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Sociedad civil celebra anuncio de reforma judicial y exige garantías de independencia

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En el marco de la mesa de diálogo, organizaciones de la sociedad civil recibieron con atención el comunicado conjunto suscrito el 12 de agosto por las delegaciones del oficialismo y de la Asamblea Nacional electa en 2015, en el que se anunció el inicio de un proceso de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la renovación de la totalidad de los magistrados.

A través de un comunicado, difundido en la página web de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), exponen que el pronunciamiento “coloca en el centro de la agenda de reinstitucionalización el papel del Poder Judicial, señalado durante años como instrumento de represión y demolición del Estado de derecho”.

Para las 19 organizaciones, que la reforma del sistema de justicia forme parte explícita de la mesa de diálogo, constituye un reconocimiento de esa realidad documentada de forma sostenida.

Sin embargo, aclaran, que “ninguna reforma institucional creíble es posible mientras el sistema de justicia siga siendo un instrumento del poder político. Se exige un acuerdo político explícito —con verificación internacional y de la sociedad civil— que establezca la independencia e imparcialidad del sistema de justicia como condición previa a cualquier proceso de cambio institucional”.

Señalaron que el acuerdo debe incluir mecanismos que impidan la interferencia del Ejecutivo y el Legislativo y cualquier órgano del Poder Público sobre las decisiones judiciales, la depuración de funcionarios judiciales, fiscales y defensores públicos que participaron en la represión, y la suspensión inmediata de quienes tienen procesos abiertos por violaciones de derechos humanos.

Exigencias de la sociedad civil

  • Más allá de este acuerdo político previo, las organizaciones exigieron que el proceso de selección de magistrados cumpla, como mínimo, con las siguientes garantías técnicas:
  • Publicación íntegra del baremo de evaluación, tal como lo exige el artículo 73 de la propia LOTSJ. Sin reglas conocidas de antemano (qué peso tendrá la experiencia profesional, cómo se medirá la independencia, la trayectoria ética y el conocimiento jurídico, el respeto a los derechos humanos) es imposible verificar si las designaciones responderán al mérito o a preferencias políticas.
  • Acceso público a los expedientes de los postulados, no solo a la lista de nombres. La sociedad civil debe poder consultar y contrastar las trayectorias, posibles conflictos de interés y vínculos con órganos del Estado de cada candidato.
  • Constitución de un comité técnico independiente con participación de especialistas nacionales e internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), universidades y sociedad civil— que acompañe la evaluación de los candidatos conforme al baremo, sin sustituir al Comité de Postulaciones Judiciales pero aportando una verificación técnica y objetiva de su cumplimiento.
  • Recomposición del propio Comité de Postulaciones Judiciales conforme a la Constitución, devolviendo a la sociedad civil —y no a la Asamblea Nacional— el rol central en la preselección de candidatos que el texto constitucional le atribuye.
  • Reconfiguración del Comité de Evaluación del Poder Ciudadano, nombrado en abril pasado, en contra de lo establecido en la Constitución y la Ley del Poder Ciudadano, para la evaluación de los candidatos al cargo de Fiscal general y Defensor/a del Pueblo. Actualmente está integrado por 13 diputados, cuando debe ser constituido por miembros de la sociedad civil. Lo más irregular en la actualidad es que su presidente es el mismo del Comité de Postulaciones Judiciales.

Las organizaciones subrayaron que, por primera vez desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, se abre la posibilidad de que la selección de magistrados del TSJ se ajuste plenamente al modelo constitucional. El proceso de reinstitucionalización ofrece una ventana para corregir las deficiencias que marcaron reformas anteriores y avanzar hacia instituciones democráticas sólidas.

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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Denuncian patrón de tortura y deterioro de salud de presos políticos en Venezuela

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Familiares de personas detenidas por razones políticas denunciaron la falta de atención médica oportuna y el deterioro físico y psicológico que sufren los presos políticos, especialmente en El Rodeo I, durante el webinar “Salud y vida bajo custodia”, organizado por Amnistía Internacional y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) este jueves, 20 de agosto.

Diego Casanova, integrante del Clippve, explicó que la organización consolidó en julio de 2024 una red de familiares, activistas y defensores para impulsar acciones en organismos nacionales e internacionales. Casanova afirmó que el objetivo principal de la agrupación se mantiene firme: “Nuestro norte ha sido fundamentalmente la libertad de todos los presos políticos”.

Durante la transmisión, los ponentes manifestaron la existencia de una conducta recurrente en los centros de reclusión. Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, señaló: “Hemos logrado precisar con el testimonio de las víctimas que hay un patrón y es la falta de atención médica oportuna”. Asimismo, sostuvo que en los recintos penitenciarios “el que no entra enfermo se va enfermando en la cárcel”.

Secuelas físicas y condiciones de incomunicación

Andreína Baduel relató las consecuencias de las torturas recibidas por su hermano y recordó el fallecimiento de su padre Raúl Isaías Baduel bajo custodia estatal. Advirtió sobre la gravedad de la situación de su familiar al manifestar que “si no recibe atención médica puede morir como murió mi padre”.

Asimismo, Baduel señaló que una junta médica diagnosticó hace cuatro años y seis meses afecciones severas en ligamentos, hernias y patologías pulmonares y testiculares, sin que hasta la fecha haya recibido tratamiento de especialistas ni las intervenciones requeridas. A su vez, indicó que en El Rodeo I permanece en una celda de dos por dos metros con una cama de cemento y letrina, e identificó la situación como “el caso ejemplarizante de aislamiento e incomunicación para tratar de silenciar nuestras denuncias”.

Por su parte, Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas, detenido desde septiembre de 2018, detalló las secuelas físicas que padece su hermano tras las agresiones sufridas durante su custodia por parte del Sebin. “Mi hermano no podía girar la cabeza y duramos varios meses hablándole bajito porque se aturdía muy rápido”, expuso Ávila. Explicó también que, tras su traslado a El Rodeo I, Rivas presentó un cuadro de diarrea continua durante un año y dos meses.

Ávila enfatizó el impacto del confinamiento en la salud mental de los prisioneros: “Las condiciones son degradantes y lo que buscan es quitarles su identidad. A medida que pasa el tiempo ellos sienten que se van perdiendo en este proceso y se van sintiendo afectados psicológicamente”.

Deterioro acumulado en la reclusión de Igbert Marín Chaparro

Ignell Marín Chaparro expuso la situación de su hermano, el teniente coronel Igbert Marín Chaparro, quien enfrentará la apertura de un nuevo juicio el próximo 7 de septiembre. Marín Chaparro calificó el estado de su familiar como un “deterioro de salud progresivo, acumulado y hasta programado”, originado durante su permanencia en los sótanos de la Dgcim y agudizado tras su traslado a El Rodeo I.

La pariente del detenido alertó que su hermano ha padecido crisis hipertensivas severas con valores de 190/120, fibrosis pulmonar derivada de tres contagios de covid-19 sin asistencia médica oportuna, hernias, tendinitis en la muñeca izquierda por el uso prolongado de esposas y secuelas orgánicas producto de dos huelgas de hambre.

En ese sentido, enfatizó la urgencia de permitir el acceso a observadores independientes para evaluar el estado físico de los detenidos. “Esto hace indispensable la verificación independiente de organismos internacionales. Cada día de retraso representa el peligro de un daño irreversible”, acotó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Márquez: “El mejor socio que podemos tener es Estados Unidos”

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Como quien entra al Salón Oval de la Casa Blanca, así ingresó Enrique Márquez a una de los salones del Hotel Marriott de El Rosal en Caracas, donde presentó este jueves un documento llamado Pacto por Venezuela en procura de impulsar el plan de tres pasos para la eventual recuperación del país, ideado por el gobierno de los Estados Unidos.

En un podio al frente decenas de periodistas y con un logo detrás con los colores de la bandera de Estados Unidos, Márquez, quien fue invitado por el presidente Donald Trump al Discurso del Estado de la Unión en Washington, reiteró en varias ocasiones que el apoyo de los norteamericanos en vital para recuperar la democracia en Venezuela. 

“El mejor socio que podemos tener son los Estados Unidos”, dijo quien estuvo preso un año, luego de haber intercambiado palabras con Nicolas Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia, días antes de la toma de posesión en 2025 del ahora encarcelado en Nueva York.

Para Márquez “bailar pegao” con Estados Unidos garantiza el plan de tres fases para Venezuela que comprende estabilización, recuperación económica y transición. 

“Y tiene que ser en ese orden y no comenzar por lo último porque quien pase a gobernar el país se va conseguir con una ruina de 27 años. No se trata de gusto, es pragmatismo puro, Estados Unidos es nuestro acompañante-socio porque está caminando con nosotros y podemos decir que casi todo lo bueno que nos ocurra de aquí en adelante tiene que ver con esa relación”. 

¿Cuál es la propuesta?

El ex rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo que después del 3 de enero de este año, fecha en que la fuerzas armadas estadounidenses detuvieron a Maduro y a Cilia Flores, el panorama cambió. 

“El 3E comenzó el proceso de recuperación de nuestra soberanía ¿Dónde estaríamos en este momento si no hubiese ocurrido lo de ese día? Hay quienes dicen que fue una violación a nuestra soberanía ¿Cuál soberanía? No teníamos nada de eso, vivíamos en un absoluto totalitarismo”, sentenció el candidato presidencial. 

En la propuesta que está disponible on line y también fue entregada a los presentes en físico resaltan los siguientes puntos. 

-Transición democrática y reconstrucción institucional.  

-Independencia de los poderes públicos

-Elecciones libres y poder electoral independiente

-Plena vigencia de los derechos y libertades civiles

-Retorno seguro de los venezolanos

-Lucha contra la corrupcion

-Propiedad privada y seguridad jurídica

-Levantamiento de las sanciones económicas

-Reconciliación nacional y fin de la persecución política 

-Desarme de grupos ilegales 

Aunado a toda estrategia, Márquez indicó que desde la Casa Blanca están abogando por la liberación de todos los presos políticos, que según la organización Justicia, Encuentro y Perdón supera la cifra de 400.

Ni presidente ni rector

Márquez manifestó que por ahora no tiene aspiraciones presidenciales y tampoco quiere volver a formar parte del CNE.

“No es momento de elecciones, no podemos colocar los intereses individuales por encima de los del país, cuando lleguen las elecciones cruzaremos ese puente, no está en mis aspiraciones regresar al CNE, el CNE necesita en este momento técnicos”, indicó. 

El ex candidato presidencial dijo que antes de las presidenciales, deben hacerse comicios de sindicatos y comunas. 

Márquez aseguró que reconoce el liderazgo de María Corina Machado, quien ganó la elección primaria de la oposición en 2023 y posteriormente fue inhabilitada para ejercer cargo público alguno. 

“Es innegable su liderazgo, ella tiene derecho de volver a Venezuela, pero tenemos que trabajar todos juntos, no se trata de una persona sino de salvar al país”.

El ex rector del CNE dijo que confía en el diálogo iniciado hace un par de semanas entre la Asamblea Nacional controlada por el chavismo y la AN electa en 2015 comandada por Dinorah Figuera.

“Conozco personalmente a Figuera, reconozco sus valores, principios y su compromiso. Por lo tanto confío en que hará lo que tiene que hacer para que este proceso llegue a un término tal que tengamos un Tribunal Supremo de Justicia con sus leyes reformadas al igual que un nuevo CNE”, dijo el ex diputado.

Paciencia activa

Un nuevo término surgió este jueves en boca de Enrique Márquez: paciencia activa.

A la paciencia que pidió Marco Rubio a los venezolanos, Márquez le sumó el adjetivo de activa.

“Nadie va a reconstruir a Venezuela por nosotros, pero los venezolanos prefieren tener a Estados Unidos como aliado que a otro, en estos siete meses hemos avanzado, esto no es algo de hoy para mañana, la democratización tomará tiempo”.

Sobre el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien Márquez le agradece sus buenos oficios para lograr su liberación se limitó a decir que respeta la justicia de ese país europeo. 

“No tengo más nada que decir al respecto, es una situación difícil para él y esperemos que la justicia opere”. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Dinorah Figuera detalla el giro que dará la negociación política en septiembre

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Las declaraciones ofrecidas por la presidente de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera, en una entrevista emitida por VPI donde fijan la ruta para las siguientes fases del proceso de diálogo con representantes del gobierno interino, donde se abordarán temas esenciales a nivel institucional y democrática del país.

A partir del mes de septiembre, la mesa de negociación se centrará en las garantías políticas y civiles del país. Figuera enfatizó la relevancia de este punto dentro de las conversaciones, argumentando que se trata del ejercicio directo de los derechos de la ciudadanía y de las acciones que la dirigencia debe sostener ante la sociedad.

El debate

“Ya vamos a estar el próximo mes de septiembre con las garantías políticas y civiles. Es un temazo, es un temazo muy importante que tiene que ver precisamente con el ejercicio de los derechos políticos y civiles y allí, por supuesto, nosotros tenemos en este caso mucho que discutir”, afirmó la dirigente. 

La vocera explicó que el abordaje de estos derechos implica hacer un resumen general de la estructura judicial venezolana y señaló que este eje se unirá directamente con la revisión de las instancias del sistema de justicia, incluyendo de forma prioritaria la situación del Tribunal Supremo de Justicia. 

“Implicar este tema de la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y vincularlo con las otras instancias de temas que vamos a trabajar, por supuesto, nos lleva a nosotros a hacer una síntesis de todo el sistema de justicia que tiene también que ver con los derechos civiles y políticos”, puntualizó. 

Inhabilitaciones y revisiones

Dentro de la agenda fijada para septiembre, la delegación planteará la suspensión de las inhabilitaciones políticas y la derogación de instrumentos legales que limitan las acciones de los partidos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos. Figuera remarcó la importancia de restituir las condiciones para la participación en los procesos electorales.

“Planteo a ustedes que sin partido no hay democracia. Entonces, nosotros estamos comprometidos a esa propuesta y sobre todo también acusar el tema de las inhabilitaciones personales de carácter político. Aquí uno de los objetivos de nosotros es que se les devuelva el ejercicio del derecho a participar en procesos electorales a las personas que han sido criminalizadas, perseguidas, exiliadas y que se les ha violado ese derecho”, aseveró. 

En relación con el panorama normativo, indicó que se persigue la anulación de leyes específicas que restringen el “ejercicio democrático” en el país. “Un tema de justicia que estamos persiguiendo es derogar las leyes. Las leyes contra el odio, la ley contra las organizaciones no gubernamentales, la ley también del tema de los activos, otras leyes de carácter coercitiva que nos han limitado en el ejercicio democrático”, declaró Figuera.

Figuera destacó que se iniciaron pasos formales, los cuales incluyeron la reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, la modificación de leyes complementarias del sistema de justicia, la renovación del Comité de Postulaciones Judiciales, la apertura de un nuevo proceso para la designación de magistrados y la creación de un consejo de revisión de credenciales de los postulados. 

Acompañamiento internacional

Con respecto al papel de la comunidad internacional en las conversaciones, Figuera valoró el rol que ha desempeñado la administración estadounidense en el proceso y aclaró el alcance de la participación en las mesas de trabajo del país.

“Sabemos que estamos bajo un acompañamiento de Estados Unidos en los procesos de diálogo, por lo cual hemos estado agradecidos y han sido muy respetuosos. Teníamos dudas porque para Estados Unidos no iban a estar dentro de las discusiones y que iban a servir en este caso más bien de acompañante donde le informábamos pero que no iban a ser interventores de un proceso dentro de lo que fue el proceso de diálogo”, explicó Figuera.

El proceso de negociación sigue manteniéndose sobre una agenda de cuatro puntos principales orientados a la reinstitucionalización del país: la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, las garantías políticas y civiles, y la libertad de expresión. Todas estas conversaciones iniciadas en agosto de 2026 hablan del posible desarrollo del trabajo técnico y político continuo que lleven a una conclusión donde se contemple el resultado para el mes de diciembre. 

Colegio de Ingenieros recomienda no modificar estructuras sin estudios previos

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El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) recomendó no modificar, reparar o reforzar —sin estudios previos— las estructuras de los edificios tras los terremotos del pasado 24 de junio.

El CIV, en la vocería del ingeniero especialista en patología y recuperación de la construcción, Alfredo Urich, advirtió que estos cambios pueden desmejorar el comportamiento de las edificaciones ante futuros sismos.

Urich dijo estar preocupado por las reparaciones o los reforzamientos en edificios de la capital venezolana tras los sismos, al indicar que algunas consisten en engrosar “el triple” una columna con corazas de acero o vigas adicionales que, aseguró, modifican la construcción.

“Las reparaciones deben restituir la condición del miembro estructural afectado, no deben modificarlo cuando son cosas puntuales y un daño de alguna manera esperado, controlado”, dijo Urich.

Inspecciones en Caracas

El ingeniero precisó que con la ayuda de especialistas voluntarios, han realizado 11.185 inspecciones en el Área Metropolitana de Caracas, de los cuales un 75 % han recibido la etiqueta verde (habitable), un 13 % etiqueta amarilla (con restricciones) y 10 % roja (peligro).

Urich indicó que la mayoría de los daños encontrados en estas evaluaciones no son estructurales, sino en las paredes, por ejemplo.

Además, sostuvo que en los edificios más modernos el daño estructural es mínimo, lo que relacionó a las normativas vigentes sobre terremotos, a diferencia de aquellas construcciones de los años 50 o 60, en las que el conocimiento sobre ingeniería sismorresistente era “muy básico”.

Piden actualizar las nomas

El pasado 10 de agosto, el CIV pidió actualizar las normas sismorresistentes de las edificaciones y la planificación urbana del país, tras el doble terremoto que dejó 6.500 fallecidos y más de 800 edificaciones afectadas.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos de junio pasado y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

*Con información de EFE

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Caso de Roland González: Estado ignora su urgencia médica

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Roland González, detenido por el caso Pdvsa-Cripto, hace una semana se descompensó durante una audiencia de presentación que tuvo que ser suspendida.

De acuerdo con El Pitazo, González —de profesión abogado— fue devuelto a El Rodeo I y no se ha dado la orden para que sea trasladado a un centro médico y reciba la atención médica requerida.

El caso Pdvsa-Cripto es uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Venezuela, caracterizado por el desvío masivo de fondos provenientes de las ventas de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La purga interna iniciada en marzo de 2023 sumó un total de 64 procesados, divididos entre funcionarios públicos y operadores financieros privados. Entre los político de mayor rango involucrados en la trama están: Tareck El Aissami, Joselit Ramírez, Simón Zerpa, y el exdiputado Hugbel Roa.

De acuerdo con El Pitazo, la jueza Alejandra Romero, titular del Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia con competencia en asuntos asociados al Terrorismo, aseguró que emitió un oficio el viernes 14 de agosto tanto al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) como al servicio médico de El Rodeo I, para que le informen el estado de salud del detenido, pero no ha recibido respuesta.

Aunque el abogado hizo la advertencia y la petición, Romero dio comienzo a la audiencia, que se realiza vía telemática para la mayoría de los detenidos; sin embargo, a los pocos minutos de empezar, Roland González sufrió una crisis hipertensiva, lo que generó la suspensión de la audiencia.

El pasado 12 de agosto, familiares de González denunciaron su desaparición cuando recibieron la notificación que habría sufrido un infarto.

Cuatro días después, Heide Hernández, su hermano, confirmó que Roland había sufrido un infarto y que se encontraba hospitalizado en el Centro de Atención Médica Integral del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

El 18 de agosto Hernández explicó desde las afueras de la sede de la Defensoría del Pueblo que él y los abogados de su hermano acudieron al organismo para exigir que permitan que González se haga un cateterismo con urgencia.

Agregó que allí los recibieron y les dijeron que harían todo lo posible para que su hermano pueda ser llevado a un centro clínico privado y ser intervenido. Sin embargo; hasta el momento, no ha ocurrido.

¿Quién es Roland González?

El pasado 19 de abril de 2024, Roland González fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Es oriundo de La Paragua, estado Bolívar, y de profesión contador público. En el pasado, se desempeñó como director de Hacienda de la Alcaldía de Piar, en el estado Bolívar, durante la gestión del dirigente político Américo De Grazia.

El Ministerio Público lo imputó formalmente como parte de la red de operadores financieros o colaboradores comerciales involucrados en el caso Pdvsa-Cripto.

Familiares y allegados políticos (como el exalcalde Américo De Grazia) sostienen que Roland González es inocente y que no formaba parte de las mafias de Sunacrip o Pdvsa.

*Con información de El Pitazo

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Cuerpos bajo los escombros: la búsqueda que llegó tarde

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Las huellas de buscar a siete familiares bajo los escombros todavía se pueden ver en las manos de Yojan Hernández. Están hinchadas, casi no puede empuñarlas; tienen rasguños, cortadas y costras que aún no han terminado de sanar. Sus pies muestran el mismo desgaste: inflamados, agrietados y llenos de un hongo que le apareció por pasar días y noches enteros —con los mismos zapatos— sumergido en la montaña de ruinas que dejó el desplome de la edificación OPP 25, en Caraballeda, estado La Guaira.

Yojan y varios de sus familiares pasaron más de un mes removiendo escombros, cavando túneles, apartando tierra, rompiendo amasijos de hierro y cabillas con herramientas rudimentarias. Usaban palas, picos, martillos, seguetas y barras; trabajaron con las manos, con lo que tenían, con la fuerza de varios hombres juntos y, al mismo tiempo, solos: sin maquinarias ni equipos especializados y sin la asistencia técnica que se necesita en esos casos. 

En las largas jornadas improvisadas, Yojan y sus familiares alumbraban con sus teléfonos para intentar ver entre las grietas lo que había entre los espacios de aire que dejó el derrumbe de la estructura. El primer rescate lo hicieron así, por una abertura mínima, y con la linterna del celular de Yojan. 

“Era un niño, lo sacamos como a un cachorro, después vinieron los otros rescates, pocos con vida, otros sin signos vitales, pero fuimos nosotros mismos, 24/7 ahí metidos. Siete fallecidos, y uno no lo conseguimos que es mi sobrino de ocho años”.

Esa sensación de abandono no fue solo de Yojan. Daniela Pereira, quien perdió a su hermano, su sobrino y su cuñada en la OPP 33, afirmó que la maquinaria pesada llegó cuarenta días después del doble terremoto, cuando la comunidad ya había removido buena parte de los escombros por su cuenta y ya habían hecho los rescates de las personas que lograron salir con vida. “Nosotros empezamos solos, la maquinaria llegó cuando sabía que ya solo quedaban cuerpos por rescatar. Aún falta que rescaten el cuerpo de mi cuñada, a mi hermano y mi sobrino lo rescataron el día 47”, dijo Pereira. 

El proceso para recuperar los cuerpos que aún permanecen bajo los escombros cambió por completo entre los primeros días de la tragedia y el día 50. La búsqueda pasó de ser comunitaria e improvisada a un operativo técnico, con procedimientos y protocolos establecidos, delimitación de las áreas, con presencia policial y personal especializado.

“Proceso minucioso”

Ronndany Terán, uno de los miembros de Protección Civil (PC) Trujillo que vino a La Guaira para apoyar en las labores de rescate, explicó que una vez que ingresan los equipos especializados a la estructura colapsada, el procedimiento se ajusta a los protocolos establecidos para estos casos.

De acuerdo con Terán, el proceso de extracción cuando se detecta un cuerpo es “minucioso”. La maquinaria va haciendo una limpieza cuidadosa y con mucha delicadeza, junto a un personal que está observando todos los detalles. Al detectar un cuerpo, la maquinaria se detiene para hacer un trabajo de arqueología, que es descubrir el cuerpo con mucho cuidado para tratar de preservarlo en su totalidad.

Luego de que descubren un cuerpo, los familiares son llamados para que hagan la identificación. En la mayoría de los casos, según comentó Terán, los parientes logran identificarlos por las prendas o joyas que llevaban puestas, tatuajes, la ropa y pertenencias con las que fueron hallados. 

Según el funcionario de Protección Civil Trujillo, al momento de la extracción, las personas deben colocarse un traje de bioseguridad para reconocer el cadáver. Una vez identificado el cuerpo, es trasladado a la morgue en bolsas especiales para continuar con el proceso legal correspondiente.

Terán comentó que, a 50 días de los terremotos, el estado de los cuerpos hallados es distinto al que muchos imaginan. Según explicó, los cadáveres que han encontrado en los pisos inferiores “están en mejores condiciones que los que encontraron días antes”. 

“La zona donde están los cadáveres —pisos bajos— no les pega el sol y tienen poco oxígeno, están como en una cápsula, aparte tienen tierra que los cubre lo que ralentiza el proceso de descomposición”, explicó.

Angels Andrade, habitante de la zona y empleada del Ministerio de Obras Públicas, confirmó que el operativo técnico para la recuperación de cadáveres —aunque llegó retrasado— es un trabajo que, si bien no ha sido rápido, tampoco puede considerarse lento porque “cada movimiento se está haciendo con mucho cuidado para entregar los cuerpos lo más completos posible”. 

Aseguró que en el lugar trabajan la Guardia Nacional Bolivariana, los bomberos de La Guaira, Protección Civil y los voluntarios de la comunidad. Según sus estimaciones, aún quedan alrededor de 30 cuerpos por rescatar en la OPP 25, un trabajo que podría extenderse por al menos 15 días más por las condiciones climáticas y del terreno.

Gestión digna de cadáveres

Lo que describe el funcionario de Protección Civil coincide con las recomendaciones internacionales establecidas por Organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en el manejo adecuado y digno de los cadáveres luego de catástrofes naturales. 

Considerado como un pilar fundamental de la respuesta humanitaria, los lineamientos establecidos sugieren que la recuperación de los cuerpos debe ser cuidadosa, contar con documentación e identificación precisa que les permita a sus familiares saber qué pasó con sus seres queridos. 

Los estándares señalan que la pronta recuperación de los cadáveres es prioritaria para mitigar la carga psicológica de los sobrevivientes y sus familiares. Sin embargo, familias como las de Yojan y Daniela pasaron más de seis semanas esperando por los organismos competentes para recuperar los cuerpos de sus allegados. Muchos hoy siguen desaparecidos. 

El exdirector de Protección Civil, Antonio Rivero explicó que la tardanza y las consecuencias de la recuperación tardía de los cuerpos de las víctimas tras los terremotos se puede analizar desde el punto de vista operativo y humanitario. 

Para Rivero es “sumamente doloroso, trágico y vergonzoso” la tardanza del gobierno a la hora de recuperar los cuerpos de los fallecidos. Además de que hasta el momento no ha informado la cifra exacta de desaparecidos, lo que a su juicio constituye una “grave falla gubernamental”. 

El exdirector de Protección Civil recalcó que el Estado tiene una altísima responsabilidad en el deber de rescatar y buscar personas que son señaladas como desaparecidas. Agregó que cuando se producen tantos fallecimientos por ese tipo de catástrofes naturales es “obligatorio” la recuperación de todos los cuerpos después de un fallecimiento de esa naturaleza. 

Las cifras oficiales y las estimaciones internacionales sobre las personas desaparecidas no coinciden. El 25 de junio, el gobierno informó que 157 personas no habían sido encontradas. Mes y medio después,  el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, elevó el número a 1579 desaparecidos. Por su parte, las Naciones Unidas estimó que el número de personas desaparecidas por los terremotos podría rondar los 50 000.

La ausencia de este dato ha sido denunciado por familiares que continúan buscando a sus allegados y por organizaciones de derechos humanos que advierten que sin una cifra oficial es imposible dimensionar el impacto real de la emergencia.

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PADF y Rawayana lanzan campaña para apoyar víctimas de terremotos en Venezuela

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La Fundación El After y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), junto a la banda venezolana Rawayana y Brocoli Records, anunciaron hoy el lanzamiento de la campaña “De esta nos levantamos”. El programa global de recaudación apoyará la recuperación a largo plazo de las poblaciones afectadas por los devastadores terremotos del 24 de junio en Venezuela.

La movilización de recursos aprovechará la convocatoria internacional del tour ¿Dónde es el After? de Rawayana. La estrategia invita a los seguidores alrededor del mundo a transformar la asistencia a los conciertos en apoyo tangible para niños, familias y comunidades enfocadas en la reconstrucción de sus vidas.

Los fondos recaudados respaldarán iniciativas propuestas por miembros de Rawayana, Brocoli Records y Fundación El After, con el acompañamiento técnico de PADF. Estas iniciativas podrán incluir la creación de espacios seguros para niños, apoyo psicosocial, actividades culturales y deportivas, así como muchas otras acciones impulsadas por las propias comunidades para promover su recuperación y bienestar. PADF administrará y custodiará los recursos de la campaña, garantizando la máxima transparencia, rendición de cuentas y una gestión responsable de los fondos.

Un proceso largo

“La recuperación es un proceso de largo aliento que requiere esperanza y alianzas en las que se puede confiar”, afirmó Katie Taylor, Directora Ejecutiva de PADF. “Nos honra unir esfuerzos con Rawayana, Fundación El After y Brocoli Records para canalizar la extraordinaria solidaridad de personas de todo el mundo hacia iniciativas de recuperación impulsadas por venezolanos, para venezolanos. Juntos podemos ayudar a las familias a reconstruir lo que perdieron y a crear nuevas oportunidades para avanzar con dignidad.”

Fundación El After fue creada por Rawayana como una plataforma para transformar la solidaridad en un impacto social duradero. A través de esta campaña, la organización busca conectar a la comunidad global de la banda con organizaciones locales de confianza que trabajan por la recuperación de Venezuela.

“Para nosotros, la música siempre ha sido una forma de unir a las personas”, expresó Beto Montenegro, vocalista de Rawayana. “Esta gira se ha convertido en una oportunidad para reunir a miles de personas cada noche. Queremos que esa energía se transforme en esperanza para Venezuela. Si cada persona que ha cantado nuestras canciones puede ser parte de la reconstrucción de una comunidad, este movimiento se convierte en algo mucho más grande que un concierto.”

Oportunidades para reconstruir el futuro

“Fundación El After nació de la convicción de que la solidaridad no debe terminar cuando desaparecen los titulares”, señaló Andrés “Fofo” Story, miembro fundador de Rawayana y de Fundación El After. “Junto a Rawayana, Brocoli Records y PADF estamos creando una forma para que personas de todo el mundo puedan acompañar a Venezuela y transformar su solidaridad en oportunidades duraderas para los niños, las familias y las comunidades que hoy necesitan reconstruir su futuro.”

PADF aporta más de 60 años de experiencia en asistencia humanitaria y desarrollo en América Latina y el Caribe, trabajando junto a organizaciones locales para responder a emergencias y fortalecer la resiliencia de las comunidades. A través de esta alianza, PADF brindará supervisión fiduciaria y asesoría técnica para garantizar que cada aporte genere el mayor impacto posible.

Las personas interesadas pueden contribuir directamente a través del sitio web de la campaña y seguir sus avances en el sitio web y la cuenta de Instagram de Fundación El After.