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Conmemoran 37 años del Caracazo con mujeres exigiendo libertad de presos políticos 

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Aunque según cifras oficiales hubo 276 muertos, algunas organizaciones como el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) señalan que la cifra del llamado “Caracazo” ocurrido el 27 de febrero de hace 37 años rebasa el millar de personas.

Un aumento de apenas 30 céntimos (de un bolívar al que el chavismo le ha quitado múltiples ceros) a la gasolina, fue la chispa que encendió en Guarenas una protesta durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que de acuerdo a investigaciones de Cofavic género ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y múltiples violaciones a los derechos humanos. 

A través de un comunicado, 37 años después, Cofavic expuso que la conmemoración de la fecha sucede en el marco de la exigencia de un nutrido grupo de mujeres por la libertad de sus familiares arbitrariamente privados de libertad por motivos políticos.

“En particular, es relevante reconocer que son las mujeres quienes de forma mayoritaria han ejercido la defensa de derechos humanos frente a los esfuerzos del Estado por mantener la impunidad. Precisamente en 1989, fueron las mujeres quienes llevaron adelante ante los tribunales nacionales e internacionales, la denuncia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el Caracazo. De hecho, fueron ellas, las madres, esposas y hermanas, quienes fundaron COFAVIC”, expuso la misiva de la ONG.

La organización puntualizó que sin derechos de las víctimas no hay democracia posible a propósito de la reciente aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Amnistía, que ha sido cuestionada por diversos voceros de la sociedad por su carácter excluyente. 

La ONG denunció que a casi 40 años de la masacre, las personas se ven obligadas a dormir frente a centros de reclusión para demandar la libertad plena de sus afectos. 

“Es doloroso ver en 2026 la necesidad de pernoctar a la intemperie para exigir el respeto a los derechos humanos, tal como tuvieron que hacer las fundadoras de COFAVIC en La Peste, en el Cementerio General del Sur, durante año y medio, con el fin de cuidar los restos y evidencias ahí sepultados por el Estado de manera clandestina en 1989”.

COFAVIC puntualizó lo necesario de preservar la memoria histórica de las violaciones de derechos humanos en Venezuela en procura de evitar la repetición.

Para la organización es llamativa la eliminación de los archivos administrativos, policiales y militares a personas beneficiadas por la Ley de Amnistía 

“Esto constituirá un fuero más de impunidad, pues significa la destrucción de las evidencias de las violaciones de derechos humanos que han afectado a miles de personas en Venezuela, lo que restringirá el incuestionable derecho de las víctimas a las garantías de verdad, justicia y reparación”.

COFAVIC expuso que cualquier iniciativa orientada a la reconciliación nacional debe estar alineada con los estándares internacionales de derechos humanos.

“Sin postergaciones por conveniencias políticas, y como camino de una sola vía de exigibilidad inmediata”.

A juicio de la organización, la propuesta de allanar una convivencia democrática es una oportunidad para poner fin a prácticas de impunidad del Estado desde los sucesos del 27 de febrero de 1989 a la represión post electoral de 2026.

En este sentido las exigencias de la organización redundan en la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, Investigaciones independientes, genuinas, imparciales y efectivas sobre graves violaciones de derechos humanos, cese de prácticas que restrinjan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y la derogación de las leyes que han sido empleadas como instrumentos para la persecución de personas y de organizaciones de la sociedad civil como Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG; Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; y Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 27 de febrero: Trabajadores protestan por un salario digno en varias ciudades

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 27 de febrero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Trabajadores activos, jubilados y pensionados protagonizaron diversas manifestaciones este jueves, 26 de febrero, en distintas ciudades del país para reclamar el aumento inmediato del salario mínimo y las pensiones, así como la mejora de contratos colectivos y otras condiciones laborales. Mientras que en Caracas la protesta ocurrió en la Plaza Caracas, frente a la sede del Ministerio del Trabajo, en las ciudades del interior del país sucedieron frente a las sedes de las inspectorías del Trabajo.

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Recién salido del horno: otras noticias

Operación de Ramón Centeno: negación y aprobación el mismo día

¿Por qué Maduro no puede pagar a su abogado? 

Liberaron al periodista Pedro Urribarri 

ONG exigieron designación transparente de nuevos Fiscal y Defensor del Puebl

Organizaciones establecieron un decálogo para recuperar libertad de expresión 

Familiares de presos políticos denuncian torturas en el Rodeo I

Liberaron Jonathan Carrillo, el único periodista que seguía preso

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Hoy, en el último mes, han ingresado más de 1.000 millones de dólares a este país y no ha llegado ni un dólar para los jubilados, ni los sobrevivientes, ni los trabajadores venezolanos”, reclamó con un megáfono José Bodas, dirigente sindical y trabajador de Petróleos de Venezuela.

Lo que rompe en redes

El más reciente balance de la ONG Foro Penal informó que a la fecha hay 568 presos políticos.

Azuquita pa’l café

¡Por favor, que alguien salve a los pandas!

La ñapa (recomendamos…)

Estos son los planes gratuitos que puedes disfrutar este fin de semana en Caracas.

ONG exigieron designación transparente de nuevos fiscal y defensor del pueblo 

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Al menos 15 organizaciones no gubernamentales hicieron una serie de exigencias a la Asamblea Nacional, responsable de evaluar las postulaciones y designar a los nuevos fiscal general de la República y defensor del pueblo, cargos a los que renunciaron Tarek William Saab y Alfredo Ruiz. 

Aunque Saab pasó a ocupar el puesto de Ruiz de manera momentánea por 30 días, deberá dejar el despacho, mientras que Larry Devoe estará en el Ministerio Público mientras se designe un nuevo fiscal.

Organizaciones como Laboratorio de Paz, Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Caleidoscopio Humano, Probox, Ideas por la Democracia y Transparencia Venezuela, entre otras, sostuvieron que no se trata de simplemente relevar autoridades, sino de corregir déficits estructurales en la garantía y protección de los derechos humanos.

Las organizaciones expusieron que durante las gestiones de ambos funcionarios hubo denuncias sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y persecución por motivos políticos. 

“Estos patrones han sido documentados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

El documento expuso que el exfiscal es responsable de omisión por la ausencia de investigaciones estructurales eficaces, mientras que el ex defensor del pueblo tenía el mandato constitucional de prevenir abusos, proteger víctimas y denunciar prácticas violatorias. 

Las organizaciones suscribieron que la renuncia de ambos no extingue la necesidad de evaluación de responsabilidades institucionales. 

“La rendición de cuentas es una condición para la no repetición”.

Alertaron también que la designación de Devoe como fiscal encargado y Saab como defensor parcial vulnera las normativas de ambos organismos. 

“El artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que las faltas absolutas del fiscal, como la renuncia, serán suplidas por el vicefiscal o la vicefiscal. Por su parte, la falta absoluta del defensor, según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, sería suplida por el Director o Directora Ejecutiva de la institución”.

Estas son las exigencias de las ONG: 

– Un proceso de selección transparente y verificable: que se publiquen los criterios de evaluación, haya acceso público a credenciales, antecedentes y declaraciones de intereses de los postulantes, además de audiencias públicas transmitidas y con posibilidad de observación ciudadana.

– Criterios mínimos de idoneidad e independencia: que los candidatos tengan unatrayectoria demostrable en defensa o investigación de derechos humanos y que haya un compromiso público para la cooperación internacional en materia de justicia.

– Plan inmediato de reforma institucional: Las organizaciones exigen auditorías independientes de casos emblemáticos de violaciones graves a DD. HH., creación o fortalecimiento de unidades especializadas en tortura, ejecuciones extrajudiciales y responsabilidad de mando, ademas de protección efectiva a víctimas, testigos y denunciantes.

–Compromiso con estándares internacionales: piden Cooperación plena con mecanismos de Naciones Unidas y con la Corte Penal Internacional y adopción de protocolos internacionales de investigación.

Evaluación de actuaciones pasadas: solicitaron la adjudicación de eventuales responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales por omisión o incumplimiento de las funciones de los anteriores fiscal y defensor del pueblo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

FOTOS Y VIDEOS | Trabajadores venezolanos protestan por un salario digno en varias ciudades

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Trabajadores activos, jubilados y pensionados protagonizaron diversas manifestaciones este jueves, 26 de febrero, en distintas ciudades del país para reclamar el aumento inmediato del salario mínimo y las pensiones, así como la mejora de contratos colectivos y otras condiciones laborales.

Mientras que en Caracas la protesta ocurrió en la Plaza Caracas, frente a la sede del Ministerio del Trabajo, en las ciudades del interior del país sucedieron frente a las sedes de las inspectorías del Trabajo.

“Hoy, en el último mes, han ingresado más de 1.000 millones de dólares a este país y no ha llegado ni un dólar para los jubilados, ni los sobrevivientes, ni los trabajadores venezolanos”, reclamó con un megáfono José Bodas, dirigente sindical y trabajador de Petróleos de Venezuela, al momento de exigir un aumento general de sueldos y salarios.

Al grito de “Salario digno ya” manifestaron en La Guaira. “No tenemos nada, ni HCM, ni seguro. Se deben restituir todos los beneficios e incluso el derecho a protestar cuando se siente que el patrón no nos cumple con las demandas laborales”, afirmó un representante de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar Filial Litoral.

En Falcón, los trabajadores en protesta entregaron un pliego de trabajo con una serie de exigencias, entre las cuales se incluyen las prestaciones sociales colectivas, además de la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los trabajadores públicos que están presos. Uno de los voceros aseguró que saldrán nuevamente el 12 de marzo y el 1ro de mayo a manifestar en caso de no recibir respuesta.

“Hemos perdido todas las condiciones de trabajo que teníamos hace 20 años, ya no tenemos seguridad social, no tenemos salarios, nos quieren quitar las prestaciones sociales (…) Nos están haciendo un exterminio a los jubilados”, reclamó Julio Marín, miembro de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en Lara, frente a la Inspectoría del Trabajo de Barquisimeto.

En Valencia, capital de Carabobo, recordaron que el salario mínimo no ha aumentado desde marzo de 2022 y se ha mantenido en 130 Bs., lo que equivale apenas a 0,30 céntimos de dólar.

En Maracaibo, estado Zulia, los trabajadores invocaron el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que reza que los aumentos de salario deben tomar en cuenta el costo de la canasta básica que hoy está cerca de los 600 dólares americanos. “Hay un genocidio colectivo de jubilados y pensionados”, declaró uno de los manifestantes.

Liberaron Jonathan Carrillo, el único periodista que seguía preso

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La tarde de este jueves, 26 de febrero, fue liberado el periodista Jonathan Carrillo, detenido desde el pasado 20 de julio de 2022.

Según información difundida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) a través de su cuenta en X, el periodista estuvo tres años, siete meses y seis días preso en El Helicoide y en Yare III.

Carrillo era el último de los periodistas que permanecía detenido.

Más temprano también fue liberado el periodista Pedro Urribarri. El sindicato señaló que con la liberación de estos dos últimos comunicadores sociales finaliza una etapa de detenciones “arbitrarias y carentes de sustento legal” en contra de los trabajadores de la prensa.

Jonathan Carrillo se le acusó de migración ilícita de personas extranjeras, uso de documento público falso, usurpación de funciones y asociación para delinquir. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Liberaron al periodista Pedro Urribarri

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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que este jueves, 26 de febrero, fue liberado el periodista Pedro Urribarri, detenido desde el pasado 21 de mayo de 2025.

A través de su cuenta en X, el SNTP señaló que Urribarri fue acusado de “conspiración e instigación al odio” por unos tuits que nunca escribió y que habrían aparecido en sus redes sociales el 23 de mayo, dos días después de haber sido detenido.

El periodista estuvo recluido cuatro meses en El Helicoide y luego fue trasladado al centro penitenciario Yare II, ubicada en el municipio Simón Bolívar del estado Miranda, en donde permaneció privado de libertad durante nueve meses y cinco días. “Justicia y reparación para Pedro y para todos los presos por razones políticas”, exigió el SNTP.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Organizaciones establecieron un decálogo para recuperar libertad de expresión

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La Alianza por la Libertad de Expresión conformada por una coalición de organizaciones civiles, gremiales, académicas y de derechos humanos confeccionó un decálogo de acciones que deben ponerse en funcionamiento de inmediato para recuperar la libertad de expresión en Venezuela.

Dicho decálogo lo suscriben organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Colegio Nacional de Periodistas (CNP), la ONG Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), entre otros.

Las peticiones al gobierno interino de Delcy Rodríguez van desde el desbloqueo de los medios de comunicación digital  hasta reformas legales e institucionales, pasando por restitución de concesiones, liberación plena de personas detenidas por expresarse y el cese de la vigilancia e intimidación a los profesionales de la comunicación social. 

“Es la libre circulación de ideas, informaciones y opiniones, una de las principales condiciones para garantizar procesos auténticamente democráticos y legítimos”, reza el documento emitido en conjunto por las instituciones. 

La misiva colectiva reza que las peticiones no están subordinadas entre sí ni guardan un orden específico, por lo que pueden llevarse a cabo de manera simultánea.

– Cese de inmediato la persecución judicial: Esto implica liberar de forma plena e inmediata a quienes estén encarcelados y declarar sobreseimiento en los procesos judiciales arbitrarios.

– Frenar amenazas, intimidación y agresiones: Evitar estigmatización por parte de funcionarios, así como parar medidas presión hacia los medios por sus líneas editoriales.

– Desbloqueo de las páginas web: Así como de redes sociales como X que fueron bloqueadas arbitrariamente por las operadoras Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), Digitel, Telefónica Movistar y demás servicios de internet.

– Derogar leyes restrictivas: Entre ellas entre algunas la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica, y la Tolerancia y la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos.

– Reformar la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel): Bajo criterios de transparencia, legalidad, legitimidad e independencia.

– Devolución de sedes, equipos de transmisión y antenas: Inmobiliario que ha sido confiscado de manera arbitraria a medios de comunicación social.

– Renovación automática o devolución de concesiones: Licencias de radio y televisión que fueron revocadas arbitrariamente.

– Emisión o restitución de documentos de identidad a periodistas y trabajadores de la prensa: Proceso que debe llevarse a cabo  sin dilaciones, negaciones o represalias indebidas.

– Acceso a las fuentes de información oficiales: Abrir salas de prensa en sedes de la Asamblea Nacional, Miraflores, Cancillería, ministerios y organismos públicos. Además garantizar acceso a documentos que contengan información pública.

– Cesar monitoreo de contenidos en equipos electrónicos: Que  funcionarios policiales, militares y civiles detengan su práctica ilegal de revisión de teléfonos y equipos electrónicos a periodistas y trabajadores de la prensa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

¿Por qué Maduro no puede pagar a su abogado?

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El exmandatario Nicolás Maduro enfrenta un nuevo obstáculo. Tras su detención en Estados Unidos el pasado 3 de enero, en el marco de la «Operación Determinación Absoluta», ahora se encuentra sin posibilidad de cubrir los honorarios de su equipo legal de defensa.

Barry J. Pollack, abogado de Maduro, denunció este miércoles que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) está “interfiriendo” en la defensa de su cliente, al no conceder una licencia que permitiría al gobierno venezolano pagar por estos servicios legales.

Según el escrito emitido por el jurista, la OFAC concedió el 9 de enero una licencia que autorizaba a la defensa de Maduro a cobrar fondos de Caracas por representarlo en el caso, pero tres horas después la “enmendó” sin explicación.

“La licencia enmendada relativa al señor Maduro no autoriza la recepción de fondos del Gobierno de Venezuela para cubrir los costos de la defensa”.

El equipo legal de Nicolás Maduro pidió a la OFAC que otorgue un permiso para que Maduro pueda usar parte de los fondos congelados para pagar sus defensores.

El abogado añadió que Maduro “no puede costearse un abogado de otro modo” y que solicitará ayuda al juez para pagar su defensa.

Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por diversos delitos de narcotráfico y armas, cargos que ambos rechazan.

Negación a la defensa en Venezuela

En los últimos años, diversos informes de organizaciones de derechos humanos como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, documentaron que a la gran mayoría de los presos políticos venezolanos fueron obligados a aceptar defensores públicos, aun cuando contaban con abogados privados dispuestos a representarlos.

A periodistas, políticos, disidentes y miembros de la sociedad civil se les impidió el acceso de sus abogados particulares a los expedientes, a las audiencias e incluso a los centros de detención, lo que dejó a muchos detenidos en situación de indefensión y con las garantías básicas del debido proceso vulneradas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.