87% de las mujeres consultadas considera que las principales decisiones dentro de sus organizaciones siguen siendo tomadas principalmente por hombres.
El dato se desprende de una investigación hecha por la ONG Laboratorio de Paz, que lleva por nombre “Inquebrantables: Violencia contra las mujeres en la política venezolana”, un escrutinio hecho a 23 mujeres con experiencia de participación en organizaciones partidistas.
La organización destacó que los sucesos del pasado 3 de enero, que concluyeron con la captura de Nicolás Maduro y su pareja Cilia Flores, han vuelto a colocar en la agenda pública la libertad de expresión, el libre tránsito, el pluralismo y el ejercicio de los derechos políticos.
El estudio reveló que aunque 52,2 % de las consultadas afirmó participar actualmente en espacios de toma de decisiones, 91, 3% considera que las mujeres deben demostrar más méritos que los hombres para acceder a cargos.
Igualmente arrojó que 69,6 % de las mujeres piensan que las decisiones se construyen en espacios informales a los que tienen acceso limitado o inexistente y solo 13 % considera que las propuestas formuladas por mujeres son incorporadas frecuentemente a las decisiones finales.
Para Laboratorio de Paz, el estudio identificó patrones recurrentes de violencia, discriminación y exclusión que afectan las trayectorias políticas, personales y familiares de las mujeres.
“Una democratización no consiste solamente en recuperar libertades restringidas, sino en garantizar que puedan ejercerse en condiciones de igualdad”, se desprende de la investigación.
A continuación, en claves, los principales hallazgos de la investigación y categorías para el análisis.
¿Cómo reconocer la violencia política contra mujeres?
Según la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la violencia política contra las mujeres tiene tres componentes.
– Está basada en el género y se dirige a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, posee efectos desproporcionados y adquiere formas específicas
-Causa daño o sufrimiento
-Tiene como objetivo impedir total o parcialmente que las mujeres ejerzan sus derechos políticos.
Violencia no viene solo del Estado
La investigación advirtió que la violencia contra las mujeres en la política no es una consecuencia exclusiva de la represión estatal o de la crisis democrática por la que atraviesa el pais desde hace casi tres decadas. Quienes fueron consultadas denunciaron prácticas de discriminación, exclusión y subordinación dentro de sus propias organizaciones políticas.
La ONG expuso que si Venezuela está comenzando a discutir sobre diálogo, libertades políticas y reconstrucción institucional, es momento de preguntarse si ese proceso es equitativo.
“Recuperar derechos y libertades debe significar también transformar las prácticas que durante décadas han limitado la participación política de las mujeres” señaló Laboratorio de Paz.
No todo es elecciones
El informe expone que la participación política de las mujeres no se limita al ejercicio de cargos públicos, candidaturas o militancia partidista.
“La vida política y pública comprende el ejercicio de funciones legislativas, ejecutivas, judiciales y administrativas; la participación en la administración pública; y también la intervención en organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones de mujeres, organizaciones comunitarias y otras iniciativas vinculadas a la vida pública y política”, reza la investigación.
Sin marco legal
De acuerdo con Laboratorio de Paz, a diferencia de otros países de la región, Venezuela no cuenta con una legislación específica de cuotas o paridad de género para cargos de representación política. Según la Red Electoral Ciudadana (REC) “las iniciativas de promulgación de normativas para incluir a las mujeres en los procesos electorales y en los espacios públicos y políticos terminan siendo meramente simbólicas, el Estado muestra una intención de paridad que no se ve reflejada en los procesos electorales”.
Imposibilidad de cooperación internacional
La ONG expuso que a través de narrativas oficiales, organizaciones de derechos humanos, asociaciones civiles y actores humanitarios fuera del país fueron presentados como agentes de injerencia o desestabilización.
“Estas restricciones tuvieron efectos diferenciados sobre organizaciones de mujeres, defensoras y redes de acompañamiento a víctimas, cuya acción pública depende en gran medida de la cooperación internacional y de la existencia de un espacio cívico abierto y seguro”, afirman.
Inhabilitaciones a mujeres
Laboratorio de Paz informó que de las 38 inhabilitaciones políticas registradas desde 2004, seis fueron contra mujeres, un 15,7 %. del total.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó que “estas decisiones acaban por contribuir a un ambiente de persecución que desalientan la participación ciudadana en asuntos de interés público”.
Por su parte, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) expresó que las inhabilitaciones políticas no solo representan un patrón sistemático de persecución política, sino que además “se llevan a cabo bajo procedimientos que vulneran la Constitución Nacional y las convenciones y pactos internacionales en materia de derechos humanos”.
La familia primero
En la investigación se desprende que el 100 % de las entrevistadas afirmó haber modificado decisiones relacionadas con su participación, liderazgo o visibilidad política para proteger a su familia. Igualmente, la totalidad manifestó temor a ser objeto de investigaciones, acusaciones o procesos de judicialización por razones vinculadas a su actividad política.
82,6 % afirmó haber sentido que era objeto de seguimiento o vigilancia, mientras que el 65,2 % reportó haber experimentado intimidación por parte de organismos de seguridad o actores vinculados al poder.
Asimismo, 69,6 % señaló haber reducido su visibilidad pública en determinados momentos, mientras que el 60,9 % afirmó haber evitado participar en actividades políticas presenciales.
Por otro lado, 8 7% de las entrevistadas afirmó haber brindado apoyo a presos políticos o a sus familiares, mientras que 100 % considera que esta labor implica riesgos específicos.
Mujeres, más cuestionadas
Otro de los hallazgos de la investigación de Laboratorio de Paz es que 100 % de las entrevistadas considera que la vida personal de las mujeres en política es más cuestionada que la de los hombres. Sin embargo, 78,3 % de las entrevistadas no ha considerado abandonar la actividad.
“Para mí la política es la profesión más apasionante del mundo y es transversal en todo”, dijo una de las entrevistadas.
Una lotería que no se quiere ganar
Paralelo a la investigación, Laboratorio de Paz presentó también la “Lotería de las violencias contra las mujeres en política”, una herramienta que convierte distintas manifestaciones de violencia política basada en género en postales que permiten identificarlas.
Según la ONG la iniciativa persigue contribuir a desnaturalizar prácticas de exclusión, hostigamiento, descalificación e invisibilización que se han normalizado dentro de la actividad política.
Avanzar hacia la paridad de género
Dentro de las propuestas de Laboratorio de Paz para acabar con la violencia política hacia las mujeres destaca la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de reforma institucional, justicia transicional y reconstrucción democrática.
Asimismo, la ONG recomienda avanzar hacia mecanismos de paridad y alternabilidad electoral, además de plantear a los partidos establecer protocolos contra la violencia política basada en género, mecanismos seguros de denuncia, procesos transparentes para seleccionar candidaturas y mayor presencia de mujeres en posiciones reales de dirección y toma de decisiones.
A juicio de Laboratorio de Paz, la agenda de democratización debe contener la recuperación del espacio cívico y la igualdad política de las mujeres. Para la ONG, sin mujeres con capacidad real de ejercer poder, la democratización venezolana estará incompleta.
“Una apertura democrática no debería medirse solamente por quién puede regresar al país, qué medios vuelven a estar disponibles o quién se sienta en una mesa de diálogo. También debe medirse por quién puede hablar, organizarse, participar y decidir en igualdad de condiciones”, concluyó el documento.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
