Cada terremoto en Venezuela ha dejado al descubierto una verdad incómoda: en un país donde la amenaza sísmica ya era conocida, el mayor riesgo no siempre ha sido el movimiento de la tierra, sino las decisiones —o la ausencia de ellas— que marcaron la política de vivienda, infraestructura y prevención.

El 29 de julio de 1967, un terremoto de magnitud 6,5 sacudió Caracas y causó centenares de fallecidos, edificios colapsados y una profunda revisión de la forma en que Venezuela concebía la ingeniería estructural. A partir de ese momento, el país comenzó a transformar sus criterios constructivos, impulsando investigaciones sobre el comportamiento del suelo, creando mapas de amenaza sísmica y desarrollando normas técnicas que, con el paso de los años, darían origen a la Comisión Venezolana de Normas Industriales, el principal instrumento para el diseño de edificaciones sismorresistentes. La premisa era sencilla: los terremotos no podían evitarse, pero sus consecuencias podían reducirse mediante una mejor ingeniería.

Ese proceso no nació de un día para otro. Durante las décadas de los setenta, los ochenta y los noventa, universidades, centros de investigación y organismos técnicos fueron perfeccionando los criterios de diseño estructural hasta consolidar un sistema normativo que hoy exige que las edificaciones sean diseñadas para soportar la acción de los sismos sin colapsar y para proteger la vida de sus ocupantes. Las sucesivas revisiones de la Norma Venezolana Covenin 1756 —incluidas las versiones de 2001 y 2019— incorporaron nuevos conocimientos científicos sobre la amenaza sísmica en el país, la respuesta de los distintos tipos de suelo y el comportamiento de las estructuras frente a movimientos telúricos.

Cuando la prevención se convirtió en norma

Las normas Covenin no nacieron en el año 2000. Son el resultado de un proceso iniciado tras el terremoto de Caracas de 1967, cuando Venezuela pasó de prácticas constructivas empíricas y sin estandarización sísmica al desarrollo progresivo de un sistema técnico formal de diseño sismorresistente, creado inicialmente en los años 70, consolidado en las décadas de los 80 y los 90 y actualizado de manera continua hasta convertirse en el marco normativo vigente.

La ingeniería sísmica moderna parte de una premisa simple: construir bien siempre es más barato que reconstruir después. En Venezuela, sin embargo, esa ecuación ha sido invertida por décadas de subinversión, deterioro institucional y pérdida de recursos públicos que debían transformarse en infraestructura segura.

De acuerdo con estimaciones habituales en el sector de la construcción en América Latina, un edificio residencial sismorresistente de mediana altura —por ejemplo, una torre de 14 pisos con 4 apartamentos por nivel— puede costar entre 8 y 12 millones de dólares, dependiendo de los acabados, el tipo de suelo y las condiciones de urbanización. Bajo ese parámetro, un urbanismo de 400 edificios de características similares implicaría una inversión aproximada de entre 8000 y 18 000 millones de dólares, suficiente para desarrollar decenas de miles de unidades habitacionales según estándares modernos de seguridad estructural.

En términos demográficos, cada edificio de estas características podría albergar alrededor de 200 a 250 personas, dependiendo del tamaño familiar promedio. Un urbanismo de esa escala permitiría alojar a cerca de 90 000 personas en viviendas diseñadas bajo criterios sismorresistentes, con capacidad de evacuación y resistencia estructural frente a eventos sísmicos severos.

El ingeniero civil Juan Pérez explicó que en países donde no existe una cultura sísmica consolidada el problema no es únicamente el terremoto, sino la forma como se construye cuando se ignoran principios básicos de la ingeniería estructural. Pérez reitera que la falla no aparece cuando el suelo se mueve, sino mucho antes, cuando se decide ahorrar en estudios, cuando se acelera una obra sin supervisión real o cuando se asume que después se corrige:

“Un edificio no se cae el día del sismo, eso es lo que la gente no entiende. El edificio ya venía mal desde el primer cálculo, desde la primera decisión improvisada, desde el primer ‘déjalo así para avanzar’. Y después del desastre todo el mundo habla del terremoto, pero nadie quiere hablar de lo que se hizo mal durante meses o años. Aquí se construye con fe, no con ingeniería, y la fe no sostiene concreto armado”

El proceso formal incluye seis etapas: la evaluación del terreno, el diseño estructural, la revisión de planos, la aprobación de permisología urbana, la inspección durante la obra y la verificación final antes de la habitabilidad. Cada fase debería dejar registro trazable de quién aprobó, cuándo y bajo qué criterios técnicos.

En cada una de esas fases intervienen actores distintos: proyectistas, ingenieros calculistas, inspectores de obra y oficinas municipales de control urbano.

El ingeniero geotécnico Roberto Sala advirtió que el problema del suelo es uno de los más subestimados en la región, porque se asume que el terreno siempre “aguanta”, hasta que demuestra lo contrario. Recalcó que la permisología no debería ser un trámite administrativo sino una barrera técnica estricta, especialmente en zonas con antecedentes de fallas geológicas.

“El suelo no se equivoca, el que se equivoca es el que decide ignorarlo. Aquí se ha vuelto costumbre pensar que un permiso lo resuelve todo, como si un papel pudiera cambiar la física del terreno. Si una zona ya mostró inestabilidad, volver a construir encima es como insistir en cruzar un puente que ya sabes que está quebrado. No es valentía, es desconocimiento… o algo peor, que es hacerse el loco”, lamenta. 

El sismo como un recordatorio de lo ocurrido

Yalimar Abreu, habitante de La Guaira, recordó cómo su edificio tembló por tercera vez como si fuera una advertencia. Un segundo después, el sonido cambió: no era viento, no era tráfico ni nada cotidiano. Era un golpe seco que venía desde abajo.

—“¿Otra vez?”— gritó en el pasillo, sin moverse todavía. Y entonces entendió que el movimiento no sube: empuja.

El “doblete” sísmico no espera explicaciones. Primero sacude. Luego vuelve a golpear, como si el edificio dudara un segundo entre resistir o rendirse. En los pasillos de condominios en zonas urbanas y costeras, la escena se repite con variaciones: puertas que no cierran, paredes que suenan huecas, grietas que no estaban ayer.

Y mientras la gente intenta entender qué pasa, la respuesta siempre es la misma: el movimiento viene de abajo.

La geógrafa Gabriela Jiménez sostiene que las placas tectónicas están en constante movimiento, incluso cuando no lo percibimos, y que los sismos ocurren cuando ese desplazamiento continuo se interrumpe momentáneamente en un punto de contacto entre ellas. 

Según su planteamiento, cuando una placa se “traba” contra otra, la energía se acumula hasta que finalmente se libera de forma brusca, generando las ondas sísmicas. En ese sentido, advierte que no existe un lugar fijo en la corteza terrestre que esté completamente quieto, ya que todo el territorio está sometido a ese movimiento permanente, lo que implica que la superficie del planeta se está modificando de forma continua. 

En el territorio venezolano, ese movimiento tiene un nombre geológico clave: la falla de Boconó, uno de los sistemas tectónicos más importantes del occidente del país. Con unos 500 kilómetros de extensión, marca el límite entre la placa del Caribe y la placa sudamericana, y cruza los Andes desde Táchira hasta el centro del país. No es un evento raro ni excepcional: es un sistema activo. Y, como advierte Jiménez, un terremoto no se predice, simplemente ocurre.

Lo que dice la norma, lo que exige el control y lo que falta por responder

En zonas sísmicas como Caracas y La Guaira, la pregunta no es si se debe construir o no. La respuesta técnica es clara: sí se puede construir, pero solo bajo cumplimiento estricto de normativa, control de obra y supervisión verificable en cada etapa del proceso.

El ingeniero constructor Pedro Orcheta relató que la habitabilidad en zonas sísmicas no depende de prohibiciones absolutas, sino del cumplimiento estricto de normas técnicas y supervisión constante. Señaló que el riesgo no desaparece por decreto, sino que se controla mediante disciplina constructiva:

“No existe un lugar completamente seguro ni completamente peligroso. Lo que existe es buena o mala construcción. Puedes vivir en una zona sísmica perfectamente, si haces las cosas bien. El problema es cuando se relajan las normas, cuando se construye con confianza excesiva o con controles débiles. Ahí es cuando el riesgo deja de ser teoría y se vuelve realidad.”

El problema no es la ausencia de normas, sino la dificultad de verificar públicamente su cumplimiento en cada proyecto y su trazabilidad cuando ocurren fallas. En ese punto, la arquitecta y archivóloga Josefina Plaza reitera que el sistema de control técnico en Venezuela existe y es obligatorio, que las constructoras están forzadas a cumplir con normas Covenin y a someter los proyectos a evaluaciones de suelo y cálculos estructurales antes de ejecutar obras. Según su experiencia, si esos requisitos no se cumplen, los permisos de construcción no deberían ser otorgados. Como ejemplo, menciona que edificaciones como la Torre de David pasaron por procesos técnicos formales dentro del sistema regulatorio vigente.

Plaza también recuerda que históricamente existía una estructura dual de supervisión en obra: el ingeniero residente, vinculado a la constructora, y el ingeniero inspector, encargado de auditar la ejecución. De acuerdo con su conocimiento del sector, ese modelo de control ya operaba antes del ciclo político actual como mecanismo estándar de verificación técnica.

La tensión aparece cuando ese esquema no deja suficiente información pública sobre su cumplimiento efectivo en cada proyecto ni sobre la responsabilidad individual en caso de fallas estructurales. De ahí surge una de las propuestas más repetidas en el ámbito técnico: la necesidad de un registro público de ingenieros responsables por edificio, especialmente en casos de daños, fallas o colapsos, que permita rastrear decisiones técnicas y administrativas de forma verificable.

En ese contexto, Andrea Tavares, secretaria general de La Causa R, comentó durante la transmisión en vivo de La Conversa Con la Luz, de la Alianza Rebelde Investiga, el 29 de junio, que la diferencia con la tragedia de Vargas de 1999 radica en la presencia del Estado frente a la emergencia. “En Vargas había instituciones y autoridades al frente, acompañando a la gente. Hoy eso no se ve”, afirmó.

Tavares añadió que la pérdida de capacidad institucional también se refleja en el desconocimiento ciudadano sobre las propias autoridades de gestión de riesgos: “Hoy uno le pregunta a un venezolano quién es el director nacional de Protección Civil y no sabe. Ya no es relevante”. 

Esa ausencia de respuestas también tiene una dimensión de derechos humanos. La activista María Rojas cuestionó la falta de mecanismos claros de atención y seguimiento para los damnificados y advirtió que la reconstrucción no puede limitarse a reparar edificios mientras persistan víctimas sin respuestas ni responsables identificados:

“No se puede hablar de reconstrucción mientras haya personas esperando respuestas, mientras haya casos sin aclarar y familias sin saber qué pasó. La Constitución dice que hay derecho a la integridad física y a la vivienda, pero parece que no aplica en la realidad ante la indiferencia de las autoridades”.

“Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”, dijo el fallecido presidente Hugo Chávez mientras el deslave de Vargas —ahora La Guaira desde 2019— sepultaba a miles de venezolanos. Veintisiete años después queda claro que la naturaleza nunca obedeció; el que sí terminó doblegado fue el país. Sobre el propio Chávez pesan investigaciones que le atribuyen el manejo discrecional de 56 000 millones de dólares en fondos públicos durante su gobierno.

Con el dinero que no se usó en viviendas sismorresistentes que nunca se construyeron —entre los 159 millones de dólares vinculados a contratos de Alex Saab, los señalamientos que escalaron a decenas de miles de millones sin trazabilidad en el sistema habitacional y el vacío que ya en 2017 se calculaba en torno a 76 000 millones de dólares sin destino claro— no solo se evaporó presupuesto: se evaporó prevención.

En Venezuela, una administración transparente pudo haberse traducido en estudios geotécnicos, inspecciones, reforzamientos estructurales y edificaciones seguras, pero su gestión terminó a la deriva porque cuando la norma exige cálculo y control sin tener capital, el terremoto solo acaba haciendo de auditor: que no firma, pero cobra vidas.

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