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Rocío San Miguel: “Durante cuatro meses no me dejaron ver el sol”

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“Recuerdo en diciembre del año pasado cuando mi hija me comentó que estaba embarazada, yo me dije que no podía seguir presa y 45 días después, sucedió el milagro”. Ese fue parte del relato de la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, en una entrevista radial concedida a la periodista, Shirley Varnagy.

San Miguel habló por vez primera con un medio de comunicación desde que fuese excarcelada el 8 de enero de 2026 y sentenció que el nacimiento de su nieto es un símbolo de esperanza.

“Creo que sin el amor de mi hija esto hubiese sido más difícil”, dijo San Miguel con voz quebradiza.

La activista expresó estar contenta por haber salido y recibido libertad plena apenas la semana pasada, pero indicó que el país no puede celebrar hasta que salga el último de los presos políticos. 

“Creo que doy las gracias, pero con ese corazoncito triste por las personas que se quedan adentro, y por supuesto, por el resto de los presos políticos que tienen que salir en libertad. Ese es un clamor nacional y confío en que se va a dar pronto ese camino”, aseveró. 

La defensora de derechos humanos calificó como inverosímil el momento en que fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía el pasado 9 de febrero de 2024.

“Fue a las 6 de la mañana de ese 9 de febrero, no había una orden de detención en mi contra, un funcionario de la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar)  me dijo que tenía una alerta silenciosa. Me retuvieron hasta las 2 de la tarde, en ese momento un funcionario de la PNB (Policía Nacional Bolivariana me dijo que mi pasaporte tenía problemas. Después me trasladaron a la sede de la Dgcim en Boletia sin decirme”, agregó la activista.

San Miguel reveló que durante su reclusión pasó por muchos momentos duros, pero uno de los peores fue cuando se fracturó el hombro derecho. 

“Estaba sufriendo de laberintitis y les había advertido que me podía caer, y en efecto, me caí en agosto de 2024 y me fracturé, en diciembre de ese año fue que me hicieron una radiografia y en abril de 2025 me operaron, pasé ocho mese fracturada”, reseñó.

San Miguel narró también que se vio obligada a hacer una huelga de hambre para poder ver a su hija.

“Se me permitió una llamada telefónica después de un año y diez meses de estar presa. Durante cuatro meses no me permitieron salir al sol”, contó la directora de Control Ciudadano.  

Pese al escándalo de corrupción que lo rodea, San Miguel agradeció al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. 

“El relato completo de mi paso por la cárcel lo mantengo a distancia porque hay muchas cosas que sanar. Me peleé con Dios, pero ya me reconcilié. Como familia hemos salido fortalecidos, yo creo que volvería a hacer todo lo que hice, creo en la contraloría ciudadana. Soy razonablemente optimista”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Cecodap: al menos 118 adolescentes fueron imputados bajo la Ley contra el Odio

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La ONG Cecodap denunció este 4 de octubre que al menos 118 adolescentes venezolanos entre 12 y 17 años enfrentaron imputaciones por delitos previstos en la «Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacifica y la Tolerancia» (LCCO) entre los años 2024 y 2025.

Mientras la presidenta encargada bajo el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, mandó a la Asamblea Nacional a reformar la Ley Contra el Odio el pasado 29 de septiembre, la sociedad civil afirma que la normativa debe ser derogada. Cecodap recalcó que los 118 jóvenes fueron imputados bajo el artículo 20 de la LCCO sin ningún respaldo al debido proceso judicial.

«No se construye convivencia pacífica partiendo de la presunción de que un adolescente es culpable. La convivencia también exige respetar la presunción de inocencia, el debido proceso y las garantías especiales que corresponden a la adolescencia», denunció la ONG en sus redes sociales.

Otras organizaciones de la sociedad civil, como Foro Penal, han destacado que 927 personas han sido detenidas e imputadas bajo la LCCO en los últimos nueve años.

Cecodap advirtió que la mayoría de las detenciones de niños, niñas y adolescentes en este contecto ocurrieron en condiciones que vulneran la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Loppna). Entre las violaciones a la Loppna que menciona la ONG están la detención del joven en su propia casa o cerca de ella sin haber cometido un delito en fragancia, no se le informaba a los familiares de la aprehensión o el motivo de su detención y solo criminalizaban al adolescente por el uso de sus redes sociales.

La mayoría de estas detenciones arbitrarias ocurrieron poco después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

«Cuando llegamos allá nos quitaron los teléfonos y nos dijeron que la que se quedaba detenida era mi hija, porque era la que aparecía en el grupo de WhatsApp. Era un grupo en el que se hablaba de todo. Era un grupo de 500 y pico de personas; pero mi hija quedó detenida porque una persona denunció que por allí la estaban acosando, que le estaban haciendo bullying, que la estaban amenazando y por eso ella denunció el grupo», denunció ante Cecodap la madre de una adolescente de 16 años en Carabobo. La ONG protegió la identidad de la entrevistada. La adolescente ahora se encuentra excarcelada.

Vulneraciones en todo momento

Los jóvenes detenidos estuvieron en cárceles destinadas para adultos o en centro policiales por varios días, cuando la ley solo les permite estar en las estaciones policiales por menos de 48 horas y sin adultos a su alrededor. Según los datos recopilados por Cecodap, los adolescentes fueron víctimas de torturas y tratos crueles e inhumanos durante su reclusión arbitraria.

Tampoco recibieron visitas de sus padres o representantes de forma inmediata o constante. «En el Distrito Capital, las madres de los adolescentes protestaron por las condiciones en las cuales se encontraban sus hijos y no les dejaron verlos la semana siguiente de la denuncia», relató Cecodap.

Otra irregularidad detectada es que nunca fueron procesados en tribunales especializados en derechos de los niños, niñas y adolescentes. En cambo, las presentaciones ocurrían en tribunales contra el terrorismo. Como esas instituciones solo están en Caracas, algunos adolescentes en las regiones tuvieron audiencias telemáticas.

«Según los reportes de los familiares, los adolescentes no fueron informados de forma clara, precisa ni educativa sobre el proceso legal que se desarrolló. Muchos se enteraron de su imputación el día de la audiencia de presentación, pero desconocían las razones por las cuales sus juicios se dilataban o cuáles eran los pasos siguientes en el proceso», recopiló Cecodap.

Excarcelados, pero sin libertad

Según Cecodap, la mayoría de los adolescentes imputados fueron excarcelados a los meses. Si bien Foro Penal no tiene en sus registros de adolescentes detenidos arbitrariamente para el 5 de octubre de 2026, las excarcelaciones no tienen una garantía de libertad plena.

«Algunos deben presentarse cada ocho días [ante tribunales], otros cada 15. Esto significó para muchas familias un gasto no previsto que no podían asumir. Algunas familias decidieron no ir a Caracas y volver a tribunales locales para pedir audiencias telemáticas. En otros casos, envían a sus hijos solos porque solo pueden costear un pasaje de ida y uno de vuelta», denunció Cecodap.

Hasta ahora, el Gobierno interino venezolano avalado por Estados Unidos no ha ofrecido detalles sobre la restauración de los derechos fundamentales de estos adolescentes. Cecodap reiteró que el sistema de justicia venezolano falló ante estos casos en particular.

«La criminalización inicial, la permanencia en condiciones precarias y la incertidumbre procesal prolongada reflejan una lógica de castigo ejemplarizante y no una intervención pedagógica o restaurativa, tal como lo exige el marco nacional e internacional aplicable», concluyó la ONG.

En el Día de la Educación Vial, el OSV clama por políticas públicas y educación para salvar vidas

En el marco del Día Internacional de la Educación Vial este 5 de octubre, el Observatorio de Seguridad Vial (OSV) insistió en la necesidad de reflexionar y transformar el comportamiento de los ciudadanos al desplazarse por las calles y carreteras del país y priorizar la prevención, debido a las “cifras alarmantes” que arrojan sus informes mensuales sobre siniestralidad, víctimas fatales y los sectores más vulnerables de la población.

La coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial (OSV), Rosibel González, destacó en una nota de prensa el impacto de los incidentes de tránsito en el mundo. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas advierten que este tipo de eventos cobran anualmente más de 1,3 millones de vidas en el mundo y son la principal causa de muerte en jóvenes y niños.

Bajo este diagnóstico, la ONU impulsa el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, una hoja de ruta internacional cuya meta primordial es reducir a la mitad las muertes y lesiones graves en las carreteras mediante el llamado enfoque de sistema seguro.

“El OSV suscribió tales acuerdos , al ser miembros de la Alianza Mundial de ONG para la Seguridad Vial – The Global Alliance of NGOs for Road Safety -, un modelo internacional propone que los gobiernos prioricen el diseño de infraestructura vial segura, la gestión estricta de límites de velocidad, el control riguroso de factores de riesgo como el alcohol y la falta de cascos, la mejora en la seguridad de los vehículos y una respuesta médica post-siniestro rápida y eficaz; lamentablemente, estamos muy lejos de ello”, aseguró la Coordinadora de la OSV, Rosibel González.

El OSV hizo énfasis en las estadísticas que mes a mes recogen y que demuestran la necesidad de que se implemente una política vial en Venezuela.

“Los datos que registramos cada mes no son meras estadísticas frías; representan familias quebradas y vidas que podíamos haber salvado mediante la prevención. El país requiere con urgencia una política de educación vial permanente que comience desde las escuelas y se extienda a cada espacio público, acompañada de infraestructura adecuada y un control riguroso que no busque sancionar por sancionar, sino concientizar sobre el valor de la vida en las vías”, proclamó González.

Reiteró que los reportes mensuales del observatorio revelan que casi la mitad de los fallecidos en las vías son motorizados, jóvenes en su mayoría y en accidentes tipo derrapes. Las causas principales de las colisiones o atropellos son el exceso de velocidad y la imprudencia.

Se requiere un plan conjunto

La crisis de movilidad y la recurrencia de accidentes en las carreteras venezolanas no se resuelven con medidas aisladas ni respuestas ocasionales. Para el Observatorio de Seguridad Vial (OSV), la verdadera solución radica en estructurar un trabajo en conjunto con otros organismos, los cuales estén enfocados en atender el problema mediante la prevención, la infraestructura y la conciencia pública.

     La organización destacó que el abordaje de la siniestralidad debe ser integral e incluir la ejecución de campañas educativas sostenidas en el tiempo, la renovación y mejora de la señalización vial a nivel nacional, y la garantía de un mantenimiento constante y profundo de las principales arterias viales del país.

La asociación subrayó que la prevención es una tarea compartida si se quiere garantizar que bajen los índices de mortalidad en el tránsito. La estrategia propuesta requiere la acción inmediata de los entes gubernamentales pertinentes, para así, dar una garantía estatal que pueda mantener las condiciones técnicas e infraestructurales necesarias para asegurar una movilidad fluida y protegida en todo el territorio nacional.

    Igualmente, es importante insistir en que la responsabilidad recae también en cada conductor y transeúnte, a quienes se les urge asumir una conducta estrictamente prudente, respetuosa y solidaria al momento de circular por la vía pública.

Más de 100 fallecidos en siniestros viales en julio

    Durante el mes de septiembre, el OSV hizo públicos sus dos últimos reportes oficiales sobre el comportamiento de la siniestralidad en el país, correspondientes al mes de julio de 2026.

“Las cifras de julio confirman que la tragedia en nuestras vías no cede y que continuamos perdiendo a los sectores más jóvenes y productivos de la sociedad debido a una conducta al volante caracterizada por el exceso de velocidad y la absoluta transgresión de las normas. Es imperativo que el Estado y las instituciones avancen hacia una fiscalización electrónica inteligente, campañas de educación vial permanentes y un control estricto sobre la conducción de motocicletas”, señaló González en el reporte correspondiente a dicho mes.

En concreto, la organización registró 299 siniestros viales a nivel nacional durante julio, con una cifra de 494 víctimas en total. Entre ellas, 103 personas fallecieron: 89 hombres y 14 mujeres.

  Los documentos señalan al exceso de velocidad como la causa principal de estos accidentes, con 179 casos, seguido por la impericia, con 58 registros. Por su parte, las avenidas urbanas concentraron la mayor cantidad de siniestros al contabilizar 113 casos.

    Asimismo, el reporte reveló que las mujeres presentan vulnerabilidad en las vías, lo que responde a la precariedad del transporte público, al situarse mayoritariamente como pasajeras, “parrilleras” y peatones. Ante esta realidad, el OSV urge al Estado a implementar políticas de protección, control de velocidad y regulación estricta del transporte.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Expresa política Karelis Bárcenas: “Había una ventana grande y pensé en tirarme”

A Karelis Bárcenas la detuvieron junto a su esposo, el teniente retirado del Ejército Víctor Daniel Parra, el pasado 4 de mayo de 2021 en Ciudad Caribia, complejo residencial ubicado entre Caracas y el litoral central.

Ese día marcó un antes y un después en su familia. A Parra lo estaban buscando por el caso Gedeón, una supuesta fallida incursión marítima en las costas de La Guaira ocurrida en mayo de 2020.

La operación denominada Gedeón dejó un saldo de ocho personas fallecidas en los enfrentamientos de Macuto y decenas de detenidos. Entre los capturados destacaron dos ciudadanos estadounidenses, exmilitares y empleados de Silvercorp, Luke Denman y Airan Berry, quienes fueron condenados a 20 años de prisión y posteriormente liberados a finales de 2023 en un canje de prisioneros con Estados Unidos.

Además de los dos ciudadanos estadounidenses, fueron excarcelados Leonardo Chirinos, Justo Pastor Daza, Alejandro Torres, Cosme Alcala, Juan Fredd Acosta, Juan Torre y Yolimar Alemán.

De acuerdo con ONG Foro Penal, más de 50 personas vinculadas al expediente Gedeón siguen cumpliendo penas privativas de libertad, bajo denuncias constantes de retardos procesales, tratos inhumanos y falta de atención médica. 

Bárcenas relató que el día que la aprehendieron junto a su marido, una comisión integrada por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) llegaron a su casa sin orden de detención alguna y cometieron cualquier clase de abusos.

“A una sobrina de Víctor que les abrió la puerta la empujaron, a pesar de tener a una bebé de entonces 8 meses en brazos. A cada uno nos encerraron en cuartos separados. A mi me lanzaron al piso, me arrodillaron y me golpearon pese a estar embarazada. Yo escuchaba los gritos de Víctor y de mi hijo de 12 años en otras habitaciones”, dijo Karelis. 

Bárcenas indicó que los funcionarios destrozaron hasta la poceta.

“A Víctor se lo llevaron primero, no sin antes golpearlo. Mi hijo empezó a gritar cuando me estaban sacando de la casa y una funcionaria le dijo: ‘Cállate, que pareces una mariquita dando gritos’. Le dijeron que si no se callaba me iban a lanzar por la ventana. Nosotros vivíamos en un quinto piso”, aseguró Karelys.

Bárcenas añadió que antes de meterla en la maletera de un carro para llevarla a la sede de la Dgcim en Boleita, le pusieron una carpeta en la cabeza y la forraron con adhesivo. “En ese momento me dieron un golpe y eso me desorientó”. 

Relató que estando en la sede de inteligencia militar le quitaron la carpeta de la cabeza y le vendaron los ojos.

“Me llevaron a una oficina y me dijeron que estaba ahí por complicidad con el caso Gedeón, les dije que eso no era posible porque mi esposo se retiró en 2018. Me tuvieron en varios lugares, a los que llaman La Nevera, La Pecera y La Silla de Pelos”, precisó.

En esos espacios, Bárcenas menciona haber sido víctima de torturas: le pusieron electricidad en los senos y la acostaron sobre una alfombra mojada. Su esposo sufrió también fue objeto de tratos crueles: “Le desprendieron las uñas, lo quemaron con colillas de cigarros, también le pusieron corriente; a los presos los enrollan en una colchoneta y los golpean con bates, además de colgarlos por periodos prolongados”, dijo Karelis entre lágrimas. 

Pérdida irreparable

Uno de los peores momentos de ese proceso lo experimentó sentada sobre lo que llaman “La Silla de Pelos”,  hecha de madera con clavos en el asiento, respaldo y apoyabrazos. Un objeto del repertorio de torturas. Allí, comenzó con un sangrado vaginal.

“No prestaron atención a eso, yo no tenía toallas sanitarias, primero use una media, luego otra y tenía un sweater que lo fui rompiendo lentamente”, dijo.

Ante la gravedad del asunto la subieron a un piso del Dgcim donde funciona una enfermería.

“Me desmayé y cuando volví en sí, una enfermera me dijo que yo era joven y que podía tener otro hijo, le dije que ni teniendo 10 iba a reemplazar al que acababa de perder, sentí mucha impotencia y rabia”; recordó.

Y cuando le comunicaron a su esposo lo que había sucedido alteraron la versión: para quebrarlo emocionalmente, le dijeron que había abortado a consecuencia de una violación.

“Se lo dijeron para torturarlo psicológicamente y además le ofrecieron que si se declaraba culpable de los cargos de asociación para delinquir, terrorismo, traición a la patria, porte ilícito de armas de guerra y conspiración con países extranjeros,  a mí me iban a dejar en libertad, lo cual fue mentira”. 

Después de ser torturada, a Karelys la llevaron al hospital Domingo Luciani en El Llanito, donde la hicieron firmar un acta que hacía constar que se encontraba en buen estado físico. 

“Yo tenía morados en el cuerpo y la cara hinchada, la persona que me obligó a firmar el documento ni siquiera pudo levantar la mirada, no pudo verme a los ojos”, dijo.

Posterior a este procedimiento, la llevaron a tribunales a las 6 de la tarde y la presentaron frente al juez cinco horas después: “Siempre estuve esposada, me mostraron una foto donde Víctor y yo salimos con un lazo negro y me dijeron que mi familia creía que estabamos muertos. Había una ventana grande en el tribunal y pensé en tirarme, dos días antes de eso había perdido a mi bebé con tres meses de gestación”. 

Otra pesadilla

Tanto la mujer como el teniente retirado estuvieron en desaparición forzada por 21 días y dieron con ellos porque su madre y suegra acudieron a instancias nacionales e internacionales exigiendo una fe de vida.

Karelis expresó que en vez de concederle libertad como le habían prometido a su esposo, la trasladaron de la sede de la Dgcim al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

“Y eso porque a la Dgcim fue una comisión de la Embajada de España para auxiliar a María Auxiliadora Delgado Tabosky, quien tiene doble nacionalidad. A partir de ahí nos empezaron a trasladar, éramos más de treinta mujeres, fuimos saliendo de diez en diez, yo me fui en el último lote”, reveló.

Al llegar al INOF la llevaron a un área denominada de resguardo o adaptación en donde no había poceta, solo un hueco donde tenían que hacer sus necesidades. Tampoco había agua y comida. Las presas no pueden comunicarse con la familia y solo había  una colchoneta para compartir con otras reclusas.

La alimentación era escasa y también precaria: “ Lo que te dan de comer es agua de frijoles chinos con topocho verde sancochado sin sal”.

Bárcenas sentenció que cinco meses después de su detención llegó una boleta de excarcelación con el otorgamiento de una medida cautelar, donde decía que había sido aprehendida por la Dgcim en Plaza Venezuela por el tráfico de 54 gramos de marihuana.

“Algo absolutamente absurdo, yo al principio me negué a firmar eso porque es mentira, a mí me secuestraron junto a mi esposo, al final tuve que acceder por presiones, pero todos sabían que eso no era así”, destacó.

Fue en diciembre de 2021 cuando Karelis pudo finalmente ver a su esposo en el Rodeo I.

“Ya lo habían trasladado del Sebin en El Helicoide. En el Rodeo te revisan todo, te hacen subir la blusa, bajar los pantalones, te ponen una capucha hasta que llegas al sitio donde haces la visita a través de un vidrio. Lo primero que hizo fue preguntarme en varias oportunidades si me habían violado, yo le dije que me torturaron, pero no abusaron sexualmente de mí”, describe.

Al igual que el resto de los familiares de los presos políticos, después del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, sobre la supuesta excarcelación de una “cifra importante” de presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro, Karelys se apostó en las puertas del Rodeo I a la espera de la salida de su esposo. Pero ya son nueve meses de esa promesa y Víctor Daniel Parra sigue preso. 

“Yo metí la solicitud de Amnistía, pero nunca me dieron respuesta. Por si fuera poco, Víctor no tenía registro en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solo en el Tribunal Cuarto de Control de Terrorismo”, detalló.

Para sorpresa de Karelis, tampoco puede solicitar un amparo para su esposo porque en el expediente aparece como fallecido en el marco de la operación Gedeón.

“Dicen que fue muerto en La Guaira y lo peor es que hubo un cuerpo al que identificaron como Víctor, eso lo he planteado en la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y en el Servicio Penitenciario y han hecho caso omiso”, denunció.

Aunque no sabe cómo va a pagarlo, Karelis solicitó los servicios de un abogado privado porque argumenta que la ONG Foro Penal no le ha brindado el apoyo requerido.

“¿Cómo es posible que el juez que llevó la causa de mi esposo sea José Mascimino Márquez, el mismo que está preso por delitos de corrupción?”, expresó Barcenas. 

La ex presa política denunció que su esposo ya tiene seis años detenido y no se avizora un panorama claro en torno a su caso. Clamó porque los organismos competentes se aboquen a apoyarla.

“No había dado a conocer el caso porque me tenían bajo amenazas y me he tenido que mudar tres veces, todavía me tengo que seguir presentando en tribunales”, dijo. 

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María Corina Machado: “Mi regreso es urgente”

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A través de un artículo de opinión publicado por el medio The New York Post, la líder opositora María Corina Machado expuso que su regreso a Venezuela debe ser inminente.

“Mi deber es acompañar a nuestro pueblo y canalizar pacíficamente las crecientes tensiones sociales. Debo estar allí, profundizando la organización ciudadana, fortaleciendo nuestra red cívica y forjando un acuerdo nacional entre civiles y militares”.

En el artículo, Machado expuso que regresará al país para reconstruir las instituciones, la democracia y la economía, además de convertirse en la socia más fuerte de Estados Unidos.

“Por eso, el próximo paso estratégico es establecer una fecha para las elecciones presidenciales dentro del próximo año, junto con una hoja de ruta para las reformas necesarias para garantizar que sean libres y justas”, escribió.

Machado negó que unas elecciones propicien la inestabilidad del país:

“Por el contrario; unirán al país y aportarán certeza. La elección anterior demostró que millones pueden y están dispuestos a organizarse pacíficamente para lograr un cambio democrático”.

La ganadora del Nobel de la Paz 2025 aseveró que las elecciones no pueden esperar hasta que termine la transición.

“El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha declarado que Venezuela debe celebrar elecciones libres. Estamos de acuerdo. Los venezolanos necesitan saber cuándo”, dijo. 

Tomando como referencia la elección primaria de 2023, donde resultó ganadora, Machado expuso que los venezolanos han demostrado capacidad para organizarse en torno a unos eventuales comicios presidenciales.

“El 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo lo que muchos creían imposible. Ahora podemos convertirlo en una victoria estratégica duradera: una Venezuela estable, democrática y próspera, aliada con Estados Unidos, abierta a la inversión estadounidense y contribuyendo a la seguridad del hemisferio”, insistió.

Sistema represivo intacto

Machado escribió que el régimen venezolano que comanda Delcy Rodriguez todavía tiene mucho poder y que si la presión nacional o internacional disminuye, volverán a aplicar las políticas previas al 3 de enero. 

“Alguna vez tuvimos la democracia más estable y la economía más dinámica de América Latina. Perdimos ambas a manos de un régimen socialista criminal. El resultado fueron la miseria, la violencia, el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y la mayor crisis migratoria de nuestro hemisferio”, expuso.

Machado sentenció que millones de venezolanos solo regresarán si hay un panorama claro a una transición democrática. 

“Los venezolanos queremos que nuestros hijos regresen a casa, un futuro luminoso y una alianza duradera con Estados Unidos basada en valores comunes. Solo un gobierno electo puede ofrecer esa confianza”, indicó. 

Machado recordó también que el pasado 28 de julio de 2024, el hoy preso Nicolás Maduro le impidió competir en las elecciones presidenciales y encarceló a su equipo.

“Maduro encarceló a más de 2000 personas, pero no pudo ocultar la verdad. El 28J se convirtió en nuestro mayor movimiento cívico y demostró que los venezolanos son una garantía de estabilidad democrática y el mejor socio de Estados Unidos en la región”, concluyó en la publicación.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Caso Azul Celeste: colgados con cadenas y encerrados en un tanque de agua bajo tierra. La tortura sistemática que documenta la ONU en las cárceles venezolanas (5/8)

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Antes de mostrarles lo que sigue, hay que hacer una aclaración necesaria sobre el lenguaje. Cuando la Misión dice que algo “constituye tortura” no está usando una figura retórica. Lo dice apoyándose en una definición jurídica precisa, la de la Convención contra la Tortura de la que Venezuela es parte desde hace más de tres décadas: existe tortura cuando un funcionario público, o alguien que actúa bajo su autoridad, inflige intencionalmente dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con un propósito determinado (obtener información, castigar, intimidar, coaccionar o por motivos discriminatorios). La tortura tiene, además, una prohibición absoluta. No admite excepciones ni siquiera en estados de emergencia y no puede justificarla una orden superior. Eso es lo que la Constitución venezolana también establece en su artículo 46, y lo que desarrolla una ley especial que existe en el país desde el año 2013. Con esa definición en mano, veamos qué encontró la Misión.

El caso Azul Celeste

En las semanas posteriores al 3 de enero de 2026, la DGCIM detuvo a varias personas vinculadas a un proceso conocido como “Azul Celeste”, un grupo de funcionarios activos y retirados del CICPC y militares, acusados de una supuesta conspiración para obtener y transmitir información sensible. Antes de ser reconocidas oficialmente como detenidas, varias de estas personas pasaron entre ocho y quince días recluidas en La Carlota o Boleíta, en el limbo legal que ya describimos en el artículo anterior como desaparición forzada.

Fue durante ese período, según los testimonios que las propias víctimas compartieron después con sus familiares, cuando ocurrió lo siguiente:

  • Una persona fue suspendida con los brazos levantados mediante una cadena durante cerca de tres días, obligada a soportar una cadena pesada alrededor del cuello y sometida a descargas eléctricas en el abdomen y la región lumbar.
  • Otra fue suspendida durante al menos 24 horas con las manos atadas, para forzarla a desbloquear su teléfono.
  • Un hombre fue golpeado reiteradamente, mantenido encapuchado y suspendido con cadenas a poca distancia del suelo durante períodos prolongados.
  • Otro fue suspendido, golpeado y sometido a descargas eléctricas, en ocasiones después de ser mojado, una técnica que aumenta la conductividad eléctrica y, con ella, el daño y el dolor.

La Misión investiga y conecta estos relatos para que no sean anécdotas sueltas. Señala algo que es metodológicamente importante: la cercanía en el tiempo de las detenciones, el hecho de que las víctimas estuvieran recluidas en los mismos lugares, y la repetición de métodos casi idénticos entre personas que no tuvieron forma de ponerse de acuerdo entre sí, apuntan a un modo de actuación coincidente dentro de una misma operación. Es, en otras palabras, un patrón, no se trata de un exceso individual de algún funcionario aislado.

Der.: reseña de Crónica-Uno sobre las torturas infligidas a los funcionarios acusados de conspirar en el caso Azul Celeste, tras el operativo estadounidense que mantiene en el poder… a la vicepresidenta de Nicolás Maduro. Izq.: extractos del informe de la Misión ONU, de septiembre de 2026.

Las celdas de castigo con nombres que dan escalofríos

Más allá de este caso puntual, la Misión documentó todo un sistema de espacios de castigo dentro de los centros de reclusión, con nombres propios que hablan por sí solos.

En Rodeo I existe el llamado “cuarto piso”, donde las personas permanecían incomunicadas entre una semana y 62 días, eran sometidas a golpizas, suspensión por las muñecas y exposición deliberada al frío. Un ciudadano alemán, Oleg Ziesmann, fue enviado ahí como represalia por pedir que le tradujeran un discurso del ministro del Interior que los detenidos eran obligados a escuchar. Lo rociaron con gas. Pasó cuatro días sin cama ni abrigo, expuesto a frío extremo. Allí también tuvieron al ciudadano francés Camilo Castro, uno de los presos políticos extranjeros que más ha denunciado las torturas sufridas en Venezuela.

También en Rodeo I, personas excarceladas describieron de forma coincidente, sin haberse podido poner de acuerdo entre ellas, porque salieron en momentos distintos, un espacio al que llamaban “la máquina del tiempo”. Es, literalmente, un tanque subterráneo de agua, cerrado con una tapa que tiene una pequeña abertura por donde los guardias pasaban comida y agua una vez al día. Ahí encerraban o encierran aún a grupos de unas 15 personas, desnudas, en oscuridad total, sin baño, durante periodos de varios días y hasta tres meses. El nombre, según explicaron las propias víctimas, aludía a la desorientación y la pérdida total de la noción del tiempo que produce estar así, encerrado y a oscuras (párrafo 348 del informe).

En Fuerte Guaicaipuro, una cárcel militar en los Valles del Tuy, la Misión documentó celdas construidas en pozos bajo tierra, donde los custodios, sobre todo de noche, rociaban a los detenidos con agua fría o directamente les orinaban encima. Comían solo dos o tres veces por semana. En algunos casos los obligaban a meter las manos en la letrina antes de comer, sin cubiertos, o les daban alimentos contaminados con heces. Y dentro de ese mismo penal había otro espacio, apodado “La Luciérnaga”, una celda pequeña con la luz encendida las 24 horas, donde mantenían a las personas desnudas, atadas en posiciones dolorosas, suspendidas, golpeadas con látigos y rociadas con agua helada de madrugada, expuestas además a insectos y roedores. (párrafo 350 del informe).

Protestar también se castiga

Un último elemento que la Misión documenta con cuidado es qué pasaba cuando las personas detenidas intentaban resistir con lo único que les quedaba: el propio cuerpo. Los investigadores pudieron documentar al menos tres huelgas de hambre (dos en Rodeo I, una en Fuerte Guaicaipuro) para protestar por la detención o denunciar malos tratos. En al menos seis casos en Rodeo I, la respuesta de las autoridades fue la alimentación forzada, inmovilizando a la persona en una camilla con esposas y correas para introducirle una sonda por la boca o la nariz hasta el estómago, en contra de su voluntad, con desgarros internos, a veces obligando a otros detenidos a presenciarlo para disuadirlos de sumarse a la protesta. (párrafo 354 el informe)

La Misión aclara algo importante aquí, porque es un matiz que suele perderse: alimentar por sonda a alguien no es automáticamente tortura si responde a una necesidad médica real, protege la vida, y lo hace personal sanitario independiente respetando la dignidad de la persona. El problema, dice el informe, es cuando se aplica con violencia, sin necesidad médica demostrada, y con un fin punitivo o de intimidación. Eso es exactamente lo que documentó en Rodeo I y por eso debe levantar alarmas.

Con toda esta evidencia, los testimonios cruzados, la coincidencia de métodos entre personas que no se conocían y el patrón repetido en distintos centros de reclusión, la Misión concluye que tiene motivos razonables para creer que se trata de tortura, no de excesos aislados. Ese es, quizás, el dato más importante para quien lee esto desde Venezuela hoy: no describe hechos de hace diez años. Describe lo que documentó entre 2025 y 2026, con hechos que ocurrieron ya bajo el gobierno encargado después del 3 de enero.

Más información:

Artículos anteriores de la serie Textos sobre la Misión-ONU:

@LuisCarlos | Luis Carlos Díaz es periodista y activista de los DD. HH.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La pregunta equivocada

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Para mi amiga Mari Montes, quien se atrevió a hacer las preguntas correctas

En el caso de la joven de la Universidad de Cornell que denunció haber sido drogada y violada por varios estudiantes de una fraternidad, hay preguntas que, formuladas después de la tragedia, revelan mucho más de quien las hace que de quien la sufrió.

Una de esas preguntas se ha repetido con una insistencia que me resulta profundamente inquietante: “¿Por qué no habló antes?”.

Pues yo quisiera proponer que, al menos por una vez, cambiáramos la pregunta.

¿Por qué no nos preguntamos qué le ocurrió a una muchacha para que necesitara tiempo para poder contar lo que, según ella, le había sucedido?

La joven, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe (nombre genérico para proteger a la víctima), tenía 20 años cuando denunció haber sido agredida sexualmente en la casa de la fraternidad Chi Phi, en octubre de 2024. Su versión es precisamente eso: una acusación que deberá ser investigada y sometida a las garantías del debido proceso. Reuters reportó que los hombres señalados niegan haber cometido una agresión sexual y sostienen que las relaciones fueron consentidas. Y yo me pregunto: ¿alguien drogado está en condiciones de aceptar o negarse a algo si no está en su estado de conciencia normal?…

Sin embargo, hay algo que ha cambiado radicalmente la conversación en los últimos días: no es cierto, como podría desprenderse de algunas versiones, que ella simplemente guardara silencio durante casi dos años y apareciera ahora con una denuncia.

En noviembre de 2024 la joven habló con la policía de Cornell. Dio una declaración jurada y, según documentos y transcripciones obtenidos posteriormente por distintos medios, como AP News, describió situaciones que había vivido como coercitivas. En una entrevista con la policía llegó a decir: “Puedo decir con 100 % de confianza que fui violada”.

Entonces aparece una pregunta infinitamente más importante que la primera: ¿Qué pasó después de que habló?

El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, inexplicablemente, al menos para mí, decidió en 2024 no presentar cargos. Explicó entonces que se basó en la declaración que recibió y que, según su interpretación, aquella describía el consumo de drogas y las relaciones sexuales como voluntarios y consensuados. Más recientemente reconoció ―y esto es INSÓLITO― que NO había visto la transcripción completa de la entrevista policial que ahora ha salido a la luz. Espero que sea destituido y que no regrese a los tribunales jamás.

La investigación criminal fue reabierta y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó a la fiscal general Letitia James como fiscal especial para el caso.

Cornell, entretanto, sostiene que realizó su propia investigación, que la fraternidad fue suspendida y que algunos estudiantes fueron sancionados o expulsados. La universidad ha aceptado además una investigación externa sobre su actuación. Lo menos que podía hacer, ¿no?…

Todo esto está ocurriendo ahora. Y justamente por eso creo que deberíamos tener muchísimo cuidado antes de convertir a la denunciante en acusada. Me parece que hay una idea profundamente arraigada, y peor aún, peligrosa e injusta, según la cual una víctima de violencia sexual debería comportarse de una determinada manera para resultar creíble: denunciar inmediatamente, recordar cada detalle, no contradecirse, no haber bebido, no haber consumido drogas, no haber conocido previamente al agresor, no haber regresado a verlo, no haber tardado en hablar. Como si existiera un manual de instrucciones para ser víctima. Eso, simplemente, NO existe.

La organización RAINN, la Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto, la organización más grande contra la violencia sexual en los Estados Unidos, explica que la demora en revelar o denunciar una agresión es frecuente y puede estar relacionada con miedo, vergüenza, confusión, amenazas, trauma o desconfianza hacia las instituciones. Algunas personas hablan inmediatamente; otras tardan meses o años. Otras, simplemente, callan de por vida. La demora o el silencio, por sí solas, no demuestran que una persona esté mintiendo.

Y esto es de suma importancia: no todas las víctimas reaccionan igual. Hay quien grita. Hay quien huye. Hay quien denuncia. Hay quien se queda paralizada. Hay quien intenta convencerse de que no ocurrió lo que ocurrió. Hay quien tarda en encontrar las palabras. Hay quien siente vergüenza. Hay quien teme no ser creída. Hay quien simplemente intenta sobrevivir al día siguiente. Pretender que todas respondan de la misma manera es desconocer precisamente aquello que hace tan complejo el trauma.

Pero, incluso dejando a un lado la psicología, hay una cuestión elemental de justicia.

Cuando una persona llega ante una institución y dice que ha sido víctima de un delito, la responsabilidad de investigar no puede recaer sobre la víctima. Ella no tiene que saber construir una acusación penal. No tiene que conocer la ley. Tampoco tiene que utilizar las palabras exactas que un fiscal considera necesarias. No tiene que ser una abogada de sí misma. Tiene que poder hablar.

Y quienes reciben su relato tienen la obligación de escuchar, preguntar, contrastar, investigar y reunir todas las pruebas posibles. Eso es precisamente lo que ahora vuelve tan preocupante el caso Cornell: no solamente lo que pudo haber ocurrido aquella noche, sino qué hicieron las instituciones con lo que la joven contó después.

Porque si una investigación determina que hubo fallas en la manera en que se recogió, interpretó o transmitió su denuncia, estaremos ante algo que va mucho más allá de una historia individual. Estaremos ante una advertencia.

Las universidades no pueden ser lugares en los que una joven tenga que aprender primero cómo convertirse en una víctima suficientemente creíble antes de recibir protección. Y tampoco podemos aceptar que una agresión sexual se convierta en una especie de examen moral de la mujer: cuánto bebió, qué tomó, con quién fue, qué hizo antes, qué hizo después y cuánto tardó en hablar.

Naturalmente, todo eso puede ser relevante para una investigación concreta. Los tribunales tienen que establecer hechos y responsabilidades, y los acusados tienen derecho a defenderse. Y quiero resaltar esta premisa: la presunción de inocencia NO se negocia.

Porque una cosa es investigar las circunstancias de un delito y otra muy distinta es convertir las circunstancias de la víctima en una prueba de su carácter. Hay una diferencia abismal entre una y otra.

Y quizá el caso Cornell nos obligue a hacernos una pregunta todavía más incómoda:

¿Qué estamos enseñando a nuestros jóvenes cuando una muchacha denuncia una agresión y la conversación termina girando más alrededor de su comportamiento que del comportamiento de quienes la agredieron?

Porque si algo bueno puede salir de un caso tan doloroso, tendría que ser precisamente eso: aprender. Aprender a escuchar mejor, a investigar mejor, a que el trauma no tiene una coreografía y que una víctima no tiene que comportarse como nosotros imaginamos o esperamos que se comportaría.

Y, por encima de todo, aprender que el objetivo de una institución no debería ser preguntarse cómo evitar el escándalo. Debería ser preguntarse cómo evitar que vuelva a ocurrir.

Porque si lo que ocurrió en Cornell puede demostrarse, no debería quedar convertido en una anécdota universitaria, en una disputa entre versiones, ni en otro episodio de indignación que desaparecerá cuando llegue la próxima noticia.

Debería servir para cambiar protocolos, como la manera de recibir una denuncia. Cambiar la educación sexual. Cambiar la cultura de las fraternidades, muchas conocidas por sus prácticas salvajes.  También hay que cambiar la manera en que se entiende el “consentimiento”. Y cambiar, incluso, las preguntas que hacemos, porque quizá la pregunta más importante no sea:

“¿Por qué ella no habló antes?”, sino “Cuando finalmente habló, ¿la escuchamos?”.

@cjaimesb

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El Mañanero del 5 de octubre: PIB arriba y bolsillos, para abajo

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29/09/2026

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 5 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La economía venezolana (PIB) creció 7,14% en el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, según el Banco Central de Venezuela. El resultado confirma un avance de la actividad económica, pero este no se ha traducido en una mejora equivalente del poder adquisitivo de las familias. 

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB proyecta un crecimiento de 6,5% para todo 2026 y confirma que el mayor dinamismo de la producción todavía no se refleja de forma significativa en la capacidad de compra de los hogares. 

Una parte importante del ingreso de los hogares sigue comprometida con los gastos básicos. Según Datanálisis, los alimentos representan en promedio 41,6% del presupuesto mensual, pero la proporción cambia de forma marcada según el nivel de ingreso. En los hogares de menores ingresos supera 55%, mientras que en los de mayores ingresos ronda 25%. 

Los economistas e investigadores de la UCAB Luis Zambrano-Sequín y Santiago Sosa explican en un reciente estudio que los hogares de menores ingresos tienen menos margen para ajustar sus gastos cuando aumentan los precios de los alimentos. A medida que aumenta el ingreso, ese efecto disminuye y las familias pueden destinar una mayor parte de sus recursos a otros gastos. 

Más información acá.

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