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La Misión: un reporte irrebatible

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La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que ha extendido periodo hasta 2024, documenta hechos, testimonios y pruebas suficientes para que responsables de estos crímenes sean condenados por la CPI

 

@ovierablanco

La Misión investigó dos muertes: la del general Raúl Isaías Baduel, que murió el 12/10/2021 bajo custodia del SEBIN en El Helicoide; y Salvador Franco, miembro del pueblo indígena Pemón, que murió el 3/1/2021 en la cárcel de El Rodeo I.

El Informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela [en lo sucesivo la Misión], Consejo de DD. HH. /ONU [54.° periodo de sesiones], hace innegable la violación de DD. HH. y perpetración de crímenes de lesa humanidad por el gobierno de Venezuela.

A este reporte se suma la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) –en el marco de la apelación de Venezuela para suspender la investigación fiscal– que abre espacio a la Oficina de Participación y Reparación de Víctimas [OPRV] para escuchar sus testimonios. Un interés de la sala de sopesar fundamentos sobre la continuación de la investigación en la CPI sobre Venezuela I.

Como si no fuese suficiente, ahora el episodio del Centro Penitenciario Tocorón. A decir de Leonardo Padrón ni “Netflix hubiese aceptado un guion sobre lo que ocurre en Tocorón, por excesivo e inverosímil…”. Qué decir de lo que leerán a continuación: sumario del reporte concluyente de la Misión…

La Misión desnuda y determina los hechos… [2020-2023]

La Misión investigó dos muertes: la del General Raúl Isaías Baduel, que murió el 12/10/2021 bajo custodia del SEBIN en El Helicoide; y Salvador Franco, miembro del pueblo indígena Pemón, que murió el 3/1/2021 en la cárcel de El Rodeo I. Morir en custodia es morir a sabiendas de una privación o de un estado crítico de salud… La Misión registró personas detenidas arbitrariamente, en el marco de la represión selectiva de opositores del Gobierno.

Denuncia crímenes de “tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes como política de Estado dirigida a silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno” […] Los actos documentados “incluyeron golpizas (en la cabeza, costillas, glúteos, genitales, piernas y dedos de las manos y pies); suspensión por muñecas o tobillos; asfixia con bolsas en la cabeza rociadas con insecticida; exposición a bajas temperaturas y baños fríos” [Informe A/HRC/54/57-D.40]

La Misión igualmente registró como torturas: “quemaduras con cigarrillos; gas lacrimógeno; privación del sueño, luz constante 24 horas del día y música a alto volumen; celdas de espacio reducido que permiten solo estar de pie y aislamiento prolongado; tortura psicológica, amenazas las parejas e hijos de detenidos”. Indica que ciertos actos de tortura y malos tratos “tuvieron por objeto castigar a los detenidos por sus actividades –sindicales o de DD. HH.– por denunciar actos de corrupción, por su activismo político o por pronunciarse en contra del Gobierno” [ob. cit.].

Falta de justicia, intimidación, Con el mazo dando…

Las autoridades venezolanas [señala el reporte] no investigaron ni sancionaron las torturas y malos tratos, pese a las denuncias. “Ni el sistema de justicia ni la Defensoría del Pueblo han actuado con la diligencia debida”.

La Misión -subrayado nuestro- recibe información sobre condiciones deficientes de detención de los opositores al Gobierno en centros de la DGCIM [Boleíta], El Helicoide –del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional– y en el INOF… Denuncia igualmente violencia sexual y de género, “utilizándose como forma de tortura y humillación contra personas opositoras al Gobierno, o percibidas como tales, perpetuando un ciclo de abuso y opresión” [ídem].

Para el periodo desde 2020-2023, la Misión ha investigado 19 víctimas de violencia sexual o de género en lugares de detención, incluyendo personas opositoras, familiares, abogados o abogadas y una mujer transgénero. Cita: “Funcionarios de las FAES y de DGCIM perpetraron actos de violencia sexual o amenazaron a personas con violarlas (detenidas que enviarían desnudas a una habitación con funcionarios varones)”. Además, La Misión ha investigado 42 casos de ataques y restricciones al funcionamiento de partidos políticos y ONG de la sociedad civil, activistas de DD. HH., sindicatos y medios de comunicación. Aún siguen detenidos activistas como Javier Tarazona o el periodista Roland Carreño.

La Misión también documentó amenazas y agresiones físicas por parte de “colectivos” y civiles afines al Gobierno contra miembros de partidos de la oposición y periodistas. Ataques que tuvieron lugar frente a fuerzas de seguridad que no intervinieron. La Misión –dice el informe– “tiene motivos razonables para creer que existe una campaña gubernamental concertada para socavar la reputación de personas opositoras mediante mensajes difamatorios y estigmatizadores emitidos por altos funcionarios del Estado”.

Los individuos, medios de comunicación y organizaciones que publican información crítica al Gobierno –detalla el reporte– son los blancos más comunes de declaraciones difamatorias y de descrédito por parte de funcionarios del Estado. Elocuente: “Durante los actos públicos del Gobierno y las sesiones televisadas de la AN, se realizan declaraciones difamatorias y de descrédito contra personas opositoras. Diosdado Cabello, VP del PSUV, utiliza regularmente su programa Con el mazo dando…”

La criminalización de la política. Inhabilitados…

La Misión señala “que el sistema de justicia penal venezolano se ha utilizado para criminalizar a personas críticas u opositoras al Gobierno, y en particular a periodistas, sindicalistas, defensores de DD. HH. y activistas políticos…”. La legislación venezolana –que prohíbe la difamación y la calumnia, incluida la cuestionada Ley contra el Odio– se ha utilizado para criminalizar el trabajo de defensores de DD. HH. y periodistas.

Es el caso de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, acusado de “incitación al odio” en julio de 2021 por haber denunciado supuestos vínculos entre grupos armados y el Gobierno. Nos preguntamos, ¿por qué acciones de difamación y contra la incitación al odio no amparan a ciudadanos sometidos a descalificación, descrédito y escarnio público por actores del régimen?

La Misión también documentó casos de defensores de DD. HH. y funcionarios públicos que denunciaron actos de corrupción por autoridades del Estado y que fueron criminalizados con acusaciones infundadas como “asociación para delinquir” y “revelación de información confidencial”.

En varios casos de criminalización investigados por la Misión, las personas procesadas sufrieron graves violaciones al debido proceso. En particular, la Misión identificó “retrasos indebidos en los procedimientos judiciales, lo que da lugar a que los acusados tengan que esperar meses o años entre audiencias; se le niegue acceso a un abogado de su elección, que el Ministerio Público les niegue una copia de su expediente o que los casos se ‘archiven’”. ¿Por qué no se sobreseen los casos manifiestamente perimidos?

Un caso ilustrativo es el del periodista y miembro de un partido de la oposición Víctor Ugas, procesado por “resistencia a la autoridad” en diciembre de 2019. Durante los primeros 32 meses de este proceso a Ugas se le negó́ el derecho a abogado de su elección y no se le concedió́ acceso al expediente… Ugas sigue detenido. Otro caso ilustrativo “es el de los sindicalistas Néstor Astudillo, Eudis Girot, Gabriel Blanco, Alcides Bracho, Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez y Emilio Negrín, detenidos en julio de 2022 tras protagonizar protestas laborales. Luego de su detención se les acusó de delitos de “terrorismo”, “asociación para delinquir”, “sabotaje” y “conspiración”. Fueron condenados en agosto/2023 por los delitos de conspiración y asociación delictiva [ob. cit. C. 67].

Pero El niño Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua, gozaba de libertad plena… Así son las cosas.

El informe no deja de mencionar a los inhabilitados. “La Misión tiene motivos razonables para creer que las autoridades han utilizado la inhabilitación política para impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos públicos…”. Es la aplicación inapropiada y artificiosa del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para impedir que personas se postulen a cargos públicos [lo cual no es el supuesto jurídico] sean elegibles.

Dichas inhabilitaciones –subraya el informe– “no son hechas públicas por la Contraloría General, a pesar de que la ley establece que deben ser publicadas en Gaceta Oficial y comunicadas a las personas interesadas”. En varios casos investigados por la Misión, “las personas sometidas a estas inhabilitaciones solo se enteraron de la prohibición años después de su imposición” [subrayado nuestro].

La Misión identificó “que la práctica de inhabilitar a funcionarios públicos, incluyendo a reconocidos líderes de la oposición, para postularse a cargos públicos ha sido utilizada con mayor frecuencia en los meses previos a los procesos electorales”. Al momento de redactarse el informe, tres de las personas que se presentaron a las elecciones primarias por la Plataforma Unitaria de la oposición, Henrique Capriles, María Corina Machado y Freddy Superlano, habían sido inhabilitadas para participar en las elecciones presidenciales para 2024.

Restricciones a la creación y el funcionamiento de ONG y partidos políticos

La Misión tiene motivos razonables para creer “que el Gobierno está́ utilizando el marco normativo existente para limitar las operaciones de las ONG, los sindicatos y los partidos políticos. Regulaciones recientes –asociadas a objetivos legítimos como la lucha contra el terrorismo o contra el blanqueo de dinero– se utilizan para limitar las operaciones de las organizaciones de la sociedad civil.

Señala el informe: “De aprobarse, los proyectos de ley sobre ONG y sobre cooperación internacional, actualmente en trámite en la AN, impondrían a las organizaciones nuevas limitaciones jurídicas y operativas a su funcionamiento, incluyendo en el aspecto clave de la financiación”.

La Misión tiene motivos razonables para creer que el modus operandi de las divisiones y funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, DAET, coincide con el de anteriores operaciones de seguridad en las que participaron las FAES. “La Misión recibió́ información sobre la participación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas en las operaciones Trueno, que se llevaron a cabo entre mayo y septiembre de 2022, en cinco estados del país – Guárico, Anzoátegui, Aragua, Miranda y Yaracuy– y en las que 72 personas fallecieron y al menos 345 fueron detenidas”.

Y ahora, Tocorón…

Impensable, inenarrable, inconmensurable lo sucedido en el Centro Penitenciario Tocorón, del estado Aragua. Bizarro, surrealista, insólito, criminal… Una realidad solo proporcional a la barbarie criminal y transgresora de un Estado fallido.

La Misión –que inició sus labores de determinación de hechos sobre Venezuela y cuyo periodo se ha extendido hasta 2024–, ha documentado hechos, testimonios, incidencias y pruebas suficientes para que los responsables de estos crímenes sean condenados por la CPI.

Como se sabe, estamos en etapa de investigación ante esta instancia penal internacional, camino a la etapa final de enjuiciamiento y condena. No es retórica, no es diplomacia. Es justicia penal internacional. A ella le temen porque ha sido, es y será implacable…

Y ahora arde Amazonas. Seguimos documentando. La Misión, un reporte irrebatible.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Delincuencia y violencia de género predominaron en Aragua durante agosto

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En el octavo mes de 2023 se registraron en la entidad 19 muertes violentas

 

32 sucesos violentos se reportaron durante el mes de agosto en el estado Aragua de acuerdo con un informe del Observatorio Venezolano de Violencia.

Voceros del OVV seccional Aragua contabilizaron 33 víctimas y 19 muertes violentas.

Según la investigación el tipo de violencia más frecuente fue la delincuencial con un total de 10 víctimas (33,33%), seguida por las de género con 5 casos (15,15%). 

En tercer lugar, se cuantifican las víctimas de la violencia intrafamiliar, autoinfligida, interpersonal y la policial con 12,12% cada una. Finalmente se ubica la delincuencia organizada con 3,03%.

La violencia de género en general, se afianzó en el segundo lugar con el 24,24% del total de los perjudicados, ya que 3 de las cuatro víctimas de violencia intrafamiliar (9,09%) entran en la categoría de género intrafamiliar. 

La conclusión de los investigadores del OVV es que la violencia de género está presente en 8 de las 33 víctimas reportadas durante el mes de agosto en la prensa Aragüeña.

Once de las diecinueve muertes violentas fueron homicidios (57,89%), mientras que cuatro fueron suicidios (21,05%) y cuatro muertes por intervención policial (MIP) (21,05%).

Los municipios más violentos durante el mes de agosto fueron: Girardot y Ribas con 5 víctimas (15,15% cada uno). 

En segundo lugar, estuvieron los municipios: Mariño, Tovar y Zamora con cuatro víctimas (12,12%), seguido de Libertador con 3 (9,09%), Lamas, Mario Briceño Iragorry y Sucre, con 2 víctimas (6,06%). 

Finalmente, en el quinto lugar estuvieron los municipios: Francisco Linares Alcántara y Santos Michelena con 1 víctima (3,03% cada uno).

Por su parte, en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) durante el mes de agosto se manifiestaron principalmente dos tipos de delitos: los homicidios intencionales y los robos. Estos dos crímenes fueron los más frecuentes, con 47% y 28% de ocurrencia respectivamente, sobre un total de 33 casos analizados según los datos del Observatorio de Prensa (OP) del OVV Región Capital.

 

Con información de Observatorio Venezolano de Violencia 

 

LEA  Remigio Ceballos admite que el Tren de Aragua operaba desde el penal de Tocorón

Una Ventana a la Libertad: Jubilado petrolero se suicidó luego de recibir sustitutiva de libertad

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Fue acusado de abusar sexualmente de su pareja

 

Un hombre se suicidó en su residencia de la calle Zamora de Punta Cardón, municipio Carirubana del estado Falcón el pasado lunes 25 de septiembre.

Según un reporte de la ONG Una Ventana a la Libertad, Misael Jesús Salazar Colina de 62 años se mató luego de haber recibido una medida sustitutiva de libertad por el delito de abuso sexual. 

Salazar era jubilado de la empresa petrolera y vivía solo en su residencia. Su cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición por su hermano, quien había ido a visitarlo. 

Familiares de Salazar informaron que este padecía de depresión a raíz de haber permanecido varios meses en la sede de la policía de Carirubana tras haber sido acusado por familiares de su pareja de haberla ultrajado sexualmente.

De acuerdo con allegados, Salazar intentó quitarse la vida en reiteradas ocasiones mientras estuvo en cautiverio, pero detenidos que compartían espacios en el lugar, lo convencían de no hacerlo.

En audiencia preliminar a Salazar le habían otorgado recientemente una medida sustitutiva de libertad.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas iniciaron averiguaciones para determinar supuestos mensajes de incitación al suicidio en su celular de parte de su pareja.

Intento de fuga en Barinas

De acuerdo con fuentes policiales, un grupo de reos intentó fugarse la tarde del pasado lunes 18 de septiembre, de los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Barinas. 

La escaramuza comenzó en el calabozo destinado a los implicados en robos de vehículos. Funcionarios retornaban a su celda a 18 presos que fueron trasladados a la Fiscalía del Ministerio Público y los tribunales.

Otros detenidos en las áreas de Homicidios y Subdelegación, aprovecharon el momento para intentar desarmar a los funcionarios, pero la revuelta fue controlada posteriormente.

Familiares de los detenidos denunciaron que en tres calabozos con capacidad para 50 personas conviven más de 200 detenidos.

 

Con información de Una Ventana a la Libertad 

 

LEA  Familiares de privados de libertad de Tocorón continúan sin saber sitio de traslados 

Control Ciudadano exige a Fiscalía establecer responsabilidades por daño ambiental en Yapacana

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La organización destacó que, si bien las autoridades militares han detallado el despliegue de más de 25.000 militares en Yapacana para “erradicar, definitivamente, la minería ilegal”, hasta la fecha no se han determinado responsabilidades

 

Este martes, 26 de septiembre, la ONG Control Ciudadano solicitó a la Fiscalía y demás autoridades “determinar las responsabilidades” de funcionarios civiles y militares “que permitieron que, durante la última década, se instalará la minería ilegal” en el parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas.

“Control Ciudadano exhorta al Ministerio Público y demás autoridades competentes a determinar las responsabilidades penales, civiles y administrativas de funcionarios públicos, civiles y militares, con competencia de guardería ambiental, por la omisión de su deber de impedir los daños ecológicos ocasionados al parque nacional Yapacana”, pidió la ONG en un comunicado.

La organización destacó que, si bien las autoridades militares han detallado el despliegue de más de 25.000 militares en Yapacana para “erradicar, definitivamente, la minería ilegal” y el desalojo de más de 14.000 personas señaladas como “mineros ilegales” desde el 1 de julio, hasta la fecha no se han determinado responsabilidades por la omisión del deber de “guardería ambiental”.

Desde julio, la Fuerza Armada ha llevado a cabo múltiples operativos en la Amazonía venezolana que han resultado en la expulsión de más de 14.000 personas señaladas como “mineros ilegales” y en el desmantelamiento de “más de 4.500 estructuras tipo campamentos” usadas para la práctica ilícita de esta actividad, según la institución castrense.

El pasado jueves, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, informó de la detención de 51 personas acusadas de practicar la minería ilegal en la Amazonía, 42 de ellas extranjeras, de las cuales 37 son de nacionalidad colombiana, dos brasileños, dos ecuatorianos y un peruano.

El militar dijo recientemente que un tribunal ha autorizado la aplicación de “medidas judiciales precautelares” contra los acusados de practicar la minería ilegal en Yapacana.

Se deben vigilar los DDHH y uso proporcional de la fuerza

Un trabajo publicado en el portal web TalCual destacó que las operaciones de la Fuerza Armada Nacional (FAN) contra la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana pasan por el respeto a los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza.

El portal reseñó que el investigador y profesor del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile y especialista en Relaciones Internacionales, seguridad y Defensa, indicó que a la Fuerza Armada no le corresponden este tipo de operaciones salvo que esté en juego la defensa territorial.

Puntualizó que, en una misión de no guerra, debería haber un criterio de «supervigilancia» respecto a los derechos de los grupos originarios y también reportes de derechos humanos.

Vladimir Aguilar, director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA, refiere que en la zona «ha habido excesos, pero también quienes están haciendo la minería han violado los derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza».

Ofrecen recompensa de más de $130.000 en Perú por el “Niño Guerrero”

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Guerrero está solicitado por la policía venezolana y ahora por la Interpol, por los delitos “extorsión, homicidios secuestros, terrorismo, asociación para delinquir, entre otros”

 

El ministro del Interior de Perú,  Vicente Romero, informó que el país ofrece una recompensa de 500.000 soles, unos 132 mil dólares estadounidenses, a quién ofrezca información sobre el paradero de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.

“Hemos tomado acciones sobre el caso para detectar cualquier ingreso irregular del cabecilla del Tren de Aragua al Perú”, dijo el ministro en declaraciones a la prensa reseñadas por el diario La República.

Alias “Niño Guerrero” es señalado por las autoridades del Gobierno de Venezuela de ser el líder de la organización criminal transnacional el Tren de Aragua, que tenía como base de operaciones la prisión de Tocorón,  intervenida y desalojada el miércoles 20 de septiembre.

El grupo delictivo además ha logrado expandirse a siete países de América Latina, entre ellos Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia.

Guerrero está solicitado por la policía venezolana y ahora por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), por los delitos “extorsión, homicidios, secuestros, asociación para delinquir, entre otros”.

Balance de la incursión en Tocorón

El pasado sábado, 23 de septiembre, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos informó que se había «desmantelado totalmente» la organización criminal transnacional «Tren de Aragua», con la detención de 88 de sus miembros.

«Tenemos el control total de este penal, de este centro penitenciario, y, además de eso, hemos desmantelado totalmente el autodenominado ex Tren de Aragua. Tenemos 88 personas detenidas en este momento, aportando datos de interés criminalísticos», dijo Ceballos, quien nunca antes se había referido a la presencia del Tren de Aragua dentro del penal.

El ministro confirmó que el procedimiento se saldó con un agente muerto y otros cuatro detenidos por su presunta vinculación con las redes criminales que operaban en el lugar, además de la recolección de lanzacohetes granadas y municiones de alto calibre máquinas de criptomonedas drogas y motos de lujo.

Solicitaron incluirlo en lista de notificaciones roja de Interpol

Por su parte, el   sábado 23 de septiembre Interpol Venezuela solicitó formalmente incluir a Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, en la lista de notificaciones rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

El requerimiento está basado en una orden detención emitida por el Tribunal 2do de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Delitos Vinculados al Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada, con fecha de 17 de febrero de 2023, según consta en el documento oficial de Interpol, al que tuvo acceso Runrun.es.

A Guerrero Flores se la considera “prófugo buscado para un proceso penal” y se le señala específicamente de los delitos “extorsión, sustancias psicotrópicas y organización o grupo delictivo y secuestros”.

El documento de Interpol también detalla algunas de las actividades delictivas con las que se le vincula. “En fecha 12 de Julio de 2019 a través de investigaciones se logró determinar que el ciudadano: HÉCTOR RUSTHENFORD GUERRERO FLORES, alias “NIÑO GUERRERO”, es el líder activo del Grupo Especializado de Delincuencia Organizada (GEDO es la denominación que da el Gobierno de Venezuela a los grupos criminales) “TREN DE ARAGUA”, el cual es el encargado de dirigir, organizar y financiar a todos los miembros del dicho grupo con el fin de realizar extorsiones, secuestros, robos, y venta de narcóticos en los distintos sectores del Estado Aragua. A su vez siendo el responsable de los ataques a los comandos de la Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC). Causando daños al patrimonio nacional, y desconociéndose actualmente su paradero”.

La notificación roja de Interpol agrega que en caso de ser ubicado las medidas que se deben tomar son: “Localizar y detener con mira a su extradición. Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes”. Y se precisa que: “Esta solicitud debe ser tratada como una solicitud oficial de detención preventiva. Rogamos procedan a la detención preventiva, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes”.

 

recompensa

Maduro propone a Guyana encuentro “cara a cara” sobre el Esequibo

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Maduro pidió al mandatario guyanés que “no se deje llevar por el camino equivocado”, y aseguró que Venezuela “jamás ha amenazado ni amenazará al pueblo de Guyana”

 

Nicolás Maduro reiteró la invitación a su homólogo de Guyana, Irfaan Ali, a sostener un encuentro “cara a cara”, con el fin de retomar “las negociaciones de paz” sobre la disputa territorial entre ambos países por un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados, situado al oeste del río Esequibo.

“Aquí hay una sola solución y es retomar el diálogo cara a cara, directo, en el marco del Acuerdo de Ginebra. Por eso le ratifico al presidente de Guyana (que) yo (…), a nombre de nuestro pueblo, estoy listo para reunirme con usted, muy pronto, en el lugar del Caribe que elijamos para dialogar”, dijo durante su programa “Con Maduro +”.

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1706503620064080316

En este sentido, insistió en que está “a la orden” para sostener una reunión con el Gobierno guyanés, promovida por la Comunidad del Caribe (Caricom), en la que “Venezuela llevará una propuesta clara y directa de paz para avanzar hacia un acuerdo”.

Además, Maduro pidió al mandatario guyanés que “no se deje llevar por el camino equivocado”, y aseguró que Venezuela “jamás ha amenazado ni amenazará al pueblo de Guyana”.

El jefe de Estado remarcó que Guyana “pretende tomar el mar no delimitado“, al llevar a cabo una licitación de bloques petrolíferos, y aseguró que “se victimizan” cuando Venezuela “defiende sus derechos históricos”.

Al respecto, dijo que instruyó al equipo diplomático de Venezuela para que presenten, “de inmediato”, ante los Gobiernos de la región y del mundo la documentación que da cuenta de “los derechos históricos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba” y “los planes de la (empresa estadounidense) ExxonMobil” en ese territorio.

Acusan a EEUU de pretender “militarizar” la controversia

El canciller venezolano, Yván Gil, denunció el sábado ante la Asamblea General de la ONU que el Gobierno estadounidense “pretende militarizar” la controversia con Guyana, y aseguró que la nación norteamericana “intenta crear una base militar” en el territorio en disputa.

Ese mismo día, Maduro instó a su homólogo guyanés a evitar la “escalada de un conflicto” en la zona, donde -aseguró- ExxonMobil tiene “indebidos intereses”, y lo acusó de convertir a su país, en su “afán de complacer a los poderosos intereses transnacionales”, en “una sucursal” de esta compañía.

La semana pasada también el encargado para América Latina del Departamento de Estado, Brian Nichols, expresó su  respaldo a Guyana ante la licitación de bloques petrolíferos que, denuncia el gobierno de Venezuela, ejecuta Georgetown disponiendo de áreas marítimas que se encuentran dentro de la zona en disputa entre ambos países.

Con información de EFE

Andrés Velásquez : “El #22Oct llueve, truene o relampaguee nuestra primaria va”

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Tras la primera reunión que sostuvo la directiva del CNE con representantes de la Comisión Nacional de Primaria Velásquez tuiteó: “El 22 de octubre, llueva, truene o relampaguee, nuestra primaria va”

Con información de EFE

 

El exgobernador venezolano Andrés Velásquez aseguró este lunes que las elecciones internas de la oposición, en las que él participará como candidato, se celebrarán sin retrasos el 22 de octubre, a pesar de que, en su opinión, el presidente Nicolás Maduro y el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizan una “jugada” con el fin de “torpedear la primaria”.

“El 22 de octubre, llueva, truene o relampaguee, nuestra primaria va”, remarcó el opositor a través de X (antes Twitter), minutos después de que la directiva del CNE sostuviera una reunión con representantes de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), que organiza las internas, para tratar el apoyo técnico solicitado por el antichavismo.

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció la instalación de una comisión mixta para discutir, a partir de mañana, la asistencia técnica que la institución brindará a la oposición en sus comicios, sin que quede claro todavía la forma en que apoyarán este proceso.

A juicio de Velásquez, este ofrecimiento del CNE es una “jugada de laboratorio” del presidente Nicolás Maduro y “sus aliados” en el ente electoral “para torpedear la primaria”.

En espera de una nueva reunión

Al término de la reunión de este lunes, el presidente de la CNP, Jesús María Casal, recordó que el 5 de junio solicitó al CNE la asistencia técnica para las primarias, un requerimiento que la institución respondió el viernes pasado, luego de 107 días y un cambio de directiva, ahora con Amoroso a la cabeza.

Según Casal, la intención del antichavismo en junio era “verificar las condiciones en las cuales podría solicitarse una asistencia técnica”, pero, en vista de la renuncia sorpresiva de los rectores electorales, la CNP decidió que organizaría las internas de manera autogestionada.

Luego de la respuesta tardía del CNE, la CNP abrió un proceso de consultas con los 13 candidatos a las primarias para evaluar la posibilidad de aceptar o no la asistencia del ente electoral, sin que hasta ahora anuncie una decisión al respecto.

¿Apoyo del CNE retrasaría la consulta?

Enrique Márquez, exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral, considerÓ que la propuesta del ente comicial de ofrecer ayuda técnica para la realización de la primaria opositora llega tarde, y advirtió que aceptarla podría suponer posponer la consulta prevista para el 22 de octubre. 

«Es un problema de tiempos. Esto hubiera sido muy bello hace unos meses, cuando la comisión de primaria estaba empezando la preparación de la primaria», declaró en una entrevista concedida a Venevisión. 

No digo que no sea bueno, porque sin duda alguna una primaria organizada por el CNE es mejor para el votante, para el participante, para todo el mundo. Mis dudas se presentan por el asunto del tiempo, ya la primaria está organizada para dentro de un mes y eso significaría mover la fecha, significaría una serie de decisiones que no sé si la Comisión Nacional de Primaria está dispuesta a tomar», sostuvo.

En ese sentido, agregó que le parece «un momento inoportuno» para tomar esa decisión.

CNE y oposición instalarán mesa para discutir asistencia del organismo a primaria

El Mañanero del #26Sep: las ocho noticias que debes conocer

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El Observatorio Digital ProBox emitió un reporte en el que denunció que el miércoles 20 de septiembre el gobierno utilizó su maquinaria comunicacional para opacar con los hechos en Tocorón las denuncias de la Misión internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela

 

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La jugada de laboratorio de Maduro y sus aliados con el CNE, para torpedear la primaria, está al descubierto. Nada puede alterar reglamentos y cronograma acordados. El 22 de octubre llueva, truene o relampague nuestra primaria va. Ni Maduro ni Amoroso pararán la primaria”. Andrés Velásquez, candidato a la consulta interna opositora.