La ONG Acceso a la Justicia resaltó este 3 de noviembre que, por vez primera en dos décadas, la Asamblea Nacional de Venezuela, en esta oportunidad controlada por el chavismo, presentó el baremo para seleccionar a los integrantes del próximo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
De acuerdo con artículo 73 de la Ley Orgánica del TSJ, “el Comité de Postulaciones Judiciales aprobará por las dos terceras partes de sus integrantes, el baremo que se utilizará para la preselección de las postuladas o postulados”.
El instrumento legal resalta también que “en caso de que el número de postuladas o postulados no exceda al triple del número de tales cargos, se preseleccionarán todos las postuladas y postulados respectivos”.
La escala de calificación llega hasta los 100 puntos, donde la Formación Académica y Producción Intelectual tienen un valor de 28 puntos.
Hasta finales del mes pasado, el Comité de Postulaciones Judiciales habría recibido 83 postulaciones para 32 cargos de magistrados del TSJ.
El Comité presidido por el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Giuseppe Alessandrello, indicó que 13 personas se han postulado para la función de inspector general de tribunales y cuatro para la Dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura.
Dicho Comité, que está conformado por once diputados y doce representantes de la sociedad civil, se instaló el pasado 23 de octubre después del tercer acuerdo suscrito entre el interinato y la Comisión Delegada de la AN de 2015, presidida por Dinorah Figuera.
La recepción de solicitudes para formar parte del TSJ se encuentra abierta hasta el venidero 11 de noviembre de 2026.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
San Fernando de Apure/Corresponsales de ARI — Un total de ocho cuerpos han ingresado a la morgue del cementerio Luis Herrera, ubicado en San Fernando de Apure –capital del estado Apure– producto del supuesto bombardeo registrado en un campamento guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) situado en Guafillas de El Meta, municipio Pedro Camejo, en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia.
El ataque se registró el pasado viernes 30 de octubre y fue atribuido, según datos preliminares, al Ejército venezolano, y se habría realizado con drones. Sin embargo, a tres días del hecho, no hay una versión oficial de lo ocurrido. Las autoridades del gobierno interino de Delcy Rodríguez no han informado si se trató de una acción que obedece una política orientada a combatir y expulsar de territorio venezolano a este grupo guerrillero colombiano, o si existe alguna otra explicación para este hecho.
Fuentes del municipio Pedro Camejo y la organización no gubernamental FundaRedes aseguraron que este campamento bombardeado servía de centro de acopio de sustancias estupefacientes del ELN.
Un equipo de periodistas de ARI se movilizó a las inmediaciones del cementerio y de la morgue del Hospital Pablo Acosta Ortiz (HPAO) de San Fernando de Apure para verificar las informaciones que circulaban en redes sociales respecto al presunto ingreso de varios cuerpos vinculados al presunto bombardeo.
De acuerdo con los testimonios recabados en el sitio, en las instalaciones de la morgue se encontrarían ocho cuerpos. Según relataron los trabajadores consultados, los cadáveres habrían sido ingresados entre el viernes y el sábado 31 de octubre. Y provenían de la zona donde ocurrió el supuesto ataque.
Los trabajadores manifestaron desconocer la identidad precisa o la nacionalidad de los fallecidos, así como mayores detalles sobre lo ocurrido, argumentando que el manejo de la información está restringido y bajo el control de las autoridades competentes.
Sin embargo, de acuerdo con fuentes consultadas en la morgue, se pudo conocer que entre los fallecidos hay dos venezolanos, dos colombianos y cuatro mexicanos. Aunque no hay detalles sobre las edades, se conoció que la mayoría eran hombres jóvenes, menores de 40 años. Así se aprecia en algunas fotos y videos del lugar de la matanza que se han filtrado, al igual que en las publicaciones de redes sociales de personas cercanas a los supuestos guerrilleros muertos.
Cuerpos están custodiados por funcionarios del Cicpc. Foto Cortesía
Entre las víctimas estaría el hijo de un comisario rural, quien al parecer ejercía labores de seguridad en esta zona ubicada cerca de Puerto Páez, municipio Pedro Camejo. Comisario rural es una persona civil que tiene funciones de supervisión relacionadas con la seguridad ciudadana en sectores agrícolas y responde a las estructuras comunales.
Su labor contempla el control de la movilidad en carreteras troncales y la verificación del transporte de cosechas y ganado, asegurando el cumplimiento de los permisos correspondientes. Asimismo, mantiene una constante articulación con asociaciones productoras, consejos comunales e instituciones del Estado para diagnosticar riesgos de seguridad en el campo. De igual manera, se encarga del comando de las estaciones y módulos policiales desplegados en su jurisdicción, coordinando acciones conjuntas con los órganos de seguridad, la Fuerza Armada y las autoridades ambientales.
Según los datos revelados en redes sociales y publicaciones de algunos medios y periodistas, en el lugar consiguieron documentos de identidad a nombre de: Jesús Javier Brugal Carrero (cédula de identidad: V-11.821.394) y Juan Carlos Guerrero Márquez (cédula de identidad: V-16.790.349). También se encontraron licencias de conducir venezolanas a nombre de Jesús Javier Brugal Carrero, Wilden Luis Solórzano Camacho y Gabriel Carlos Brugal, por lo que se presume que estas serían las identidades de algunos de los fallecidos.
En la morgue del barrio Luis Herrera en San Fernando de Apure, custodiados por funcionarios fuertemente armados, se encuentran los cuerpos de Luis Alexander Solórzano Camacho CI: 16.148.174 Juan Carlos Guerrero Martínez CI: 16.790.349 Jesús Javier Bruzual Camacho CI: 11.821.926, Luis Alexander Sorzano Camacho, Juan Carlos Gutiérrez, Olimar Moraima, Martínez Solórzano, Nelson Magallanes.
Hasta los momentos solo han llegado a la Morgue de San Fernando ocho cuerpos. Foto Cortesía.
Según las imágenes difundidas en redes sociales, los fallecidos presentan heridas en varias partes del cuerpo.
Trabajadores de la zona y personas presentes en el cementerio viejo indicaron que el flujo de información ha sido limitado por parte de las autoridades competentes, lo que dificulta la confirmación oficial de las identidades, las causas de los decesos y el número exacto de ingresos registrados durante las últimas jornadas. No obstante, fuentes extraoficiales señalan que esperaban la llegada de más cadáveres.
Zona boscosa es de difícil acceso
Mapa elaborado para el informe de PARES y ARI en 2024
Habitantes de la localidad de Guafillas de El Meta explicaron que el trayecto que conecta a este sector con la población fronteriza de Puerto Páez y la capital de la entidad, San Fernando de Apure, representa una de las geografías más complejas de la región llanera. “A veces el trayecto es tan complicado que no se puede llegar ni siquiera en vehículos rústicos, sino que se llega en moto”, resaltan vecinos.
Esta característica geográfica y su condición de fronteriza con el departamento de Arauca, Colombia, convirtieron al estado Apure en uno de los principales refugios del ELN en Venezuela. Para 2025, informes de inteligencia de Colombia aseguraban que esta guerrilla colombiana tenía más de 1.500 hombres en territorio venezolanos. Distribuidos entre los estados Zulia, Táchira, Barinas, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y Apure.
La ONG Fundaredes documenta este caso. Foto Cortesía
FundaRedes da cuenta de los decesos
La ONG FundaRedes mantiene una red de fuentes directas y actores sociales que desarrollan actividades en esta extensa región.
Juan García Escalona, coordinador de FundaRedes en el estado Apure, aseguró para la Alianza Rebelde que en el ataque también fue encontrado el cuerpo de una mujer que portaba múltiples cédulas de identidad venezolanas, documentos colombianos y credenciales norteamericanas.
Según los datos recabados en la zona, la víctima era presuntamente la esposa o compañera de un piloto que también operaba en el sitio identificada como Olinda Moraima Camacho de Solórzano. Su presencia refuerza los informes sobre la participación de personas de diversas nacionalidades dentro de estas estructuras armadas e irregulares vinculadas al narcotráfico en la frontera.
De acuerdo con el seguimiento documentado por FundaRedes, desde hace aproximadamente 30 días se venía detectando un patrullaje constante de aeronaves militares tipo K-8, las cuales despegaban desde la Base Aérea de Barquisimeto para realizar labores de reconocimiento en el estado Apure. Testigos locales confirmaron el abastecimiento de estas aeronaves en el aeropuerto Las Flecheras, en San Fernando de Apure.
“El alto mando del ELN se mantiene en la zona de La Victoria y El Nula, donde operan mandos medios encargados de los campamentos”, señaló.
Informantes indígenas y pobladores de la zona, así como de sectores cercanos al estado Bolívar que limitan con Puerto Páez, reportaron que hombres armados desplazados de la mina de oro de “El Burro” se habían replegado hacia sectores como La Raya, La Culebra y Buena Vista del Meta, siendo este último el sitio exacto del campamento bombardeado.
Históricamente, la región ha albergado campamentos y centros de acopio estratégicos para grupos irregulares debido a su cercanía geográfica con Colombia. Según estimaciones de monitoreo, dichos enclaves solían albergar entre 60 y 100 hombres armados, funcionando como corredores clave para el manejo de pistas clandestinas, almacenamiento de combustible de aviación y tránsito de sustancias ilícitas provenientes tanto del Vichada como de la Guainía colombiana.
Asimismo, advierten sobre la red de influencia de organizaciones irregulares como el ELN y las FBL en diversos municipios del estado, afectando directamente a los ejes de Capanaparo y Pedro Camejo, Achaguas, Rómulo Gallegos (Elorza) y el municipio Páez (La Victoria y El Nula).
García vincula lo ocurrido con los procesos políticos y cambios institucionales posteriores a los eventos del 3 de enero, así como con la presencia y postura de fuerzas militares de países vecinos e internacionales.
“El despliegue de las Fuerzas Militares de Colombia en la línea fronteriza, impulsado por el gobierno colombiano, se combina con el accionar estratégico y la presencia de Estados Unidos. Fue un operativo tenaza; esta coordinación actúa como una maniobra envolvente tanto en territorio colombiano como venezolano, impulsando una transformación en la soberanía y el control del área fronteriza”, concluyó García.
Sin embargo, es importante destacar que hasta la publicación de este reporte no hay información oficial del Gobierno interino de Venezuela sobre este hecho.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Hace unos días vi un video de Lucas Bean en YouTube sobre las reflexiones del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer acerca de la estupidez humana. Inmediatamente recordé al filósofo español José Antonio Marina y su libro La inteligencia fracasada. Teoría y práctica de la estupidez. Dos pensadores, dos aproximaciones y una preocupación común: la estupidez puede ser una de las fuerzas más destructivas de la humanidad.
Bonhoeffer escribió sus reflexiones en 1943, mientras estaba preso por el régimen nazi después de que intentó asesinar a Hitler. Había sido testigo de cómo una sociedad culta, con una extraordinaria tradición intelectual y artística, podía terminar sometida al fanatismo, la obediencia y la destrucción. Su conclusión era inquietante: la estupidez podía ser incluso más peligrosa que la maldad.
¿Por qué? Porque la maldad puede reconocerse, denunciarse y combatirse. La estupidez, en cambio, se hace invisible. No escucha razones, no admite hechos que contradigan sus prejuicios y es capaz de convertir cualquier evidencia en una amenaza contra sus propias convicciones.
Bonhoeffer no identificaba la estupidez con la falta de inteligencia. Una persona puede ser extraordinariamente inteligente y comportarse estúpidamente. El problema aparece cuando renuncia a pensar por sí misma y entrega su juicio a otros. El poder, el fanatismo y la obediencia ciega convierten a individuos perfectamente capaces de razonar en repetidores de consignas. Los venezolanos lo hemos vivido en carne propia. Pero este artículo no es sobre Venezuela, es sobre el peligro que corre el mundo entero.
Desde otra perspectiva, Marina llega a una conclusión igualmente perturbadora: la inteligencia también fracasa. El fanatismo, los prejuicios, el miedo y la incapacidad de reconocer nuestros errores la exponen al servicio de nuestros peores impulsos.
Vivimos tiempos propicios para esa renuncia al pensamiento. Nunca habíamos tenido tanto acceso a la información y, sin embargo, nunca había sido tan fácil encerrarnos en nuestras propias certezas.
Se comparte antes de comprobar, se condena antes de comprender y se defiende una posición sin conocer siquiera los argumentos contrarios. La pertenencia a un grupo parece haberse vuelto más importante que la búsqueda de la verdad.
La estupidez colectiva no necesita que todos sus integrantes sean ignorantes. Le basta con que dejen de pensar por sí mismos.
Pero sería demasiado cómodo atribuir la estupidez exclusivamente a los demás. Todos somos vulnerables a ella. Todos podemos caer en la tentación de creer aquello que confirma nuestras preferencias, rechazar lo que incomoda nuestras convicciones o justificar conductas propias que condenaríamos sin vacilar en nuestros adversarios.
Una de sus manifestaciones más refinadas es exigirles a los demás una honestidad intelectual que no estamos dispuestos a practicar nosotros mismos. La educación, el conocimiento y el pensamiento crítico son nuestras mejores defensas, pero requieren algo más: humildad para reconocer que podemos equivocarnos y valentía para cuestionar aquello en lo que creemos.
La humanidad ha conquistado el espacio, descifrado el genoma humano y desarrollado tecnologías extraordinarias. Pero sigue siendo capaz de repetir tragedias que creía superadas y de entregar su voluntad a quienes explotan sus prejuicios y sus miedos.
Quizás el mayor peligro no sea que la humanidad haya dejado de saber, sino que esté perdiendo las ganas de pensar.
Porque cuando dejamos de pensar, siempre habrá alguien dispuesto a hacerlo por nosotros. Y no necesariamente en nuestro beneficio.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 2 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
La ONG Fundaredes denunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) habría bombardeado un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sector Buena Vista del Meta, al sur del estado Apure, cerca de la frontera con Colombia. El ataque, ocurrido presuntamente el viernes 30 de octubre, habría dejado al menos 19 muertos y un número indeterminado de heridos.
Según el coordinador de Fundaredes en Apure, Juan Francisco García Escalona, nueve cuerpos fueron trasladados a San Fernando, donde el Cicpc haría los procedimientos forenses. Otros diez habrían quedado en la zona, y varios heridos habrían cruzado a Colombia. La periodista Sebastiana Barráez reseñó que la ofensiva comenzó con drones que destruyeron aeronaves atribuidas a la guerrilla.
Hasta ahora, el Estado venezolano no ha confirmado la operación ni ha dado cifras oficiales.
Este domingo 1° de noviembre la líder opositora María Corina Machado acudió a la iglesia María Auxiliadora en Caracas, donde el sacerdote le dio la bienvenida e indicó que siempre su nombre solía estar en las peticiones de los feligreses.
La Calle Real de Playa Verde, en La Guaira, aún mantiene una fila de casas derrumbadas. Cuatro meses han pasado desde los sismos del 24 junio de 2026 y decenas de vecinos siguen viviendo bajo carpas, bajo el sol, a la espera de una vivienda que les brinde sombra y frescor. La incertidumbre los sofoca, pero el calor también: cada carpa tiene al menos un ventilador o un aire acondicionado.
—El calor es horrendo. Tu no sabes ni dónde ponerte para que te pegue la brisa, que te dé un poquito de fresco —dice Alejandra González, una manicurista de 21 años. Las columnas de su casa se reventaron y toda su familia vive en carpas frente a una casa que deben derrumbar—. Empecé a trabajar como manicurista en mi carpa, pero empecé a agendar a mis clientes a partir de las seis de la tarde, cuando ya no hay sol. El calor dentro de la carpa no me deja trabajar: se me secan los esmaltes.
Alejandra González (21) posa frente a la carpa donde vive su madre, en Playa Verde, La Guaira. Tuvo que comprar dos aires acondicionados para refrescarse mientras espera una vivienda digna. Foto: María Gracia La Cruz
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) advierten que una exposición prolongada al calor extremoaumenta el riesgo a la salud pública, especialmente cuando la sensación térmica (índices de calor) supera los 31 °C por varias horas. Las personas con hipertensión, aquellos con una edad mayor a los 60 años, las mujeres embarazadas y los niños niñas y adolescentes son la población con mayor riesgo a sufrir desmayos, problemas cardiacos, falta de sueño, problemas renales y golpes de calor que pueden ser mortales.
Desde el desastre socioambiental, la sensación térmica de La Guaira tuvo un promedio de 35,79 °C entre las 10:00 a.m. y las 05:00 p.m., según datos satelitales del ERA5 Land, un programa del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio. Pero la sensación térmica dentro de una carpa es más alta. Entre el 24 y el 26 de octubre de 2026, Runrun.es midió con termómetros eléctricos el interior de cuatro carpas en Playa Verde. Allí, la temperatura máxima alcanzaba los 36 °C en las tardes y el índice de calor promedio fue 47,77 °C entre las 12:00 y las 02:00 p.m., un umbral de «peligro» para la salud pública bajo los estándares de la NOAA y la OMS.
Frente a esos niveles de calor, Alejandra tuvo que comprar dos aires acondicionados. Uno está en la carpa de su madre, una mujer hipertensa, y el otro está en la carpa donde vive ella y su hija, de 8 años. Unos cables cruzan la avenida y conectan el circuito eléctrico de su casa con las carpas donde vive.
—Igual los aires acondicionados solo funcionan de noche: no refrescan durante el día —asevera González, buscando una sombra—. Es agobiante: uno no puede tener las ventanas abiertas porque entra el polvo de los escombros. Mi hija ya tiene bronquitis por el polvo.
El cambio climático ha hecho de La Guaira un lugar más caluroso. Un informe de la ONG Climate Central publicado este 7 de octubre afirmó que la temporada de El Niño de este año es y será más intensa que periodos anteriores debido a la crisis climática. En Venezuela, el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en su fase cálida se manifiesta con periodos de sequía y mayor temperatura del aire.
Sin importar si el periodo de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es frío o cálido, la temperatura promedio del planeta sigue subiendo. Gráfico: Climate Central
Los vecinos de Playa Verde y Mare Abajo, desplazados por los terremotos, tapan sus carpas con más lonas para protegerse del sol y crear túneles de viento. Algunos ponen durante todo el día los ventiladores electrónicos que les han donado.
—Ya después de las ocho de la mañana tenemos que abrir todo dentro de la carpa porque a veces el mismo calor nos despierta —dice Adriana Villanueva dentro de su carpa, a unos metros de distancia de González. Su casa quedó estructuralmente comprometida tras los terremotos y debe cuidar a su hijo con discapacidad motora y a su madre con hipertensión—. Normalmente uno tiene que estar es afuera o pegado al ventilador para que uno se no esté mareando ni nada de eso.
Adriana Villanueva sostiene un anemómetro que mide la temperatura del aire dentro de su carpa a las 12:35 p.m. del 26 de octubre. Al llegar a los 34,9 °C y una humedad relativa alta (de 66 % en promedio), el índice de calor o sensación térmica alcanza los 47.8 °C, un umbral de riesgo para la salud, según la NOAA. Foto: María Gracia La Cruz
Desde que sale el sol, Adriana, su familia y sus vecinos salen de sus carpas y se sientan en lonas improvisadas a esperar la brisa. Durante los tres días que Runrun.es visitó esas carpas, la brisa no superaba el metro por segundo de velocidad. Los ventiladores, por su parte, se mantienen la mayor parte del día prendidos.
—Ya cuando hay un bajón de luz, cuando cortan el servicio eléctrico por unas horas, el calor es insoportable. Eso pasa al menos una vez a la semana por varias horas —agrega Adriana.
Capas de vulnerabilidad
La plataforma The Lancet Countdown, en su informe publicado este 27 de octubre, advirtió a la OMS y sus países miembros que el cambio climático debe ser abordado como una emergencia de salud mundial. Según sus estimaciones, en la última década (del 2016 al 2025) la población mundial estuvo expuesta 9,2 % más horas de calor extremo al año frente a la década pasada (2006 – 2015).
«Y, según nuestras estimaciones, Venezuela es uno de los países de Latinoamérica con mayor incremento de la exposición de personas ante el calor extremo», explica Yasna Palmeiro, investigadora en salud global y miembro del The Lancet Countdown. «Esto significa que el sistema de salud debe estar más atento ante estos eventos».
La ventilación depende de cada familia. Algunas usan ventiladores donados, otras compran aires acondicionados. Todos afirman que deben cerrar la mayoría de las ventanas para evitar que el polvo de los escombros se meta a sus carpas. Foto: María Gracia La Cruz
Según los datos de ERA5 Land, La Guaira ha estado expuesta a niveles de calor riesgosos para la salud entre el 24 de junio y el 26 de octubre de 2026. De las 2995 horas acumuladas (124 días), solo 301 horas (10,1 %) —todas ubicadas en la madrugada— no presentaban un umbral de riesgo para la población de La Guaira. La mayoría de las horas (40,44 % del total) —especialmente durante las jornadas laborales— el umbral de riesgo de la NOAA arrojaba una «extrema precaución», donde la población y el Estado deben estar atentos a la salud pública.
Pero dentro de una carpa la temperatura aumenta: durante los tres días de medición de Runrun.es, los datos satelitales arrojaban un promedio de 33 °C durante el pico de calor (entre las 12:00 y las 02:00 p.m.); en la carpa el promedio fue de 35 °C en las mismas horas.
Pese a los niveles de riesgo, ONG venezolanas como Clima21 han denunciado que el país no tiene una infraestructura para prevenir, atender y mitigar los riesgos relacionados al cambio climático, vulnerando los derechos humanos de la población.
«Las personas que están viviendo en estas carpas se ven doble o, inclusive, triplemente afectadas. Están ante una amenaza de calor, súmale todo lo que es el estrés postraumático que significó el doble terremoto, súmale la condición en la que están viviendo, súmale el elemento que los servicios básicos están limitados… En fin, hay múltiples elementos que afectan y aumentan que esas personas tengan mayor riesgo de enfermar, no solo físico, sino que también mental», agrega Palmeiro.
Moraima Pérez, docente, creó una escuela itinerante en Playa Verde para atender a las infancias después del desastre. Primero empezó con una lona, ahora tiene una carpa de Unicef. Aun así, debe mantener dos ventiladores con vientos de 4 m/s para refrescar un poco el aula. A los 5 minutos dentro de la carpa ya debe sacar su pañuelo para secarse el sudor. Sus alumnos atienden sus clases luego de las 03:00 p.m., luego de su jornada escolar y el pico de calor en La Guaira. Foto: María Gracia La Cruz
Incertidumbre que no refresca
Yasmín Hidalgo, una empleada pública de 51 años en el Ministerio de Salud, es «vecina de carpa» de Adriana. Su casa quedó completamente inhabitable: de las columnas que sostienen su vivienda solo quedaron las cabillas.
—Pero no puedo quedarme dentro de la carpa por más de 10 minutos cuando hay sol —reitera, sentada en una carpa familiar hecha de poliéster y algodón.
Mientras ella hablaba, los números que arrojaban el termómetro de Runrun.es dentro de la carpa bailaban entre los 34,7 y los 35,7 °C. La humedad relativa del aire se mantuvo 67 %. Yasmín sudaba bajo un índice de calor (o sensación térmica) mínimo de 47,7 °C, un umbral de peligro para la NOAA.
Yasmín Hidalgo tiene dos ventiladores para refrescar su carpa. Los mantiene encendidos todo el día, pero siente que no es suficiente. Foto: María Gracia La Cruz
—Ayer [25 de octubre] no pude dormir: el calor no me dejaba conciliar el sueño. De las ocho horas que tenía pude dormir cuatro, y mal. Antes no podía dormir por el trauma que me generaron los terremotos, ahora el calor no me deja descansar —dice Yasmín—.
Muchos de los vecinos de Playa Verde sienten que no pueden dejar sus carpas: tienen miedo a que le quiten las pocas pertenencias que les quedan o han perdido o mantienen en pausa sus empleos. Otros vecinos afirman que deben estar todo el tiempo en las carpas para seguir recibiendo donaciones de otros ciudadanos.
Mientras tanto, esperan una respuesta del Gobierno venezolano para reubicarlos.
—Entonces, durante el día debemos estar pendiente de cómo nos sentimos, si nos mareamos nos pasamos agua o hielo. Yo también sufro de hipertensión y no debo sudar mucho porque tengo un ojo enfermo, comprometido —agrega Yasmín—. No puedo trabajar por órdenes del ministerio: hasta que no consiga una casa no puedo reinsertarme a la plantilla. Llevamos como tres meses pidiendo una vivienda digna, pero no tenemos respuesta. Esta incertidumbre es como el calor: nos sofoca.
Durante los primeros 124 días tras el doble terremoto, La Guaira ha acumulado más de 1100 horas de calor que presentan un riesgo para la salud. Foto: María Gracia La Cruz
La ONU ha documentado que los desplazados internos son las personas con mayor exposición al calor extremo: al menos 3 de cada 4 personas desplazadas han vivido bajo condiciones climáticas que afectan a su salud, según su último informe publicado en noviembre de 2025. Sus proyecciones para 2050 indican que un desplazado viviría unos 200 días con calor extremo.
Ante este panorama, Palmeiro recomendó que la salud pública venezolana debe ir directamente hacia la población que aún vive en carpas, tomar mediciones de la presión arterial y corroborar que la hidratación y ventilación de las carpas. La vigilancia epidemiológica debe tener mayor prevalencia si la temperatura dentro de una carpa alcanza los 34 °C.
«La clave es tener una vigilancia activa», dice la investigadora. «Las instituciones deben buscar, deben ir a educar sobre el impacto del calor en esas condiciones. Averiguar de qué están hechas las carpas: el material influye en la retención del calor. Hay que hablar con ellos, saber si han tenidos síntomas sobre el calor: mareos, dolor de cabeza, problemas para respirar, entre otras cosas… En lo que se pueda, hay que ir hacia el paciente, no esperar a que el paciente vaya al centro de salud».
Por ahora, el sistema sanitario venezolano está más vulnerable tras los terremotos. Una investigación publicada en la revista The Lancet estimó que la atención humanitaria en Venezuela requerida tras los sismos podría durar más de 24 meses. La ONU estimó en julio de 2026 que los terremotos dejaron 36 centros de salud en La Guaira y en Caracas parcialmente operativos: 14 por daños estructurales y 22 por falta de insumos y personal que arrastraba la institución antes del desastre socioambiental.
Los vecinos de Playa Verde seguirán esperando, en sus carpas, con sus recursos y con las donaciones, a que el Gobierno los reubique.
***
Agradecemos a Abraham Salcedo, profesor del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela, por prestar el anemómetro y el termómetro eléctrico para las mediciones dentro de las carpas de Playa Verde. Para revisar la base de datos provenientes de ERA5 Land - Open Meteo, puedes descargar el documento de Excel en el enlace incrustado.
Más de 40 sectores del municipio Baruta, en el estado Miranda, se encontraban sin servicio de agua la tarde de este domingo 1 de noviembre debido a una falla en los sistemas Tuy II y III, asociada a bajones de electricidad.
El alcalde de Baruta, Darwin González, informó a través de su cuenta en X que la Hidrológica Venezolana C.A (Hidroven) reportó una falla en los sistemas Tuy II y III, “debido a la fluctuación eléctrica” que se produjo a las 9:20 de la mañana de este domingo.
En un primer mensaje la autoridad local dijo que el hecho produjo “una avería en la tubería de 30” en Mariche”. Sin embargo, luego hizo referencia a que la tubería era de 72”.
De acuerdo al Burgomaestre, el personal de Hidroven se encuentra trabajando para estabilizar el sistema y poder restablecer el servicio.
Pasadas las 4:00 p.m. los sectores que se encontraban sin agua incluían Anacoco, Los Samanes, Guaicay A y B, Terrazas de Santa Inés (parte baja y parte alta), El Naranjal, Las Danielas, Colegio Americano, el Tanque C Americano, calle Victoria, calle Federación (parte alta y baja), Bolívar Norte (zona alta, media y baja) y Quebrada Seca.
También se encontraban sin el servicio las zonas de La Naya, Los Alpes, Los Pinos, La Curvita, Polifibra, Minitas Parte Alta, Los Manguitos, la urbanización El Encantado, Los Naranjos, Lomas de Las Mercedes, Colinas de Manaure, Las Mesetas, San Inés, avenida principal de El Cafetal, calle Píritu, calle El Limón, Santa Sofía, Santa Ana, San Luis, Santa Paula, Caurimare, Colinas de Tamanaco, El Cafetal (parte alta y baja), El Mirador, La Peña, Lomas de Chuao, Lomas el Mirador, Santa Marta y Vizcaya.
“Estamos al pendiente de la pronta recuperación del servicio y que se solvente la problemática”, agregó el Alcalde.
Baruteños, @hidroven__ve informa a la comunidad que debido a la fluctuación eléctrica que se presentó a las 9:20 AM, el Sistema Tuy II se vio afectado registrando una avería en la tubería de 30” en Mariche.
Esta situación afecta las siguientes zonas de nuestro municipio:
•Anacoco
•Los Samanes
•Guaicay A y B
•Terrazas de Santa Inés Parte Baja
•Terrazas de Santa Inés Parte alta
•El Naranjal
•Las Danielas
•Colegio Americano (EL Mirador)
•El Tanque C Americano
•La “Y” Colegio Americano
•Calle Victoria
•Calle Federación parte alta
•Calle Federación parte baja
•Bolívar Norte Alta
•Bolivar Norte Media
•Bolivar Norte Baja
•Quebrada Seca
•La Naya
•Los Alpes
•Los Pinos
•La Curvita
•Polifibra
•Minitas P alta
•Miranda/Los Manguitos
Sigo atento a la situación para informarles.
Más de 70 estudiantes resultaron afectados por dos casos de intoxicaciones en escuelas de los estados Barinas y Trujillo el viernes 30 de octubre pasado. De acuerdo con un monitoreo de Runrun.es, desde noviembre de 2024 se reportaron al menos 53 casos similares en distintos estados del país.
Uno de los episodios se registró en el Liceo Alberto Arvelo Torrealba, ubicado en la avenida Rómulo Gallegos, sector Los Pozones, parroquia Rómulo Betancourt de Barinas. Al menos 34 adolescentes presentaron síntomas que incluían picazón en el cuerpo, desmayos, convulsiones y dolor de cabeza.
El hecho ocurrió cuando se realizaba el Simulacro Nacional de Desalojo ante Desastres Naturales, según informaron padres, madres y representantes. Según reportó El Pitazo, Autoridades locales indicaron que 18 estudiantes, con edades comprendidas entre los 13 y 17 años, ingresaron al Hospital Luis Razetti. Ocho fueron ingresados al área de cuidados coronarios y otros 10 a la emergencia pediátrica.
El diagnóstico fue “intoxicación por sustancias desconocidas”. Familiares de los adolescentes y personal de la escuela indicaron que los estudiantes presentaron dolor de cabeza, escalofríos, desmayos, convulsiones, taquicardia, dolor en el pecho y dificultad para respirar. Por esta razón buscaron trasladarlos a los centros de salud, para lo cual presentaron dificultades por la falta de unidades o ambulancias disponibles. Muchos usaron sus vehículos particulares.
Otros 16 adolescentes ingresaron al Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) de El Carmen, en Los Pozones, y un grupo adicional recibió atención en el ASIC Guanapa.
Otro caso en Trujillo
La segunda intoxicación masiva que se reportó el 30 de octubre fue en el Liceo Andrés Lomelli Rosario, en el municipio Boconó del estado Trujillo. Cerca del mediodía habían ingresado 34 personas al Hospital Rafael Rangel entre estudiantes y docentes, tras presentar dificultad respiratoria, mareos y picazón en la piel durante la jornada escolar.
Según reseñó el Diario de los Andes, ante la contingencia desalojaron el liceo así como dos instituciones cercanas: el Grupo escolar Máximo Saavedra, donde dos alumnos se sintieron mal, y en la institución América Fernández Leoni. En estas labores colaboraron los Bomberos, Protección Civil y cuerpos policiales.
Solo en Trujillo, de acuerdo con el seguimiento realizado por Runrun.es, se han reportado al menos 14 episodios. El 7 de octubre pasado hubo otros dos casos: en el Liceo Las Palmas y en la Unidad Educativa Colegio San Vicente de Paúl.
Los representantes exigieron que se determinen responsabilidades. Se conoció que autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Boconó abrieron una investigación y manejaban la tesis de que se debió a una combinación de productos químicos que habrían realizado los estudiantes.
Desde finales de 2024 han surgido distintas hipótesis y argumentos por parte de las autoridades. En los primeros episodios se hablaba de que los estudiantes realizaban retos virales promovidos por las redes sociales. Aunque las comunidades exigen que se averigüen los casos, hasta ahora no se ha difundido una investigación exhaustiva ni el resultado de los exámenes toxicológicos para conocer qué sustancias provocaron estos síntomas.
El 18 de septiembre del 2008, José Miguel Vivanco, director de la división americana de Human Rights Watch, y un investigador de su equipo, se encontraban en Caracas. Habían presentado un informe titulado Una Década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela, en el que denunciaban cómo el régimen había dado inicio a una serie de medidas que atentaban contra la libertad de expresión, el pluralismo político y las libertades individuales. Por eso, ambos fueron interceptados por funcionarios públicos en un hotel, se les decomisaron sus teléfonos y los trasladaron hasta el aeropuerto, donde tomaron un viaje hasta San Pablo, Brasil.
No sería sino hasta el 2026 cuando la organización volvería a Venezuela, esta vez, de la mano de la directora actual, Juanita Goebertus Estrada, abogada y politóloga colombiana egresada de la Universidad de los Andes. Entre el 2008 y el 2026, la organización realizó varias investigaciones, pero sin que sus miembros directivos pudieran pisar suelo venezolano.
Goebertus es consciente de la intrincada situación actual. Venezuela, se supone, está atravesando una transición hacia la democracia. Tras la captura de Nicolás Maduro ocurrida el 03 de enero, bajo el tutelaje del gobierno de Estados Unidos, han ido implementándose reformas para ponerle fin a la etapa de autoritarismo chavista. Sin embargo, en la población, el desespero se ha hecho notar. Muchos comentan que Trump parece más interesado en los acuerdos petroleros que en terminar con esta etapa. Muchos presos políticos han sido liberados, pero no todos. Algunas leyes han sido modificadas, pero continúa existiendo el aparato represivo. Entonces: ¿estamos, sí o no, en una transición?
Es una pregunta que muchos se hacen hoy en día. Hay esperanza, pero también desconfianza. Pero ella tiene experiencia en entornos complejos. Entre 2012 y 2016, coordinó el grupo de Justicia Transicional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y formó parte de la delegación gubernamental en las negociaciones con las FARC en La Habana. Y desde el 2022, ha estado en varios países de la región como parte de su labor institucional. Ella es muy consciente de que, en el escenario venezolano, hay muchos factores jugando en el tablero.
Formó parte de la delegación a cargo de los acuerdos de paz en Colombia. De cara a una futura transición hacia la democracia, ¿será un proceso similar en Venezuela con respecto a quienes son responsables de las violaciones a derechos humanos?
Creo que son casos muy distintos. Hay que tener cuidado con los paralelismos. Colombia viene haciendo procesos de negociación, y de desmovilización de distintos grupos desde los 90, y llegando a este proceso último en La Habana, donde hice parte como miembro de la delegación del gobierno en ese momento, que culminó con dejación de armas de más de 13.000 excombatientes de las FARC y la creación de un proceso complejo de implementación de acuerdos. En los distintos capítulos de la historia de Colombia ha habido modalidades de justicia transicional que combinan mecanismos judiciales y extrajudiciales, como la Comisión de la Verdad, el Centro Memoria Histórica o la creación de un programa de reparación administrativa para las víctimas, o como los procesos judiciales que han tenido distintas variables, desde los procesos de justicia y paz, que fueron procesos en la justicia ordinaria para investigar a los responsables entre los paramilitares de las violaciones a derechos humanos hasta la Jurisdicción Especial de Paz, que hoy en día ha condenado tanto a comandantes de la guerrilla como a miembros de las fuerzas públicas por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
En el caso de la FARC por las políticas de secuestro, o a los funcionarios colombianos por ejecuciones extrajudiciales. Todo ese contexto lo doy porque creo que es un escenario muy distinto al venezolano.
El proceso venezolano busca ser una transición a la democracia. Requiere mecanismos de reinstitucionalización, reforma de la justicia, reforma al sector seguridad, el desmonte del aparato represivo del Estado, fijación de un calendario electoral, garantías electorales, reconfiguración del sistema electoral, garantías para el ejercicio de la oposición. Es un proceso distinto, tiene el tutelaje de EE. UU. y tiene una altísima influencia internacional. Eso marca un tipo de proceso muy diferente al que ha tenido Colombia.
Ahora, hay un hilo común: investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos, al menos a los principales. Los que incluso podrían estar incluso incurso en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Es una deuda con las víctimas y al deber del Estado venezolanos. ¿En qué consistirá ese proceso? Es una pregunta muy abierta, y dependerá de lo que los venezolanos y venezolanas, y las víctimas, quieran en su proceso de vuelta a la democracia.
¿Qué cambios se observan en la relación del Estado venezolano con los derechos humanos tras el 3 de enero?
Creo que, en efecto, y lo publicamos en nuestro comunicado de prensa, ha habido una serie de cambios a partir de la llegada de la presidente interina Delcy Rodríguez, que incluye la liberación de más de 900 presos políticos, la promulgación de la Ley de Amnistía, el establecimiento de las mesas de conversaciones, el desbloqueo de páginas webs, y el desmonte -al menos por ahora- de varios mecanismos de represión, como las alcabalas o los dispositivos de vigilancia sobre líderes políticos de oposición, o la culminación de varios procesos contra líderes de la sociedad civil, como el de Carlos Correa o el de Rocío Sanmiguel.
Se muestra un clima distinto, ahora, creemos que son cambios que hay que reconocer, pero que todavía no son sostenibles, parten de una serie de decisiones que podrían retraerse. No ha habido desmonte de los organismos de inteligencia, de sus funciones de control en varios centros penitenciarios donde sigue habiendo torturas, y algunas personas son liberadas y otras no. Hay avances, los notamos, los destacamos, pero para que esto sea sostenible y que se avance hacia una transición a la democracia hay que avanzar en varias reformas institucionales profundas.
¿Cuáles son las medidas más urgentes que deben tomarse en materia de derechos humanos el Estado venezolano?
Lo primero, y aquí está la vida de las personas, terminar de liberar a todos los presos políticos; dependiendo de la lista, hay entre 350 y 500, hay que hacer el proceso de revisión de todos los casos. Lo segundo es avanzar en la reforma y la recomposición no solo del TSJ, sino en general, para así recuperar un sistema judicial independiente, no politizado, que permita garantizar la idoneidad de quienes ocupan esos cargos. Y el tercero debe ser un proceso una reforma del sector encargado de la seguridad: quitarle las funciones de sustentación penal a los organismos de inteligencia, con procesos de depuración, que haya una reconstrucción de unas fuerzas profesionales que tengan capacidad de lucha contra el crimen organizado y que no sean usados como una policía política para reprimir a opositores y críticos, que en eso se convirtieron SEBIN y DGCIM.
Y luego tenemos todo un entramado de leyes: la ley del odio debe derogarse, no solo despenalizarse, para que nadie sea perseguido por lo que piensa; también la ley contra el terrorismo, que ha sido uno de los principales vehículos para perseguir a opositores; y la Ley Bolívar y la Ley Resorte, que han impedido el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios independientes.
Hay que desmontar todo ese aparato legislativo. No son las únicas, pero dirías estas. Y dicho de paso, la reforma del CNE y el establecimiento de un calendario electoral, que permita la participación de todos los actores políticos, el ingreso al país de los líderes de oposición que quieran ingresar al país y el destrabe de los mecanismos judiciales que han impedido su participación en los procesos electorales.
¿El equipo de Human Rights, y otras organizaciones con las que hayan podido tener contactos, sienten que este año han sido escuchadas por el Estado?
Estamos en un proceso de restableciendo canales. No hacíamos una visita al país desde que nuestro director, José Miguel Vibanco, fue expulsado hace 18 años y enviado en un avión a Brasil. Nuestra visión es que el restablecimiento tomará tiempo. Hemos tenido reuniones con la ministra Ana María San Juan, con el vicecanciller Oliver Blanco, con el fiscal general de la nación Larry Devoe, con la presidenta interina Delcy Rodríguez. Les hemos mencionado estos temas. Hemos visto que algunas personas han sido liberadas, pero insistimos en que deben ser todas. Diría que es el proceso de restablecimiento de un canal, que aunque lejos de ser perfecto, busca incidir en las decisiones que se toman para se avance en la protección de derechos humanos que se avance hasta el restablecimiento de la democracia.
Tomando en cuenta lo sucedido en casos como el de Chile o Argentina, ¿qué acciones deberá tomar la ciudadanía para mantener la memoria histórica?
Si algo hemos aprendido de esos procesos es que la resistencia de la sociedad civil es fundamental. Mantiene la información, recolecta los casos. Yo creo que la sociedad venezolana, de manera heroica, en contra de muchísimos ataques y persecución, ha dejado registros y ha documentado todo a detalle, y eso forma parte de esa tarea. Implica mantener una presión. Hay el riesgo de que esta transición, sobre todo en la medida de que EE. UU controle este proceso, haya un sentimiento de no empujar hacia una transición plena. Pero hemos visto una sociedad civil que se manifiesta de materia pacífica, y que insista en que haya cambios para estos procesos de transición y para que se preserve la memoria histórica, que es importante para cuando llegue el proceso de satisfacer los derechos de las víctimas.
¿Por qué es importante para las víctimas conocer la verdad como punto de partida para lograr luego reparación y garantías de no repetición?
Toda la lógica y el objetivo de la justicia transicional es recuperar las relaciones de confianza entre la ciudadanía que se rompen durante regímenes totalitarios porque está en el sentimiento de que cualquier vecino podría estar vigilando y avisándole al régimen. Creo que lo que se ha vivido con el terremoto fue una muestra clara de eso: el sentimiento de que es un Estado represor, no uno que busca ayudar y rescatar a sobrevientas. Es una relación fracturada.
La aspiración de la justicia transicional, a través de mecanismos judiciales que buscan esclarecer la verdad, reparar a las víctimas, buscar a los desparecidos, que buscan investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves y representativos, se busca reconstruir la relación entre ciudadanía y estado. Para que adelante la ciudadanía pueda confiar en el Estado, sin pensar “qué susto, si denuncio me van a perseguir a mí”. La idea de la justicia transicional es esa: restituir el tejido de confianza.
¿El terremoto dejó en evidencia la situación de los derechos humanos en Venezuela?
Creo que el terremoto evidenció una paradoja extraña: pese a ser un Estado represor y responsable de gravísimas violaciones a los derechos humanos, era al mismo tiempo un Estado ineficiente, pequeño e incapaz de brindar servicios públicos básicos. Demostró esa dualidad: es un Estado represivo al que le faltan muchísimas reformas para dejar de perseguir a la ciudadanía y restablecer la confianza, pero al mismo tiempo es un Estado roto, sin capacidad de hacer lo más básico, como brindar humanitaria ante emergencia, protección de las personas que quedan sin organizar, buscar sobrevivientes. Lo que hace un Estado: organizar política pública y ejecutar. El terremoto mostró esa doble cara. Hay que reconstruir instituciones que ya no existen, que no tienen capacidad, presupuesto ni personas capaces de diseñar políticas públicas para atender a la ciudadanía.
¿Crees que los intereses económicos en torno al petróleo pueden poner en riesgo el proceso de democratización?
Creo que el gobierno de EE. UU. tiene la principal palanca para avanzar o no en las reformas institucionales para que Venezuela transite a la democracia. Es innegable ha habido liberación de presos, ley de amnistía, el desbloque de algunas páginas webs, en gran medida, por la presión que ha ejercido el gobierno de EE. UU. Lo que a mí me preocupa, es que mientras más uno más ve el interés económico, como el acuerdo petrolero, las personas involucradas en ese acuerdo relacionadas con casos de gravísima corrupción, en la medida en la que el interés de EE. UU. parecería estar concentrado en los aspectos económicos, se puede perder el ímpetu en los derechos humanos. Dicho de otra forma: si EE. UU. solo se centra en temas económicas, no habrá un incentivo para las reformas institucionales.
Creo que el gobierno de EE. UU y el secretario Rubio debería tener cuidado en si su legado será simplemente la extracción de los recursos de Venezuela o si se usará su capacidad y su incidencia para avanzar en serio para una reforma que permita llegar a una democracia en Venezuela.
¿Crees que la ciudadanía venezolana ha logrado resistir?
La ciudadanía venezolana ha sido estoica. Ha resistido en medio de una persecución y censura brutales, a pesar del inmenso miedo de que el Estado venezolano haga un uso de la fuerza violento, y ha seguido documentando, registrando, teniendo periodismo de investigación del más alto nivel del continente. Han hecho todo y más para poder resistir unos embates muy fuertes. En este escenario, hay algo más de apertura para hablar y documentar, así que lo que sigue es empujar de forma pacífica esta ventana de oportunidad para que realmente Venezuela implementa la reforma para lograr una transición hacía a la democracia.
¿La corrupción es un obstáculo para la aspiración?
La corrupción, por supuesto que me preocupa mucho. En el caso de Venezuela, no solo durante el chavismo, sino desde antes, la corrupción asociada a la renta petrolera ha estado en el centro del quiebre de la confianza de la ciudadanía a las instituciones. Muy seguramente Venezuela no habría terminado en décadas de chavismo, y de lo que eso ha significado para los derechos humanos, si no hubiera habido el tipo de corrupción asociado a las rentas. El chavismo, pese a tener una plataforma ideológica distinta, siguió con la misma lógica. Un proceso serio hacia la democracia, que debería poner en el centro la recuperación de la confianza en las instituciones, tiene que poner mecanismos contundentes de transparencia en el manejo de la renta petrolera para que la ciudadanía confíe. Desafortunadamente, el gobierno de los EE. UU. está haciendo todo lo contrario, y entre más opacos son esos acuerdos hay más posibilidades de que esa dinámica de corrupción siga existiendo.
