Citando a funcionarios anónimos, el pasado jueves 27 de noviembre, el medio The Washington Post publicó que en el bombardeo del 2 de septiembre a una supuesta “narcolancha” en el Caribe, donde murieron 11 personas, se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos sobrevivientes.
Al respecto, la Casa Blanca dio a entender que ejecutó la segunda ofensiva, pero insistió en la supuesta legalidad de este procedimiento y exoneró de culpa alguna al Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth.
Al ser increpada directamente por periodistas, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que Hegseth no dio la orden del segundo bombardeo.
Leavitt se limitó a decir que el ataque tuvo lugar en aguas internacionales y estuvo apegado al derecho en conflictos armados.
“El presidente Trump y el secretario Hegseth han dejado claro que los grupos narcoterroristas designados por el presidente están sujetos a ataques letales de conformidad con las leyes de la guerra. Con respecto a los ataques en cuestión, el 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante (Frank) Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos”, leyó Leavitt de un comunicado.
Tras ser interrogada sobre qué ley autoriza la muerte de los sobrevivientes de un ataque, Leavitt volvió a leer el comunicado.
“El almirante Bradley actuó con eficacia, dentro del marco de su autoridad y de la ley que regulaba la operación, para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza para los Estados Unidos de América”, sostuvo la funcionaria gubernamental.
A propósito de estas acusaciones hechas por el Washington Post, el Congreso de los Estados Unidos asomo la posibilidad de abrir una investigación por supuestos crímenes de guerra.
“El presidente Donald Trump ha dejado muy claro que si los narcoterroristas están traficando drogas ilegales hacia Estados Unidos, tiene la autoridad para eliminarlos, y eso es lo que está haciendo esta administración, que ha designado a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras”, concluyó Leavitt.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
