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Pensamiento crítico y propósito de vida

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En una sociedad tan cambiante y demandante como la actual, hablar del propósito de vida parece sencillo. Sin embargo, la verdadera pregunta no es si tenemos uno, sino si realmente nos hemos detenido a comprenderlo: ¿para qué estamos aquí y cómo decidimos vivir?

El propósito de vida no aparece de forma automática ni es una respuesta única o definitiva. Se construye. Y en ese proceso, el pensamiento crítico juega un papel crítico. Es a través de él que cuestionamos, analizamos y damos sentido a nuestras decisiones, entendiendo no solo quiénes somos, sino también cómo aportamos a los demás desde la empatía y la conciencia.

Pero pensar críticamente no significa tener la verdad absoluta. Nadie la tiene. Lo que sí nos define es la manera en que construimos nuestras propias verdades: con criterio, con experiencia y con la capacidad de adaptarnos a un entorno que cambia constantemente.

En medio de esa búsqueda, también es necesario reconocer que no todo se reduce a analizar. Somos seres humanos, no máquinas. La espontaneidad, el descanso y la desconexión también forman parte del equilibrio. Pensar mejor no es pensar todo el tiempo, sino saber cuándo hacerlo y cuándo simplemente vivir.

El pensamiento crítico, cuando se cultiva de forma consciente, nos permite ser sencillos sin dejar de ser profundos. Nos ayuda a entender que el propósito de vida no es lineal, que evoluciona con nosotros y que exige cambios. Y es precisamente en esa capacidad de adaptación donde encontramos crecimiento.

Sin embargo, esta herramienta también puede ser mal utilizada. El mismo pensamiento que nos impulsa a construir puede convertirse en un juicio constante hacia los demás. Por eso, el verdadero desafío no es solo pensar, sino hacerlo desde la empatía y la responsabilidad.

Encontrar propósito no es aislarse en lo individual, sino integrar nuestros anhelos con una visión más amplia. Es comprender que nuestras decisiones tienen impacto y que el equilibrio entre lo que queremos y lo que aportamos es clave para una vida con sentido.

Al final, el propósito de vida no es una meta fija, sino una construcción constante. Y solo cuando logramos equilibrar pensamiento crítico con humanidad, es cuando realmente empezamos a vivir con intención.

Porque pensar nos define, pero es nuestra forma de vivir lo que verdaderamente nos da sentido.

@eduardofrontado

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Muere otro preso en Zulia bajo custodia del Estado: van 10 en poco más de una semana

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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de otro preso bajo la custodia del Estado.  En esta ocasión se trata de Antonio José Manzano, quien falleció en la antigua cárcel de “El Marite” en Maracaibo, estado Zulia, luego de haber sufrido un deterioro de salud y no recibir la atención médica adecuada. 

Su muerte se suma a las recientes ocurridas en la cárcel de Yare III en el estado Miranda, donde según versión oficial debido a un motín cinco reclusos fallecieron Keivin Eduardo Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios. De acuerdo al OVP, los familiares aseguran que los cuerpos presentaban heridas por arma de fuego.

Familiares de los fallecidos realizaron una concentración el pasado viernes 24 de abril frente al Palacio de Justicia en Caracas para exigir información y la destitución del ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.  

También sostuvieron que hay decenas de heridos que fueron llevados a hospitales en zonas aledañas, pero no hay declaraciones oficiales ni listas. 

La organización informó que a estos casos hay que sumar los de Ovidio José Madriz Mendoza en Rodeo III (Miranda), Deivi Enrique García en Rodeo IV (Miranda), Rosqui Norberto Escalona en Uribana (Lara) y José Ramón Yelamo Zárraga en Tocuyito (Carabobo).

“Todos fallecidos en contextos asociados a problemas de salud sin atención médica oportuna”, expuso la ONG a través de su cuenta de X. 

El OVP denunció que las condiciones de reclusión en Venezuela no garantizan la vida ni la integridad física.

“Enfermarse dentro del sistema penitenciario venezolano sigue siendo un riesgo que puede terminar en la muerte, mientras que los hechos de violencia continúan sin esclarecimiento y sin responsables identificados”, añadió el comunicado. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Fondo Humanitario de Venezuela no recibió aportes de EE. UU. en 2025

176 000 personas se vieron beneficiadas por el Fondo Humanitario de Venezuela (FHV) de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).

Así se desprende del informe de la organización correspondiente a 2025, el cual especificó que de la cantidad de beneficiados, 116 200 fueron mujeres y niñas.

“Reafirmando su enfoque en la protección de la poblaciones más vulnerables”, dijo el coordinador humanitario para Venezuela, Gianluca Rampolla, en el documento publicado en el sitio web de OCHA.

El funcionario explicó que, pese al esfuerzo, esto significó un retroceso en cuanto al apoyo comparado con años anteriores.

“En un año de fuertes restricciones de financiamiento, el FHV reafirmó su valor estratégico y habilitó respuestas oportunas en contextos complejos”, aseveró.

Rampolla expuso que la disminución de los fondos provocó interrupciones abruptas en servicios de protección, violencia basada en género sexual y reproductiva.

Del informe se desprende que actualmente 7,9 millones de personas en Venezuela requieren asistencia humanitaria con necesidades críticas concentradas en salud, seguridad alimentaria, educación, agua y saneamiento, nutrición y protección, incluyendo protección de la niñez, violencia basada en género y apoyo en salud mental.

Cifras para desmenuzar el informe del Fondo Humanitario de Venezuela (FHV):

9,3 millones recaudados en contribuciones

La cifra es menor a los 12,9 millones que se obtuvieron en 2024, lo que representa una disminución del 28 %. El informe expone que si bien esta rebaja fue significativa, resultó menos pronunciada que la contracción general del resto de la respuesta humanitaria en Venezuela. Según cálculos de la ONU, el financiamiento humanitario en el país se redujo en más de 40 % en 2025.

Dos millones de dólares fue la contribución de la Comisión Europea

Al duplicar su aporte de 2024 se convirtió en el principal donante del Fondo, seguido de España con USD1,4 millones; Suecia con USD 1,3 millones; Irlanda con USD 1,1 millón; Canadá con la misma cifra, Corea del Sur con USD 1 millón; Suiza con USD 0,7 millones y Alemania con USD 0,6.

El informe arrojó que en 2025 no se recibieron contribuciones de Estados Unidos ni Noruega. Sentenciaron además que de cara a 2026, el panorama de financiamiento se mantiene incierto. “Será clave fortalecer el relacionamiento con donantes actuales, ampliar la base de contribuyentes y continuar posicionando el valor agregado del fondo”.

7,1 millones de dólares destinados a ONG nacionales y USD 1,9 millones a ONG internacionales

Un hito clave en 2025 fue el lanzamiento de una asignación de reserva dirigida exclusivamente a organizaciones nacionales y locales, “lo que evidenció la confianza del Fondo en su capacidad para liderar el diseño, la implementación y el monitoreo de intervenciones que salvan vidas”, reza el comunicado.

Las ONG nacionales recibieron el 79 % del financiamiento del FHV para implementación directa, mientras que las ONG internacionales recibieron el 21 %.

1,8 millones de dólares para Apure, Zulia y Delta Amacuro

En los aportes, le siguieron Bolívar con USD 1,6 millones; Sucre con USD 1 millón y Táchira con USD 0,8 millón. A través del trabajo de Fundación Proyecto Maniapure, el fondo logró alcanzar comunidades indígenas remotas en los municipios Cedeño y Gran Sabana, en Bolívar, donde la presencia humanitaria ha sido históricamente limitada por restricciones de acceso. 

21 proyectos financiados

El FHV orientó sus asignaciones hacia las zonas con mayor severidad de necesidades. Las asignaciones del Fondo fueron diseñadas para alcanzar áreas prioritarias, incluyendo algunos de los contextos más difíciles de acceder del país.

El acceso al agua potable sigue siendo un desafío crítico para muchas comunidades remotas en Venezuela. La primera activación fue en junio de 2025 debido a las graves inundaciones en el estado Apure, que afectaron a más de 500 000 personas y dañaron infraestructuras críticas de agua, saneamiento e higiene.

4100 personas con discapacidad fueron asistidas

El financiamiento directo a organizaciones nacionales no solo incrementa la eficiencia operativa, “sino que también mejora la pertinencia y calidad de la respuesta humanitaria, especialmente al atender a grupos históricamente marginados como las personas con discapacidad”, dijo Carmen Rincón, presidenta de Fundafid.

4000 niños y niñas tuvieron servicios de protección de la niñez

En el estado Apure, con poco más de un año de edad, Enrique pesaba apenas 7,7 kilogramos y su circunferencia media del brazo era de 11,5 centímetros (signos claros de desnutrición aguda severa).

“Me siento orgullosa y muy feliz cuando veo el cambio en mi hijo. Le doy gracias a Dios y a todos ustedes que nos apoyaron”, dijo Belmaris, luego que su hijo fuese incorporado al programa y ganado peso. 

11 000 niños evaluados nutricionalmente

Recibieron ayuda en casos de desnutrición aguda, severa o moderada. De acuerdo al informe, el proyecto garantizó acceso a servicios de atención nutricional para más de 3.100 niños y niñas menores de cinco años, incluyendo el tratamiento de más de 130 casos de desnutrición aguda moderada  y 28 casos de desnutrición aguda severa.

26 000 atendidos en jornadas de asistencia primaria

El informe expone que el aumento de precios y la pérdida de poder adquisitivo para muchos hogares significó un retroceso evidente. El costo de bienes esenciales, incluidos los alimentos, siguió siendo en gran medida inaccesible. “La disminución de fondos provocó interrupciones abruptas en servicios críticos de protección, violencia basada en género y salud sexual y reproductiva”, dijo Rampolla.

El funcionario también se refirió a la mayoría de las personas retornadas, quienes llegan en condiciones de alta vulnerabilidad, con recursos limitados para su reintegración y necesidades de protección.

El informe recalcó que el acceso a protección social, medios de vida y oportunidades de generación de ingresos sigue siendo limitado, particularmente para mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas, personas en movilidad y personas LGBTIQ+.

“De cara a 2026, nuestra visión es consolidar el FHV como un instrumento estratégico para una acción humanitaria oportuna, localizada y de alto impacto”. puntualizó Rampolla. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Las detenciones arbitrarias no pararon con la llegada de Delcy Rodríguez al poder

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El ejercicio de la libertad de expresión durante el año 2025 se mantuvo bajo un esquema de restricciones estructurales que buscaron limitar el debate público y controlar el flujo de información. Así se desprende del informe sobre la situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela elaborado por la ONG Espacio Público y que fue presentado en los espacios del Centro de Estudos Políticos de la UCAB.

El año pasado se registraron 123 casos y 238 denuncias de violaciones, cifras que representan una disminución del 60 % con relación al total de casos y del 62 % con respecto al total de violaciones ocurridas en el 2024, pero esto no necesariamente es una buena noticia.

“Esta variación proporcional no responde a medidas tomadas desde el Estado venezolano para garantizar y proteger el derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Por el contrario, responde al alto número de casos registrados en el 2024, a propósito del contexto post electoral y a la represión generada en el marco de la elección presidencial del 28 de julio”, señala Marysabel Rodríguez,coordinadora del observatorio de libertad de expresión de la ONG Espacio Público.

La intimidación se posicionó como el tipo de agresión más frecuente con 79 casos (33,19 %). Esta tendencia refleja una política de Estado orientada a inhibir el flujo de información mediante el miedo. Le sigue de cerca la censura con 63 casos (26,47 %), lo que evidencia el cierre sistemático de espacios para el debate público. Otras modalidades como el hostigamiento judicial (14,71 %) y las restricciones administrativas (13,03 %) demuestran el uso de la institucionalidad y la ley como herramientas punitivas para silenciar la crítica y el escrutinio ciudadano.

El año pasado, las privaciones de libertad revelaron el uso de la detención como una herramienta de castigo directo contra el discurso crítico, contabilizando un total de 44 detenciones arbitrarias. La mayoría de estas medidas fueron aplicadas a personas particulares, quienes suman 24 registros (54,55 %). De ese total, 17 fueron por el uso de internet y redes sociales. En 14 de estos casos se evidenció el uso o invocación de delitos de instigación al odio. 

Nuevo momento político, mismos patrones

La reconfiguración forzada del poder político, tras el ataque armado de EE.UU. el 3 de enero, no se traduce estructuralmente en un “nuevo momento político” tal y como plantean las autoridades encargadas, al menos en materia de garantía y protección efectiva de los derechos humanos.

Espacio Público concluye que el derecho a la libertad de expresión permanece bajo el asedio de una arquitectura jurídica diseñada para la censura. A la fecha, no se ha desmantelado la estructura represiva, ni han cesado las políticas de hostigamiento. Entre enero y abril se registraron 38 casos y 91 denuncias de violaciones al derecho, y 29 detenciones arbitrarias, la mayoría de corta duración.

“Actualmente ningún periodista está preso en Venezuela, pero varios siguen sometidos a procesos judiciales. Trabajadores de la prensa, activistas, han recibido sobreseimiento de sus causas, con o sin ley de amnistía, aunque siguen bajo amenazas y hostigamiento constante por su labor”, dijo Rodríguez y agregó que al menos 22 periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos arbitrariamente durante coberturas de calle, algunos recibieron agresiones, robaron sus equipos y los cuerpos de seguridad eliminaron su material.

Entre las personas afectadas también se encuentran infociudadanos y usuarios de redes sociales, quienes usan regularmente canales como TikTok o Whatsapp para difundir denuncias sobre situaciones de interés público que afectan su vida cotidiana o su entorno. 

La restitución de la justicia y la paz

En momentos en los que se habla de justicia y paz, el director de Espacio Público, Carlos Correa recordó que no basta con las excarcelaciones que hemos visto hasta ahora; el proceso debe cimentarse sobre tres pilares fundamentales: verdad, reparación y garantías de no repetición.

“Necesitamos verdad individual para cada persona detenida: saber quién ordenó la detención, por qué ocurrió y bajo qué circunstancias”, señala Correa. Pero también es vital la verdad pública, para que la sociedad identifique a los responsables de estas violaciones a los derechos fundamentales.

A su juicio, la reparación no termina cuando se abre la celda y hace énfasis en la necesidad de la devolución inmediata de equipos de trabajo y herramientas de comunicación confiscadas; la indemnización y rehabilitación de los detenidos que si bien han recuperado su libertad, presentan secuelas graves, requiriendo apoyo físico y psicológico urgente.

Pero también “se requieren medidas simbólicas que reconozcan oficialmente que estas personas fueron injustamente detenidas”.

Finalmente, advirtió que las iniciativas gubernamentales, como las recientes comisiones de “Justicia y Paz”, serán insuficientes si no se aborda el problema de raíz: la reforma legislativa.  “Una de las características de lo que nosotros hemos ido documentando es que hay deficiencias en la elaboración de las leyes. Son discrecionales y arbitrarias porque son vagas e imprecisas”.

La reconstrucción democrática en Venezuela conlleva necesariamente la recuperación de un esquema mínimo de garantías en lo que respecta a la libertad de expresión, información y prensa. Para Correa  “la generación de condiciones para una comunicación libre implica acciones inmediatas, entre ellas están: la liberación plena de todas personas detenidas por expresarse; la derogatoria de la ley contra el odio, usada sistemáticamente para criminalizar el discurso crítico; y el desbloqueo de los medios y plataformas digitales sujetas a restricciones arbitrarias por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones”.

El broche de Delcy que calentó el escenario previo al inicio de audiencias orales sobre el Esequibo

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La disputa por el Esequibo alcanzó un nuevo punto de fricción tras la reciente gira de la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, por diversos Estados miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom). ¿La razón? Un broche utilizado por Delcy Rodríguez en el que es representado el mapa de Venezuela incluyendo el territorio en litigio como parte de su geografía nacional.

Desde la presidencia de Guyana se remitió una comunicación oficial a la jefatura de Caricom, en la cual expresa una “grave preocupación” por el uso de plataformas regionales para la promoción de reclamos territoriales. El presidente Irfaan Ali argumentó:

“Ninguna acción, ya sea deliberada o inadvertida, debe crear la impresión de que las plataformas de la Comunidad pueden ser utilizadas para avanzar reclamos que ahora están ante la Corte Internacional de Justicia”.

También se sumó el malestar de la ministra de Educación, Priya Manickchand, quien cuestionó la firmeza de los líderes de Barbados y Granada. “Los líderes de Caricom que afirman ser nuestros amigos y se benefician de esa amistad, mientras entretienen a otros amigos que están irrespetando completamente a Guyana al reclamar abiertamente dos tercios de mi país y luciendo eso en una pieza visible de joyería… me hace cuestionar nuestras amistades y los principios de estos líderes”, escribió en sus redes sociales.

La respuesta de Delcy

Desde la presidencia encargada -bajo la tutela de Donald Trump- no perdieron la oportunidad de responder. Delcy Rodríguez defendió que el uso de ese broche responde a una identidad histórica:

“Ustedes saben que ahora el presidente de Guyana anda con un escándalo porque yo uso siempre el pin con el mapa de Venezuela, con el único mapa que he conocido en mi vida. Ahora les molesta hasta como uno se viste… Yo le dije al canciller ‘bueno, diles si también van a venir a quemar los libros de historia porque los derechos de Venezuela sobre el Esequibo son históricos, son irrefutables'”.

Por su parte, el canciller Yván Gil criticó la queja del mandatario guyanés, señalando que ahora pretende “erigirse en árbitro y modisto hasta de la forma de vestir de otros jefes de Estado”

Gil sostuvo el mismo argumento que Rodríguez: “La prenda que hoy le obsesiona no es más que la expresión de una verdad histórica, validada con fuerza desde el Acuerdo de Ginebra de 1966, mucho antes de esta escenificación mediática”.

Sirviendo la mesa

Este intercambio de acusaciones se produce en un momento determinante, pues el inicio de las audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo es el próximo 4 de mayo.

Estas audiencias se centrarán en el fondo de la controversia territorial. En esta etapa decisiva, los jueces escucharán los argumentos definitivos de Guyana y Venezuela para determinar quién posee la soberanía legal sobre este territorio de 160 000 kilómetros cuadrados.

El debate girará en torno a dos ejes jurídicos opuestos:  Guyana solicitará a la Corte que ratifique la validez y el carácter vinculante del Laudo Arbitral de 1899, que fijó los límites actuales en favor de la entonces Guyana Británica.

Mientras que Venezuela pedirá mantener la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 bajo el argumento de que el Laudo de 1899 es “nulo e írrito” debido a un supuesto fraude procesal. El país sostiene que el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes.

  • El gobierno encargado de Venezuela presentará pruebas de que el territorio formaba parte de la Capitanía General de Venezuela desde 1777, mientras que Guyana defenderá su administración continua durante más de un siglo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Profesores universitarios exigen al gobierno construir un “nuevo momento salarial”

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Representantes profesorales ante los Consejos Universitarios de las principales casas de estudio del país alzaron su voz para respaldar las exigencias de los gremios docentes, trabajadores administrativos y personal obrero de que se produzca un aumento salarial.

En un comunicado dirigido a la comunidad nacional, los voceros exponen la precaria situación de las instituciones venezolanas y demandan condiciones de trabajo decentes que garanticen el funcionamiento académico.

En el texto, denuncian una desatención sin precedentes en servicios básicos, bienestar estudiantil y una “calamitosa desinversión en dotación, equipamiento, tecnología, investigación e innovación”.

La situación salarial representa uno de los puntos más críticos de la denuncia. Los académicos señalan que la congelación de los sueldos durante más de cuatro años destruye los pilares de la docencia y la investigación. Además, rechazan la aplicación de mecanismos estatales que vulneran sus derechos, como el instructivo ONAPRE.

“La implementación de un instructivo por parte de la ONAPRE para aplanar las tablas salariales, además de desconocer derechos adquiridos de los trabajadores, constituye una herramienta oficial que pulveriza los ya precarios salarios de los universitarios”, denuncian.

Ante lo que el gobierno define como una paulatina recuperación económica, los profesores consideran que es posible y necesario reconstruir el bienestar del sector. En ese sentido, solicitan un incremento que respete la normativa legal vigente. Los representantes enfatizan que “el aumento salarial debe hacerse de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Constitución y con respeto a las interescalas”.

“El país ha venido reportando, según anuncios del propio gobierno, una paulatina recuperación económica en los últimos meses, potenciada por situaciones y cambios en los ámbitos nacional e internacional, lo cual permite afirmar que es posible construir un nuevo momento salarial, como bien lo han planteado voceros de la FAPUV y la APUCV”, añade.

Con la cercanía del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, crece la expectativa acerca del aumento de salario que ya fue anunciado por la encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, quien sin embargo precisó hace dos semanas que el incremento sería “responsable y sostenible”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Liberación de adolescente detenida y otras exigencias de las ONG en reunión con fiscal general

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Organizaciones defensoras de derechos humanos sostuvieron este martes, 28 de abril, un encuentro con el fiscal general, Larry Devoe, para plantearle una serie de exigencias orientadas a corregir las fallas en el sistema de justicia y garantizar el respeto al debido proceso.

En la reunión, Devoe acordó establecer canales de “comunicación directa” con varias ONG, entre ellas Provea que planteó que los tribunales deben garantizar la recepción de los recursos de habeas corpus, que toda persona detenida pueda designar a su abogado de confianza y “cortar la cadena de abusos y arbitrariedades”.

Al encuentro asistieron representantes de las organizaciones Cecodap, Civilis y SurGentes. Devoe calificó la reunión como “productiva”.

El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, detalló que consignó un conjunto de ideas que, a consideración de la organización, pueden orientar la actuación de ministerio Público y que son esenciales para la protección de los derechos humanos.

Murillo exigió al fiscal “velar por que las solicitudes de Habeas Corpus sean recibidas en los tribunales, que toda persona detenida pueda designar su abogado de confianza, garantizar un efectivo derecho a la defensa y cortar la cadena de abusos y arbitrariedades”. Aclaró que dichas acciones representan pasos urgentes para una reconstrucción institucional centrada en la dignidad humana y la justicia.

“Insistimos en que el único camino para el desarrollo sostenible de Venezuela requiere que se escuche a la gente con el foco puesto en el respeto a la Constitución y los Derechos Humanos”, escribió el coordinador de Provea en X.

Protección de adolescentes como eje central

A este encuentro con el fiscal general también acudió el abogado y coordinador de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, quien insistió en que el centro del debate y de la agenda del Ministerio Público sea la protección de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

La organización agradeció la disposición al diálogo y presentó un diagnóstico sobre las principales irregularidades que afectan a esta población:

1. Detenciones irregulares: sin orden, sin información y con uso desproporcionado de la fuerza.

2. Incomunicación: retrasos en informar paradero y limitación de contacto con familia y defensa.

3. Derecho a la defensa: acceso tardío o actuación insuficiente desde el inicio.

4. Privación de libertad como regla: sin análisis individual ni medidas alternativas.

5. Dilaciones procesales: diferimientos reiterados y falta de decisiones oportunas.

6. Criminalización por vínculo: sin individualización de la conducta.

7. Falta de enfoque de protección: sin evaluar coacción o instrumentalización del adolescente.

8. Impacto integral: afectación educativa, psicosocial y familiar.

9. Actuación fragmentada: sin coordinación ni corrección de irregularidades.

El coordinador de Cecodap recordó el caso de la adolescente Samantha Hernández y solicitó su liberación y el otorgamiento de una medida sustitutiva de libertad mientras se decide el juicio, de cara a una absolución.

Trapani también pidió abandonar el “uso inadecuado del delito de terrorismo en adolescentes” e insistió en la necesidad de aplicar un enfoque de protección: “Cuando un adolescente aparece vinculado a un acto de esta naturaleza, corresponde analizar si ha sido utilizado, manipulado o engañado por adultos”, recordó Trapani al fiscal, al tiempo que recalcó que la protección de los adolescentes no puede ser un enunciado, sino un criterio operativo que oriente decisiones concretas a corto, mediano y largo plazo dentro del sistema de justicia.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

En su primera semana John Barrett puso el foco en economía e inversiones

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Desde que John Barrett aterrizó en Caracas el pasado 23 de abril, su agenda se ha centrado principalmente en los temas económicos. En menos de una semana, el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela ha sostenido reuniones con la Cámara Petrolera de Venezuela, la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) y representantes del sector privado, dejando claro que su prioridad es activar la recuperación económica y atraer la inversión privada al país.

Después de un breve encuentro en Miraflores con la encargada, Delcy Rodríguez, en el que Barrett ratificó que se conversó “sobre la importancia de seguir implementando el plan de tres fases de Trump para obtener resultados”, el funcionario estadounidense ha enfocado su agenda en aspectos económicos.

En cada intervención pública, Barrett ha reiterado que el sector privado, incluida la inversión extranjera, es clave para la transformación de Venezuela en un centro energético mundial. En el discurso del encargado de negocios y también en las publicaciones que ha posteado la embajada, destaca siempre la estrategia de tres frases trazada por Washington en Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

Durante sus encuentros, John Barrett ha hecho varios llamados a empresarios y gremios a aprovechar la “oportunidad histórica” de reactivar la industria energética y abrir espacios a capital extranjero. La narrativa apunta a mover la economía y las inversiones desde el sector privado y de hidrocarburos. 

A continuación, las perlitas económicas de Barrett en los eventos empresariales

Este lunes, en el evento organizado por la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV), John Barrett señaló que el sector privado, incluyendo la inversión innovadora de los Estados Unidos, “es el motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial”.

“juntos, estamos construyendo una nueva Venezuela, profundamente ligada a nuestra región”, aseguró el encargado de negocios en el mismo evento.

En el encuentro realizado con VenAmCham, Barrett confirmó que las empresas estadounidenses y venezolanas están listas para impulsar la fase de recuperación económica. En su reunión con las autoridades de la cámara binacional, dejó claro que su meta es seguir adelante con el plan que le encomendó el Gobierno norteamericano.

“Seguimos adelante con el plan de tres fases de Donald Trump y Marco Rubio que significa situar al sector privado en el centro de la transformación de Venezuela”, afirmó Barrett.

“Mi primera reunión con VenAmCham confirma que las empresas estadounidenses y venezolanas están listas para impulsar la fase de recuperación económica. Nuestra prioridad es un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión”, posteó la embajada en su cuenta en X.

John Barrett llegó a Venezuela el pasado jueves y sustituyó a la diplomática Laura Dogu, nombrada a finales de enero como encargada de negocios. El diplomático tiene la misión de reconstruir y fomentar la economía entre ambas naciones tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país