¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del miércoles, 14 de enero,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró este martes, 13 de enero, que a la fecha se han producido más de 400 excarcelaciones. Según dijo, este proceso inició con un primer grupo de 160 personas el 23 de diciembre de 2025 y ha continuado como un “gesto unilateral” del gobierno con el fin de promover la “convivencia pacífica”.
Rodríguez hizo esta información luego del derecho de palabra del diputado suplente Luis Florido, quien mencionó que el Foro Penal maneja una cifra de 56 personas excarceladas a la fecha.
El jefe del Parlamento adoptó un tono hostil contra el Foro Penal, calificándolos de “mezquinos” y acusándolos, sin presentar pruebas, de cobrar dinero a los familiares por tramitar las liberaciones. “Foro Penal le cobra a las personas por tramitarle el tema de liberaciones, les cobra dinero de forma artera, de forma mezquina. Una basura, esa forma como el Foro Penal utiliza la situación de personas privadas de libertad”, afirmó.
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), familiares, sindicatos y representantes universitarios se reunieron este martes, 13 de enero, en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para ofrecer un balance sobre la situación de los presos políticos, a propósito de las pocas excarcelaciones documentadas desde el 8 de enero.
La pianista cubana Niurka Online interpretó la canción “Alma llanera” en Valencia, España. La artista sorprendió a los transeúntes de las calles de Valencia al tocar la melodía de la popular canción venezolana.
Marvel Studios difundió un nuevo tráiler de la películas “Avengers: Doomsday”, a estrenarse en diciembre de 2026. El clip, que emocionó a los fanáticos, muestra a los wakandianos, Namor y “La Mole” de Los 4 Fantásticos, que se sumarán a la línea temporal principal del Universo Cinematográfico de Marvel.
La reciente ola de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela ha estado marcada por una profunda opacidad y un baile de cifras que, lejos de brindar alivio, ha profundizado la angustia de cientos de familias.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró este martes, 13 de enero, que a la fecha se han producido más de 400 excarcelaciones. Según dijo, este proceso inició con un primer grupo de 160 personas el 23 de diciembre de 2025 y ha continuado como un “gesto unilateral” del gobierno con el fin de promover la “convivencia pacífica”.
Rodríguez hizo esta información luego del derecho de palabra del diputado suplente Luis Florido, quien mencionó que el Foro Penal maneja una cifra de 56 personas excarceladas a la fecha.
El jefe del Parlamento adoptó un tono hostil contra el Foro Penal, calificándolos de “mezquinos” y acusándolos, sin presentar pruebas, de cobrar dinero a los familiares por tramitar las liberaciones. “Foro Penal le cobra a las personas por tramitarle el tema de liberaciones, les cobra dinero de forma artera, de forma mezquina. Una basura, esa forma como el Foro Penal utiliza la situación de personas privadas de libertad”, afirmó.
Rodríguez afirmó que la lista de beneficiarios está a “total disposición” de los diputados, aunque dicha información no ha sido de acceso público general.
“Si usted quiere ver la lista, se la ponemos a la absoluta y total disposición y se acercan 400 personas al día de hoy, y van a continuar ocurriendo, no porque usted nos los pida, sino porque ya lo había anunciado el gobierno bolivariano como un gesto unilateral del gobierno”, dijo.
🚨 BREAKING
Jorge Rodriguez, Delcy's brother, lies once again in an attempt to deceive President Trump.
He claims that 400 political prisoners have been released, but fewer than 60 have been freed.pic.twitter.com/Jk0r8Ru3mF
El Foro Penal ha mantenido un monitoreo constante que arroja cifras aún más conservadoras. En la mañana del 13 de enero, antes de las declaraciones del jefe del Parlamento, Alfredo Romero, presidente de la organización, informó que solo se habían podido verificar 56 presos políticos excarcelados. Romero enfatizó que, aunque el Gobierno insiste en la cifra de 116, la no publicación de los nombres mantiene a los detenidos y sus familiares en la “incertidumbre y la dolorosa expectativa”.
10:00am (Venezuela), Sólo 56 presos políticos excarcelados verificados. El gobierno indica que son 116, pero no publica lista de nombres. Los familiares y presos se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa.
Ante los ataques de Rodríguez, el Foro Penal emitió un comunicado oficial donde rechaza las acusaciones de supuestos cobros por sus servicios hacia los presos políticos. En el documento, la organización destaca los siguientes puntos fundamentales:
• Gratuidad y trayectoria: Desmienten que la ONG exija pagos, recordando que han brindado asistencia legal gratuita a más de 15,000 víctimas de violaciones a los derechos humanos durante más de 23 años.
• Responsabilidad de la duda: Aclaran que las dudas sobre las identidades de los liberados no son un invento de la sociedad civil, sino consecuencia del incumplimiento del Estado en su obligación de informar de manera clara y transparente. Señalan que la opacidad solo sirve para generar angustia en los presos y sus familias.
• El rol de la documentación: Si bien reconocen que el Estado tiene las “llaves de las celdas”, afirman que ninguna excarcelación se habría producido sin el trabajo de registro y denuncia que las organizaciones han realizado por años.
• Cifras verificadas: El comunicado reitera que, a pesar del anuncio gubernamental de 116 personas, la organización solo ha podido confirmar 56 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero de 2026.
Piden al gobierno publicar listado de presos políticos excarcelados
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón emitió un comunicado destacando la necesidad de manejar el proceso con honestidad y transparencia por respeto a las familias. La organización reveló que, tras un riguroso proceso de verificación, solo habían podido confirmar “poco más de 70 excarcelaciones” de las 116 anunciadas el 12 de enero por el Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Esta discrepancia no es nueva; la ONG recordó que el 25 de diciembre se informó de 87 excarcelaciones de las cuales solo corroboraron 77, y entre el 31 de diciembre y el 1 de enero se anunciaron 99, de las cuales solo se confirmaron 80. Para la organización, la falta de una lista oficial clara y accesible genera “confusión, angustia y falsas expectativas”, por lo que respaldaron la exigencia de que las autoridades publiquen los nombres de los liberados para evitar la revictimización.
#URGENTE En las últimas semanas **se han producido excarcelaciones de personas detenidas por razones políticas en Venezuela**, y es fundamental explicar este proceso con claridad y honestidad, pensando también en las familias que esperan información.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Miembros de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) alzaron su voz este lunes 13 de enero, por la coyuntura política del país y para exigir el cese de la persecución política.
En rueda de prensa, el presidente de la FCU-UCV, Miguelangel Suárez afirmó que “no hay transición posible con persecución persecución política”, por lo que exigió la libertad de todos los detenidos por motivos políticos que, según cifras del Foro Penal Venezolano, aún quedan tras las rejas al menos mil personas.
Los estudiantes señalaron que los hechos del pasado 3 de enero “condicionan la vida política nacional y la cotidianidad de cada venezolano”, por lo que consideraron un deber histórico no permanecer al margen.
Afirmaron que quienes hoy ejercen funciones desde el Palacio de Miraflores conforman “un gobierno de facto que carece de legitimidad y de origen”, al no responder —según indicaron— a la voluntad expresada por los venezolanos.
Los miembros de la FCU enviaron un mensaje a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez quienes actualmente detentan el poder en el país. En el discurso indicaron que ambos tienen “una sola responsabilidad histórica”: conducir al país hacia una transición democrática.
Entre las exigencias planteadas mencionaron la generación de condiciones políticas reales, el desarme de colectivos y grupos irregulares, la liberación de los presos políticos y la garantía de tranquilidad para las familias que permanecen a las afueras de los centros de reclusión.
Asimismo, hicieron un llamado a “poner en primer lugar a Venezuela y a la República”, tras 25 años de confrontación política, y a pensar con “razón de Estado”.
En ese sentido, reivindicaron el rol de la universidad pública en el proceso de reconstrucción nacional. “Esta casa de estudios está al servicio de la nación”, afirmaron, al tiempo que destacaron que en sus aulas, pasillos y espacios de investigación se encuentra el talento necesario para restablecer los servicios públicos, sanear la economía y garantizar un nuevo Estado de derecho.
Por su parte, Octavio González, miembro principal ante el Consejo Universitario, recalcó que “la reconstrucción de Venezuela no se logra con división, persecución ni dividiendo más a la población civil; se logra transicionando de verdad. No es solamente un viraje económico lo que necesita el país, es un viraje de acción”.
Denunció que el artículo 5 decretado por el Estado de Conmoción Exterior “ataca las libertades y derechos de la ciudadanía” consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“Las fuerzas de seguridad del Estado, en vez de combatir las amenazas exteriores, sigue utilizando esa medida para tocar el bolsillo de los venezolanos, metiéndolos en un cuarto a revisarle los teléfonos para conseguir cualquier mínimo elemento para extorsionarlos”, por ello, subrayó que la presidente encargada, Delcy Rodríguez, tiene la “oportunidad histórica” de promover la reconstrucción del país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Actualización de la nota: 10:00 a.m. del 13 de enero de 2026
Durante la madrugada de este 13 de enero, se produjo la excarcelación de los 15 adolescentes que habían sido detenidos el pasado 5 de enero, mientras jugaban carnaval cerca del canal de alivio en Barcelona, estado Anzoátegui.
El diario El Tiempo informó que la noche del lunes pasado, los padres empezaron a recibir llamadas por separado de los tribunales donde les notificaban que debían apersonarse. Una vez en el lugar, les comunicaron que serían excarcelados. Empezaron a dejarlos libres después de las 12: 20 a.m.
No obstante, aclara el medio, las familias aún desconocen si la libertad es plena o vendrá con condiciones, pues inicialmente, no les aclararon este punto. Los ocho adultos detenidos por este caso aún se encontraban privados de libertad.
El exfiscal Zair Mundaray, uno de los que públicamente denunció este caso, atribuyó las excarcelaciones “al escándalo nacional” que ocasionó este hecho y reiteró la importancia de hacer denuncias públicas de este tipo de hechos.
“Mientras Delcy desea lucir cívica y política, desde el sistema de justicia cometieron esta atrocidad para sabotear las excarcelaciones. De forma inmediata deberían ser interpelados y destituidos tanto @TarekWiliamSaab como Elsa Gómez quién además de presidenta de la Sala Penal, coordina el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, también el presidente de circuito de Anzoátegui, el fiscal superior y la juez y fiscal involucradas. El otro alto responsable es el director de Polibolívar y el alcalde que detuvieron a estos niños. Aún quedan dos adultos (18 años) privados de libertad por este caso”, sentenció.
Mundaray compartió el video del momento en el que se producían las excarcelaciones. Al grito de “gracias, Señor”, las madres daban la bienvenida a sus hijos, quienes estuvieron detenidos más de una semana.
#URGENTE Frente a la escándalo nacional que ha sido el secuestro de estos adolescentes, en horas de la madrugada de hoy desde Polibolívar llamaron a sus familiares y les fueron entregados en la sede policial, a esta hora no se conoce si están sometidos a cautelares. Hacer la… https://t.co/feTapc8Pxdpic.twitter.com/m9ijATlUvk
El arresto fue efectuado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Municipio Bolívar del estado Anzoátegui, quienes supuestamente atendieron a una llamada anónima de un lugareño. La persona que hizo el reporte denunció que en la zona se registraban, en ese momento, supuestos “actos terroristas”.
Todos los jóvenes fueron llevados hasta el Centro de Detención Preventivo de Polibolívar, ubicado en el sector Las Casitas de Barcelona. A menos de 48 horas del arresto, el grupo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes fueron trasladados hasta el Tribunal de Barcelona, donde, según testigos, asistieron a una audiencia de presentación telemática en la que quedaron privados de libertad, junto con los ocho hombres adultos.
Familiares contaron que a los jóvenes no se les permitió la defensa privada y que fueron imputados por presuntos delitos de incitación al odio, traición a la patria y asociación para delinquir.
Sus familiares y allegados aseguran que les solicitaron recabar firmas en la localidad para demostrar la buena conducta de todos para facilitar las liberaciones. Habitantes de la localidad aseguran que todos los jóvenes son deportistas y que integran distintas selecciones en las que han representado el estado Anzoátegui frente a otras entidades.
Condiciones irregulares de reclusión
El exfiscal Zair Mundaray compartió en sus redes sociales información adicional sobre el caso. Según afirmó, la Policía del Municipio Bolívar, cuyo director es José Gregorio Cano, les atribuyó a los jóvenes “estar celebrando la detención de Maduro”.
Refirió que la fiscal Jesmit Milan los presentó ante el juez de control 1 de Responsabilidad Penal del Niño, Niña y Adolescente por presuntas órdenes de la Fiscalía general, al tiempo que aseguró que habrían sembrado evidencias, como “piedras y botellas que no tenían”.
Añadió que en el Centro de Reclusión del Barrio Las Casitas de Barcelona, en donde estuvieron detenidos, “no cuenta con las condiciones mínimas de higiene para la reclusión de niños y hay un número indeterminado de adultos privados de libertad”.
Detención política de adolescentes, una práctica cuestionada
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela entró en una fase de represión sin precedentes de la que tampoco se salvaron niños, niñas y adolescentes, pese a que la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que el país es parte, prohíbe expresamente la privación ilegal o arbitraria de la libertad de este grupo y establece que la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño “se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM) documentó que las detenciones no fueron hechos aislados, sino un plan diseñado para acallar la disidencia. En un informe de septiembre de 2025, indicaron que al menos 220 niños y niñas, con edades entre 13 y 17 años, fueron detenidos en el marco del patrón de represión que siguió a las elecciones del 28 de julio de 2024. Denunciaron que fueron sometidos “a incomunicación, tratos crueles, inhumanos o degradantes, actos de violencia sexual, y violaciones al debido proceso”.
En noviembre de 2024, Amnistía Internacional publicó una investigación detallada sobre la tortura contra niños por motivos políticos, en el que incorporaron testimonios en los que se denuncia que fueron obligados a grabar videos admitiendo crímenes que no cometieron, a cambio de promesas de liberación que no se cumplieron. Indicaron también que las autoridades utilizaron videos con música de películas de terror (como Pesadilla en Elm Street) en redes sociales para amedrentar a las familias de los jóvenes.
El 25 de diciembre pasado, fueron excarcelados tres de los adolescentes que mantenían tras las rejas y que habían sido detenidos en el marco de la represión poselectoral. Uno de ellos fue Abraham Rivero, a quien las autoridades habían señalado de participar en el derribo de una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez en La Guaira.
Pero todavía sigue preso el adolescente Gabriel Rodríguez, destacado atleta y estudiante del estado Lara. A Rodríguez lo detuvieron el 9 de enero de 2025, en medio de la tensión política que reinaba previo a la juramentación de Nicolás Maduro para un segundo mandato. Gabriel salió de su turno de trabajo vacacional en una panadería artesanal con un fuerte malestar de salud. Se dirigía al Ambulatorio de Cabudare cuando fue interceptado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Los uniformados justificaron el arresto basándose únicamente en su apariencia física, alegando que tenía “aspecto de guarimbero” por vestir una bermuda y un suéter negro. Gabriel relató haber presenciado el momento en el que fabricaron pruebas en su contra.
Al joven lo sentenciaron el pasado 16 de diciembre a una pena pena total de 10 años, desglosados en seis años de prisión y cuatro años de trabajo comunitario.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Una reunión convocada por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez el 10 de enero de 2026 muestra cómo el poder en Venezuela concibe la comunicación como una operación de control: una maquinaria diseñada para disciplinar voces, cerrar filas y contener la descomposición interna en un momento de máxima fragilidad política.
La convocatoria no fue un taller ni un foro: fue una reunión de alineación. Además de funcionarios del Mippci, participaron figuras reconocidas del aparato propagandístico como Pedro Carvajalino, Mario Silva, Roigar López y Francis Colina, la conductora de Zurda Konducta. todos sentados en la misma mesa que el ministro.
Ñáñez los mencionó en un saludo que funciona como prueba política: los “influencers” del oficialismo son tratados como piezas del dispositivo, no como comentaristas autónomos.
Al final de la reunión los asistentes recibieron una llamada de Delcy Rodríguez. La encargada de la administración del poder avalada por EE. UU., aseguró que “nunca imaginaron una situación similar”, ni siquiera en escenarios contemplados, lo que contradijo la narrativa que se trata de imponer sobre que Maduro planeó todo.
Lo revelador del encuentro no es solo quiénes estaban, sino para qué: sincronizar líneas de ataque, palabras clave y prioridades del mensaje. En la práctica, la reunión describe un esquema de mando comunicacional donde el ministerio actúa como central de comando y la red de operadores como fuerza de ejecución.
La filtración recibida por La Hora de Venezuela expone un objetivo explícito:ordenar el relato sobre la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, impedir que “desde afuera” se imponga la narrativa y neutralizar el principal riesgo identificado por los propios convocados: la fractura del chavismo desde adentro.
La prioridad no es “la verdad”: es el poder
En su intervención, Ñáñez lo dijo sin ambigüedades: “lo primero que hay que salvar” es el poder político. Y esa frase ordena todo lo demás. La captura de Maduro es narrada como “secuestro” y “agresión criminal”, pero el centro estratégico no es esclarecer hechos o rendir cuentas, sino preservar cohesión y continuidad del control.
El ministerio insistió en reactivar el método “calles, redes, medios, paredes y Radio Bemba”, presentado como “arma secreta”. En otras palabras: una cadena de distribución diseñada para dominar la conversación cotidiana, colonizar redes, saturar medios, ocupar espacios físicos (murales) y controlar la propagación de rumores de persona a persona (“Radio Bemba”), el terreno donde se mueve la influencia social sin necesidad de pruebas.
Desde el régimen pretenden imponer su narrativa en un contexto en el cual existe una percepción de traición en la base del Psuv.
“Existe esa percepción porque se lo llevaron (a Maduro) sin que la Fuerza Armada Nacional encendiera ni una luz de bengala”, comenta un analista político, que solicitó la reserva de su nombre por temor a represalias.
Para la fuente lo más grave que ocurre en este momento no es la percepción de traición. “Si durante décadas te dicen que jamás ceden ante un imperio, y luego lo hacen con facilidad y lo justifican, eso sí genera odio en las bases. Hace que las expresiones ‘lacayo del imperio’, ‘petit yanke’, entre otras, resuenen como piedras en sus cráneos”.
“Repliegue táctico”: el doble carril del discurso
Uno de los pasajes más delicados de la filtración es la admisión de un “repliegue táctico”: Ñáñez reconoció que hay cosas que el ministro o la presidencia encargada no pueden decir públicamente, pero abrió el otro carril: “Eso no quiere decir que el pueblo no hable como el pueblo habla”.
Traducido a operación: el Estado se reserva el discurso “presentable” mientras empuja mensajes más duros, agresivos o conspirativos por canales “populares” y cuentas satélite. Es una arquitectura útil para el poder: permite negar responsabilidad cuando el mensaje se vuelve tóxico, pero aprovechar su efecto cuando cumple su función.
En paralelo, es promovida la creación de “Tanques de Pensamiento Comunal” como estructuras para descentralizar la creación y difusión de contenidos, y son descritos como una “estrategia invisible”. El objetivo declarado: producir, reproducir y blindar una línea común en el territorio, sin que los ciudadanos noten que se trata de una línea que proviene del Mippci.
La narrativa central: Trump “secuestrador”, Maduro “vivo” como trofeo
La reunión fijó un eje comunicacional: señalar a Donald Trump como “secuestrador” y vender como “victoria” que Maduro siga vivo. Esa formulación revela una realidad incómoda para el propio régimen: el listón de “éxito” se redujo al mínimo. La supervivencia del líder se convirtió en argumento de triunfo. No hay liberación, no hay retorno, no hay control pleno del desenlace; hay, por ahora, administración del daño.
La insistencia en no “normalizar” lo ocurrido también expone otra preocupación: que una parte del país —los “ni-ni”, dicen ellos— acepte la narrativa de que “el problema era Maduro” y pase la página. El régimen busca impedir esa lectura porque erosiona la idea de asedio externo y, sobre todo, amenaza con dejar al chavismo sin causa movilizadora.
La grieta: Delcy Rodríguez contradice el guión de “todo estaba previsto”
El cierre de la reunión deja un choque interno. Mientras Ñáñez asegura que Maduro tenía un plan “para este escenario” y que “ese plan se está ejecutando”, Delcy Rodríguez —en llamada telefónica— dijo lo contrario: que “nunca imaginaron una situación similar”, ni siquiera en escenarios contemplados.
La contradicción es más que un detalle: muestra un régimen que intenta vender control mientras reconoce sorpresa. Rodríguez habló de amenazas desde el “primer minuto” para el ministro Diosdado Cabello, para el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y para ella. Asegura que le dieron “plazos de 15 minutos para responder si nos iban a matar”.
Enumeró tres objetivos: preservar la paz, rescatar a los “rehenes” y preservar el poder político. Dejó una alerta que funciona como confesión de vulnerabilidad: la gran victoria del enemigo sería la división interna.
En esa frase, el aparato comunicacional se muestra como lo que es: un muro de contención frente a un peligro que ya no se presenta solo como externo, sino como posible traición, fractura o indisciplina dentro del propio bloque.
Lo que deja la filtración
La reunión del 10 de enero expone el funcionamiento del régimen en modo crisis: no se concentra en explicar hechos verificables, sino en administrar percepciones, ordenar obediencia y dirigir emociones (prohibir tristeza, rabia, frustración) para evitar desmovilización y quiebre.
Más que una estrategia comunicacional, lo que se revela es un reflejo de supervivencia: un poder que, tras perder a su figura principal, trata de sostenerse con propaganda coordinada y control territorial de la conversación. Y que, en privado, admite lo que no puede reconocer en público: que el golpe los excede y que el mayor temor ahora no está en el “enemigo”, sino en los suyos.
Una frase reveladora la dijo el ministro Ñáñez: “Esto es un pulso que tenemos que nosotros comprender y no dejarnos inocular por lo que el enemigo está diciendo”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Las excarcelaciones de presos políticos anunciadas el pasado 8 de enero siguen concretándose a medias. Para las 10:00 a.m. de este 13 de enero, el Foro Penal solo había podido verificar 56 excarcelaciones. El gobierno indicó la jornada previa que habían excarcelado a 116 personas, pero sin publicar una lista de nombres de los favorecidos.
“Los familiares y presos se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa”, escribió en el presidente-director de oro Penal, Alfredo Romero, quien también confirmó luego la excarcelación de Sofía Sahagún, venezolana con nacionalidad española, quien fue detenida arbitrariamente el 23 de octubre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar a España.
“Va camino a Madrid, donde la espera su familia”, precisó Romero. La expresa política siguió entonces el mismo destino que la abogada Rocío San Miguel y otros cuatro españoles quienes estuvieron entre los primeros excarcelados en este proceso, y fueron trasladados inmediatamente a España.
Tras su detención arbitraria en octubre de 2024, Sahagún fue llevada el 19 de diciembre de ese mismo año a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, en El Valle , y el 20 de diciembre al Centro de Procesados y Penados del Área Metropolitana de Caracas I (Sebin Helicoide). Le imputaron el delito de terrorismo y no tuvo derecho a la defensa.
Por su parte, el diario El País de España informó que la cifra de ciudadanos de ese país excarcelados en Venezuela ascendió a ocho tras la liberación tanto de Sahagún como de Leticia García, quien permanecía recluida también en El Helicoide. De acuerdo con reportes de El País, el presunto “delito” que mantuvo a García en la cárcel del Sebin fue meramente administrativo: tramitar, como parte de sus funciones en una empresa de telecomunicaciones, el cambio de condiciones de una línea telefónica. La administración saliente criminalizó esta acción debido a que el titular de la cuenta era un dirigente opositor refugiado en la Embajada de Argentina.
Otros nombres de los españoles que recuperaron su libertad la semana pasada son los turistas vascos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, el marinero Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe y Alejandro González, exgerente de Chevron vinculado al caso de la activista Rocío San Miguel, quien también fue excarcelada.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del martes, 13 de enero,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
El regreso a clases en Venezuela se vio empañado por el aumento del pasaje en el transporte público y también se reflejó en él la situación política del país.
Luego del ataque estadounidense que culminó con la extracción del exgobernante Nicolás Maduro, y la dinámica de los días posteriores, muchos padres sintieron temor de enviar a sus hijos al colegio.
Es el caso de Manuel Galindez* quien vive en Guarenas y es padre de un niño de 11 años que estudia quinto grado en un colegio privado. Después de leer en horas de la noche del domingo 11 de enero el comunicado del Ministerio de Interior y Justicia, optó por no enviar a su hijo a clases.
El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa denunció que son 24 los periodistas, comunicadores y trabajadores de la prensa detenidos ilegal y arbitrariamente actualmente. “Con el paso de las horas el número aumenta porque familiares de las víctimas que no habían denunciado por miedo, nos están permitiendo documentar y visibilizar”, aseguró el ente a través de un post en X.
#AlertaSNTP | Son 24 los periodistas, comunicadores y trabajadores de la prensa detenidos ilegal y arbitrariamente. Con el paso de las horas el número aumenta porque familiares de las víctimas que no habían denunciado por miedo, nos están permitiendo documentar y visibilizar.… pic.twitter.com/YG4XHfD69c
Esto es lo más cómico que verás hoy, pero tiene explicación científica: cuando caminamos distraídos, pensando en mil cosas, nuestra mente rellena los vacíos con lo que espera ver.
Y en la mañana de este martes te presentamos la recomendación de Plano Secuencia Cine (@plano_secuencia_cine) de la película Train Dreams. Portando una belleza fotográfica infinita similar a la del Árbol de la Vida de Terrence Malick, Sueño de Trenes es una especie de oda al tránsito ordinario por la existencia a través de los ojos de un hombre familiar y trabajador.
La película de @netflixlat basada en la novela del fallecido ensayista y poeta Denis Johnson transcurre en un Estados Unidos rural que paulatinamente encara una indetenible industrialización.
El regreso a clases en Venezuela se vio empañado por el aumento del pasaje en el transporte público y también se reflejó en él la situación política del país.
Luego del ataque estadounidense que culminó con la extracción del exgobernante Nicolás Maduro, y la dinámica de los días posteriores, muchos padres sintieron temor de enviar a sus hijos al colegio.
Es el caso de Manuel Galindez* quien vive en Guarenas y es padre de un niño de 11 años que estudia quinto grado en un colegio privado. Después de leer en horas de la noche del domingo 11 de enero el comunicado del Ministerio de Interior y Justicia, optó por no enviar a su hijo a clases.
El comunicado, difundido en Instagram, anunciaba la activación de un operativo de “patrullaje de proximidad” en los centros educativos del país para el regreso a clases tras el descanso vacacional de Navidad.
“Me asusta pensar que haya presencia policial alrededor de los colegios. Uno trata de mantener a los niños alejados de todo el tema de la conflictividad. Aunque hoy comentaron por el grupo de padres que, al menos cerca de la institución donde estudia mi hijo, no lo activaron. Seguimos evaluando qué pasa en los próximos días”, narró. Agregó que otros padres le comentaron en privado que evaluarían el avance de la semana para determinar si enviaban o no a sus hijos a clases.
Presencia de funcionarios de seguridad en las instituciones
En publicaciones conjuntas del Ministerio de Interior y Justicia y otros cuerpos de seguridad se evidenció que efectivamente, hubo presencia de funcionarios de esos organismos en varias escuelas del país.
El frente preventivo del MIJP aseguró en una publicación en Instagram que los funcionarios estuvieron “en labores de resguardo preventivo en escuelas, colegios y liceos, brindando seguridad en los accesos, apoyo en la organización del ingreso estudiantil y acompañamiento permanente al personal directivo, docente, administrativo y obrero, promoviendo un retorno a clases ordenado y en un ambiente de paz”.
Especificaron que los funcionarios desarrollaron “charlas informativas y actividades educativas dirigidas a la población infantil y juvenil, donde se dio a conocer el rol del Frente Preventivo y de las instituciones de Seguridad Ciudadana, destacando la importancia de la prevención, la convivencia pacífica y la protección integral de la comunidad educativa”.
En una de las publicaciones del Ministerio Luisany García, directora de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Alí Primera ubicada en El Helicoide, -señalado por las ONG como el mayor centro de torturas de Latinoamérica y en donde están detenidos centenares de presos políticos- agradeció que el regreso a clases estuvo acompañado en todo el territorio nacional por funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y diferentes órganos de seguridad ciudadana, quienes garantizaron la paz “en todo momento”.
Otras reseñas del ente gubernamental mostraban a funcionarios del Cicpc, la Policía Nacional Bolivariana y la Superintendencia Nacional Antidrogas dentro de las escuelas, dictando charlas y en “jornadas recreativas”.
Amarilis Vega*, docente de cuarto grado en un colegio en el sureste de Caracas, comentó que este lunes recibió en su salón a menos de la mitad de los 31 estudiantes que conforman su clase.
Expresó que aunque en años anteriores la ausencia “es habitual” en los primeros días de enero, en este caso, “fue más notoria”.
La presidenta de la organización sindical Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), Griselda Sánchez, reveló que cifras del sindicato estiman que la matrícula para este lunes fue “muy baja”.
“La ausencia fue muy alta. En el caso de los maestros se incorporó aproximadamente el 90% y como un 30% de los estudiantes. De hecho, hubo grados en los que no asistió ningún alumno”, dijo Sánchez.
La dirigente señaló que en el caso del sector privado, la situación fue distinta. “En colegios privados hubo más presencia. Cerca de un 60% de los estudiantes se incorporaron este lunes a las clases”, aseguró.
En entrevista para Televen, Joel Acosta, director Complejo Educativo Andrés Bello en la parroquia La Candelaria, informó que debido a la poca asistencia, no iniciaron con la planificación de contenidos, sino con orientaciones para los estudiantes que asistieron.
“Siempre la afluencia de estudiantes para estos inicios es baja, pero me imagino que toda la situación -política- ha afectado la presencia de estudiantes”, dijo Acosta.
Con bajas en la asistencia, iniciaron las clases en varias instituciones educativas de Caracas, según sus directores; destacaron que funcionarios de seguridad realizan patrullaje constante en las inmediaciones de las sedes. Más detalles: https://t.co/B6erygZm4Fpic.twitter.com/MPsa80H52J
Por su parte, el presidente del Sindicato de Maestros del Distrito Capital, Edgar Enrique Machado, informó que el día de hoy realizaron un recorrido por varios centros educativos en el oeste de Caracas en donde notaron una baja asistencia en todas las instituciones.
Señaló que la baja participación puede deberse a “múltiples factores”, entre ellos, al incremento del pasaje que impacta tanto a docentes como para los representantes.
“Si un docente utiliza dos pasajes en la mañana para ir a la institución, estamos hablando de 120 bolívares. Y para regresar a su casa, 120 bolívares. Estamos hablando de 240 bolívares, que viene siendo casi si quincena”, cuestionó Machado.
Tal como lo había informado el ministro Rodríguez, Machado afirmó que en el Liceo Andrés Bello en la Candelaria observó una unidad de seguridad policial frente a la institución y en otros colegios de San Bernardino.
Retorno a las aulas seguro
El Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) emitió un comunicado a propósito del contexto nacional y advirtió que Venezuela no cuenta con las “condiciones esenciales de seguridad” para el regreso a clases.
La organización recalcó que los derechos de niños, niñas y adolescentes no se suspenden en estados de excepción y que la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) obligan al Estado a garantizar la protección integral y la prioridad absoluta de la niñez, especialmente en situaciones de crisis, cuando los riesgos de vulneración se incrementan.
Cecodap insistió en que la falta de directrices claras por parte del Ministerio de Educación ha incrementado el miedo y la angustia entre padres, representantes y docentes.
Como recomendaciones para un retorno seguro a clases, la organización exigió que las escuelas y sus alrededores se mantengan libres de dinámicas de militarización u operativos armados que generen intimidación. Asimismo, enfatizaron que el regreso a las aulas no puede ser generalizado, sino que debe evaluarse de manera diferenciada, atendiendo a la disponibilidad de servicios públicos y las garantías de protección de cada comunidad educativa específica.
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