El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que entre el 19 y el 30 de septiembre de 2026 fallecieron al menos 4 personas mayores de 59 años bajo la custodia del Estado.
El 19 de septiembre murió Carmen Rodríguez, de 66 años, en el anexo femenino de Tocuyito, estado Carabobo, a causa de un infarto agudo al miocardio. El 24 de septiembre falleció Tomasa Sánchez, de 72 años, recluida en el Centro Penitenciario de Occidente I, estado Táchira, por un paro cardiorrespiratorio. El 26 de septiembre murió César López, de 68 años, en los calabozos de la Policía del municipio Juan Germán Roscio, estado Guárico, su causa aún no está definida. El 30 de septiembre, Hermes Carrero, de 63 años, murió de un infarto dentro de su celda en el Internado Judicial de Barinas.
En ninguno de los casos las personas tuvieron atención médica oportuna, denunció el OVP.
«Sin médicos ni medicinas, el drama de los adultos mayores que mueren en el olvido carcelario expone una realidad que no puede seguir normalizándose. Cuando la edad, las enfermedades y la falta de atención médica se encuentran con un sistema penitenciario incapaz de garantizar una respuesta oportuna, la privación de libertad se convierte, en los hechos, en una pena de muerte», agregó la ONG en una nota de prensa publicada este 5 de octubre.
"Cuando muere una persona detenida por la falta de atención médica, la negación del derecho a la salud se convierte en una pena de muerte", denunció Humberto Prado, director del OVP.
A la crisis sanitaria en cárceles y calabozos se suma el hacinamiento y la infraestructura, ya… pic.twitter.com/IcA4m8jDJh
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) October 6, 2026
Opacidad hasta la muerte
El Observatorio recalcó que al menos dos de estas personas estaban recluidas en sedes policiales, que el Gobierno venezolano ha utilizado como «cárceles paralelas» para más de 7414 personas. De ese grupo, al menos 181 personas son mayores de 65 años.
Por ahora, el OVP ha contabilizado más de 60 muertes bajo custodia del Estado, ya sean muertes violentas o por negligencia sanitaria, entre abril y septiembre de 2026.
«Y los organismos que tienen responsabilidades en esta materia, como el Ministerio Público, el Ministerio [de Servicios] Penitenciario[s], la Defensoría del Pueblo y la propia Asamblea Nacional no investigan. No hay contrapeso», denunció Humberto Prado, director del OVP.
Prado agregó que estas muertes se deben, principalmente, al alto hacinamiento que sufren los centros de reclusión en el país. Al haber poco espacio y muchas personas en un mismo lugar, las condiciones sanitarias se reducen. Destacó que la tuberculosis y las hepatitis son las enfermedades más comunes entre los privados de libertad por el hacinamiento.
«Los presos no tienen la culpa, tampoco los centros de reclusión, son las autoridades responsables las que deben atender a la población», agregó Prado. «Ya no hay presupuesto para darle alimentación a los presos que están bajo su supervisión. no tienen servicios médicos porque no tienen presupuesto para atender».
El director de la OVP denunció que las instituciones tampoco dan detalles sobre la muerte de los más de 61 personas fallecidas bajo el custodio del Estado. Solo ofrecen diagnósticos como «paro cardiaco», «sangramiento» o «problemas gastrointestinales».
La ONG denunció que Larry Davoe, actual Fiscal de la República, debe ser investigado por negligencia ante las autoridades nacionales e internacionales. Mientras tanto, ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo ha declarado públicamente sobre las investigaciones que deben hacer a estas 61 personas que han fallecido bajo su custodia.
La ONG Un Mundo Sin Mordaza (USMS) publicó este 5 de octubre un balance sobre las vulneraciones a la libertad de expresión en Venezuela. En el primer semestre del 2026 se registraron al menos 65 casos de vulneración directa a la libertad de expresión, 131 violaciones a ese derecho fundamental y 33 detenciones vinculadas con el ejercicio periodístico. También se registró el cierre de, al menos, 4 emisoras de radio y el bloqueo de acceso a la internet a 65 portales de noticias.
En Runrun.es te resumimos el informe en cuatro claves:
Siguen cerrando emisoras
Cuatro emisoras de radio se suman a la lista de las más de 300 emisoras que el chavismo ha desmantelado en las últimas dos décadas: Impacto 105.3 FM (de Táchira, cerró el 7 de enero), Unika 92.1 FM (operaba en la parroquia Coche de Caracas y cerró el 30 de enero), Urbana 94.3 FM (ubicada en Guatire, Miranda. Cerró el 20 de febrero) y Rítmica 104.1 FM (de Puerto Cabello, Carabobo. Cerró el 27 de febrero).
Todas las emisoras tuvieron la orden de clausura de Conatel. La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ha constatado que Conatel es un órgano que ha vulnerado el derecho a la información por órdenes del chavismo.
«La confiscación de equipos incrementa el efecto restrictivo, pues dificulta cualquier reparación posterior. La ausencia de información pública sobre expedientes, motivación, defensa y revisión judicial impide evaluar la legalidad y proporcionalidad de las medidas», agregó UMSM en su informe.
Siguen deteniendo arbitrariamente
La ONG Espacio Público pudo constatar al menos 33 detenciones vinculadas a la libertad de expresión.
De ese grupo, 14 fueron detenidos el pasado 5 de enero. Al menos 13 periodistas estaban vinculados a medios o agencias internacionales y 1 periodista que trabajaba para un medio nacional.
«Las retenciones duraron aproximadamente entre dos y diez horas; las autoridades revisaron dispositivos, borraron material periodístico y deportaron a uno de los corresponsales», agregó Un Mundo Sin Mordaza.
Sigue amenazando y matando
Mientras a unos los detiene, a otros los matan. UMSM registró cuatro fallecidos relacionados con vulneraciones a la libertad de expresión. De ese grupo, dos personas murieron en reclusión, bajo custodia del Estado, y dos fueron homicidios a presonas vinculadas a labores periodísticas.
Edison José Torres Fernández, un policía del estado Portuguesa de 52 años de edad, falleció el 10 de enero recluído en la Zona 7 de Boleíta, un centro de la Policía Nacional Bolivariana. Hasta la fecha no se tiene una investigación de su autopsia. Lo detuvieron en diciembre de 2025 por «compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado», el chavista Primitivo Cedeño, denunció UMSM.
José Manuel García Sabino, exconcejal de Anaco (Anzoátegui) de 31 años, murió bajo custodia el 9 de mayo. De acuerdo con la ONG, García había denunciado varios casos de corrupción en Anzoátegui antes de su detención. Se encontró en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco.
«Fuentes públicas informaron posteriormente una autopsia compatible con asfixia mecánica y la detención de funcionarios. La muerte está documentada, pero el nexo causal con sus denuncias permanece bajo investigación y no debe darse por establecido», denunció la ONG.
«Walter Alexander Jaimes y Yolimar Hidalgo fueron hallados sin vida durante el semestre [en febrero y en marzo, respectivamente]. Aunque ambos estaban relacionados con labores periodísticas, las fuentes revisadas no establecieron públicamente que los homicidios fueran consecuencia de su trabajo. Mantener esta distinción protege la credibilidad de la documentación y no reduce el deber de investigar con una línea específica sobre la actividad», agregó la UMSM.
Hasta ahora, no hay información pública sobre los avances de la investigación de Jaimes e Hidalgo.
Un primer semestre de coerción, censura y opacidad
«Las excarcelaciones y otras respuestas parciales no abarcaron el conjunto de detenciones, restricciones judiciales, cierres, bloqueos y agresiones documentadas. En consecuencia, el cumplimiento de la obligación de garantía fue insuficiente», denunció la ONG.
El Gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) mandó a reformar parcialmente la Ley contra el Odio, que ha sido una herramienta para detener arbitrariamente a más de 900 personas, según la ONG Foro Penal. La mesa de negociación entre el Gobierno del PSUV y la oposición avalada por el Gobierno de Estados Unidos emitió un decretó a Conatel para desbloquear portales web censurados, pero hasta la fecha siguen bloqueados 143 dominios, según un informe de la ONG Conexión Segura – VE Sin Filtro publicado este 6 de octubre.
Además, UMSM registró al menos 6 casos de suspensión de cuentas de redes sociales de medios de comunicación y creadores de contenido noticioso. La Gran Aldea, Armando.info, Con La Lupa, Johanna Peña, El Pitazo y la cuenta Kilómetro son los objetivos de una red de bot y cuentas inauténticas que el medio Cazadores de Fake News a identificado como las agresoras. Sin embargo, aún no se sabe quién coordina a esas cuentas inauténticas.
«El primer semestre de 2026 no ofrece elementos suficientes para sostener que Venezuela haya avanzado hacia una normalización sostenible del espacio cívico. Las excarcelaciones, la restitución de algunos contenidos y la apertura parcial de determinadas plataformas coexistieron con detenciones, procesos penales, cierres de medios, bloqueos digitales y persistentes condiciones de opacidad. Esta convivencia demuestra que las señales de apertura fueron fragmentarias y reversibles, mientras permanecieron activos los mecanismos institucionales, administrativos y tecnológicos capaces de restringir la circulación de información», agregó la ONG.
UMSM destacó que el impacto verdadero de la represión venezolana puede ser mucho más grande. La autocensura, el temor a denunciar, el subregistro y las diferencias metodológicas entre organizaciones condicionan cualquier ejercicio de cuantificación. Por lo tanto, lo que se mostró en el espacio cívico en el primer semestre de 2026 podría ser solo la punta de un iceberg de vulneraciones a la libertad de expresión.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 7 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el 6 de octubre la renovación de los mandatos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta 2028. Hubo 25 votos a favor, 5 en contra y 17 abstenciones para seguir documentando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela de forma independiente.
Entre los países que votaron a favor están Chile, Argentina y Canadá. Mientras tanto, entre los países que están en contra se mencionan a Cuba, China y Egipto.
«Se han hecho siete intentos y lamentablemente el último fue frustrado, pero creemos que en las próximas horas se están alineando tanto lo diplomático como lo jurídico para que María Corina esté en Venezuela. A mí me preguntan incluso por mecanismos de entrada. Su entrada tiene que ser como entran todos los venezolanos, por Maiquetía, por Valencia», dijo Henry Alviárez, coordinador nacional de organización de Vente Venezuela, durante una entrevista al medio NTN24.
Lo que rompe en redes
#6Oct | Este martes se registró un incendio en la refinería Cardón, Falcón 🇻🇪, lo que provocó la paralización de las operaciones del complejo.
Los equipos de emergencia continúan desplegados en la zona intentando controlar la situación en su totalidad y determinar qué originó… pic.twitter.com/X3Iu2KpVcb
El Nobel de Medicina premia a los fundadores de una nueva era en la neurociencia
El Nobel de Medicina o Fisiología ha distinguido este lunes a tres investigadores por abrir una nueva era en la neurociencia con el desarrollo de la optogenética, un método que muestra cómo las… pic.twitter.com/Vj9g2wXUD6
Quiero ir cerrando esta serie con uno de los hechos individuales más graves que documenta todo el informe de la Misión de Determinación de Hechos. Lo dejé para el final a propósito, porque después de seis artículos explicando patrones, estructuras y responsabilidades institucionales, es importante que esté claro para todos que detrás de cada patrón hay personas concretas a quienes esto les ocurrió en su cuerpo y que aún hoy tienen secuelas y daños por lo vivido mientras estaban bajo custodia del Estado. Es equivalente a lo que han vivido las presas políticas que fueron torturadas y forzadas a abortar, o aquellas que sufrieron formas de esclavitud y explotación sexual por parte de sus custodios, como se señaló en el reporte de 2025. Todos son daños cuyas consecuencias pueden arrastrarse toda la vida.
Algunos afectados de estos años no sobrevivieron, otros no han podido contar lo que les ocurrió, la mayoría aún no recibe la atención necesaria para poner en orden lo que atravesaron, así que pasarán los años y seguirán apareciendo testimonios. Sin embargo, documentar la brutalidad en tiempo real, como hace la Misión de la ONU, permite acelerar algunos cambios y conectar con otras personas que puedan declarar. Por eso tomamos este caso de cierre.
Los hechos tal como los documentó la Misión
Entre agosto y septiembre de 2024, una persona homosexual estuvo detenida en Tocuyito, el centro penitenciario del estado Carabobo. Según el testimonio que esa persona dio directamente a la Misión, un comandante la desnudó y la violó analmente durante aproximadamente 25 minutos. Mientras ocurría la agresión, la víctima era además golpeada y sometida a insultos feminizantes, es decir, insultos que usaban su orientación sexual como forma añadida de humillación. Una funcionaria grababa la agresión, en presencia de otros custodios que no intervinieron. Todos son responsables de lo ocurrido, al igual que su cadena de mando.
Durante la violación, el comandante le dijo a la víctima que le iba a transmitir el VIH. Esta no fue una amenaza vacía dicha al calor del momento ni un comentario pensado solo para generar terror. Esto ocurrió y se concretó. La víctima no tenía el virus al ingresar en detención. Cuatro semanas después, recibió un diagnóstico positivo.
La Misión no específica en este párrafo si hubo un seguimiento médico posterior, una investigación penal, o si la víctima logró acceder a tratamiento antirretroviral estando bajo custodia del mismo Estado que le transmitió el virus. Este silencio, en un informe que normalmente detalla con precisión cada gestión institucional que hicieron las víctimas o sus familias (como vimos con Carmen Navas buscando a su hijo), dice también algo por sí mismo. Estamos ante crímenes de Estado de un nivel de violencia atroz en un entorno que aún representa un riesgo para las víctimas, los defensores y los que trabajan para que no haya olvido ni impunidad. La premisa más importante es mantener a la gente vulnerable protegida y cuidar también a los mecanismos que protegen y sostienen el trabajo por los derechos humanos.
Por qué la Misión lo documenta como violencia sexual y como tortura a la vez
Hay que explicar el encuadre legal porque es lo que permite que un hecho como este pueda perseguirse penalmente algún día. La Misión recuerda, en la introducción a esta sección del informe, que la violencia sexual no requiere necesariamente “penetración” para configurarse como tal. También son actos de violencia sexual la desnudez forzada, los tocamientos o las amenazas de violación, como mostramos en el artículo anterior. Pero cuando sí hay penetración, como en este caso, y además concurre lo que exige la Convención contra la Tortura, un funcionario público, infligiendo intencionalmente sufrimiento grave, con un propósito de castigo, humillación o discriminación, el hecho queda calificado doblemente: es violencia sexual y es tortura al mismo tiempo.
Aquí aparece un elemento que la Misión no menciona de forma aislada en el párrafo 410 del informe, pero que conecta con el marco general sobre motivos discriminatorios: los insultos feminizantes dirigidos a esta víctima por su orientación sexual no fueron un detalle incidental de la agresión. Cuando la tortura se agrava, o se dirige específicamente, por la identidad de la víctima, su orientación sexual, su género, su actividad política, el derecho internacional lo reconoce como un elemento que agrava la responsabilidad de los funcionarios y la cadena de mando, no como un simple insulto más.
Arriba izq., intervención militar de la cárcel de Tocuyito, en octubre de 2023 (la violación ocurrió en 2024); arriba der., intervención (mayo 2025) de ese centro penitenciario por orden de Julio García Zerpa, ministro del Sistema Penitenciario, señalado reiteradamente en los informes de la Misión (aún hay presos políticos en esa cárcel). Abajo, extracto del informe referido a este crimen de Estado.
Lo que este caso cierra y lo que deja abierto
Podemos hacer un recuento. En el primer artículo mostramos que, según la Misión, las estructuras que hicieron posible más de una década de violaciones de derechos humanos en Venezuela no fueron desmanteladas tras el 3 de enero de 2026, y que personas señaladas por crímenes de lesa humanidad siguen en cargos clave de seguridad e inteligencia. Este último caso, aunque ocurrió en 2024, es la prueba más cruda de por qué eso importa tanto. Cuando las instituciones no cambian, la posibilidad de que hechos como este se repitan o empeoren se preservan con el cambio de gobernante.
La Misión termina su informe con una constatación que resume, mejor que cualquier cosa que se pueda añadir, las historias que compartimos en esta serie: mientras no haya desmantelamiento real de los mecanismos de represión, restablecimiento de garantías judiciales efectivas, e investigación y sanción concreta de quienes cometieron estos hechos, no puede hablarse de una mejora sostenida de los derechos humanos en Venezuela. Lo que vimos con las muertes bajo custodia de Alfredo Díaz y Edison Torres, la desaparición de Víctor Quero Navas y la muerte de su madre tras encontrarlo, la tortura sistemática en Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, la violencia sexual contra la concejala de Zulia y contra este hombre en Tocuyito, no son hechos del pasado que ya se resolvieron. Son, según Naciones Unidas, hechos de un sistema que sigue de pie.
En el siguiente artículo, que será el último de esta serie, veremos la conexión de estos reportes con los sistemas de justicia.
Artículos anteriores de la serie Textos sobre la Misión-ONU.
El dirigente sindical del transporte, Orlando Ramírez, fue liberado en horas de la madrugada este martes 6 de octubre, luego de permanecer desde el 8 de septiembre con paradero desconocido tras participar en una protesta por reivindicaciones laborales. La información fue confirmada por el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, quien acompañó las acciones emprendidas por organizaciones sindicales y familiares para exigir información sobre el trabajador.
Torres informó en un video difundido este martes en X sobre la liberación. Dijo que no sabe quién liberó al sindicalista pues, hasta el momento, desconocen las razones por la que fue objeto de “detención arbitraria y desaparición forzada”.
“Lo cierto es que se comunicó con dirigentes sindicales y expresó que lo dejaron tirado en las carreteras entre Yaracuy y Lara. Unos dirigentes sindicales lo rescataron en horas de la madrugada y lo llevaron adonde unos familiares en Lara.
Hasta ahora, no se ha informado oficialmente quién mantuvo detenido a Ramírez, dónde permaneció durante las semanas en las que estuvo incomunicado ni bajo qué condiciones fue liberado.
🚨🇻🇪👉🏼Última hora:
Liberan en la autopista entre Yaracuy y Lara al dirigente sindical Orlando Ramírez.
Con esta victoria popular, exigimos Justicia, Libertad y Democracia para Venezuela
Libertad para todos los presos políticos.
Nos vemos el jueves en las calles de Caracas. https://t.co/KmrIMv1hEb
Ramírez, presidente del Sindicato del Ministerio de Transporte, fue visto por última vez el 8 de septiembre, después de participar en una manifestación frente a la sede de ese despacho en Caracas. Ese día, trabajadores reclamaban reivindicaciones laborales, entre ellas la restitución de beneficios para jubilados del ministerio.
Antes de perder comunicación, el dirigente habría enviado un mensaje a una compañera para informar que estaba detenido, aunque no pudo precisar dónde se encontraba. Desde entonces, sus compañeros y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que no habían obtenido información oficial sobre su situación jurídica ni su lugar de reclusión.
En los últimos días, la Coalición Sindical Nacional y defensores de derechos humanos acudieron a distintas instituciones para exigir información. Una de las posibilidades manejadas de manera extraoficial era que Ramírez estuviera recluido en el Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, en Las Acacias, Caracas, pero las autoridades no confirmaron públicamente esa versión.
El lunes 5 de octubre, representantes de la Coalición Sindical Nacional y abogados acudieron a la Fiscalía para intentar presentar una denuncia. Según Torres, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público no los atendió. Posteriormente consignaron un recurso de hábeas corpus ante los tribunales penales para exigir información sobre el paradero y situación jurídica del sindicalista.
Exigen fin de las detenciones arbitrarias
Tras conocer la liberación, Torres señaló que las organizaciones sindicales y defensoras de derechos humanos agradecen a quienes se movilizaron durante las semanas de búsqueda. También, anunció que acompañará a Ramírez a presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
“Ayer en la Fiscalía General la Dirección de Derechos Humanos no nos atendió, pero vamos con Orlando a poner la denuncia. Esto no se puede quedar así, los funcionarios que siguen deteniendo y desapareciendo a la gente arbitrariamente tienen que pagar”, insistió.
El abogado agregó que el hábeas corpus presentado el lunes fue admitido y que está pendiente una reunión con el presidente del circuito judicial penal, que esperan realizar el próximo jueves.
La liberación de Ramírez ocurre después de casi cuatro semanas en las que sindicatos y organizaciones de derechos humanos exigieron una fe de vida, información oficial sobre su situación y garantías para su integridad física. El caso había sido denunciado como una presunta detención arbitraria seguida de desaparición forzada. Por ahora, la liberación resuelve la incertidumbre sobre el paradero inmediato del dirigente, pero siguen sin respuesta pública las preguntas sobre quién lo detuvo, dónde permaneció y por qué fue liberado en una carretera.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Once diputados integran la comisión especial para la reforma parcial de la Ley contra el Odio, entre quienes destacan los chavistas Nicolás Maduro Guerra, Jorge Arreaza y Pedro Infante.
Tanto Maduro Guerra como Arreaza sostuvieron que la ley fue pertinente en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2017 y que pese a una “aplicación errática” y abusos de cuerpos de seguridad, habría contribuido a reducir la violencia.
Como el grueso de los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), tanto Maduro, como Arreaza y Guerra avalaron la ley cuando fue promulgada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, pero ahora reconocen que hubo una “aplicación errática” y abusos de cuerpos de seguridad.
Infante dijo que han establecido una ruta para reformar la ley, que algunas ONG consideran que debería ser derogada.
“¿Qué hemos definido? Una ruta que por supuesto traerá consigo el encuentro, el debate, la revisión con distintas instancias de la sociedad venezolana. Seguro nos encontraremos con víctimas y afectados del odio, la violencia, y también que fueron de alguna manera afectados por la implementación inadecuada de la ley”, dijo Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, en declaraciones a la prensa el pasado 5 de octubre.
Infante alertó que se trabajará en la despenalización de la ley y también en algunas definiciones necesarias para asegurar su “correcta aplicación”.
El diputado sentenció que la ley será remitida al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que este le dé el visto bueno antes de ser aprobada en plenaria en el Parlamento.
Según datos difundidos por la ONG Foro Penal, al menos 927 personas fueron acusadas de incitación al odio desde la aprobación de la norma en 2017.
Y de acuerdo con Cecodap, un total de 118 menores de edad fueron imputados entre 2024 y 2025 por supuestos delitos previstos en el instrumento legal.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La vigilancia internacional sobre los derechos humanos en Venezuela continuará durante al menos dos años más. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este 6 de octubre la renovación de los mandatos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).Con 25 votos a favor, 5 en contra y 17 abstenciones, se renovó hasta 2028 el mandato delaMisiónde Determinación de los Hechos que documenta los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La resolución fue aprobada por 25 votos a favor, liderados por países que patrocinaron la iniciativa, entre los que destacan Chile, Argentina, Canadá, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay, junto con el respaldo de potencias y aliados de Europa Occidental, América Latina y Asia comprometidos con los derechos humanos, tales como Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Alemania, Bulgaria, Suiza, Japón, Costa de Marfil, Chipre, República Checa, Islas Marshall, Reino de los Países Bajos, Macedonia del Norte, Corea, Malaui y Eslovenia
Entretanto, los cinco votos en contra fueron de las delegaciones de China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi. Los 17 países que optaron estar “en el medio” y se abstuvieron fueron Brasil, México, Angola, Benin, Bolivia, Etiopía, Ghana, India, Irak, Indonesa, Kenia, Kuwait, México, Pakistán, Catar, Suráfrica y Tailandia.
El texto pide a la misión de tres expertos, establecida en 2019 y actualmente compuesta por Sofía Macher (Perú), Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México), que presente informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en las próximas sesiones del consejo que se celebrarán en otoño de 2027 y 2028.
La renovación ocurre mientras Venezuela atraviesa cambios políticos y después de una serie de medidas anunciadas por las autoridades que incluyen excarcelaciones y modificaciones en el sistema de justicia. La propia Misión ha advertido, sin embargo, que los cambios observados desde enero no significan por sí mismos que hayan desaparecido las estructuras que hicieron posibles graves violaciones de derechos humanos.
🔴 #ENVIVO | El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el proyecto de resolución L.18 sobre #Venezuela con 25 votos a favor, 17 abstenciones y 5 en contra.
La votación registrada fue solicitada por la delegación de #China. Tras conocerse los resultados, la Presidencia del Consejo confirmó: “El proyecto de resolución L.18 ha quedado aprobado”.
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La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019. Su mandato original incluía investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.
Desde entonces, el Consejo ha extendido su mandato en varias oportunidades. La renovación de 2024, por ejemplo, amplió su trabajo para investigar las violaciones ocurridas antes, durante y después de las elecciones presidenciales de ese año, así como la violencia atribuida a los llamados colectivos.
La continuidad aprobada ahora mantiene abierta esa vía de investigación y documentación. Para Amnistía Internacional, esa permanencia tiene un valor particular porque permite que los casos de las víctimas continúen bajo escrutinio internacional mientras persisten interrogantes sobre justicia y rendición de cuentas.
“Celebramos esta decisión de continuar el escrutinio sobre la persistente crisis de derechos humanos en Venezuela”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de la organización, en un comunicado emitido al conocerse el anuncio.
Piquer sostuvo que extender el trabajo de la Misión “refuerza el interés de la comunidad internacional en la justicia y la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos en el país, incluidos crímenes de lesa humanidad”.
Amnistía también reclamó que cualquier proceso de cambio mantenga en primer plano los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Oscar Murillo, coordinador de Provea, calificó como “muy reconfortante” la continuidad de los mandatos de la Misión y de la OACNUDH. Consideró que la renovación constituye una noticia relevante precisamente porque Venezuela atraviesa un momento político distinto al que existía cuando se aprobaron las anteriores extensiones.
“La continuidad de estos mecanismos es fundamental para el seguimiento y monitoreo de la situación de derechos humanos en el país”, afirmó.
A su juicio, el escrutinio internacional puede contribuir a que una eventual transición política no se limite a cambios de autoridades o decisiones coyunturales, sino que incorpore justicia y reconstrucción institucional.
El planteamiento coincide con lo señalado por Laboratorio de Paz: mantener mecanismos internacionales independientes permite seguir documentando violaciones, acompañar a las víctimas, preservar evidencia y comprobar si los cambios anunciados por las autoridades se traducen realmente en garantías. La organización recordó que la propia Misión ha reconocido modificaciones observables desde enero, entre ellas una disminución de determinadas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, pero también ha advertido sobre la permanencia de estructuras y condiciones que hicieron posibles graves violaciones.
El desafío: que los cambios puedan comprobarse
Laboratorio de Paz planteó que la renovación no debe interpretarse como una calificación automática sobre el rumbo político del país. El hecho de que continúe la supervisión internacional, señaló, refleja precisamente la necesidad de verificar cambios estructurales en áreas como la justicia, la rendición de cuentas, las libertades fundamentales y las garantías de no repetición.
Una transición democrática, según la organización, no puede medirse solamente por excarcelaciones, cambios de autoridades o nuevas normas. También requiere investigar responsabilidades, garantizar una justicia independiente, reparar a las víctimas y desmontar las condiciones institucionales que permitieron las violaciones.
La organización resumió el desafío de los próximos dos años en una imagen sencilla: que Venezuela llegue al final de ese período necesitando menos vigilancia internacional porque haya construido más garantías dentro del país.
“No midamos la transición solamente por los anuncios. Midámosla por los derechos que podemos ejercer”, insistieron.
El Rodrigato pidió “cerrar la misión”
La decisión del Consejo ocurrió pese al rechazo del gobierno venezolano al mecanismo. Durante el debate, la delegación venezolana afirmó que “Venezuela no acompaña la renovación de la denominada Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos”.
La representación pidió sustituir ese mecanismo por un esquema basado en “el diálogo, la cooperación y la asistencia técnica” con la Oficina del Alto Comisionado.
En la sesión del Consejo, Venezuela sostuvo que la Misión ha operado sin su consentimiento y cuestionó la objetividad y metodología de sus informes. La delegación planteó que había llegado el momento de avanzar hacia el cierre del mecanismo y privilegiar la cooperación técnica y mecanismos universales.
🔴 #ENVIVO | Representación del régimen sobre la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU: “Venezuela no acompaña la renovación de la denominada Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos”.
La delegación pidió avanzar hacia un mecanismo basado en “el diálogo, la cooperación y la asistencia técnica” con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
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La Misión, por su parte, defendió ante el Consejo la necesidad de mantener su mandato y señaló que los cambios sobre el terreno hacen todavía más importante su monitoreo independiente para garantizar rendición de cuentas.
Gobiernos históricamente aliados del chavismo, como China, también se opusieron a la renovación. Su delegación argumentó que el mecanismo impuesto por el Consejo no resolvería el problema venezolano, sino que podría complicarlo. Además, rechazaron lo que califican como presión externa e injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
🔴 #ENVIVO | Representación de China ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció que votará en contra de la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
🗣️“El Consejo ha impuesto este mecanismo, y esto no va a resolver el problema, sino que lo va a complicar”, sostuvo.
La delegación china manifestó además su rechazo a “la presión externa y la injerencia en los asuntos internos” y respaldó la cooperación de Venezuela con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
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Brasil, en cambio, optó por la abstención. Su delegación reconoció “avances recientes en la situación de los derechos humanos en Venezuela”, pero cuestionó el proyecto por considerarlo “parcial y desequilibrado”. Argumentaron que una esolución que consideraban “excesivamente condenatoria y prescriptiva” no contribuiría a mejorar las condiciones en el país ni a promover el diálogo.
🔴 #ENVIVO | Representación de Brasil ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció que se abstendrá en la votación sobre la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos sobre #Venezuela.
La delegación reconoció “avances recientes en la situación de los derechos humanos en Venezuela”, pero cuestionó el proyecto por considerarlo “parcial y desequilibrado”.
#Brasil sostuvo que una resolución “excesivamente condenatoria y prescriptiva” no contribuirá a mejorar las condiciones en el país ni a promover el diálogo, y pidió que futuras versiones incorporen estas observaciones.
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Estas posiciones no impidieron la renovación. El resultado deja vigente por otros dos años el trabajo de los mecanismos internacionales de seguimiento.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La defensa de Nicolás Maduro se consiguió con una piedra de tranca en su intento por frenar el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos.
De acuerdo con la Fiscalía federal de Nueva York, el Gobierno venezolano nunca solicitó formalmente que el ex gobernante ni Cilia Flores sean considerados inmunes ante la justicia estadounidense.
El planteamiento fue presentado ante el juez Alvin K. Hellerstein y cuestiona uno de los principales argumentos de la defensa de Maduro, quien busca que el tribunal reconozca su condición de jefe de Estado y aplique la denominada inmunidad soberana para impedir que el proceso avance.
Los abogados de Maduro argumentaron que el exgobernante venezolano debería recibir un tratamiento similar al de Delcy Rodríguez, a quien la administración de Donald Trump reconoce actualmente como jefa de Estado de Venezuela.
Venezuela sí pidió inmunidad para Delcy
La Fiscalía estadounidense puso el foco en una diferencia entre ambos casos.
Según el documento presentado por los fiscales, Venezuela sí solicitó formalmente que Estados Unidos reconociera la inmunidad de Rodríguez en otro procedimiento judicial.
El 14 de mayo, la Cancillería venezolana envió una nota diplomática a Washington para reclamar protección para Rodríguez ante una demanda civil presentada en Florida.
Dos meses después, el gobierno estadounidense informó al tribunal que reconocía a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela y que gozaba de inmunidad frente a esa demanda.
Para la Fiscalía, este antecedente resulta relevante porque demuestra que Venezuela conocía el mecanismo para solicitar protección ante los tribunales estadounidenses y lo utilizó en el caso de Rodríguez. En cambio, de acuerdo con los fiscales, no existe una petición equivalente para Maduro o Flores.
La pregunta planteada por la Fiscalía es por qué Venezuela habría solicitado protección para Rodríguez y no habría hecho lo mismo con Maduro si considera que el ex gobernante mantiene inmunidad como presidente.
Maduro no es presidente para Washington
Otro de los argumentos de la Fiscalía está relacionado con la posición de Washington sobre Maduro.
Estados Unidos dejó de reconocerlo como presidente venezolano en enero de 2019, después de las elecciones que Washington y otros países consideraron fraudulentas.
La Fiscalía sostiene que esta situación impide equiparar automáticamente la posición jurídica de Maduro con la de Rodríguez, a quien la administración Trump reconoce actualmente como jefa de Estado de Venezuela.
Maduro intenta que el juez reconozca una inmunidad derivada de su antigua condición, mientras los fiscales sostienen que ni Estados Unidos ni el Gobierno venezolano han planteado formalmente que esa protección deba aplicarse.
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