La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) informó este 12 de octubre que fue liberado Marlon Maya, abogado y miembro del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, luego de haber sido detenido el viernes 9 de octubre en la noche sin orden judicial.
En una publicación en X, la ONG señaló que Maya fue excarcelado a las 04:32 p.m., tras la audiencia de presentación en tribunales del estado Barinas, con una medida cautelar sin presentación periódica ante tribunales.
Desde @Fundehullanvzla informamos que acaba de ser liberado 4:32 pm, tras la audiencia de presentación, fue otorgada la libertad al Abg. Marlon Maya, presidente del Colegio de Abogados de Pedraza, sujeto a una medida cautelar sustitutiva a la privación preventiva de libertad (sin… pic.twitter.com/zudlXNZzdr
«Exigimos el cese definitivo del amedrentamiento y el pleno restablecimiento de sus garantías constitucionales», añadió Fundehullan.
La ONG denunció previamente que el Estado impidió el acceso a abogados de confianza para Maya y a sus familiares al tribunal.
Persecución sin pausa
Después de que en enero pasado Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, el Gobierno de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y que incluyó la aprobación, en febrero, de una ley de amnistía por parte del Parlamento, considerada por muchas ONG como excluyente.
Sin embargo, en las últimas semanas ONG y activistas han reportado nuevas detenciones.
El pasado martes, el abogado venezolano Eduardo Torres informó que el sindicalista Orlando Ramírez fue liberado en una carretera entre los estados Lara y Yaracuy, tras ser detenido hace casi un mes luego de protestar por reivindicaciones laborales y que se desconociera su paradero.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 322 detenidos por políticos, mientras el Ejecutivo chavista con el aval de Estados Unidos niega que haya presos de conciencia y asegura que son personas que fueron detenidas por cometer delitos.
La ONG Foro Penal informó este 12 de octubre que sus directores, Alfredo Romero y Gonzalo Gimiob, participarán el próximo 14 de octubre en la primera audiencia pública que tendrá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por las víctimas de las protestas antigubernamentales en Caracas del pasado 11 de abril de 2002. El proceso se llevará a cabo en la ciudad de San José, capital de Costa Rica a las 11:00 a.m. (hora de Venezuela).
«Se presentará la ratificación de la experticia, el perito estará presente sobre lo que ocurrió ese día. Y, básicamente, [determinar legalmente] la responsabilidad del Estado [venezolano] por 19 personas fallecidas y decenas de heridos», explicó Romero a través de sus redes sociales.
Tras 24 años y 9 meses, la sociedad civil venezolana agotó todos los mecanismos nacionales para obtener justicia. El proceso ante el sistema de justicia internacional inició en 2002, cuando se llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«La Comisión Interamericana remitió el expediente a la Corte el 9 de julio de 2024. En su Informe de Fondo n.º 313/23, [la Comisión] concluyó que el Estado venezolano violó los derechos a la vida, la integridad personal, la reunión, las garantías judiciales y la protección judicial. Asimismo, señaló que el Estado [venezolano] no demostró que el uso de la fuerza letal contra las víctimas hubiera sido legítimo, necesario y proporcionado, y que las investigaciones no habían permitido esclarecer los hechos ni sancionar a los responsables de las muertes y lesiones comprendidas en el caso», destacó Foro Penal en un comunicado de prensa publicado este 12 de octubre.
De acuerdo con el Foro Penal, se abrieron 79 investigaciones por los hechos del 11 y 12 de abril del 2002, de las cuales solo cuatro llegaron a juicio. Entre las vulneraciones al debido proceso, se destacan las detenciones arbitrarias de Iván Simonovis —quién se encuentra exiliado en Estados Unidos— y los efectivos de la extinta Policía Metropolitana Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina —quienes estuvieron privados de libertad por 23 años y los excarcelaron el pasado 19 de mayo de 2026—.
«Después de casi 25 años, las víctimas y sus familiares siguen esperando justicia. La audiencia ante la Corte IDH constituye una oportunidad para determinar la responsabilidad internacional del Estado, establecer las reparaciones correspondientes y reafirmar que las graves violaciones de derechos humanos deben investigarse y que el paso del tiempo no puede sustituir la justicia», reiteró Foro Penal.
Al menos ocho representantes políticos indígenas de Venezuela publicaron un comunicado este 12 de octubre para exigirle a la mesa de diálogo entre el Gobierno presidido por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los miembros de la Asamblea Nacional del 2015 (AN 2015) —ambos bajo el aval de Estados Unidos— incorporar los derechos de los pueblos indígenas en la política nacional.
«Exigimos ser incorporados al modelo democrático nacional. Nuestras tierras están siendo devastadas brutalmente por el ecocidio del Arco Minero [del Orinoco]. La distribución de las riquezas extraída de nuestros suelos debe ser equitativas para nuestros pueblos originarios», se lee en el comunicado dirigido a Dinorah Figuera y a Jorge Rodríguez, principales representantes de la mesa de diálogo entre la AN 2015 y el PSUV, respectivamente. «Estamos vivos, organizados y somos dueños ancestrales de nuestras tierras».
Los representantes de ocho estados del país —Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia— también exigieron la representación de un magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «para velar por nuestros derechos de la jurisdicción especial indígena».
Romel Guzamana, diputado del estado Amazonas destituido arbitrariamente por el TSJ en 2016, denunció que las poblaciones indígenas en Venezuela respetan la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas ni la Constitución Nacional. La sociedad civil venezolana ha denunciado desde 2024 que los presos políticos indígenas se mantienen en invisibilizados ante las instituciones gubernamentales.
«Por eso pedimos una magistratura, para que, desde allí, puedan operar enlaces [con otras instituciones gubernamentales], y que de una novedad se pase a una necesidad. La gente tiene que saber que nosotros, los pueblos originarios, existimos», recalcó Guzamana en sus redes sociales.
La representación indígena también le exigió al Gobierno venezolano mayor transparencia a los centros de votación de las comunidades originarias. Desde junio de 2020 el PSUV, a través del TSJ, eliminó la oportunidad de tener un voto secreto, universal e individual a los pueblos indígenas para escoger a sus representantes en la Asamblea Nacional.
«Por eso, también estamos exigiendo el derecho civil que nos asiste para poder optar a un cargo de rector principal en el Consejo Nacional Electoral [CNE]», explicó el parlamentario.
El Arco Minero del Orinoco y la presencia de grupos paramilitares armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), vulneran los derechos humanos de las poblaciones indígenas y sus territorios, denunció la ONG Wayamoutheri en su último informe y la serie periodística Amazon Underworld. Además, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ha reconocido que el Estado venezolano ha incursionado en varias masacres a pueblos indígenas en la Amazonía venezolana y no existe un debido proceso judicial para respetar los derechos humanos de estas poblaciones vulnerables.
Ante este panorama, Guzamana reiteró que los pueblos indígenas deben tener una participación en las decisiones políticas venezolanas, que dictan la economía y la transformación de las regiones donde los pueblos originarios hacen vida.
Con una puntuación de 2,94 sobre 10, Venezuela ocupó el último lugar del Índice de Libertad Económica 2026, una investigación del Instituto Fraser junto al Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para La Libertad (Cedice Libertad). De los 165 países evaluados, Venezuela tuvo la peor calificación promedio por segundo año consecutivo.
Los resultados se obtuvieron del comportamiento de la economía entre los años 2023 y 2025. El resultado posicionó a Venezuela por debajo de países como Zimbabwe (con 3,62 puntos), Sudán (4,16), Libia (4,29) y Myanmar (4,44), que enfrentan guerras civiles.
Mientras tanto, el país americano queda en el lugar opuesto a economías como Hong Kong(con 8,53 puntos), Suiza (8,45), Singapur (8,43), Nueva Zelanda (8,38) y Estados Unidos (8,21).
A nivel regional, los países con mejor posición en Latinoamérica son Chile (en el puesto 20 a nivel mundial, con 7,85 puntos), Guatemala (en el puesto 26, con 7,76 puntos) y Costa Rica (en el puesto 27, con 7,75 puntos).
«El Índice de Libertad Económica mide hasta qué punto las instituciones y políticas de un país permiten que las personas puedan tomar sus propias decisiones económicas», explica Cedice Libertad en una nota de prensa. Entre las categorías evaluadas están el Estado de derecho, la protección de los derechos de propiedad, una moneda estable, la apertura al comercio y un marco regulatorio que no obstaculice innecesariamente la entrada y el intercambio en los mercados.
«Venezuela ocupa el último lugar no simplemente porque el Estado intervenga mucho en la economía, sino porque presenta simultáneamente graves debilidades en las instituciones que, según la metodología del índice, no le permite a las personas tomar decisiones económicas libremente: propiedad segura, reglas previsibles, moneda estable, libertad para comerciar y condiciones para emprender y competir», destacó Cedice Libertad.
Raspar en economía
Las presiones institucionales como el decreto de «Estado de emergencia económica», que el Tribunal Supremo de Justicia amplió para llevarlo a más de 17 meses el pasado 9 de octubre, son los indicadores que desmejoran más la economía venezolana, según el estudio del Instituto Fraser y Cedice Libertad.
También mencionó la inflación venezolana como uno de los detrimentos más grande para los ciudadanos. Según los datos del Banco Central de Venezuela, el aumento acumulado de los precios durante los primeros nueve meses de 2026 llegó a 225,32 %, mientras que la variación interanual se ubicó en 465,58%.
Para el economista Manuel Sutherland, la reducción de la brecha entre la tasa de cambio oficial y paralela en Venezuela se mantiene como un tema pendiente y rentable para el Gobierno dirigido por el Partido Socialista Unido de Venezuela.
Según los datos del estudio, las libertades económicas en Venezuela se quedan estáticas mientras los índices a nivel mundial han mejorado respecto al año 2022, pero no llega a los estadios que tenía antes del 2020, cuando ocurrió la pandemia por el covid-19.
«Para Venezuela, por tanto, subir en este índice requeriría mucho más que una reforma económica aislada: implicaría mejorar simultáneamente seguridad jurídica y propiedad, estabilidad monetaria, apertura al comercio y capital, condiciones regulatorias para empresas y competencia, y reducir aquellas formas de intervención estatal que sustituyen las decisiones económicas de los ciudadanos», destacó Cedice Libertad.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 12 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
El Fiscal General de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció este 11 de octubre que el empresario colombiano Álvaro Pulido, socio de Alex Saab y del Gobierno liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), está bajo custodia en Norteamérica.
De acuerdo con Blanche, Pulido fue detenido en Venezuela por los Homeland Security Task Force, una institución creada en 2025 por el Gobierno de Donald Trump. El empresario colombiano se encontraba en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, desde el año 2023, cuando el PSUV lo incluyó en el esquema de corrupción denominado «Pdvsa-Cripto».
Desde 2019, Pulido llevaba al menos nueve cargos de lavado de dinero en Estados Unidos junto a Saab.
«Sería un error grande porque nada va a cambiar en Venezuela mucho más, creo, sin su regreso», dijo el político estadounidense Elliot Abrams, exenviado especial de Estados Unidos para Venezuela, sobre el posible retorno de María Corina Machado en una entrevista a NTN24. «Es casi imposible pensar que van a prohibir su regreso. (…) Puede ser, pero sería un error grande».
Lo que rompe en redes
🚨 Publiqué los 127 postulados al Comité que seleccionará a los magistrados del nuevo TSJ.
– 14 fueron candidatos a Diputado, Concejal, Magistrado, Defensor del Pueblo o Juez de paz. – 10 integraron comités de postulaciones anteriores. – 22 repiten del proceso reiniciado por…
Leí hace unos días un artículo cuyo título afirmaba que las Fuerzas Armadas venezolanas son una vergüenza nacional. No voy a detenerme a discutir esa afirmación. Me hizo pensar en algo distinto: ¿por qué limitar la vergüenza a una sola institución? Si algo ha ocurrido en Venezuela durante estos años ha sido la destrucción sistemática de toda la institucionalidad. No solamente de las Fuerzas Armadas. También de la justicia, del Poder Electoral, de la administración pública, de las empresas del Estado, de las universidades, de los organismos de control y, en general, de todo aquello que debería funcionar por encima de las personas y de los gobiernos.
El problema no es solamente que algunas instituciones hayan funcionado mal. Es que fuimos perdiendo la idea misma de institución. Una institución no es un edificio, ni un despacho, ni un funcionario con un cargo. Es una regla que permanece cuando el funcionario se va. Es la certeza de que quien ocupa temporalmente el poder, tiene límites. Es un juez que puede decir que no. Un funcionario que puede cumplir la ley, aunque contradiga a su superior. Un militar cuya lealtad está con la Constitución y no con un partido. Un organismo electoral cuya credibilidad no dependa de quiénes lo integren como rectores. Eso es lo que tenemos que reconstruir. Y no será fácil.
Hace muchos años, en 2002, escribí un artículo que titulé Comenzar ayer. Hablaba entonces de la reconstrucción económica y productiva del país y terminaba diciendo: “La reconstrucción del país hemos debido comenzarla ayer”.
Han pasado veinticuatro años. Mi amigo, el periodista guatemalteco Mario Antonio Sandoval, suele decir que la decadencia personal comienza cuando uno empieza a citarse a sí mismo. De modo que corro un riesgo considerable al recordar aquel artículo. Pero esta vez no me cito para demostrar que tuve razón. Me cito para comprobar cuánto tiempo llevamos posponiendo lo que ya entonces sabíamos que había que hacer.
Y hay una diferencia fundamental: en 2002 todavía podíamos pensar que estábamos a tiempo de impedir muchas cosas que después ocurrieron. Hoy sabemos, dolorosamente, hasta dónde puede llegar la destrucción institucional. Por eso reconstruir Venezuela no puede significar simplemente cambiar unos funcionarios por otros. Tampoco en sustituir una hegemonía por otra.
Reconstruir significa volver a levantar instituciones que sean capaces de sobrevivir a quienes las gobiernan. Instituciones que no pertenezcan a un hombre, a un partido, a una ideología ni a una camarilla. Significa recuperar el mérito como criterio para ingresar y ascender en la administración pública. Recuperar la independencia de los poderes. Recuperar la carrera judicial. Recuperar la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Recuperar los mecanismos de control. Recuperar universidades capaces de pensar libremente. Recuperar una educación que forme ciudadanos y no obedientes. Y significa algo todavía más difícil: recuperar la confianza. Porque las instituciones también viven en la cabeza de los ciudadanos.
Cuando durante años una persona aprende que las leyes pueden ser usadas a conveniencia, que el mérito importa menos que la lealtad, que la justicia depende de quién seas o de a quién conozcas, termina adaptándose a esa realidad. Y deshacer esa adaptación llevará tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Ojalá lo supiera. Mi apuesta es que probablemente mucho. Pero que una tarea sea larga no es argumento para no comenzarla.
Hay una vieja frase que suele asociarse a la construcción del puente Golden Gate que une a San Francisco con Oakland, en California: “si algo va a tomar tanto tiempo, entonces debimos haber comenzado ayer”. No sé si la atribución exacta es correcta. Y, como periodista, prefiero decirlo antes que convertir una buena frase en una mala cita. Pero la idea sí es impecable. Hemos debido empezar ayer. No empezamos. Porque hay una tentación muy venezolana —y muy humana— de mirar la magnitud de la tarea y concluir que ya es demasiado tarde. No lo es. Lo único que no tiene remedio en la vida es la muerte.
Quizá sea tarde para recuperar lo que fuimos. Pero no es tarde para construir lo que nunca tuvimos suficientemente bien construido. Ese debería ser uno de los grandes consensos de la Venezuela que venga: que ningún gobierno vuelva a ser dueño de las instituciones; que ningún funcionario vuelva a confundir el cargo con la propiedad del Estado; que ningún partido vuelva a considerar que ganar una elección significa conquistar todos los poderes. Los gobiernos pasan. Las instituciones deberían permanecer.
Y si algo nos ha enseñado este largo desastre es que las instituciones no se defienden solamente cuando ya están cayendo. Se construyen, se cuidan, se vigilan y se transmiten de una generación a otra. Por eso no me interesa terminar este artículo preguntando cuánto tiempo tardará Venezuela en reconstruirse. Me interesa otra pregunta: ¿cuándo vamos a empezar? La respuesta no puede ser mañana. Hemos debido empezar ayer. Pero como no empezamos, empecemos hoy.
La plataforma periodística y de derechos humanos Laboratorio Migrante informó este 11 de octubre que al menos 1 668 niñas y adolescentes venezolanas migrantes han sido víctimas de violencia sexual, física, psicológica y de negligencia y abandono en Colombia entre enero y septiembre de 2026, según los datos del Observatorio Nacional de Violencias de Género de ese país (Onvgc).
En lo que va de año, según los datos recopilados por el Onvgc y Laboratorio Migrante, al menos 8 niñas y adolescentes venezolanas migrantes son víctimas de algún tipo de violencia por día.
Los datos surgen en el marco del Día Internacional de la Niña, una conmemoración de las Naciones Unidas para recordar las vulneraciones que sufren las infancias en el mundo y los avances que los países pueden lograr.
Entre 2019 y 2026, la Onvgc ha registrado más de 17 303 niñas y adolescentes venezolanas migrantes o refugiadas en Colombia que han sido víctimas de algún tipo de violencia basada en género, según Laboratorio Migrante.
La institución periodística y de derechos humanos destacó que existe un subregistro de los casos. Sin embargo, se han detectado al menos 300 casos de maternidades forzadas en jóvenes venezolanas entre 2024 y 2026. Las víctimas tienen entre 10 y 16 años, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia.
«Sin embargo, a la fecha se desconoce cuántos de estos delitos contra estas menores de edad alcanzaron a ser investigados, cuántos fueron llevados ante la justicia, cuántas de ellas recibieron atención y acompañamiento estatal y qué sucedió con sus bebés», denuncia Laboratorio Migrante.
Opacidad y trata
Verónica Mesa, coordinadora de investigación de la ONG Mulier, destacó el pasado 24 de marzo de 2026 que la opacidad Estatal sobre las estadísticas demográficas dificultan trazar los casos de trata de mujeres venezolanas dentro y fuera del país.
Según los últimos datos manejados por Mulier, en 2024 se identificaron 511 venezolanas rescatadas de redes de trata, de las cuales 73 eran niñas y adolescentes. Sin embargo, la cifra más alta se registró en 2023, con 1.395 mujeres rescatadas. Mesa reiteró que estos datos provienen de reportes de prensa y de la sociedad civil, más no de instituciones públicas venezolanas.
Mientras tanto, la asociación civil Corporación Mujer Denuncia y Muévete destacó en su informe publicado este 5 de agosto que al menos 630 casos de mujeres, adolescentes y niñas venezolanas fueron víctimas de la trata de personas en la frontera colombovenezolana entre 2018 y 2026. Las organizaciones delictivas que la asociación civil destacó como las principales promotoras de violencia sexual fueron el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y otras redes locales criminales.
«En contextos de violencia sexual digital, de explotación sexual digital, siguen siendo mayoría las niñas quienes padecen estos delitos. Los grupos armados son los principales responsables y quienes se lucran de estas prácticas junto al lobby proxeneta», recalcó la abogada Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, a Laboratorio Migrante.
Desde el 2023, Mulier advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro incumple el compromiso que adquirió ante la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), de publicar el plan nacional contra la trata, una normativa que, según el Gobierno venezolano, está público desde el 2021. Por ahora, el Gobierno interino venezolano bajo el aval de Estados Unidos mantiene esa deuda.
La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) confirmó la detención arbitraria del Marlon Maya, miembro del Colegio de Abogados de Pedraza (Barinas) y del partido político Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado. De acuerdo con la institución, el pasado 9 de octubre miembros de la Policía Nacional Bolivariana lo arrestaron en la ciudad de Barinas sin ninguna orden.
La ONG denunció que Maya estaría en desaparición forzada.
«Continúa el aparato represivo como ha confirmado la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas», apuntó Fundehullan, haciendo referencia al último informe publicado por la institución multilateral el pasado 12 de septiembre donde se señala la permanencia del aparato represivo del Gobierno liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela.
🚨 ATENCIÓN |
El pasado viernes 09/10/2026 a las 10:00 pm fue detenido de manera arbitraria por la PNB en Pedraza (#Barinas) el Abg. Marlon Maya, del Colegio de Abogados de Pedraza y miembro @VenteVenezuela mientras se encontraba en un establecimiento de su propiedad.
Por su parte, Alexis Ramos, abogado y coordinador jurídico nacional de la asociación civil Movimiento Vinotinto, denunció la detención arbitraria de la activista Auriscar del Valle Pérez y su hermano Carlos Luis Pérez el pasado 9 de octubre en Barquisimeto.
Según Ramos, ambos habían ido a la Fiscalía de Quíbor, en el estado Lara, para actualizar el estatus legal de su padre, quien el pasado 4 de octubre falleció en un accidente de tránsito. Ahora, ambos se encuentran recluidos en el Centro de Coordinación Policial de Quíbor.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón había denunciado que para el primero de octubre existían al menos 424 presos políticos tras las rejas. De ese grupo, al menos 42 son mujeres, 39 personas denuncian tener enfermedades graves y 42 presos políticos tienen una nacionalidad extranjera.
En la tarde del 11 de octubre, Movimiento Vinotinto actualizó el caso de los hermanos Pérez: el Tribunal Quinto de Control Municipal del estado Lara dictó orden de excarcelación con medidas cautelares y presentación ante tribunales cada 30 días para ambos. De acuerdo con Ramos, el tribunal les impuso los delitos de resistencia a la autoridad y ultraje a la autoridad.
«Tenemos que seguir elevando la voz contra estos procedimientos que están viciados», denunció Ramos. «No podemos permitir que el actual sistema que gobierna nuestro país siga vulnerando los derechos».
Mientras tanto, Fundehullan sigue clamando por la libertad plena de Maya.
