De acuerdo a la ONG Fundehullan, este domingo 26 de abril fue excarcelado con medidas cautelares Juan Guedez, el trabajador del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Ministerio de Educación (Ipasme) en Valle de la Pascua, estado Guárico, que fue detenido por tener en su escritorio la frase “fuera mona”.
“Su delito fue disentir, Denunciamos que este 25 de abril fue llevado por cuerpos de seguridad sin orden judicial, tras ser coaccionado en su trabajo”, escribió la ONG en su cuenta de X.
De acuerdo a la organización, la judicialización de la opinión y el uso de la Ley del Odio para perseguir a trabajadores vulnera el artículo 57 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“Opinar es delito, basta de persecución laboral en Guarico”, escribió la ONG.
De acuerdo con la ONG Espacio Público, una persona de servicios generales lo acusó de incitación luego de conseguir el hallazgo en su escritorio.
Pese a la petición de compañeros de Guedez de mostrar una orden de captura y la presencia de un fiscal, en un videos aprecia como los policías se lo llevan detenido.
#DenunciaEP | El ciudadano Juan Luis Guédez, trabajador de la estatal Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) fue detenido y excarcelado este #26abr porque en su escritorio había un escrito que decía “fuera la mona”. pic.twitter.com/SLe0ujXl1j
La frase que Guedez tenía en su escritorio se escuchó en una concentración en Madrid, España, previa a un discurso de María Corina Machado, en referencia a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Al menos 19 personas muertas dejó este domingo 26 de abril la explosión de un cilindro bomba lanzado por presuntos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un tramo de la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia.
“Según informes preliminares, este atroz suceso arroja un saldo doloroso de 19 civiles fallecidos”, anunciaron en un comunicado las autoridades neogranadinas, que en un principio anunciaron que se trataba de 14 víctimas.
Video muestra el instante de la grave explosión en Cajibío, Cauca, que deja al menos 19 muertos: lo grabó un camión https://t.co/vjTinT61MJ
“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos en el departamento del Cauca. La labor forense se desarrolla con la participación de seis equipos interdisciplinarios integrados por médicos forenses, odontólogos, antropólogos, lofoscopistas, técnicos y personal de apoyo”, agregó que una misiva el Instituto de Medicina Legal (IML).
De acuerdo a la versión de las autoridades, el ataque fue perpetrado en un punto de la Panamericana llamado El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde, según el Ejército, un cilindro lleno de explosivos lanzado por un grupo de las disidencias de las FARC cayó sobre un autobús y destruyó también otros vehículos que circulaban por la carretera.
La Gobernación del Cauca señaló que entre el atentado en la Panamericana y otros perpetrados en los días recientes se maneja un saldo de más de 48 personas heridas, cinco de ellos menores de edad.
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No solo la presidenta encargada Delcy Rodríguez repudió el supuesto intento de magnicidio que enfrentó este sábado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también lo hicieron sectores de la oposición en Venezuela.
“Desde la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela expresamos nuestra enérgica condena al atentado ocurrido en la Cena Anual de Corresponsales con las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos, hecho que puso en riesgo la integridad física del presidente Donald Trump”, escribió en su cuenta de X la PUD, coalición que agrupa a la oposición mayoritaria del país.
“Extendemos igualmente nuestra solidaridad al pueblo de los Estados Unidos de América ante este lamentable hecho, y a todos los presentes les expresamos nuestros votos para que se encuentren a buen resguardo junto a sus familias”, añadió el comunicado.
“Nos sentimos aliviados de que el presidente, la primera dama y el gabinete hayan salido ilesos de este atentado ocurrido en la ciudad de Washington. En una sociedad democrática, la violencia política jamás será una vía legítima para dirimir las diferencias”, expuso en sus redes sociales el partido Voluntad Popular.
Por su parte, el exgobernador del Zulia Manuel Rosales también expresó su solidaridad con el presidente de Estados Unidos.
“Nos alivia profundamente saber que no hubo afectados en este atentado. Hacemos un llamado a la paz, la comprensión y el respeto mutuo. La violencia es incompatible con los valores de una sociedad democrática y civilizada”, escribió Rosales en su cuenta de X.
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Este domingo Venezuela amaneció de luto, Vladimiro Mujica, el químico cuántico que dedicó tiempo para demostrar cómo la física cuántica influye en el funcionamiento del universo y la lucha por la democracia, falleció en Ciudad de México.
De acuerdo a amigos del profesor de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, Mujica murió sorpresivamente en la ciudad azteca durante un viaje familiar para visitar a su hijo.
En 2023, Mujica aceptó el llamado de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, para integrar el Consejo Político Internacional.
“Desde allí, trabajó para impulsar los planes, convencido de que la libertad es el único experimento que no puede fallar”, dijo el ex alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma en su cuenta de X.
Mujica fue articulista de Tal Cual, miembro de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) integrada además por Runrunes y El Pitazo, donde expresaba con frecuencia su posición frente a la situación política venezolana.
“Su partida deja un vacío inmenso, no solo en los laboratorios y aulas donde su intelecto brilló con luz propia, sino en cada rincón de la lucha cívica venezolana que él transitó con humildad y valentía”, agregó Ledezma.
Con más de 30 años de experiencia, Mujica era reconocido a nivel mundial por sus investigaciones en química teórica y nanociencias. Formó parte del cuerpo de profesores de universidades como Uppsala, Northwestern y Barcelona.
“Para tener éxito, realmente necesitábamos pensar fuera de la caja”, dijo en una ocasión Mujica.
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Sonidos de disparos en Estados Unidos, un tiroteo, algo frecuente en el país de las barras y las estrellas, pero en esta oportunidad, uno de los involucrados fue el presidente Donald Trump.
Durante una cena con corresponsales en la Casa Blanca este sábado 25 de abril por la noche, Trump y su esposa Melania debieron ser evacuados por agentes del Servicio Secreto, luego de reportarse disparos en las instalaciones.
Las fuerzas de seguridad informaron que nadie resultó herido y que posteriormente el atacante, identificado como Cole Tomas Allen de 31 años, fue detenido.
Luego del incidente en Washington, Trump escribió en su red social Truth Social. “El tirador ha sido sometido y detenido y recomendé que continúe el espectáculo, pero que nos guiaremos completamente por las fuerzas del orden”.
Seguidamente público que el Servicio Secreto le recomendó a él y a su familia, abandonar el lugar por medidas de seguridad
¿Qué informó Trump?
Una hora después del suceso, Trump informó que el hombre había sido detenido luego de abalanzarse sobre un hombre de seguridad del hotel donde se estaba desarrollando el evento. Indicó que un funcionario del Servicio Secreto recibió un disparo a quemarropa, pero que su chaleco antibalas le salvó la vida. Lo calificó al atacante como un “matón” y “un hombre muy enfermo”.
El presidente sentenció que el evento será reprogramado y que será “más grande, mejor y aún más espectacular”.
El mandatario hizo referencia a dos intentos de asesinato anteriores, uno durante un mitin en Butler, Pensilvania, donde una bala rozo su oreja y otro mientras jugaba golf en Palm Beach, Florida.
“Siempre es impactante cuando algo así sucede, esto nunca cambia”, añadió.
¿Quién es el sospechoso?
El atacante es un hombre residente de Torrance en California que estaba alojado en el hotel donde se llevaba a cabo la ceremonia.
De acuerdo a la BBC, Allen declaró que su intención era disparar contra los funcionarios del gobierno de Trump.
Durante la cena se escucharon entre cinco y siete disparos.
La policía de Washington DC informó que Allen llevaba consigo una escopeta, una pistola y varios cuchillos.
The White House Correspondents’ Dinner shooter was armed with a shotgun, handgun, and multiple knives, according to DC police chief Jeffrey Carroll.
The shooter was identified as 31-year-old teacher Cole Allen from Torrance, California.
También dijeron que trabajaba para una empresa de tutorías y que en diciembre de 2024 había recibido el premio al profesor del mes. Allen se graduó en el instituto donde impartía clases en California en 2017.
La fiscal federal del estado de Washington, Jeanine Pirro, dijo que el sospechoso será acusado formalmente este lunes 27 de abril de usar un arma de fuego durante un delito violento y agresión contra agentes federales.
¿De qué se trata el evento?
La cena de corresponsales de la Casa Blanca es una tradición de la prensa estadounidense que data de 1921 y a la que históricamente asiste el presidente en ejercicio, sin embargo esta es la primera vez que Trump acudía a la ceremonia como presidente en ejercicio. La última vez que estuvo fue en 2011.
Se esperaba que el presidente pronunciara un discurso, pero luego de los disparos, agentes del servicio lo evacuaron junto a su esposa Melania; el secretario de Guerra, Pete Hegseth y el secretario de salud, Robert F. Kennedy.
Interinato dio espaldarazo
Apenas instantes después del suceso, la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, escribió en la red X(bloqueada en Venezuela por el propio gobierno) que condenaba el acto de violencia.
“Rechazamos el intento de agresión contra el presidente Donald Trump y su esposa Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la cena de corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz”, escribió.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
En la casa de los Pernalete Llovera no solo falta una pieza; faltan dos. Elvira y José Gregorio se describen hoy como un rompecabezas que, aunque conserva su estructura y todavía permite ver un paisaje, tiene dos vacíos imposibles de llenar.
Primero fue Juan Pablo, el estudiante y basquetbolista de 20 años asesinado el 26 de abril de 2017 por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho. Años más tarde la tragedia volvió a tocar su puerta con la partida de su hija María Gabriela.
Nueve años después del asesinato de Juan Pablo, sus padres no habitan el olvido. Habitan una resistencia que se mide en pasos, siempre agarrados de la mano, pero con un dolor que nunca deja de estar presente.
“Hemos aprendido a caminar los dos, agarrados de la mano, siempre. Cuando uno se cae, el otro lo levanta, porque el dolor sigue. El dolor lo que hace es atenuarse, agazaparse allí en el corazón”, relata la señora Elvira en entrevista con Runrun.es.
La paz que no llega
“¿Cómo encontrar la paz?”, se pregunta la señora Elvira en voz alta. Para ella, esa palabra es todavía un horizonte lejano. “Paz, para nosotros, esa palabra aún no llega completamente. Tenemos momentos de tranquilidad que los apreciamos mucho, porque durante todos estos años se ha convertido en una pesadilla”, señala.
Para ellos, el alma sigue rota, pero se sostiene por un compromiso mayor: “Tuvimos dos maestros que nos enseñaron incluso a vivir sin ellos… Juan Pablo nos entregó a nosotros un testigo y unos sueños que no podíamos dejar atrás”. Ese legado se traduce en una labor diaria: “Entender que el propósito de nosotros aún no ha terminado, que hay mucho por hacer en nombre de Juan Pablo y también de Gaby”.
A pesar del vacío, el señor José Gregorio se refugia en la luz de los años compartidos. Complementan esas “dos piezas” recordándoles desde “lo positivo, de sus alegrías, de sus anécdotas, de sus risas”. Lo más hermoso, para él, es que sus dos hijos “dejaron esa huella” en ellos y también “la han dejado con sus amigos, en un país”.
Sin embargo, esa memoria luminosa choca frontalmente con la gestión institucional del caso. La señora Elvira describe lo que ha enfrentado en los tribunales venezolanos: “La burla, la mentira, la criminalización hacia nuestros hijos y hacia nosotros”.
El señor José Gregorio coincide en la raíz de esta falta de justicia: “Nos indigna de los organismos internos nacionales que obedecen a directrices emitidas por el Ejecutivo”. Para él, existe una carencia absoluta de humanidad en el proceso: “Tanto interna como externamente, ellos carecen de empatía y no son afines con el dolor de las víctimas”.
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, pero las víctimas sí
El caso de Juan Pablo Pernalete continúa impune. De los 13 guardias nacionales imputados inicialmente, la Fiscalía llevó a 11 a un archivo fiscal, una decisión que la familia rechaza pero que los tribunales se han negado a escuchar. Incluso en los casos que llegaron a juicio, la familia denuncia que se siguió la teoría de la fiscalía y no la acusación particular presentada por ellos.
“Eso no es justicia para nosotros. Lo que quiere decir que en este momento el caso de Juan Pablo está completamente impune”, sentencia Elvira.
La urgencia de los Pernalete es ahora una carrera contra el tiempo. “Siempre nos dicen que los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, advierte Elvira Llovera con una crudeza que estremece, “pero las víctimas, los padres y familiares de estos jóvenes asesinados en Venezuela, sí prescribimos. Y nosotros, antes de morir, queremos ver justicia”. Esta demanda incluye una petición de celeridad, pues la lentitud internacional resulta “frustrante” cuando se sigue sometiendo a Venezuela a violaciones de derechos humanos.
“Exigimos justicia y que se reabran todos los casos, no solamente el de Juan Pablo Pernalete, sino el de todos los jóvenes asesinados durante todos estos años en Venezuela en las protestas. Es lo que solicitamos, exigimos”, reclama la señora Elvira.
El rastro de la represión: casi 300 vidas truncadas
El asesinato de Juan Pablo Pernalete no fue un hecho aislado, sino parte de una herida que ha sangrado de forma recurrente en los últimos 12 años. Según datos de Monitor de Víctimas y diversos registros de derechos humanos, las protestas antigubernamentales en Venezuela durante la gestión de Nicolás Maduro -capturado el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses- dejaron un saldo que roza los 300 asesinatos, distribuidos en cuatro hitos que definieron el presente del país.
En 2014, bajo el nombre de “La Salida”, una ola de protestas recorrió el país entre febrero y mayo. Fue el primer gran ciclo de manifestaciones contra el gobierno de Maduro. Este año marcó el inicio de la criminalización del derecho a la protesta y dejó una huella de 43 víctimas, muchas de ellas estudiantes.
Tres años después, en 2017, llegó el ciclo más largo y letal, donde se enmarca la tragedia de los Pernalete. Durante cuatro meses, millones de venezolanos salieron a las calles tras la ruptura del hilo constitucional. La respuesta estatal fue una militarización extrema. Con 158 muertes, 2017 se convirtió en el símbolo del uso excesivo de la fuerza.
En 2019, tras la juramentación del gobierno interino de Juan Guaidó y un clima de alta tensión política, las protestas se reactivaron, especialmente en los sectores populares. De acuerdo con el registro del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), se documentaron 67 víctimas en un contexto de colapso de los servicios públicos y hambre.
Finalmente, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, una nueva ola de indignación popular recorrió Venezuela. En pocos días, la violencia estatal se cobró la vida de 23 personas, según el registro de Monitor de Víctimas.
Esta sistematicidad es lo que ha llevado al país ante la Corte Penal Internacional (CPI) bajo el caso “Venezuela I”. El organismo mantiene bajo la lupa crímenes de lesa humanidad que incluyentortura, persecución y detenciones arbitrarias cometidas al menos desde 2014.
Mientras la justicia internacional avanza con la parsimonia de sus protocolos, Elvira y José Gregorio regresan a casa con el alma rota pero el paso firme. Saben que su lucha ya no es solo por el joven que cayó en Altamira, sino por cada una de las historias que el asfalto no ha podido olvidar. Llevan consigo una nostalgia permanente por el tiempo que no fue, pero como dice la señora Elvira: “Recordarlos con más amor y menos dolor… agradecer que los tuvimos por poco tiempo, pero ese tiempo fue maravilloso”.
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El partido Primero Justicia denunció que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) hostigó y persiguió a quienes acudieron a un acto de masas del expreso político y ex diputado de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, en el estado Apure.
Mientras los simpatizantes del político comenzaron a concentrarse en la cancha de Cajuarito en San Fernando de Apure, los funcionarios de la PNB tomaron el recinto, mantuvieron encerrados a quienes ya habían ingresado e impidieron el acceso a los que llegaron al acto.
“Exigimos que se respeten los derechos políticos de cada venezolano y acabe inmediatamente la persecución”, escribió la organización en sus redes sociales.
La organización escribió que construir la Venezuela de justicia empieza por acabar con las prácticas inconstitucionales que por décadas han destruido al país.
En sus redes sociales, el ex gobernador electo del estado Zulia invitó a los apureños a asistir a la actividad en la cancha.
“Más temprano la policía quiso impedir otro acto. No nos van a detener”, señaló.
Guanipa estuvo detenido casi nueve meses en Caracas tras ser arrestado en mayo de 2025.
Fue excarcelado el pasado 8 de febrero de este año, luego de pasar un periodo en condiciones precarias e incomunicación.
Tras una breve liberación, fue capturado nuevamente y posteriormente enviado a casa por cárcel hasta que un tribunal le concedió libertad plena.
Desde entonces anunció que recorrerá el país y esperará por el retorno a Venezuela de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
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Este sábado 25 de abril, un grupo de venezolanos se concentraron en las afueras de la Casa Blanca en Washington para denunciar que más de 600 personas permanecen presas por razones políticas en Venezuela.
De acuerdo a la organización Un Mundo Sin Mordaza, los manifestantes hicieron un llamado a la diáspora venezolana para no guardar silencio en torno a esta situación y ejercer presión internacional hasta lograr la libertad de todos los detenidos de conciencia.
Desde la Casa Blanca, venezolanos alzan la voz por los presos políticos
En las afueras de la Casa Blanca, venezolanos se concentraron para denunciar la situación de los más de 670 presos políticos que permanecen detenidos en Venezuela.
Según la contabilidad de ONG como Justicia, Encuentro y Perdón y Foro Penal Venezolano alrededor de 600 personas se encuentran en centros de reclusión por razones políticas.
El pasado miércoles 23 de abril, la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, pasó por encima de la Asamblea Nacional como reza la Constitución Nacional y anunció el fin de la Ley de Amnistía, beneficio creado por el Parlamento para supuestamente excarcelar a los presos políticos.
La mandataria avalada por el presidente estadounidense Donald Trump señaló que todavía quedan otros espacios para evaluar los casos de detenciones por motivos políticos.
Activistas, profesionales del derecho, dirigentes políticos y organizaciones de derechos humanos han expresado su rechazo a la decisión unilateral de acabar con la amnistía.
Al mismo tiempo señalaron que el instrumento jurídico aprobado por mayoría absoluta en la AN ha sido empleado de manera arbitraria e inconstitucional.
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