigar riesgos”, y que había que corregir afectaciones en los servicios de agua y gas.
La misma incongruencia de criterios se detectó en otros dos edificios de la Opppe en Caracas. Y esa es apenas una de las irregularidades que la ARI identificó en los urbanismos visitados.
La mayoría de los entrevistados mencionó que el Gobierno les había entregado los materiales que reposaban en la planta baja del edificio o en sus apartamentos, como bloqueos o bolsas de cemento. Sin embargo, en algunos casos señalaban que lo que hacía falta era la mano de obra. Algunos de los que permanecían en carpas en las calles advirtieron que sabían que su presencia ahí era incómoda para las autoridades, y que estos preferían que esa realidad fuese menos visible.
