La ONG Provea presentó un balance de la situación de los derechos civiles y políticos en Venezuela durante 2025, el cual revela una profundización del control estatal y la desarticulación progresiva de las garantías ciudadanas.
Estos hallazgos forman parte del “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia”, presentado el 14 de mayo. La organización detalla el estado de vulnerabilidad de la población frente al poder público.
La sección correspondiente a los derechos civiles y políticos explica la magnitud del retroceso institucional: el uso de los tribunales como herramienta de castigo, la persistencia de la letalidad policial, el repunte de las desapariciones forzadas, el deterioro de la integridad en los centros de reclusión y la anulación de la participación política.
Derecho a la justicia: Un sistema subordinado
El informe describe un Poder Judicial que no solo padece de falta de independencia, sino que actúa activamente en la persecución. Durante 2025, el sistema se caracterizó por la vulneración sistemática del debido proceso y la criminalización de la disidencia.
Provea destaca que la proclamación de Nicolás Maduro para el periodo 2025-2031 se realizó al margen de los estándares de transparencia, sumiendo al país en una “crisis de legitimidad sin precedentes”.
En este contexto, el informe advierte sobre la propuesta de Reforma Constitucional que busca instaurar el “Estado Comunal”, alertando que dicho modelo pretende sustituir la democracia representativa por instancias de control político vertical, lo que contraviene el deber del Estado de facilitar las condiciones para la práctica participativa ciudadana.
Asimismo, se documenta un patrón de impedimento a la defensa privada: “A los detenidos se les impuso defensores públicos que, lejos de tutelar sus derechos, actuaron como facilitadores de la condena política”.
Por otra parte, alertan que existe un 89% de opacidad en los Tribunales Ordinarios: 85.945 decisiones publicadas frente a 781.403 anunciadas en la apertura judicial.
Derecho a la vida: Letalidad policial y militar
A pesar de la disminución de las protestas masivas, la letalidad de los cuerpos de seguridad se mantuvo en niveles alarmantes. En 2025, un total de 336 personas fueron asesinadas por efectivos de seguridad estatales. El informe revela que el 54% de las víctimas fueron jóvenes de entre 18 y 30 años, habitantes de sectores populares.
Asimismo, destaca un dato crítico: el 42% de los fallecidos no pudo ser plenamente identificado en los registros oficiales iniciales, lo que fomenta la impunidad. El Ministerio Público no investigó estas muertes. La Defensoría del Pueblo guardó silencio.
Sobre la responsabilidad, el informe exige el “establecimiento de responsabilidades penales no solo para los autores materiales, sino también para las cadenas de mando intermedias y superiores”.
Libertad personal: El auge de la desaparición forzada
Si bien las violaciones al derecho a la libertad personal bajaron un 77,4% con respecto a 2024 (sumando 596 casos), Provea explica que el foco cambió hacia la desaparición forzada. En 2025 se registraron 160 víctimas de desaparición forzada, un incremento del 196% comparado con las 54 del año anterior. 141 de los casos (23,7%) corresponden al patrón de detenciones individuales, lo que representa un descenso de 44,6% respecto a 2024.
Según la organización, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue responsable del 43% de las detenciones arbitrarias. La Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) estuvo involucrada en el 25% de los casos. 2025 fue el segundo año con más detenciones políticas en el registro histórico de Provea con 513 víctimas.
Además, recuerdan casos que siguen sin respuesta, como el de Alcedo Mora, activista popular de izquierda, detenido desde el 27 de febrero de 2015, y el de Hugo Enrique Marino Salas, desaparecido el 20 de abril de 2019 y que fue visto por última vez en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía”.
Estas acciones buscan el aislamiento total del detenido. El informe define el año como uno “signado por la criminalización de la disidencia y el cierre definitivo del espacio cívico”.
Integridad personal: Tortura y tratos crueles
El informe registra 659 denuncias de violaciones a la integridad personal y 42 víctimas directas de tortura. La organización utiliza el concepto de “muerte institucional” para explicar fallecimientos bajo custodia, como los de Osgual González y Lindomar Bustamante (este último en Tocorón, mayo de 2025).
Sobre las condiciones de reclusión, el texto señala que el Estado venezolano contraviene el artículo 43 de la Constitución, el cual le otorga el rol de garante de la vida y la integridad de quienes se encuentran bajo su autoridad.
Para Provea es crucial de “avanzar en la definitiva puesta en marcha de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes”.
La organización también señaló que al menos 463 privados de libertad por razones políticas, denunciaron haber sido víctimas de tratos crueles, tras la negación de servicios de salud y acceso a contacto con sus familias.
Participación ciudadana y libertad de asociación
Durante 2025, Provea documentó 2219 manifestaciones, lo que representa una caída del 86,7% en comparación con 2019. El informe advierte que este descenso es producto de un entorno de inhibición y criminalización de la protesta.
La ONG manifiesta su preocupación por la “crisis de legitimidad por la cual atraviesa el Poder Electoral” y el hostigamiento a la sociedad organizada, refiriendo ataques contra la sociedad civil como la registrada el 7 de agosto de 2025 contra madres en una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
De acuerdo con el informe, lejos de facilitar las condiciones para este derecho, el Estado ha profundizado una estructura de exclusión y vigilancia sobre la sociedad organizada. Provea indica que los comités de víctimas de violaciones de derechos sufrieron 12 incidentes represivos en 2025 por su campaña pacífica de exigencia de libertad para presos políticos.
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