El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció este 4 de octubre la presunta detención y desaparición forzada de Orlando Ramírez, dirigente sindical del Ministerio de Transporte. El paradero del trabajador se desconoce desde el pasado 8 de septiembre, tras su participación en una manifestación en Caracas para exigir reivindicaciones laborales.
De acuerdo con testimonios de allegados y compañeros, Ramírez habría sido aprehendido tras protestar frente a la sede del Ministerio de Transporte. Antes de perder comunicación, logró enviar un mensaje a una compañera de trabajo para alertar sobre su detención, aunque no pudo precisar el lugar de reclusión. Desde entonces, las autoridades no han emitido información oficial sobre su paradero, motivos de arresto o estado de salud.
Fuentes extraoficiales señalan que el dirigente podría estar recluido en la sede del Comando Nacional Antidrogas en Las Acacias, Caracas. Esta posibilidad ha encendido las alarmas en el Clippve debido a los antecedentes de este centro de reclusión. En esas mismas instalaciones permanecen detenidos varios alcaldes del estado Zulia, así como Faustino Hermoso, quien sufrió una desaparición forzada de diez días antes de que las autoridades confirmaran su custodia, y quien habría sido víctima de torturas.
Ante la gravedad de la situación, representantes de la Coalición Sindical Nacional acudieron el pasado 2 de octubre a la Defensoría del Pueblo. Allí introdujeron una denuncia formal exigiendo información sobre la situación jurídica y el paradero de Ramírez, pero hasta la fecha no han recibido respuesta institucional.
El Clippve condenó enfáticamente la persecución contra trabajadores que ejercen su derecho a la protesta pacífica y la asociación sindical. La organización exigió a las autoridades una fe de vida inmediata, garantías de integridad física y psicológica, acceso a familiares y abogados de confianza, y la liberación del sindicalista.
Asimismo, alertaron sobre el caso a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Insistieron en que la privación de libertad seguida del ocultamiento estatal del paradero de la víctima constituye una grave violación a los derechos fundamentales.
Convocan a protesta frente a la Fiscalía
Dirigentes sindicales exigieron este domingo a las autoridades de la Guardia Nacional, en el Comando Antidrogas, Las Acacias- Caracas, que informen de forma oficial sobre la situación del dirigente sindical Orlando Ramírez.
Eduardo Torres, abogado y expreso político, publicó un video en su X en el que relató que después de acudir al Sebin, Dgcim y la PNB les indicaron que Ramírez estaba detenido allí, en el comando de Las Acacias: “Nos dijeron con pelos y señales que lo tienen en el salón con los policías, que le dicen el profe… sin embargo, acá lo niegan porque se repite el patrón: detención arbitraria y desaparición forzada”.
🚨🚨🚨Guardia Nacional también niega el paradero del sindicalista.
Dirigentes sindicales convocan concentración mañana a las 10:00 AM, en la sede de la Fiscalía General de la República.
Libertad para Orlando Ramírez y para todos los presos políticos en Venezuela ⚖️🇻🇪 pic.twitter.com/uy2TfCxhYV
Torres convocó a una protesta en la Fiscalía este 5 de octubre, a las 10:00 de la mañana, para exigir respuestas sobre el caso Ramírez y por la libertad de los presos políticos.
“Larry Devoe está amparando este plan de meter presos a los ciudadanos que luchan en este país. El regimen de Delcy, de Diosdado, acompañado por los jueces y fiscales corruptos que no han cambiado y por la Fiscalía que está metiendo presa a la gente”, denunció.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El contador avanza hacia las seis de la tarde. Faltan pocos minutos. Algunas personas sostienen velas; otras llevan fotografías de familiares que no volvieron. Hay quienes llegan solos y quienes lo hacen en pequeños grupos. No necesariamente se conocen desde antes -comentan- pero ahora, están unidos por una vivencia similar que los emparentó: la de la pérdida. Es 2 de octubre y han pasado 100 días desde los terremotos que sacudieron La Guaira.
Foto: Yakary Prado
Cerca al Farmatodo de Caraballeda, un establecimiento que permaneció en pie pero que todavía no atiende al público, comienzan a reunirse familiares, voluntarios y vecinos. Visten de blanco. El calor ronda los 30 grados. La humedad se mezcla con el polvo que todavía permanece en el ambiente después de tres meses de escombros, demoliciones y trabajos. En ese mismo espacio, varios edificios terminaron colapsados por la sacudida de la tierra. A unos metros, los restos de los bloques de la OPPE26 recuerdan por qué están allí.
Algunos llegan precisamente a dar un último adiós, porque no han podido hacerlo.
Foto: María Gracia La Cruz
Una noche para los que faltan
“Haz de Luz” fue una actividad convocada por varias organizaciones, entre ellas, Venezuela te Ayuda y la Fundación El After de Rawayana como una jornada de oración y memoria para las víctimas de los terremotos y sus familias. Hubo dos puntos de encuentro: Caraballeda y Playa Grande, los más sectores golpeados por el desastre sociambiental.
Para Julia Mariano, de Venezuela te Ayuda, la actividad nació de una necesidad que permanece cien días después: acompañar a quienes se fueron sin una despedida y a quienes tuvieron que quedarse con las consecuencias de la tragedia.
“Somos parte de uno de los organizadores de esta actividad, una vigilia en homenaje a quienes se fueron sin una adiós, pero también, a todos los que se quedaron y a quienes han estado apoyando desde el día uno”, explicó.
La iniciativa, contó Mariano, surgió de una voluntaria independiente y fue sumando organizaciones y equipos que ya trabajaban en las comunidades afectadas.
Venezuela te Ayuda ha mantenido durante estos meses distintos proyectos en la zona: un plan de fumigación, de la mano de EPA, distribución de alimentos, actividades para niños y adolescentes y un próximop plan para asistencia de mascotas. La organización mantiene actualmente una cocina activa que entrega 150 comidas diarias de lunes a sábado, después de haber llegado a distribuir hasta 600 en una jornada.
En la tarde-noche del evento, antes de las seis, la Coral La Nota Perfecta Cristo Rey ensaya el cántico “Haz de luz”. Las voces se mezclan con el movimiento de quienes van encendiendo las velas.
Un contador marca el paso de los minutos.
Los sacerdotes invitados hablan a los presentes. No hay prisa. En el lugar, cada familia parece llevar su propio tiempo.
A las 6:04 p.m., la hora exacta en que dos terremotos cambiaron repentinamente la vida de miles de familias el 24 de junio, todo se detiene.
El minuto de silencio se cumple con solemnidad y respeto. El dolor que no se ha ido, emerge. El silencio no es vacío: están allí los nombres, las fotografías, tanto de quienes partieron como de quienes todabvía son buscados.
El padre Juan Ramón de Andrés intervino para resaltar qué fue lo único que el sismo no logró agrietar.
“La reconstrucción de La Guaira no es solo de ladrillos y cementos. Lo creemos cuando nos apoyamos, nos acompañamos, nos abrazamos y dejamos que el miedo no nos gane. Nuestro fe es el cimiento que no se agrieta, pues aunque el dolor es real, nuestra esperanza no se acaba”, expresa.
La luz sobre los escombros
Uno de los momentos centrales en este punto de la jornada de oración y acompañamiento ocurrió cuando dos columnas de luz se proyectaro desde el lugar donde alguna vez estuvieron los bloques de la OPPE26. Hasta hace pocos días, continuaban allí las labores de recuperación de cuerpos.
La escena cambia.
Las voces de la coral acompañan el encendido. Hay personas que lloran. Otras se abrazan. Algunas miran hacia arriba; otras no consiguen apartar la vista de los restos que tienen delante.
Durante unos minutos, la luz parece ocupar el espacio que dejaron los edificios. Pero cuando terminan los actos programados surgen rituales espontáneos. íntimos. Aflora la esencia del propósito del evento.
Familias enteras comienzan a acercarse a los escombros. Madres, padres, hijos y otros familiares se arrodillan alrededor de las losas de concreto y las piedras que todavía permanecen en el lugar. Algunos dejan allí sus velas. Otros simplemente se quedan allí, suspendidos quizás en algún recuerdo.
Foto: María Gracia la CruzFoto: María Gracia La Cruz
Algunas mascotas acompañan a sus dueños y olfatean la tierra, como si quisieran abrazar lo que allí estuvo antes.
Foto: Yakary Prado
No hay micrófonos ni discursos en ese momento. La prensa se mantiene a distancia. Solo se respeta el espacio de quienes necesitaban ese momento para atravesar una fase del ciclo del duelo.
Cada familia tiene su propia manera de estar frente a la ausencia. Y el resto de los espectadores cumple la función para que le fueron convocados: acompañar.
Cien días sin una despedida
La convocatoria de “Haz de Luz” partió de una realidad que permanece después del terremoto: familias que no tuvieron un velorio, un entierro o siquiera un lugar donde llevar una flor. Y otras que todavía esperan información.
Encender una luz, plantearon los organizadores, no significa cerrar una historia ni despedir a quienes continúan siendo buscados. Es una manera de mantenerlos presentes mientras sus familias siguen esperando.
Y es que cien días después, esa espera todavía no tiene una cifra oficial completa. El último balance del Gobierno sobre las muertes causadas por los sismos corresponde al 24 de agosto y situaba la cifra en 6509 fallecidos. Incluso durante este fin de semana continuaban las labores de rescate de cuerpos en las residencias Caribe, próximas a la OPPE26. Ante la ausencia de un balance oficial actualizado sobre las personas desaparecidas, organizaciones independientes han intentado reconstruir parte de esa historia.
En un informe presentado el 1 de octubre,la Agencia PANA de Cecodapdocumentó el impacto del desastre entre niños, niñas y adolescentes. El registro señala que 483 niños, niñas y adolescentes murieron en los sismos y que al menos 144 continúan desaparecidos. De estos últimos casos, al menos 40 tienen también a sus padres o representantes desaparecidos y en ocho casos ambos padres fallecieron.
La investigación también documentó que al menos 37 niños, niñas y adolescentes reportados inicialmente como desaparecidos fueron localizados con vida. Otros 201 fueron encontrados sin vida; 129 de ellos murieron junto a sus padres o representantes.
El desplazamiento es otra de las huellas que deja el terremoto. Según los datos recopilados por la Agencia PANA, al menos 1.811 niños, niñas y adolescentes se trasladaron a otros estados del país, acompañados por integrantes de su familia directa o extendida.
Son números. Pero detrás de cada uno hay una casa que quedó vacía, una habitación que nadie volvió a ocupar, una familia que tuvo que aprender a preguntar por alguien que todavía no aparece.
Que el apoyo no se apague
La noche avanza y la multitud comienza a dispersarse. Quedan las velas parpadeantes, los restos de concreto y el haz de luz. Y quedan las familias, para quienes la catástrofe no terminó cuando el suelo dejó de temblar ni cuando las maquinarias silencien sus motores.
La vida continúa, marcada por preguntas sin respuesta bajo las piedras y necesidades urgentes en La Guaira. Julia Mariano reitera el llamado a la solidaridad ciudadana para ampliar la red de apoyo. Juntos, para poder beneficiar más personas.
“Creemos mucho en que si nos unimos, llegamos mucho más lejos. Todas las organizaciones, voluntarios independientes, pueden apoyarnos de cualquier manera, con comida seca, proteínas, con aportes monetarips, quien quien decide hacerlol. Somos una organización establecida en EE.UU. y hacemos una rendición de cuentas muy exhaustiva y transparente. Cada vez que organizamos una actividad convocamos por redes sociales qué tipo de ayuda necesitamos: una merienda, un juguete. Los que se quieren unir pueden escribir a @venezuelateayudaIG, y venezuelateayuda.com es la página web. Nosotros nacimos con la iniciativa de Venezuela te Busca y luego migramos a Venezuela te Ayuda. Recibmos también donaciones de tiempo, recursos y conocimientos para nuestras jornadas. Cualquier ayuda es bien recibida y necesaria”, enfatiza.
El tiempo se lleva los escombros, la atención en la tragedia, los objetos. Los eventos conmemorativos se van espaciando. Pero la ausencia, en cambio, permanece. Y quienes requieren apoyo y presencia, también.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La conmemoración del Día de la Unidad Alemana en Venezuela dejó a un lado el tradicional protocolo diplomático para transformarse en un espacio de solidaridad. Ante la tragedia provocada por los fuertes sismos del pasado mes de junio, la Embajada de Alemania en Caracas, en alianza con Cáritas Venezuela, decidió rediseñar su fiesta nacional para dedicársela a 115 familias damnificadas.
El encuentro, realizado el 3 de octubre en el Caraballeda Golf & Yacht Club, reunió a 320 personas afectadas por los terremotos. Lejos de las habituales recepciones corporativas, los propios miembros de la delegación diplomática atendieron a los invitados, quienes compartieron un menú tradicional alemán y disfrutaron de un día de esparcimiento con actividades lúdicas pensadas especialmente para que los niños recuperaran la sonrisa.
Esta iniciativa surge como una extensión del apoyo sostenido que la nación europea ha brindado al país tras la emergencia. Desde el inicio de la catástrofe, la ayuda humanitaria alemana contabilizada supera los 25 millones de euros, e incluye el envío de doce aviones de transporte militar, equipos de búsqueda y rescate, y personal médico de emergencia.
No obstante, desde la embajada destacaron que el contacto humano y la oportunidad de brindar esperanza en medio de la crisis tienen un valor que trasciende las cifras.
El evento, que contó con el respaldo logístico de diversas empresas privadas locales, sirvió para evocar el verdadero espíritu del 3 de octubre de 1990, fecha en la que se formalizó la reunificación de Alemania tras la caída del Muro de Berlín.
Aquel hito histórico es recordado hoy por la diplomacia germana no solo como un triunfo político e institucional, sino como un símbolo de unidad, reencuentro y resiliencia humana, valores que ahora comparten de cerca con los venezolanos que intentan reconstruir sus vidas.
Las expresiones contra Figuera y Solórzano provocaron pronunciamientos de partidos, organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos. Entre ellos estuvo Edmundo González Urrutia, candidato opositor a las elecciones presidenciales de 2024, quien el 3 de octubre llamó a no condicionar el rechazo a un insulto a la valoración que se tenga de la mujer que lo recibe.
“Deberíamos poner menos atención en demostrar que la mujer insultada ‘no merece’ el insulto y más en preguntarnos por qué todavía resulta tan fácil insultar a una mujer desde su condición de mujer”, escribió en X.
Su planteamiento fue más allá de los casos concretos de Figuera, Solórzano y María Corina Machado. González sostuvo que una mujer puede ser cuestionada políticamente, equivocarse, ejercer mal el poder o ser adversaria y que todo ello puede ser objeto de una crítica severa.
“Lo que no admite discusión es que su condición de mujer se utilice para degradarla”, afirmó.
De la crítica política al insulto sexualizado
El pronunciamiento de González coincidió con una cadena de reacciones a los ataques contra Figuera y Solórzano.
En el caso de Figuera, el analista Esteban Gerbasi utilizó el término “meretriz de la política” para referirse a ella, en el contexto de sus críticas a la dirigente por su participación en procesos de diálogo y negociación política. La expresión generó rechazo entre dirigentes y organizaciones que consideraron que la discrepancia política no justifica recurrir a insultos sexualizados.
María Beatriz Martínez, dirigente de Primero Justicia, expresó su respaldo a Figuera. María Beatriz Martínez, dirigente de Primero Justicia, expresó su respaldo a Figuera.
“Frente a los ataques misóginos de Esteban Gerbasi toda mi solidaridad y respaldo a @Dinorahfiguera. El uso de vocabulario violento, contra las mujeres que hacemos política, es inaceptable. El debate y las divergencias jamás deben ser excusa para la violencia de ningún tipo”, escribió.
La Plataforma Unitaria Democrática también rechazó los ataques contra Figuera y Solórzano. Respecto a esta última, los comentarios fueron emitidos por el ministro Diosdado Cabello durante su programa televisivo. Allí, ironizó sobre los relatos que expuso Solírzano sobre lo que había experimentado en clandestinidad.
“Las diferencias políticas se confrontan con argumentos, ideas y propuestas, nunca mediante campañas denigrantes”, señaló la coalición. El pronunciamiento añadió: “En democracia se puede pensar distinto, disentir e incluso debatir con firmeza, pero jamás se debe denigrar, humillar u ofender”.
La organización extendió su solidaridad a Figuera, Solórzano y “todas las mujeres que han sido objeto de estas deplorables conductas y campañas”.
El problema no termina en el insulto
Para Laboratorio de Paz, lo ocurrido con Figuera no puede analizarse como un episodio aislado. La organización presentó el 29 de septiembre la investigación “Inquebrantables: Violencia contra las mujeres en la política venezolana”, elaborada a partir de entrevistas semiestructuradas y cuestionarios aplicados a 23 mujeres con experiencia de participación en organizaciones partidistas.
El estudio no pretende ser estadísticamente representativo de todas las mujeres que participan en política en Venezuela, pero identifica patrones que se repiten en los testimonios recogidos. Entre ellos aparecen la vigilancia, las amenazas, la intimidación, la deslegitimación pública y también prácticas de discriminación y exclusión dentro de las propias organizaciones políticas.
Uno de los hallazgos apunta directamente a la diferencia con que se evalúa a hombres y mujeres. El 100% de las participantes consideró que la vida personal de las mujeres en política es más examinada que la de los hombres, mientras que 73,9% dijo haber sido juzgada más por su apariencia, su situación familiar o su conducta personal que por su trabajo político.
El cuerpo, la edad, el estado civil, la maternidad o la forma de vestir pueden terminar formando parte de una evaluación que debería concentrarse en las decisiones y posiciones de una dirigente. El estudio también registró comentarios sobre el cuerpo o la apariencia física, insinuaciones sexuales y casos de acoso sexual.
El informe introduce otro elemento que suele quedar fuera de la discusión: no toda la violencia contra las mujeres que hacen política proviene de actores estatales o de adversarios externos. Las 23 participantes describieron también experiencias de discriminación, subordinación y exclusión dentro de sus propias organizaciones. El 87% considera que las decisiones más importantes de sus partidos siguen siendo tomadas principalmente por hombres, mientras 69,6% ha observado o experimentado situaciones en las que esas decisiones se toman en espacios informales a los que las mujeres tienen acceso limitado o inexistente.
El costo de la participación política tampoco queda necesariamente en quien ocupa el cargo o asume el liderazgo.
El estudio encontró que tres de cada cuatro mujeres entrevistadas afirmaron que sus familias han sufrido amenazas o represalias relacionadas con su actividad política. Además, 100% dijo haber modificado alguna decisión sobre su liderazgo, visibilidad o participación para proteger a sus familiares.
El hostigamiento, en esos casos, puede convertirse en una presión que trasciende a la dirigente y alcanza a hijos, parejas, padres u otros familiares. Para Laboratorio de Paz, este mecanismo incrementa los costos personales de participar en la vida pública y puede terminar empujando a algunas mujeres a reducir su exposición.
Sin embargo, el informe también registra una respuesta distinta: pese a las amenazas y la intimidación, 78,3% de las entrevistadas aseguró que no ha considerado abandonar la política.
Una discusión que atraviesa todo el espectro político
Laboratorio de Paz subrayó que la violencia política contra las mujeres no desaparece dependiendo de quién sea el agresor o de qué corriente política provenga.
Tras las declaraciones contra Figuera, la organización rechazó específicamente que una diferencia sobre una negociación o una decisión pública terminara expresándose mediante un insulto sexualizado.
“Se puede cuestionar con firmeza una posición política, una negociación o una decisión pública. Lo que no corresponde es desplazar el debate hacia insultos sexualizados dirigidos contra una mujer por ejercer liderazgo político”, señaló Laboratorio de Paz.
La organización también sostuvo que este tipo de agresiones puede presentarse entre actores oficialistas, opositores o de cualquier otra tendencia, por lo que su rechazo, planteó, no debería depender de la identidad política de quien las recibe.
El informe Inquebrantables plantea, en ese sentido, que una eventual reconstrucción democrática no debería limitarse a recuperar derechos políticos o ampliar los espacios de participación. También debería abordar las prácticas que dificultan que las mujeres ejerzan esos derechos en condiciones de igualdad.
“Hacer política siendo mujer sigue teniendo un costo”
El pronunciamiento de Edmundo González volvió a colocar esa idea en el centro de la discusión.
“Hace años, muchas de estas conductas eran aceptadas, toleradas o simplemente pasaban inadvertidas. Tuve muchas compañeras que las vivieron. Pero las mujeres que hacen política hoy las siguen viviendo”, escribió.
Y concluyó: “Hacer política siendo mujer sigue teniendo un costo que los hombres muchas veces no enfrentamos. Y nos queda mucho por aprender”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Fundehullan, organización que promueve la documentación y formación de los DD.HH. a través de la formación de ciudadanos en las regiones, denunció este 4 de octubre. la detención del expreso político JesúsSamuelSuárez.
Refirieron que el hecho ocurre apenas dos días después de su excarcelación. Suárez habría sido detenido e interceptado nuevamente en un punto de control de la Guardia Nacional en Portuguesa, mientras viajaba a Caracas para cumplir con su régimen de presentación este lunes, 5 de octubre, ante el Tribunal 3º de Terrorismo.
La ONG calificó de “inaceptable” la situación y e insistió en la necesidad de que estos hechos se detengan.
“¡Basta de puertas giratorias! Este hecho es una prueba irrefutable de que el patrón sistemático de persecución y hostigamiento contra la disidencia continúa. No es un caso aislado, es una política de Estado para mantener el miedo y silenciar voces críticas. Esta detención constituye una gravísima violación a los derechos humanos de Jesús Samuel Suárez, incluyendo el derecho a la libertad, al debido proceso y a la libre circulación”, recalcaron.
Fundehullan destacó que esta nueva detención arbitraria también representa un incumplimiento de la orden judicial que le otorgaba la excarcelación al expreso político, con lo que también se vulnera la Constitución y los tratados internacionales de DDHH y exigió a la encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, a poner fin a estas detenciones arbitrarias “y garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos”.
“Es su responsabilidad velar por el cumplimiento de la ley y detener esta ola de represión”, recalcaron.
El Foro Penal recordó que Suárez permaneció privado de su libertad durante 2 años 8 mesesy 3 días luego de su captura en enero del 2024. El expreso político tachirense fue excarcelado el 2 de octubre de 2026, tras culminar su juicio en Caracas por el caso conocido como “Brazalete Blanco”.
Las alcabalas siguen violando DD.HH.
Javier Tarazona, expreso político, precisó que la detención de Jesús Suárez ocurrió la mañana de este 4 de octubre en la alcabala La Cascada de Portuguesa. Dijo que este hecho revictimiza a Suárez y que demuestra cómo las alcabalas continúan con sus patrones de violación de derechos humanos.
“Ya basta de la revictimización en Venezuela, una vez más detienen al tachirense JesúsSuárez, las alcabalas siguen violado derechos humanos en Venezuela, se requieren garantías de no repetición, justicia, restitución de derechos y libertad”, escribió el expreso político en su cuenta en X.
Ya basta de la revictimización en Venezuela, una vez más detienen al tachirense Jesús Suárez, las alcabalas siguen violado derechos humanos en Venezuela, se requieren garantías de no repetición, justicia, restitución de derechos y libertad https://t.co/Up9BFBDWV9
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La economía venezolana (PIB) creció 7,14% en el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, según el Banco Central de Venezuela. El resultado confirma un avance de la actividad económica, pero este no se ha traducido en una mejora equivalente del poder adquisitivo de las familias.
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB proyecta un crecimiento de 6,5% para todo 2026 y confirma que el mayor dinamismo de la producción todavía no se refleja de forma significativa en la capacidad de compra de los hogares.
Una parte importante del ingreso de los hogares sigue comprometida con los gastos básicos. Según Datanálisis, los alimentos representan en promedio 41,6% del presupuesto mensual, pero la proporción cambia de forma marcada según el nivel de ingreso. En los hogares de menores ingresos supera 55%, mientras que en los de mayores ingresos ronda 25%.
Los economistas e investigadores de la UCAB Luis Zambrano-Sequín y Santiago Sosa explican en un reciente estudio que los hogares de menores ingresos tienen menos margen para ajustar sus gastos cuando aumentan los precios de los alimentos. A medida que aumenta el ingreso, ese efecto disminuye y las familias pueden destinar una mayor parte de sus recursos a otros gastos.
El ingreso no sigue el ritmo de los precios
En el sector manufacturero privado la remuneración promedio aumentó 16% entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, al pasar de 466 a 541 dólares, según Conindustria. Para junio, la inflación interanual alcanzó 544,1%, de acuerdo con el BCV.
En marzo de 2026, el Ingreso Mínimo Mensual (IMM) se ubicó en el equivalente a unos 190,3 dólares, según Ecoanalítica. El indicador, que suma el salario mínimo, el bono de alimentación y el bono de guerra económica, cubría menos de 30% del costo de la canasta alimentaria familiar. La cifra muestra que el aumento de la actividad económica ocurre en un contexto en el que el ingreso mínimo todavía resulta insuficiente para cubrir los gastos básicos.
El propio IIES-UCAB advierte que el crecimiento esperado para 2026 está apoyado en buena medida por el impulso del sector petrolero y las inversiones asociadas, mientras que la recuperación del empleo formal todavía es incipiente.
El consumo se adapta a los precios
Según cifras de Atenas Grupo Consultor, entre enero y julio de 2026, los hogares adquirieron 5,8% más unidades que el año pasado, aunque el costo por producto subió 19,2%. El comportamiento muestra que el consumo puede mantenerse incluso cuando los precios aumentan, aunque con ajustes en las decisiones de compra.
En julio, por ejemplo, una reducción promedio de 4,3% en los precios coincidió con un incremento de 3,1% en el volumen de compras. El comportamiento también se observó en los rubros básicos de alimentación.
La recuperación económica que muestran las cifras oficiales y sectoriales sigue tropezando con la realidad de los hogares. Para muchas familias, el margen para cubrir otras necesidades sigue dependiendo de cuánto queda después de pagar los gastos básicos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Hay un caso en este informe que, aunque ocupa apenas unas páginas, condensa casi todo lo que la Misión de Determinación de Hechos de la ONU intenta explicar sobre la desaparición forzada en Venezuela. Es el de Víctor Hugo Quero Navas y su madre, Carmen Teresa Navas. Vale la pena contarlo completo, con calma, porque la fuerza de este caso está justamente en los detalles.
La detención
Víctor Hugo Quero Navas fue detenido el 1 de enero de 2025, en las inmediaciones de la plaza Venezuela en Caracas, por presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). No hubo orden judicial. Desde ese mismo momento, según el informe, comenzó lo que el derecho internacional llama desaparición forzada: la privación de libertad de una persona por agentes del Estado, seguida de la negativa a reconocerla o de ocultar su paradero (párrafo 271 del informe).
Fueron dieciséis meses de búsqueda
Lo que sigue es, literalmente, un mapa de todas las instituciones del Estado venezolano, recorridas una por una sin resultado. El informe lo describe así:
“La señora Carmen acudió durante ese mes de enero a hospitales, morgues, centros de privación de libertad, servicios de emergencia, CICPC, DGCIM, SEBIN, Fiscalía, Defensoría del pueblo preguntando por su hijo, nadie le dio respuesta“. (párrafo 309)
Pero no se quedó ahí. La Misión documentó en 2026, con fechas y expedientes concretos, cada intento formal que hizo Carmen Navas por dentro del sistema legal venezolano:
Una denuncia por desaparición forzada ante la Fiscalía General de la República, el 28 de febrero de 2025.
Una nueva denuncia por escrito, con acuse de recibo, el 29 de octubre de 2025.
Al menos diez visitas a la Defensoría del Pueblo.
Al menos seis visitas al centro penitenciario El Rodeo I, donde tanto el tribunal de la causa como la propia Defensoría del Pueblo le habían indicado que se encontraba su hijo, y donde los funcionarios penitenciarios negaron reiteradamente su presencia (párrafo 309).
El 5 de marzo de 2026, una solicitud formal ante un Tribunal Especial en materia de Terrorismo para pedir la aplicación de la Ley de Amnistía y la libertad de su hijo.
El 6 de abril de 2026, una acción de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, que fue rechazada.
El 6 de mayo de 2026, la negativa definitiva del tribunal a aplicar la Ley de Amnistía, con el argumento de que los delitos imputados no calificaban para el beneficio. Con esas acciones estatales, al menos le hacían suponer a su familia que Víctor Hugo Quero seguía con vida.
Es decir: Carmen Navas agotó, en el orden que el propio Estado establece, todos los caminos legales disponibles. Pero ninguno funcionó.
La forma en la que se lo dijeron
El 3 de mayo de 2026, la nueva Defensora del Pueblo citó a Carmen Navas a su despacho, para interesarse por su caso. Cuatro días después, volvió a citarla, pero esta vez estaba acompañada por el ministro del Sistema Penitenciario, el señor Zerpa, el mismo funcionario que, como vimos en el reporte anterior, fue señalado por la Misión como máximo responsable de la atención médica de las personas detenidas. El informe del episodio en la Defensoría describe el momento así:
“La señora Carmen no fue autorizada para entrar acompañada de nadie más, según la información recibida por la Misión, al entrar le entregaron un papel y le pidieron que leyera. Así fue comunicada oficialmente la muerte de su hijo“. (párrafo 311)
Estamos hablando de daños extendidos a familiares. Carmen Navas estaba sin nadie de su confianza al lado. Sin abogados. Con 83 años de edad. Leyendo ella misma, en un papel, que su hijo estaba muerto. 16 meses después de no verlo más.
Lo que decía el comunicado oficial (y lo que no cuadraba)
Ese mismo 7 de mayo, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario emitió un comunicado público. Según esa versión, Quero Navas habría fallecido el 24 de julio de 2025, es decir, diez meses antes de que su madre lo supiera, supuestamente por una insuficiencia respiratoria derivada de un tromboembolismo pulmonar, tras ingresar el 15 de julio por una hemorragia digestiva.
El mismo comunicado agregaba algo que la Misión, con mucha mesura, califica de difícil de conciliar con los hechos:
“En el mismo comunicado, se asegura que ‘durante su proceso de reclusión (…) ningún familiar se presentó a solicitar visita formal.’ La afirmación resulta difícil de conciliar con la información examinada por la Misión sobre las numerosas gestiones realizadas por familiares de la víctima para determinar su paradero”. (párrafo 313)
Es decir, el propio Estado, en el comunicado donde por fin reconocía la muerte, volvió a decir algo que contradecía dieciséis meses de denuncias documentadas por escrito. Carmen Navas lo hizo todo y el Estado lo negaba.
Las gestiones de Carmen Teresa Navas en la búsqueda de su hijo desaparecido. Extractos del informe de la Misión ONU y la lápida que el Estado venezolano garabateó sobre la fosa donde había enterrado el cadáver, diez meses antes, de Víctor Quero Navas.
La exhumación
El Ministerio Público anunció una investigación penal el mismo 7 de mayo y ordenó exhumar el cuerpo. Eso ocurrió al día siguiente, en el Parque Memorial Jardín La Puerta. Según el testimonio recibido por la Misión:
“Al abrir el ataúd durante la exhumación el testigo refiere haber visto que el cuerpo del Sr. Quero Navas estaba desnudo, boca abajo con los brazos entrelazados hacia las piernas. Parte de los funcionarios allí presentes le solicitaron a la Sra. Carmen Navas si había llevado ropa para vestir el cuerpo de su hijo”. (párr. 318)
El Estado no se hizo responsable ni siquiera de la ropa. El cadáver fue inhumado ese mismo día. Las pruebas de la autopsia se realizaron allí mismo, a pocos metros de los presentes.
Un mes después, el Ministerio Público informó que la necropsia y una prueba genética (comparando tejido óseo del cadáver con una muestra de Carmen Navas, con 99,496 % de probabilidad de filiación biológica) confirmaban que se trataba de Víctor Quero Navas, y que la causa de muerte había sido el tromboembolismo, sin lesiones traumáticas visibles.
Los familiares respondieron públicamente el 3 de junio. Según recoge el informe, denunciaron que los resultados se divulgaron “como si ya fuesen concluyentes o finales”, sin permitirles intervenir en los exámenes con médicos independientes ni revisar las conclusiones de antemano. No se aplicó el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas, como pidieron sus familiares, un documento base de las Naciones Unidas para estos casos. (párrafo 317).
La muerte de Carmen Navas
“La Sra. Carmen Teresa Navas falleció el 17 de mayo de 2026, a los 83 años, nueve días después de conocer oficialmente el fallecimiento de su hijo”. (párrafo 319).
Sus familiares, en el comunicado del 3 de junio, vincularon su muerte al sufrimiento físico y emocional causado por la incertidumbre prolongada sobre el paradero y el destino de su hijo. Y la Misión no lo trató en su informe como una simple coincidencia trágica. Cita jurisprudencia y doctrina de Naciones Unidas que ha reconocido, en más de un caso, que la angustia y el sufrimiento prolongado de los familiares de una persona desaparecida pueden constituir, por sí mismos, tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (párr. 319, nota 515). Los expertos lo reconocen y es un argumento que los venezolanos pueden trasladar a otros casos de muertes de familiares de presos políticos.
Lo que la Misión concluye
El informe cierra este apartado con una idea que conecta directamente con todo lo que hemos venido mostrando en esta serie: la desaparición forzada no termina cuando alguien logra averiguar, por vías informales, dónde está su familiar. Termina solo cuando el Estado lo reconoce oficialmente. Y mientras tanto, dice la Misión, también los familiares se convierten en víctimas. Luego sigue siendo un crimen de Estado hasta que no se desmonte el aparato que lo hizo posible.
Hay además un dato que la Misión subraya como patrón, no como excepción: quienes sostuvieron la mayoría de estas búsquedas, yendo de centro en centro, de fiscalía en fiscalía, de morgue en morgue, fueron mujeres. Son madres, tías, abuelas, esposas, hijas, hermanas, cuñadas y amigas buscadoras, que además de cargar con la angustia asumieron el costo físico, económico y de seguridad de hacer un trabajo que, según el propio derecho internacional, le correspondía hacer al Estado.
¿Podría mejorar la crisis eléctrica en el país con los 1300 megavatios que prometio el gobierno encargado que serían incorporados a la red antes de que acabe el año? En un video difundido en las redes sociales, el ingeniero civil Roberto Vernet explicó por qué la cifra anunciada no podrá cubrir las graves deficiencias en el Sistema Eléctrico Nacional.
El pasdo 29 de septiembre, el gobierno venezolano prometió incorporar más d4e 1300 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional para el último trimestre del año. Así lo anunciaron el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, junto al presidente de Corpoelec, Juan Crisóstomo Fernández.
Precisó que, de concretarse lo anunciado, el incremento neto real sería de apenas 100 megavatios, porque habría que descontar de allí los 1200 megavatios que se perdieron tras la falla en la turbina 17 de la Central Hidroeléctrica del Guri el pasado 30 de agosto.
Explicó también que esos 1300 megavatios, 600 provendrían de Planta Centro, una instalación que aseguró “nunca ha producido eso, pues en su pico máximo hace unos diez años producía aproximadamente 250 megavatios y después de un incendio, no volvió a producir más nada”.
El resto se originaría en TermoZulia, “que no se sabne si realmente están incorporando nuevos megavatios o energía, o recuperando algo que se cayó anteriormente”.
Por todo lo antes expuesto, consideró que “no se ve un panorama claro o solución” que permita augurar un incremento real de megavatios en el SEN. Y recalcó que aún aumentándolos, el reto es ver si se sostienen en el tiempo y si realmente puedan llegar a los hogares, industrias y comercios después de pasar por los transformadores en el camino.
“Por eso, es necesario que se hable claro y que se pongan las cifras de cómo está realmente la situación en generación, transmisión y distribución, además de lo que se necesita para que todo se estabilice”, concluyó el experto.
#2Oct#Venezuela#SistemaEléctrico El ingeniero civil Roberto Vernet advirtió que la anunciada incorporación de 1.300 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) representaría un incremento neto real de apenas 100 MW, tras descontar la pérdida de hasta 1.200 MW derivada… pic.twitter.com/hVkcZjez8y
La situación con los cortes eléctricos en Venezuela continúa siendo crítica. En la última semana, se reportaron protestas casi todas las noches en estados del país como Falcón, Carabobo, Zulia, Aragua, Miranda, Lara, Guárico, Cojedes, Bolívar, Anzoátegui, Portuguesa, Trujillo y Sucre.
🚨 SIGUEN LAS PROTESTAS EN VENEZUELA: “¿QUIÉN ME PAGA MI NEVERA?”
Habitantes de Tucacas, estado Falcón, tomaron la carretera nacional Morón-Coro, a la altura de Boca de Aroa, en protesta por los prolongados apagones.
Un informe difundido en septiembre por Anova Policy Research reveló que siete de cada diez hogares venezolanos (70,2%) recibían agua o electricidad de forma precaria, 21,7 puntos porcentuales más que un año antes. La investigación encontró que la proporción de hogares con cortes de luz diarios pasó de 37,1% en 2024 a 62,8% en 2026, casi dos de cada tres familias. En el otro extremo, los hogares con un servicio eléctrico continuo, que ya en 2024 eran una pequeña minoría de 8,2%, se redujeron a 6,9%.
El estudio concluyó que la reactivación económica de Venezuela “es inviable sin una solución de fondo a la crisis de los servicios públicos“, pues la productividad laboral se ve muy limitada “cuando siete de cada diez hogares organizan su día en torno a la llegada del agua y al horario del apagón, y cuando el propio Estado reduce su jornada para ahorrar electricidad”.
En un recorrido en Petare el pasado 02 de octubre, el dirigente político Carlos Ocaríz dijo que el promedio nacional de horas diarias sin luz pasó de cinco a ocho horas. Propuso cuatro medidas para recuperar el SEN: eliminación de Corpoelec por ser “un nido de corrupción”; recuperación de empresas regionales como Edelca, para Puerto Ordaz; volver a la “meritocracia” para que estas empresas sean dirigidas por las personas más capacitadas y licitaciones transparentes, “sin enchufe”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
