Tres meses después del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio del 2026, la respuesta comunicacional del Estado sigue siendo tardía y no presenta un panorama completo sobre lo sucedido. Un análisis presentado por ProBox (ONG dedicada al monitoreo de la desinformación y el comportamiento digital en Venezuela), reveló que, tras este evento, los balances oficiales sobre las víctimas y los daños materiales siguen siendo una incógnita para la población venezolana.
Esta organización no gubernamental puso bajo la lupa el desempeño comunicacional de 41 instituciones estatales durante la contingencia. Los resultados muestran una brecha significativa entre el sesgo propagandístico, la censura y la falta de datos útiles para orientar a la población en momentos de catástrofes.
Frente a las acusaciones de lentitud y falta de coordinación formuladas por sobrevivientes y periodistas independientes, el discurso oficial intentó posicionar una narrativa de “despliegue inmediato” y “matrices de caos”. Sin embargo, los datos presentados en la investigación desmontan el relato gubernamental.
¿Silencio ante una catástrofe?
En una emergencia de gran escala (como lo fueron estos sismos, unos de los más fuertes en casi un siglo) los primeros minutos y horas son determinantes para la supervivencia de los afectados. Pese a esto, el análisis de ProBox revela que, de las 41 instituciones con competencias directas para atender la crisis, solo 6 (el 15 %) publicaron alguna información el día de la tragedia.
Otras 14 instituciones tardaron entre 24 y 48 horas en emitir algún mensaje, mientras que el grupo más numeroso, conformado por 21 organismos (más del 51 %), tardó tres días o más en pronunciarse y otros, nunca emitieron una nota al respecto.
Entre las instituciones que no emitieron un comunicado (según los datos proporcionados por la ONG) destacan el Cicpc, el Semanecf, el Ministerio Público y los despachos encargados de los servicios básicos (agua, electricidad, transporte y telecomunicaciones), entes esenciales para el reporte de personas desaparecidas, fallecidas y asistencia primaria.
Asimismo, el informe asegura que autoridades del estado duraron horas en dar declaraciones y sus intervenciones dejaron fuera la información esencial.
“Delcy Rodríguez habló casi cuatro horas después del terremoto, y tampoco ofreció cifras sobre el estado más perjudicado, La Guaira, solo lo calificó como ‘duramente afectado ‘. El primer reporte con información sobre ese estado no llegó sino hasta las 12:04 de la madrugada del día siguiente, 25 de junio, casi seis horas después del doble terremoto, cuando se declaró zona de desastre”, así expuso probox en su informe.
Propaganda ante el caos
Asimismo, este trabajo de investigación midió la calidad y efectividad del contenido difundido por los entes gubernamentales. Apenas 5 de las 41 instituciones brindaron información completa, técnica y orientada a atender la emergencia conforme a sus responsabilidades, lo que corresponde al 12 % de los entes pertinentes.
Solo 15 organismos ofrecieron datos reales, pero de forma aislada, descontextualizada o sin la continuidad requerida (lo que se traduce al 37 %) y 21 instituciones se dedicaron exclusivamente a publicar recorridos de funcionarios, fotos de inspecciones, agradecimientos políticos o mantuvieron silencio ante la emergencia (51 % de los agentes).
Funvisis y el silencio en la Guaira
El reporte recalca que esta fundación, encargada de monitorear y estudiar la actividad sísmica en Venezuela, tardó más de un mes (31 de julio) en publicar el comunicado técnico oficial con los parámetros del sismo. Asimismo, cinco horas después del evento, emitió su primer reporte cuando organismos internacionales como el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) ya habían difundido los datos precisos apenas 14 minutos después del acontecimiento.
Por otra parte, la Gobernación del estado La Guaira ofreció la cobertura más deficiente de las gobernaciones evaluadas en la investigación. Pese a ser el epicentro de la tragedia, su portal web no registró datos de la emergencia y el gobernador José Alejandro Terán no ofreció una entrevista detallada sobre la situación sino 18 días después del suceso.
Hacer periodismo en Venezuela
La falta de información gubernamental coincidió con severas restricciones al trabajo de la prensa libre. IPYS Venezuela documentó traba de accesos, requisitos de acreditación arbitrarios para ingresar a zonas de desastre en La Guaira y la vigencia de bloqueos en internet a más de 90 portales de noticias independientes.
Hasta la fecha, las cifras oficiales permanecen congeladas. El último balance general fue ofrecido el 24 de agosto (6509 fallecidos y 226 696 atendidos), mientras que el registro de personas desaparecidas no se actualiza desde el 25 de junio, obligando a la ciudadanía a organizarse en plataformas digitales independientes para rastrear a sus familiares. ProBox recuerda que diversos estándares internacionales como el Marco de Sendai de Naciones Unidas, las guías de UNDRR, INSARAG y los estándares humanitarios Esfera/CHS coinciden en algo básico:
“durante una emergencia, la información debe llegar temprano, ser clara y servir para tomar decisiones”, así comunicó la organización en su análisis.
Concluyeron que esto demuestra que, en momentos de catástrofes, la desinformación e ineficiencia también cuestan vidas.
Por último, ProBox denuncia que aún a tres meses de los sismos todavía no hay un “balance público, completo y actualizado de la emergencia”. Se desconoce con exactitud la cifra de desaparecidos, daños, personas refugiados, estado de los servicios básicos y de las necesidades que persisten.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
