Citando a funcionarios anónimos, el pasado jueves 27 de noviembre, el medio The Washington Post publicó que en el bombardeo del 2 de septiembre a una supuesta “narcolancha” en el Caribe, donde murieron 11 personas, se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos sobrevivientes.
Al respecto, la Casa Blanca dio a entender que ejecutó la segunda ofensiva, pero insistió en la supuesta legalidad de este procedimiento y exoneró de culpa alguna al Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth.
Al ser increpada directamente por periodistas, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que Hegseth no dio la orden del segundo bombardeo.
Leavitt se limitó a decir que el ataque tuvo lugar en aguas internacionales y estuvo apegado al derecho en conflictos armados.
“El presidente Trump y el secretario Hegseth han dejado claro que los grupos narcoterroristas designados por el presidente están sujetos a ataques letales de conformidad con las leyes de la guerra. Con respecto a los ataques en cuestión, el 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante (Frank) Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos”, leyó Leavitt de un comunicado.
Tras ser interrogada sobre qué ley autoriza la muerte de los sobrevivientes de un ataque, Leavitt volvió a leer el comunicado.
“El almirante Bradley actuó con eficacia, dentro del marco de su autoridad y de la ley que regulaba la operación, para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza para los Estados Unidos de América”, sostuvo la funcionaria gubernamental.
A propósito de estas acusaciones hechas por el Washington Post, el Congreso de los Estados Unidos asomo la posibilidad de abrir una investigación por supuestos crímenes de guerra.
“El presidente Donald Trump ha dejado muy claro que si los narcoterroristas están traficando drogas ilegales hacia Estados Unidos, tiene la autoridad para eliminarlos, y eso es lo que está haciendo esta administración, que ha designado a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras”, concluyó Leavitt.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del martes, 2 de diciembre,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Después de abrir su oficina en 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su cierre este lunes 1 de diciembre por falta de cooperación del gobierno venezolano en materia de complementariedad.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón dijo que el cierre no representa un retroceso en la investigación por crímenes de lesa humanidad; por el contrario, confirma con mayor claridad la falta de voluntad del Estado venezolano para asumir los compromisos mínimos necesarios destinados a superar la impunidad.
Como es tradición desde hace al menos dos décadas, San Nicolás volvió a la Cota Mil como en Caracas este 1 de diciembre.
#País l 🎅🏻🎄 El tradicional Santa Claus o San Nicolás de la Cota Mil, llegó este lunes 1 de diciembre a la avenida Boyacá, para dar inició a la temporada navideña. Esta actividad representa una tradición que se ha mantenido en la ciudad con el pasar del tiempo. pic.twitter.com/15pbUhgCWZ
El cineasta neoyorquino Woody Allen cumplió el domingo pasado 90 años. El director, señalado y rechazado por polémicas, es uno de los mayores referentes del séptimo arte por películas como Annie Hall, Manhattan, La Rosa Púrpura del Cairo, Match Point y Medianoche en París.
El Real Madrid empató 1-1 en su visita al Girona el pasado domingo 30 de noviembre en la 14ª jornada de la Liga española y cedió el liderato al Barcelona, que previamente ganó 3-1 al Alavés.
Hoy se cumplen 23 años del paro cívico del 2 de diciembre, suceso que no conocen las nuevas generaciones y a veces es olvidado o tergiversado por las no tan nuevas. Después de los acontecimientos del 11 de abril, en los que el presidente Hugo Chávez fracasó en su intento de apoderarse de PDVSA para ponerla al servicio de su proyecto político, los demócratas estábamos convencidos de que no abandonaría su plan porque era imprescindible para imponer su llamado Socialismo del Siglo XXI. Cuando la Fuerza Armada lo regresó a Miraflores pidió perdón y ofreció enmendarse, pero volvió a las andadas. ¿Qué medidas tomó para seguir con su plan? ¿Cuál fue la reacción de los venezolanos y, en particular, de los trabajadores petroleros?
¿Cuál fue el plan del gobierno?
Reincorporó a los petroleros despedidos en abril 2002 y a los jubilados y designó una nueva directiva acorde con la meritocracia, pero impuso a Alí Rodríguez Araque, antiguo guerrillero, como presidente. Los simpatizantes chavistas que estaban en PDVSA crearon la organización Asopetroleros para la defensa de la llamada revolución. Sus miembros se dedicaron a enviar correos electrónicos acusando a quienes habíamos participado en los sucesos de abril 2002 de conspirar en contra de Chávez y utilizaron las instalaciones de la empresa para hacer proselitismo político.
Gradualmente, Alí Rodríguez inició algunos cambios y creó un plan de contingencia paralelo para enfrentar la posibilidad de otro paro. Por otra parte, abogados relacionados con el gobierno solicitaron una averiguación penal en contra de doce de nosotros, y en Carabobo y Anzoátegui tres compañeros fueron sometidos a presión judicial. Además, una Comisión Parlamentaria Especial exhortó al Poder Ciudadano a determinar las responsabilidades civiles y penales de once de nosotros.
¿Qué hicimos los petroleros?
Como colectivo nunca pretendimos incursionar en política, pero consideramos importante mejorar nuestras relaciones con el resto de la sociedad y contribuir a divulgar la complejidad de nuestras actividades y, además, intentar protegernos legalmente por estar conscientes de que el gobierno no perdonaría nuestra actuación entre febrero y abril del 2002. Para el primer objetivo, por iniciativa de Juan Fernández y de otros 21 compañeros, fundamos la Asociación Civil Gente del Petróleo. Para el segundo, a iniciativa de Horacio Medina y de 15 compañeros se constituyó el sindicato profesional UNAPETROL. Ambas organizaciones salieron a la palestra en julio 2002.
Fuera de horas de oficina o a cuenta de vacaciones participamos en todas las marchas para exigir justicia por los asesinatos del 11 de abril. Ante el paro por 24 horas del 10 de octubre 2002 hubo ausentismo en el área administrativa. Sin embargo, algunos grupos nos reclamaban por no iniciar un nuevo paro. El 19 de junio escribí en El Universal que para bien de todos era deseable que el presidente Chávez renunciara. El 31 de octubre de 2002 tuve que jubilarme por edad y años de servicio, pero en abril de 2003 me despidieron “por inasistencia al trabajo”.
Las evidencias de que Chávez estaba minando la democracia y la presión ejercida por la opinión pública influyeron en que la CTV, Fedecámaras y los partidos de oposición, agrupados en la Coordinadora Democrática, planificaran un paro cívico para el 2 de diciembre de 2002. El 29 de noviembre hubo una reunión previa en Fedecámaras y solo Pompeyo Márquez y Gabriel Puerta dijeron que el paro no era conveniente. Víctor Ramos y quien esto escribe expresamos que para los petroleros no era conveniente más de 72 horas. Al día siguiente se tomó la decisión y los voceros declararon que la duración se evaluaría sobre la marcha.
Ni Gente del Petróleo, ni Unapetrol convocaron al paro, cada quien se sumó por decisión propia. A las 24 horas era evidente que el mismo no había tenido el éxito esperado, pero el gobierno tenía interés en que se prolongara. Por eso, el día 3 ordenó un ataque despiadado de la Guardia Nacional, en contra de un grupo de petroleros y de la sociedad civil que estábamos frente al edificio de PDVSA en Chuao protestando por la introducción de unos malandros, probablemente enviados por el gobierno, a la casa de Juan Fernández, profiriendo amenazas contra él y sus dos hijas.
Arbitrariedades de Alí Rodríguez
Grupos violentos chavistas se congregaron en las entradas de varios edificios de PDVSA y filiales, impidiendo el ingreso de quienes consideraban no afectos al gobierno. El 4 de diciembre Daniel Alfaro y su tripulación detuvieron el Pilín León. El día 5 fueron suspendidos los principales gerentes operacionales, lo cual ameritó que los directores de PDVSA expresaran su desacuerdo y al día siguiente pusieran sus cargos a la orden. Ese mismo día se produjo la matanza en Altamira. PDVSA fue militarizada. El 13 despidieron a Edgar Paredes, Juan Fernández, Horacio Medina, y a Edgar Quijano. La directiva de PDVSA Petróleo, distinta de la de PDVSA y que no había sido sustituida, expresó en varios comunicados su desacuerdo con las medidas tomadas por Alí Rodríguez.
El 23 de diciembre 90 compañeros fueron separados de sus cargos. El despido de unos 23.000 trabajadores se produjo a principios del 2003 y ocurrieron los desalojos de residencias con uso brutal de la Guardia Nacional y policías, particularmente el salvaje asalto a la urbanización Los Semerucos en Paraguaná. Juan Fernández y María De Oteyza fueron los representantes de Gente del Petróleo ante la Coordinadora Democrática y otros compañeros participaron en las diferentes comisiones.
Logros parciales del paro
Con la idea de realizar esfuerzos tendentes a suspender el paro, Horacio Medina solicitó una reunión a César Gaviria. El secretario general de la OEA lo recibió el 17 de diciembre y alegó que “eso no era conveniente porque era la única palanca para mantener al gobierno en la mesa de negociación y acuerdos”. Esta mesa se constituyó el 8 de noviembre 2002, pero solo hasta el 23 de mayo 2003 se firmó un acuerdo en que el gobierno se comprometió a realizar elecciones libres, referendos revocatorios, conformar un Consejo Electoral imparcial, respeto a los derechos humanos, libertad de expresión, uso limitado de la fuerza para reprimir, organismos policiales desmilitarizados, desarme de la población y una Comisión de la Verdad para investigar la masacre del 11 de abril. Desde luego, ni Chávez, ni Maduro respetaron este acuerdo.
Nuestro reconocimiento a quienes hicieron todo lo posible por evitar llegar a la situación actual. Los petroleros seguimos presentes y comprometidos en la lucha por la democracia y en la recuperación del país y reconocemos a Edmundo González como presidente electo y el liderazgo de María Corina Machado.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
Al menos 20 colombianos permanecen detenidos en Venezuela por razones políticas. Ese es el número que tienen familiares, pues ni Cancillería de Colombia o las autoridades venezolanas han dado un número preciso. Pero se aferran a la esperanza de que “pronto” se otorguen más liberaciones y puedan retornar a sus casas.
La administración de Nicolás Maduro ha apresado a decenas de extranjeros, especialmente luego de las elecciones presidenciales de 2024, bajo acusaciones de supuesto terrorismo y conspiración. Sin embargo, los colombianos detenidos y sus familiares apenas han podido comunicarse en dos oportunidades en poco más de un año, en llamadas de cinco minutos cada una. Tampoco han podido juramentar a un abogado privado, obtener acceso al expediente judicial o asistencia consular.
Organizaciones internacionales lo consideran detenciones arbitrarias. Los familiares lo llaman “secuestro”. Así lo considera Doris Barajas, tía de Danner Gonzalo Barajas Luque. El trabajador de la construcción, de 23 años, fue detenido el 7 de noviembre de 2024 por la Guardia Nacional en la población de El Amparo, estado Apure, cuando iba a sellar la entrada al país. Venía a Venezuela a visitar de sorpresa a su mamá, pues ya tenía cinco años que no la veía.
“No volvimos a saber nada de él hasta después de cinco meses cuando le permitieron una llamada de unos cinco minuticos. Dijo que lo tenían retenido, preso en El Rodeo I”, dice Doris.
En esas llamadas, Danner les ha dicho que está bien y pregunta por la familia. “Nos dice que se enteran cuando hacemos los plantones en Bogotá y Cúcuta. No da mucha información de cómo está allá. Allá la información que le dejan es que diga que todo está bien, que lo tratan bien”.
La madre de Barajas se movilizó hasta la cárcel de El Rodeo I para intentar ver a su hijo en varias oportunidades, pero se lo negaron. En una visita incluso le dijeron que no se acercara más porque ella iba a ser la próxima detenida. El pasado 24 de octubre, 18 colombianos que estaban detenidos en esa cárcel fueron liberados tras conversaciones entre las administraciones de Petro y Maduro. Algunos de los liberados comentaron a la familia que el joven está bien.
“Gracias a Dios nos dieron un mensaje alentador que el muchacho está bien, que a pesar de la situación tan deprimente como es allá, a pesar de eso se siente fuerte, se sentía bien. Incluso, los compañeros pensaban que Danner iba a ser uno de ellos”, comenta Doris.
La tía de Barajas insiste en que el joven es inocente al igual que los liberados. “No tienen antecedentes en ningún país, ni allá en Venezuela ni aquí en Colombia”.
Al igual que otras familias, expresa su frustración por el poco avance en nuevas liberaciones. El 20 de noviembre tuvieron una reunión con el vicecanciller Mauricio Jaramillo, quien les indicó que continuaban las gestiones para, a través de la vía diplomática, lograr la libertad de todo el grupo.
“Nos dijeron que todo depende del presidente Maduro”, señala Doris Barajas.
Sin embargo, la mujer ve como una buena señal el anuncio hecho por el cónsul de Colombia en Táchira, David Haddad Clavijo, el pasado 25 de noviembre, donde informó que aproximadamente unos 60 colombianos detenidos en cárceles del interior fueron trasladados a centros de reclusión en la frontera para que estén más cerca de sus familiares.
“Yo confío en Dios que mi Danner sea uno de ellos”, afirma.
Colombianos detenidos desde hace años
Dentro del grupo de colombianos detenidos hay hombres como Brandon Josué Castaño Ocampo, de 28 años, que lleva años bajo arresto en Venezuela.
Castaño Ocampo fue detenido por funcionarios de seguridad el 29 de junio de 2019 en la localidad de Ureña, estado Táchira, mientras estaba de visita a su abuela. El joven fue acusado y condenado a seis años de prisión por terrorismo y vandalismo, tras ser señalado de ser un paramilitar. El 29 de junio de este año se cumplió su condena, pero hasta la fecha el tribunal de ejecución correspondiente no ha emitido la boleta de excarcelación.
Pasó por varios comandos policiales, la prisión de Yare y actualmente se encuentra detenido en la cárcel de El Rodeo II, estado Miranda. En este lugar se contagió de tuberculosis, que superó gracias al tratamiento que le suministraron.
Su madre no lo ha podido visitar en seis años y medio por temor a la situación. Las hijas de Brandon, de nueve y siete años, tampoco lo han visto en todo ese tiempo. Su hija menor no lo conoce, pues cuando lo capturaron apenas tenía tres meses de edad.
En medio de las comunicaciones del Consulado a diversas familias de detenidos, a la familia de Brandon Castaño le informaron que no va a ser incluido en las liberaciones, por los momentos, porque su boleta de excarcelación no ha sido debidamente entregada en la prisión. El joven comentó que planea una huelga de hambre para presionar por su libertad.
Nuevas protestas
La tía de Danner Barajas señala que en la última reunión llegaron a un acuerdo con el vicecanciller Mauricio Jaramillo. El trato consiste en que esperarían hasta el 29 de noviembre por nuevas liberaciones o harían nuevos plantones en el puente binacional Simón Bolívar, que une a las poblaciones de Cúcuta y San Antonio del Táchira.
“Si no hay liberaciones pronto, vamos a volver a cerrar porque hemos visto que lo único que da resultados realmente es el bloqueo del puente internacional, porque ya ni con las entidades del Gobierno da resultados”, asegura Barajas.
Vicky Latorre también ratificó que están dispuestos a nuevos plantones hasta que se concreten más excarcelaciones. “Todo sigue igual. Desde el cierre en Villa del Rosario no han avanzado nada, el gobierno está en silencio”, afirma.
Latorre es esposa de Martín Emilio Rincón, un palmicultor y padre de familia que fue «secuestrado por el Gobierno de Venezuela» desde el 30 de septiembre de 2024 cuando fue arrestado en Guasdualito, estado Apure, «solo por ser colombiano» tras haber ingresado legalmente al país.
Al igual que la familia Barajas, apenas ha podido comunicarse durante cinco minutos, momento en el que Rincón pregunta “cómo estamos la familia, y dice que está bien, pero no pueden hablar nada de allá porque si no les cortan la llamada”.
Latorre también contrató abogados particulares, pero “ni a ellos les dicen nada”. Además se han interpuesto cinco amparos constitucionales ante tribunales venezolanos pero no han sido respondidos. Según ha podido conocer, a su esposo lo acusaron de traición a la patria “pero cómo lo acusan de eso si es colombiano”.
En el caso de Carlos Alberto Cañas, un comerciante de 56 años, fue señalado de terrorista pero “no existe una carpeta abierta que nosotros sepamos. La Cancillería la ha pedido, la ONU la pidió pero nunca se les ha mostrado cuál es el proceso. De hecho la ONU, en junio, sacó un documento donde señala que son detenciones arbitrarias por eso, porque no existía un proceso abierto que ellos puedan revisar”, señala Jorge Cañas, uno de sus cinco hermanos.
El comerciante fue detenido en Guasdualito, tras haber sellado su pasaporte como lo hacía normalmente cuando ingresaba al país por cuestiones de trabajo. “Estuvo en condición de desaparecido por cinco meses, hasta que pudimos tener razón de él a través de otras personas extranjeras que fueron liberadas y que nos dijeron que se encontraba en la cárcel de El Rodeo I”.
Desde entonces solo han podido comunicarse el pasado 15 de mayo y hace 45 días. “Siempre nos cuentan que el director lo tienen al lado y solo hablan de cosas de la familia”.
La familia Cañas se ha visto afectada por la prisión de lo que consideran un “líder nato”. “Para nuestra familia han sido muy graves los hechos porque él estaba pendiente de todo, de las cosas de nuestro papá, es muy proveedor. Hemos sentido su ausencia”.
Incluso el hijo de Carlos, quien estudiaba primer semestre de la universidad, pausó sus estudios por la situación.
Por lo momentos, esperan información de las autoridades colombianas. “En la cumbre de la Celac se trató el tema directamente… La información de Cancillería y Embajada es que han estado en conversaciones, pero no nos dicen más”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que la suspensión de decisiones sobre peticiones de asilo “no tiene límite de tiempo y puede durar mucho tiempo”.
“No queremos a esas personas de diferentes países que no son amigables con nosotros y de naciones que están fuera de control. Ya tenemos suficientes problemas”, dijo el mandatario.
Trump asomo que no se trata de generalizar.
“No creo que todos sean del Tercer Mundo, pero en muchos casos sí lo son. No son buenos países. Son países plagados de crimen. Son países que no hacen un buen trabajo. Francamente, no necesitamos que su gente venga a nuestro país a decirnos qué hacer”, indicó.
Trump, quien ha usado con frecuencia a Somalia como ejemplo de un país no apto para que sus ciudadanos emigren a Estados Unidos, insultó a la congresista demócrata Ilhan Omar, quien emigró hace más de décadas de esa nación y actualmente posee el estatus de refugiada.
El mandatario estadounidense reiteró su amenaza de revocar la nacionalidad a algunos ciudadanos estadounidenses.
“Si tengo el poder para hacerlo, no estoy seguro de tenerlo, pero si lo tengo, quitaría nacionalidades, absolutamente”.
Luego del tiroteo a miembros de la Guardia Nacional la semana pasada en Washington, Trump ha intensificado su ofensiva antimigratoria.
Dicho tiroteo fue protagonizado por Rahmullah Lakanwal, un ciudadano afgano que llegó a Estados Unidos en 2021, solicitó asilo en 2024 bajo un programa implementado por el expresidente demócrata Joe Biden y lo obtuvo en abril de 2025 durante el actual mandato de Trump.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) rechazó este lunes, 1 de diciembre, la nueva oleada de persecución contra dirigentes sindicales.
A través de su cuenta en X, la CTV difundió un comunicado para denunciar públicamente la detención arbitraria de su secretario general, José Elías Torres, efectuada sin la existencia de una orden judicial ni de hechos que configuren violación alguna del ordenamiento jurídico venezolano.
José Torres es un dirigente sindical que coordina la representación de la CTV ante el Foro de Diálogo Social que se desarrolla en el país, instancia tripartita integrada por centrales sindicales, el sector empresarial y el gobierno nacional, con asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Denunciamos y deploramos también la detención del compañero William Lizardo, presidente de Fetraconstrucción, cuyo paradero es desconocido desde el viernes 28 de este mes”, se lee en el comunicado de la CTV.
La CTV exigió la “inmediata liberación” de su secretario general y de todos los dirigentes sindicales actualmente detenidos.
La organización recordó que la defensa legítima de los derechos laborales y sindicales, ejercida conforme a la Constitución y las leyes de la República, “no constituye delito ni puede ser objeto de criminalización bajo ninguna circunstancia”.
Defender derechos laborales no es un delito. Exigimos la libertad inmediata y plena de José Elias Torres, presidente (e) de la CTV.#OIT#Venezuelapic.twitter.com/ro83mg5gRV
De acuerdo con la información suministrada por el Observatorio de Libertad Sindical a distintas organizaciones, Torres fue detenido la tarde del 29 de noviembre en su residencia en Bello Monte, Caracas.
“Funcionarios no identificados irrumpieron sin orden judicial en su residencia, allanaron su apartamento y se lo llevaron por la fuerza. Desde ese momento se desconoce su paradero y las razones de la detención, lo que configura una posible desaparición forzada bajo los estándares internacionales”, denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).
La Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela destacó que la defensa de los derechos sindicales “no es un delito”.
José Elías Torres se suma a la lista de dirigentes sindicales encarcelados por exigir derechos laborales y denunciar abusos: con él, ya suman 15.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El senador del partido republicano en Estados Unidos, Markwayne Mullin, dijo que el gobierno de Donald Trump le dio la oportunidad a Nicolás Maduro de irse a Rusia o a otro país.
El miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado sostuvo que el ofrecimiento se produjo en el marco de la llamada que sostuvieron ambos gobernantes, cuya realización
“No diría que salió bien, ni mal. Fue una llamada telefónica”, se limitó a decir Trump a los periodistas que lo acompañaban a bordo del Air Force One.
Mullin indicó que el 28 de julio de 2024 el pueblo venezolano habló claramente.
“El propio pueblo venezolano ha dicho que quiere un nuevo líder y quiere restaurar a Venezuela, quiere que el país sea como solía ser, un país muy próspero. Pero Maduro ha arruinado absolutamente a ese país”, sostuvo Mullin.
Las declaraciones del senador y el presidente republicano se produjeron luego que este último dijera el pasado sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse cerrado, originando así una serie de cancelaciones de vuelos.
El gobierno de Maduro ha respondido con la revocación de licencias aeronáuticas a las compañías que se niegan a operar en el cielo venezolano.
La administración de Trump mantiene un despliegue militar en el Caribe y el océano Pacifico y ha amenazado con empezar a llevar a cabo operaciones terrestres.
La ofensiva contra el Cartel de los Soles, organización declarada como terrorista extranjera por el Departamento de Estado, ha cobrado la vida de más de 80 presuntos traficantes de drogas que iban a bordo de alrededor de 20 “narcolanchas”, hundidas por el Comando Sur de Estados Unidos.
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Este lunes, 1 de diciembre, la Corte Penal Internacional (CPI) informó que cerró su oficina en Caracas ante la falta de cooperación del gobierno de Nicolás Maduro para investigar los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Venezuela desde 2017.
El Fiscal Adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, durante su intervención en la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, reafirmó que aunque la oficina cerró sus puertas, la “investigación sobre crímenes de lesa humanidad sigue activa y centrada“.
“Nuestra investigación se mantiene centrada y activa gracias al trabajo de nuestro equipo dedicado y unificado, junto con nuestros socios y, como siempre, guiados por la evidencia y la ley”, dijo el fiscal.
El fiscal Mame Mandiaye Niang, encargado del caso tras la salida del fiscal de la CPI Karim Khan, explicó que, tras un trabajo continuo, determinaron que “el progreso real en la complementariedad sigue siendo un desafío. Por consiguiente, y conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros limitados recursos, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”.
La complementariedad es un principio de la justicia internacional que debe cumplir el Estado sujeto a investigación para “indagar y apoyar en la determinación de los crímenes de lesa humanidad en los que están implicados sus funcionarios”.
Las reacciones
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) se pronunció a través de su cuenta en X sobre la decisión de la CPI de cerrar su oficina en Caracas y afirmó que el hecho “es de profunda relevancia para la defensa de los derechos humanos y para el escrutinio internacional sobre la grave crisis de justicia que atraviesa el país”.
“Este cierre no representa un retroceso en la investigación por crímenes de lesa humanidad; por el contrario, confirma con mayor claridad la falta de voluntad del Estado venezolano para asumir los compromisos mínimos necesarios destinados a superar la impunidad estructural que impera en el país”, explicó la ONG.
JEP recalcó que el cierre de la oficina técnica confirma lo que las organizaciones de derechos humanos han denunciado de manera persistente: las autoridades venezolanas no tienen la voluntad política de avanzar en la reinstitucionalización del sistema de justicia, ni están dispuestas a cumplir con estándares internacionales de independencia, imparcialidad y rendición de cuentas.
“Esta decisión deja al descubierto, una vez más, el incumplimiento reiterado de obligaciones internacionales por parte del Estado y la permanencia de un patrón de impunidad incompatible con el derecho internacional”, señaló.
La ONG indicó también que el cierre de esta oficina envía un mensaje claro y contundente a la comunidad internacional: en Venezuela no existe un entorno institucional adecuado para llevar a cabo investigaciones genuinas sobre crímenes de lesa humanidad.
Camino engorroso
Cabe aclarar que dicha oficina nunca tuvo competencia para investigar o procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Su mandato era estrictamente de cooperación técnica. La investigación formal ha permanecido, desde su inicio, en manos de la Fiscalía de la CPI, que ahora ratifica que solo a través de su intervención puede garantizarse algún avance real, dada la ausencia de mecanismos internos efectivos.
La CPI abrió su oficina en Caracas en 2024, como resultado de un acuerdo alcanzado en 2021 entre el entonces fiscal Karim Khan y Nicolás Maduro. Esto ocurrió mientras avanzaba la investigación, la cual fue retomada el 27 de junio de 2023, después de un largo proceso iniciado en 2018 y marcado por constantes objeciones de los abogados del Estado venezolano.
En el mes de septiembre, el funcionario de Información Pública de la CPI Francisco González Centeno explicó que la Presidencia de la CPI aceptó en septiembre la solicitud de Khan de apartarse de la investigación, tras una instrucción de la Sala de Apelaciones. La medida se tomó debido a que un familiar del fiscal había integrado el equipo jurídico de Venezuela ante la Corte, lo que podía generar dudas sobre su imparcialidad.
“El hecho de que el Fiscal se haya excusado no tiene ningún impacto en la investigación en sí ni en otras actividades de la Fiscalía sobre la situación en Venezuela, que continúan bajo la dirección del fiscal adjunto Niang”, aclaró González Centeno.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
