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#MonitordeVíctimasCaracas | Familiares de Samantha Bastidas exigen que se investigue su muerte tras caer de una platabanda

Amigos de la joven, de 18 años, le habían avisado a sus padres, horas antes de que muriera el pasado 25 de diciembre, que dos hombres vestidos de negro se la habían llevado en una moto

@yohanamarra

 

Samantha Rosibeth Bastidas Velásquez falleció el lunes, 25 de diciembre de 2023. A las 5:00 pm, su papá recibió una llamada en la que le avisaban que su hija había caído de la platabanda de un inmueble, en Antímano, y que había sido trasladada al Hospital Miguel Pérez Carreño.

Al mediodía del lunes, unos amigos de la joven, de 18 años, notificaron a su papá que dos hombres, vestidos de negro, se habían llevado a Samantha a bordo de una motocicleta, desde el sector San Rafael, en La Yaguara, donde vivía. 

Horas más tarde, la familia recibió el mensaje en el que le anunciaban el supuesto accidente, en el sector la Calle del Medio, frente a la plaza de Antímano. El inmueble es de dos pisos y en la planta baja funciona un comercio.

Sin embargo, amistades de la víctima dijeron a sus familiares que la joven no se cayó accidentalmente, sino que, presuntamente, la lanzaron. Ante esta situación, el padre de Bastidas Velásquez denunció en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). 

“Queremos que las autoridades averigüen bien lo que realmente ocurrió ese día, porque era una muchacha que no se metía con nadie y no tenía problemas”, dijo el padre de Samantha, quien prefirió no identificarse. 

Lo que vieron testigos 

Vecinos de la Calle del Medio de Antímano contaron, extraoficialmente, que vieron a una mujer sin ropa, que se bañaba con un pote con agua, en la platabanda del inmueble desde donde cayó Samantha. Dicen que se notaba nerviosa.

Al cabo de unos minutos, no la observaron más, hasta que apareció nuevamente en la platabanda con un short y una camisa blanca. 

Al parecer, la víctima cayó cuando trataba de trepar una pared. Sin embargo, se espera por el resultado de las investigaciones que lleva a cabo el Cicpc.

Según los vecinos, en ese inmueble habita una persona que, al parecer, vendía sustancias estupefacientes, aunque esta información no pudo ser corroborada oficialmente.

Samantha vivía con sus padres y sus cinco hermanos. Trabajaba como comerciante informal -vendía chucherías- y dejó huérfano a un niño, de tres años. 

La víctima fue enterrada en el Cementerio General del Sur. 

Javier Tarazona cumplió 914 días detenido, Fundaredes exigió su liberación

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La ONG denunció el aplazamiento del juicio oral y público, que estaba previsto para entonces, pero «quedó suspendido hasta el próximo 9 de enero»

 

Este martes, 2 de enero, la ONG Fundaredes exigió la liberación de su director general, Javier Tarazona, quien cumplió 914 días detenido de forma «arbitraria».

Fundaredes expresó que el Estado «mantiene, de manera ilegítima, privado de su libertad» a Tarazona, un caso que «visibiliza la criminalización contra la sociedad civil venezolana y defensores de derechos humanos».

«Javier Tarazona merece tener un 2024 en libertad», reclamó la organización no gubernamental a través de la red social X (antes Twitter), donde ha compartido imágenes con una fotografía de su director y un mensaje en el que señalan que los «30 meses de detención arbitraria marcan el inicio» de este nuevo año para el activista y defensor de derechos humanos.

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

El pasado 19 de diciembre, Fundaredes denunció el aplazamiento del juicio oral y público, que estaba previsto para entonces, pero «quedó suspendido hasta el próximo 9 de enero».

Tarazona, según organizaciones y abogados, fue detenido cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, estado Falcón, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y «traición a la patria».

Corpoelec extiende el “Plan Borrón y Cuenta Nueva” hasta el 31 de enero

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Corpoelec también recordó a los ciudadanos que el proceso de registro y actualización de datos puede realizarse desde cualquier lugar a través de la página web

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció que el plan Borrón y Cuenta Nueva fue extendido hasta el 31 de enero de 2024 en las regiones Central, Capital, Los Llanos, Oriental y Guayana, debido a la afluencia de usuarios.

El ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, señaló que los usuarios disponen de 30 días para registrarse, actualizar sus datos y ponerse al día con la facturación del servicio eléctrico, informó la cuenta de Corpoelec Info a través de la red social Instagram.

Corpoelec también recordó a los ciudadanos que el proceso de registro y actualización de datos puede realizarse desde cualquier lugar a través de la página web.

Asimismo, la empresa también puso a disposición del público los Centros Integrales de Atención al Usuario (CIAU) y las oficinas del Banco Nacional de Crédito (BNC) para realizar el proceso de registro y actualización de datos.

Al realizar el proceso de registro, el usuario debe consignar en digital la cédula de identidad y el RIF del titular del servicio.

Fallas eléctricas aumentaron un 50% en los últimos seis meses

En un 50% han aumentado las fallas eléctricas en el país en los últimos dos trimestres de 2023, así lo indicó Juan Carlos Rodríguez, ingeniero electro-mecánico y miembro del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) en una entrevista con el Circuito Éxitos.

Desde el OVSP hacen seguimiento al estado de servicios como la  electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones, agua y aseo urbano. El servicio eléctrico es el que más reporta fallas en este año y ha tenido un repunte importante, comentó Rodríguez. 

En este sentido, los estados más afectados son los del Centro Occidente, además de Zulia, Falcón, Aragua, La Guaira, Barinas, pero también hay gran afectación en los estados andinos como Merida, Trujillo y Táchira.

Denuncian que empleados públicos y pensionados llevan 655 días sin aumento salarial

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Capriles tildó como una falta de compromiso con el sector trabajador que no se haya aumentado el salario durante el año que acaba de terminar, y aseguró que este gremio se prepara para retomar las protestas el próximo 9 de enero

 

Este martes, 2 de enero, el exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, denunció que empleados públicos y pensionados del país llevan 655 días sin aumento salarial.

La reacción se genera a propósito de un mensaje publicado por la cuenta “Bonos Protectores Social Al Pueblo”, en donde se informa que el año 2024 inicia con nuevos ajustes en todos los programas de protección social. 

Según la publicación, el bono “Hogares de la Patria” y el bono “José Gregorio Hernández” ahora será de 162 bolívares, unos 4.5 dólares al cambio oficial. 

«El inicio de año trae a los trabajadores y pensionados 655 días sin aumento», dijo Capriles en su cuenta en la red social X (antes Twitter), donde agregó que, con lo que ganan, «muchos venezolanos» no pueden cubrir «ni el 10 % de sus necesidades básicas».

Capriles tildó como una falta de compromiso con el sector trabajador que no se haya aumentado el salario durante el año que acaba de terminar, y aseguró que este gremio se prepara para retomar las protestas el próximo 9 de enero.

«Docentes, personal de salud, empleados públicos, jubilados y pensionados no dejan de alzar la voz para ser escuchados en sus justos reclamos», aseveró.

Agregó que 2024 tiene que venir con mejoras inmediatas, y exigió un aumento salarial que beneficie tanto a empleados activos como jubilados.

Organizaciones sindicales y gremiales protagonizaron en 2023 numerosas protestas callejeras ante la ausencia de un aumento salarial, lo que afecta principalmente a los obreros y a los pensionados.

Entretanto, el Ejecutivo asegura que este año, cuando el país celebrará elecciones presidenciales, habrá aumentos salariales, aprovechando el incremento de los ingresos de la nación, principalmente por la flexibilización de algunas sanciones a Pdvsa por parte de Estados Unidos.

*Con información de EFE

 

Los derechos humanos más vulnerados a los venezolanos en 2023

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Las fallas en los servicios básicos, educación en ruinas, hospitales sin insumos médicos y un salario mínimo mensual de menos de cuatro dólares al mes son muestra fehaciente de los derechos humanos más vulnerados este año que está por finalizar

 

El año 2023 no escapó de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Otro año más en el que el gobierno de Nicolás Maduro pasó por alto su responsabilidad de velar por el cumplimiento y garantizar que se respeten y protejan los principios fundamentales de derechos humanos establecidos en la Declaración Universal en el año 1948.

En este 2023, como en años anteriores, organizaciones nacionales e internacionales continuaron documentando que en Venezuela se transgreden el ejercicio de los derechos políticos, el derecho a la justicia, a la educación, a la salud, a la libertad de expresión e información y hasta el derecho a la vida.

A juicio de Laura Louza, defensora de los derechos humanos y directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, en Venezuela “hay una normalización a la violación de los derechos humanos”.

Explicó que el país sigue en una situación precaria con respecto a la alimentación, servicios públicos, hospitales en ruinas, falta de combustible, ante esto, los ciudadanos intentan resolver por sí mismos sus propios problemas, y que aunque haya aspectos que han mejorado en comparación con 2018-2019, son mejoras circunstanciales y no estructurales “lo que ha generado que las vulneraciones a los derechos humanos se hayan estabilizado, en el sentido de que son continuas en un entorno restrictivo y cerrado y eso es una normalización, pero no hace que estemos mejor”.

Louza asegura que un salario mínimo que no satisface las necesidades de los ciudadanos, el derecho a la participación política, el cierre de emisoras de radio, las arremetidas en contra de las ONG, la intervención del gobierno en el ámbito universitario, las constantes fallas en los servicios básicos y detenciones arbitrarias, evidencian claramente cómo fue la situación de los derechos humanos en 2023.

A continuación repasaremos cuáles fueron los derechos humanos más vulnerados durante este 2023 en Venezuela:

Derecho a la salud 

En Venezuela el derecho a la salud ha sido uno de los más vulnerados desde que inició la emergencia humanitaria compleja. Infraestructuras en ruinas, falta de insumos, de personal, bajos salarios para los médicos y enfermeras es la constante que se repite en todos los hospitales públicos del país, todos a cargo del Estado. 

  • Un estudio de la ONG Monitor Salud reveló en octubre de 2023 que el derecho a la salud y a la vida está vulnerado por la falta de agua potable, de insumos de limpieza y desinfección y de equipos de protección.
  • La Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) reportó fallas eléctricas en 40 % de los hospitales públicos de Venezuela durante 2023.
  • El gobierno lleva años sin divulgar los boletines epidemiológicos semanales, lo que priva a los profesionales de la salud y ciudadanía en general de conocer las enfermedades que están circulando en el país para tomar medidas preventivas efectivas ante brotes de enfermedades como la influenza o dengue. 
  • Según Lucía Velutini, encargada de relaciones institucionales de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, en 2023 fallecieron seis niños a la espera de un trasplante renal. 
  • Un brote de influenza causó marcado ausentismo escolar desde el mes de octubre sin que el Estado informara sobre los casos. 
  • Expertos entrevistados por Runrun.es recordaron que por lo menos desde el año 2017, el Estado sigue en deuda con la vacunación contra la influenza estacional: «Lamentablemente, el Estado venezolano no ofrece vacunas contra la influenza, así como dejó de vacunar también contra neumococo, rotavirus y así como es uno de los pocos Estados del continente americano que no vacuna contra el VPH», declaró el pediatra Alejandro Crespo Freytes.

Derecho a la educación

Otro derecho vulnerado en 2023 fue el de la educación. Infraestructuras en el olvido, fallas en los servicios básicos, aumento en la tasa de deserción escolar, baja calidad educativa, negación de recursos para la inversión y un pensum escolar que data de 40 años reflejan la crisis del sector. 

  • Según cifras de la OCHA, para 2023 se mantuvieron en Venezuela las barreras que frenan la inclusión educativa, como el bajo ingreso de las familias y la oferta escolar producto de la restricción de los recursos.
  •  El más reciente informe del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL) arrojó que los alumnos de educación media en Venezuela son cada vez “menos” competentes en materias fundamentales, habilidad verbal, matemática, biología, física, química e inglés.

Derecho al trabajo

El derecho al trabajo digno sufre desde hace varios años graves vulneraciones. Persecución contra el movimiento sindical, la falta de negociación colectiva, el salario mínimo más bajo del mundo, la inflación y devaluación del bolívar continuaron mermando los ingresos de todos los venezolanos, incluyendo salarios y pensiones.

  • El 1 de agosto los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueron sentenciados a pasar 16 años tras las rejas, aunque fueron liberados el 19 de diciembre en un canje por estadounidenses detenidos en el país y el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab.
  •  De acuerdo con Provea, el gobierno de Maduro detuvo en 2023 a 20 trabajadores de Sidor por exigir sus derechos laborales.
  • Según el balance del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), solo en el mes de agosto se registraron 277 protestas ligadas a la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Siendo las protestas laborales las que ocuparon el primer lugar de exigencia con un 40%. 

Derecho a la vida 

El derecho a la vida, sin duda, es uno de los más importantes consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Venezuela, una muerta bajo custodia de fuerzas de seguridad del Estado sacudió al país el pasado mes de abril, cuando salió a la luz pública una trama de corrupción que involucraba a la principal empresa estatal del país, Petróleos de Venezuela, con un desfalco incalculable de millones de dólares.

  • El 20 de abril Leoner Azuaje presuntamente se habría quitado la vida mientras estaba recluido en la sede del Sebin en El Helicoide. Las versiones del suicidio fueron muy contradictorias y poco creíbles. 
  • A diario, venezolanos fallecen en hospitales por falta de medicinas e insumos, siendo los más afectados pacientes oncológicos, con VIH, diabetes, entre otras patologías. Pensionados y jubilados no pueden cumplir correctamente los tratamientos para sus patologías crónicas por un sueldo mínimo que no se ajusta desde marzo de 2022. 

Derecho a servicios básicos 

La escasez de agua y las recurrentes fallas en los servicios básicos constituyeron las principales exigencias en protestas en todo el país. 

  • De acuerdo con el último estudio del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) realizado en noviembre de 2023, el servicio de gas doméstico no llega con la misma frecuencia en todos los estados, lo que obliga a buscar otras alternativas como la leña para la cocción de los alimentos.
  • Un reciente estudio del OVSP arrojó que  el servicio de agua potable fue valorado negativamente por 64,9% de usuarios en 12 ciudades del país, siendo la irregularidad en los intervalos de distribución la principal razón para que 51,7% de los usuarios que opinaran desfavorablemente sobre el servicio.
  • El servicio eléctrico es considerado, según el OVSP, como el peor en cuanto a calidad. Una reciente medición del OVSP estimó que 76,6% de los consultados evaluó de forma negativa este servicio principalmente por las frecuentes fluctuaciones e interrupciones.
  • Sobre el acceso a internet, el estudio de la organización señaló que aunque el acceso al internet fijo aumenta por oferta privada, persisten las fallas en el servicio. Aunque en la valoración ciudadana en las 12 ciudades estudiadas se percibió una leve mejoría en cuanto a la calidad del servicio, un 46,9% de los encuestados criticó las intermitencias en el servicio y 32% la velocidad de navegación.

Derecho a la alimentación

El artículo 305 de la Constitución expresa la garantía de la seguridad alimentaria para la población; sin embargo, este derecho se vulnera a diario en el país. 

  • Actualmente, el salario mínimo se ubica en 130 bolívares, unos 3,6 dólares al cambio, mientras que la canasta alimentaria, compuesta por 60 productos, se ubicó para el mes de octubre en $493,53. Esto se traduce en que el poder adquisitivo del salario mínimo es de 0,7%. 
  • En Venezuela, cerca de 6,5 millones de personas padecen hambre, según el informe «Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina 2022», de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
  • En 2022 el 78,9% de los hogares consultados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), reportó inseguridad alimentaria.
  • En septiembre de 2023, la empresa venezolana Consultores21 llevó a cabo la actualización de su estudio Crisis de Seguridad Alimentaria en Venezuela. Los resultados de la medición realizada en 2.000 hogares venezolanos arrojaron que hasta 7 de cada 10  familias venezolanas están en situación de inseguridad alimentaria. «Que 7 de cada 10 familias estén en situación de inseguridad alimentaria es una cifra que no debería invisibilizarse aun con la  mejora de la situación económica, dada la presencia de productos en los anaqueles que siguen siendo inalcanzables para muchos venezolanos», expresa en el informe de la encuesta Consultores 21. 

Derecho a la libertad de expresión y libre asociación

La libertad de expresión no escapó de los derechos humanos más vulnerados en 2023. También se ha restringido el derecho a la libertad de asociación, reunión y manifestación pacífica.

  • Según un informe de la ONG Espacio Público al menos 217 violaciones a la libertad de expresión se registraron en Venezuela durante el primer semestre de 2023, un promedio de 1,2 ataques al día contra el ejercicio del periodismo o del derecho a la protesta.
  • Solo en el mes de agosto, la ONG documentó 27 violaciones a la libertad de expresión, de los cuales 10 fueron casos de censura y otra decena de «intimidaciones», así como tres registros de «hostigamiento verbal», dos «agresiones», una amenaza y una restricción administrativa.
  • El más reciente informe de Venezuela sin Filtro precisó que en 2023 la cifra de portales web bloqueados ascendió a 80.  Mientras que en 2022 hubo 108 dominios bloqueados y 529 eventos de bloqueo, hasta octubre de 2023 se reportó que hubo un 45% más de dominios bloqueados que en 2022.
  • La mayoría de los medios bloqueados en Venezuela son los nacionales, uno de ellos fue El Carabobeño, meses antes de las elecciones primarias. “El punto de la censura es que el venezolano desista de mantenerse informado” expresó Andrés Azpúrua, presidente de VE Sin Filtro, en la presentación del informe
  • Espacio público denunció, además, que en el país «se mantiene el patrón de persecución y criminalización de la prensa y el discurso crítico» por parte del Gobierno y de las instituciones públicas.

Derecho a la democracia 

El derecho a la participación política y al debido proceso es otro derecho vulnerado en el país y más recientemente con la realización de las primarias de oposición. 

Luego de esto, el régimen de Nicolás Maduro citó para comparecer ante los tribunales a Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Adbul-Had, este último detenido, secuestrado y recientemente liberado, violando su derecho a la libertad, a la presunción de inocencia y también a la libertad de asociación.

120.000 menores de edad cruzaron la selva del Darién en 2023

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La experta de Unicef Johana Tejada López, dijo que 2023 “ha sido un año en que se ha batido un récord. Han pasado más de 100.000 niños, niñas y adolescentes, de ellos el 50 % son menores de 5 años”

 

Las autoridades de Panamá informaron que 2023 cerró con 520.085 migrantes que cruzaron la Selva de Darién, de los cuales 120.000 fueron menores de edad.

El Ministerio de Seguridad Pública panameño (Minseg) informó a través de sus redes sociales que ciudadanos venezolanos, 328.667; ecuatorianos, 57.222; haitianos, 46.558; y chinos, 25.344, “fueron las nacionalidades más recurrentes en cruzar”.

Este 2023 “ha sido un año en que se ha batido un récord. Han pasado más de 100.000 niños, niñas y adolescentes, de ellos el 50 % son menores de 5 años”, dijo a mediados de diciembre pasado a EFE la experta basada en género del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Johana Tejada López.

La mayoría de las familias que migran son de Venezuela, Haití, Ecuador y Colombia, detalló Tejada López en el albergue de Lajas Blanca que, al igual que en Bajo Chiquito, es escenario de esa situación con numerosas familias con niños y adolescentes.

Más de medio millón de migrantes en tránsito

De igual manera, el informe aporta cifras que dan cuenta de una “baja significativa” en la entrada de migrantes por la densa selva del Darién, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 con 49.256, 37.231, y 24.626, respectivamente.

El nuevo registro de tránsito de migrantes por el Darién hacia Norteamérica al cierre del 2023 deja atrás el de años anteriores, como en el 2020 cuando cruzaron la selva 8.594 inmigrantes; en 2021, 133.726, y 248.283 en 2022, de acuerdo con el Minseg.

Es así como este año batió el récord de más de medio millón de migrantes en tránsito por el Darién.

*Con información de EFE

Operación Autana: ¿acto de soberanía o lucha por el control de las minas al pie del Yapacana?

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La organización SOS Orinoco considera que la Operación Autana “fue solo un show” y señala que las minas en el Parque Nacional Yapacana siguen operando de forma ilegal, ahora regentadas por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Por Simón Arreaza (Correo del Caroní)

El Parque Nacional Yapacana, declarado como tal por Carlos Andrés Pérez el 12 de diciembre de 1978, cuya superficie es de 320.000 kilómetros cuadradas, es castigado desde 1988 por la explotación minera irregular que -en principio- se limitaba a la presencia de grupos pequeños en los alrededores del cerro que da nombre al parque, pero esta actividad comenzó a crecer considerablemente desde 2004, siendo más fuerte entre 2010 y 2012.

A mediados de diciembre de 2022, el gabinete de Nicolás Maduro informó del inicio de la llamada Operación Autana, que según indicó la vocería oficial, tiene como objetivo expulsar del territorio a quienes ejercen la minería ilegal y afectan la fauna y flora del parque. Sobre el tema, Correo del Caroní presenta un resumen de las versiones de víctimas y de la vocería oficial.

Operación inicia con violencia basada en género 

A lo largo del 2023, durante el desarrollo del operativo militar, han surgido denuncias sobre hechos calificados como irregulares por los responsables de las afirmaciones, quienes señalan como prueba de ello el video difundido en redes sociales que protagoniza la hija de un capitán indígena, Nancy Herrera, quien durante una conversación con el oficial de la FANB, José Viloria Sosa, le hacía saber que las 50 máquinas que iban a quemar como de uno de los operativos pertenecían al general José Ramón Maita, jefe de las zonas operativas de defensa integral (ZODI) del estado Amazonas.

Pocos días después del primer video, Nancy apareció en un segundo video pidiendo disculpas públicas por sus palabras y fue confrontada por el general junto a un fiscal del Ministerio Público y algunos guardias nacionales que se encontraban alrededor de la mesa en la que se desarrolló la conversación. En el video se puede ver cómo el general Maita le dijo a Nancy que ella “estaba diciendo mentiras de él y que debía pedir disculpas”. La hija del capitán indígena se disculpó y luego exigió que, en nombre de su comunidad indígena, se diera pronta respuesta sobre las personas que la FANB apresaron en Puerto Ayacucho como parte de la Operación Autana.

Luego, en la cuenta del abogado y defensor de derechos humanos, Olnar Ortiz, se publica un tercer video en el que Herrera denuncia que recibió amenazas por parte del general José Maita y aseguró que teme por su vida y la de su familia. Ortiz ha llevado este caso a la Fiscalía y las instancias necesarias para hacer valer los derechos de Nancy Herrera.

Desalojo a sangre y fuego 

A mediados de junio de 2023 el Ceofanb (el Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana), a través del sitio web psuv.org.ve, anunció que, como parte de la Operación Autana, incautó motores, plantas eléctricas, cables, tuberías, moledoras de piedra, sierras eléctricas, bidones con combustible para avión, gasolina y otros productos y artefactos utilizados por quienes ejercen la minería ilegal.

También notificó a través del sitio web ceofanb.mil.ve, la creación de un canal humanitario para facilitar la salida voluntaria de quienes habitaban dentro del parque nacional, informando luego que más de 280 personas «fueron extraídas de las inmediaciones del Parque Nacional Yapacana de manera voluntaria».

Otra situación denunciada en X, es la que da cuenta de un violento altercado ocurrido la mañana del 13 de septiembre en el que efectivos de la Guardia Nacional ingresaron al campamento conocido como «Cacique» en horas de la madrugada. Testigos aseguran que para las 5:00 de la mañana, la mitad del campamento estaba quemado y hubo disparos de armas de guerra de los funcionarios de la FANB, en respuesta a la negativa de los que allí vivían de salir de la zona.

Sobre esto, el Gobierno nacional publicó un comunicado el 14 de septiembre con su versión de los hechos, en el que asegura que durante el desalojo en el que participaron 400 efectivos militares con el objetivo de desmantelar 500 estructuras clandestinas utilizadas para la minería ilegal, se «generaron 2 fallecidos y 3 heridos, así como 3 efectivos militares heridos». Expresaron que el altercado ocurrió producto de un «ataque sorpresivo de un grupo de mineros con armas blancas y de fuego», sin embargo, no hacen referencia ni detallan las acciones que realizó la GNB en respuesta a las supuestas agresiones por parte de los mineros.

Desalojo sin avisar

En respuesta a estas afirmaciones oficiales, el defensor de derechos humanos Olnar Ortiz informó a Correo del Caroní que en el lugar de los hechos se encontraban personas de edad avanzada, mujeres embarazadas y niños que no fueron avisados de la quema del campamento y que corrieron el riesgo de sufrir lesiones y quemaduras mientras huían de las llamas. Luego del altercado y los disparos, habitantes de la zona que se encontraban en el lugar aseguraron que los disparos fueron hechos «al azar»; mientras que oficialmente se dio a conocer la muerte de 3 personas vestidas con short, franela y sandalias, que no contaban con armamento de ningún tipo.

Ortiz lleva el caso judicial del joven Luis Higuera, uno de los tres fallecidos durante el operativo en el campamento cacique, y sobre el cual el Ministerio Público alegó que el asesinato no se investigó porque debía efectuarse una denuncia.

El abogado igualmente afirmó que el operativo no cumplió con lo que indican los artículos 41 y 42 del Reglamento de Servicio de Guarnición, y que lo mismo sucedió con los casos de los fallecidos.

Sobre el procedimiento en general, Ortiz señala que hubo varias violaciones a la legislación vigente, y también mencionó que las acciones anunciadas por el Estado de implementar vías humanitarias para la salida de ciudadanos y el desalojo de mineros no se cumplieron en el campamento Cacique.

Afirma que en el caso de Luis Higuera hubo conductas de los funcionarios del Estado que convierten su muerte en un crimen de lesa humanidad que debe investigarse aunque nadie realice una denuncia formal, tal y como manda el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

También denunció el caso ante el Foro Permanente para los Pueblos Indígenas de la ONU y ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, atendiendo al artículo 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 Relató que los padres de los otros 2 jóvenes se negaron a realizar las denuncias pertinentes por el asesinato de sus familiares, que de igual manera deben ser investigados por el Ministerio Público por el uso inadecuado de armas de guerra, que los convierte en crímenes de lesa humanidad.

En relación con las acciones en el campamento Cacique, también desde su cuenta de X, la periodista Carolina Azavache compartió videos en los que se observan personas heridas y de manera extraoficial informa la muerte de 4 personas y múltiples civiles heridos.

La FANB tiene control de las minas de Yapacana 

Maap, proyecto de la Organización Amazon Conservation, en su primer informe Maap #155 publicado el 14 de junio del 2022, muestra que desde el año 2000 hasta la fecha se perdieron 550 hectáreas consecuencia de la minería ilegal en la zona.

Parte de la deforestación y extracción minera es producto de la llegada de los grupos armados señalados como terroristas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) desde Colombia, que llevan más de 10 años en el territorio y cuyo objetivo principal es económico: lograr el sostenimiento de sus operaciones militares.

Estos grupos armados fueron los primeros en salir del parque luego del aviso realizado por los funcionarios del Estado venezolano que solicitaban el desalojo de los mineros de la zona, antes de la puesta en marcha de la Operación Autana, confirmó Ortiz.

 Hasta el momento, la información oficial es que han desalojado más de 11.500 mineros que se encontraban en la zona, y desmantelado más de 4 mil viviendas improvisadas, según datos del general Domingo Hernández Lara en su cuenta de X. A esto, los habitantes del Yapacana aseguran que son los militares quienes actualmente se encuentras resguardando la zona desde un comando militar recientemente creado, y son quienes están tomando las decisiones.

SOS Orinoco a través de su cuenta de X también manifestó que la operación Autana “fue solo un show” y señaló que las minas en el Parque Nacional Yapacana siguen operando bajo el marco ilegal, pero que esta vez son controladas por las Fuerza Armada Nacional Bolivariana en vez de por los grupos terroristas.

Habitantes de la zona aseguran que los funcionarios castrenses que actualmente resguardan las zonas mineras le niegan el paso a periodistas y defensores de derechos humanos a las minas, siendo esto una violación al acceso a la información, tal como lo describe el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Una operación que no incluye reubicación de mineros desalojados 

Desde el inicio de la operación el gobierno bolivariano anunció la creación de una vía humanitaria para el desalojo seguro de los habitantes del Yapacana, sin embargo, Olnar declaró que dichas vías humanitarias y otras promesas no se cumplieron, contrario a lo que el Poder Ejecutivo informa.

Hizo referencia a que desde el gobierno no se creó un plan de políticas públicas dirigido a los mineros venezolanos que subsistían de la extracción del oro, dejándolos a la deriva luego de la operación.

Luego del desalojo del parque, habitantes de Puerto Ayacucho informan sobre el aumento de la delincuencia en los alrededores de la capital del estado. Asumen que quienes ejercían la minería ilegal, en muchos casos, eran personas que enviaban dinero a parientes de distintas partes de Venezuela o familias que vivían de esta actividad, por lo que su expulsión representa una reducción en sus ingresos y los obliga a encontrar nuevas maneras de obtener recursos para subsistir en medio del panorama actual del país.

Según el marco legal venezolano vigente, en estos casos el Estado debe aplicar políticas públicas para reubicar a estas familias y generar las condiciones necesarias para que obtengan empleos o fuentes de ingreso de manera legal, pero hasta el momento se desconoce si el Estado incluyó en el diseño de la Operación Autana la reubicación y gestión humanitaria para los mineros que vivían en los campamentos dentro de los bosques del parque.

Otro ente gubernamental que se involucró en el proceso es el Ministerio de Ecosocialismo (Minec), que anunció el inicio de un plan de reforestación en el Parque Nacional Yapacana, información compartida por el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca Vega, en su cuenta de X. Lorca visitó Puerto Ayacucho pero se desconoce si llegó al parque nacional, y no hay información concreta sobre cuándo iniciará el plan de reforestación y el costo de llevar a cabo dicho proyecto, que según estipulan los artículos 141 y 143 de la Constitución de la República de Venezuela, es de dominio público al igual que la información completa del proyecto. 

Dudan del compromiso del Gobierno venezolano con tratados internacionales  

Durante la Cumbre por la Amazonía, realizada el 8 y 9 de agosto en Brasil, el Gobierno venezolano llevó 113 objetivos para cumplir con la declaración de Belem, que es un acuerdo que prioriza las necesidades de cooperación entre países con situaciones en común, principalmente las relacionadas con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de las aguas, de los suelos y la deforestación.

El Gobierno venezolano se comprometió a erradicar la minería ilegal, la contaminación de las aguas producto de estos actos y a desarrollar estrategias en pro de mejoras ambientales. Sin embargo, desde la red social X, SOS Orinoco denuncia el avance continuo de la minería en diferentes zonas de Yapacana e insiste en calificar de “montaje” las acciones en el parque nacional.

En este orden de ideas, activistas ambientales y defensores de derechos humanos acusan a Venezuela de no mostrar interés en suscribir tratados internacionales para la preservación del ambiente y la biodiversidad, mencionando como ejemplo de ello el Acuerdo de Escazú, que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina, el cual hasta el momento no ha firmado el Gobierno venezolano lo que pone en duda su compromiso con los 113 objetivos previamente definidos en la Cumbre de Belem.

La firma del Acuerdo de Escazú implica que la República Bolivariana de Venezuela deberá desarrollar políticas públicas que permitan a los ciudadanos tener acceso a la información ambiental, participar en la toma de decisiones, denunciar casos de daño ambiental y que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sean respetados bajo cualquier circunstancia.

Precisamente, Olnar Ortiz hizo referencia a que el Estado debe activar un plan de reforestación y tomar en cuenta a las comunidades indígenas, que son quienes conocen mejor la biodiversidad de la zona y calificó de “mentiras” las promesas del gobierno, hasta que Venezuela no firme el Acuerdo de Escazú.

María Corina Machado anuncia la creación de «la Red 600K» para la defensa del voto

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Pidió a la comunidad internacional abogar para que las presidenciales del 2024 «se hagan bien»; y llamó a los venezolanos a «armar su propio comando de campaña»

La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de 2024, María Corina Machado, informó este primero de enero, en su mensaje de Año Nuevo, que creará una red de ciudadanos para velar por el derecho al voto y la transparencia electoral de cara a los comicios presidenciales pautados para el segundo semestre del año. 

«Este no será un año de ofertas publicitarias convencionales. Todos estamos hartos de promesas que nadie cumple. 2024 será un año de intenso trabajo. Iremos bajando líneas para cada una de las fases de esta lucha, son tareas muy complejas y recibirán información clara y precisa para que cada ciudadano ponga sus capacidades y sus recursos al servicio de esta noble causa», dijo.

«Desde ya estamos contruyendo la más formidable estructura para la defensa del voto: La red 600K.  Esta es una legión inmensa de 600.000 ciudadanos formados como nunca antes se ha hecho en este continente», agregó.

«Lo que viene no es fácil»

La representante de la opodición se comprometió a «hacer todo» en la «compleja negociación» que «se lleva adelante» con el gabinete de Nicolás Maduro de cara a los comicios presidenciales, con el fin de que el «interés común» de la población «esté siempre por delante».

«Se lleva adelante una compleja negociación con el régimen en la cual me comprometo a hacer todo para que el interés común y superior de los venezolanos esté siempre por delante», aseguró la exdiputada en un video que publicó en redes sociales, en el que no ofreció mayores detalles sobre estas conversaciones.

Estamos «dispuestos a aprovechar la oportunidad real que tenemos», expresó Machado. «Si reprimen y tocan a uno, otro lo reforzará y ser hará la tarea».

La líder opositora aseguró que ha comenzado el año «más importante de la historia contemporánea de Venezuela», en el que se va a «enfrentar y a derrotar» a un «sistema criminal» en estos comicios.

«Lo que viene no es fácil. El régimen seguirá usando cada brazo de su sistema criminal como tentáculo para atropellar, amenazar, perseguir y atemorizar, (…) tengamos siempre presente que su propósito es desmoralizarnos y apartarnos del foco, que es construir nuestra gran organización», dijo.

Machado, que asegura que nunca ha sido notificada de inhabilitación alguna, pidió en diciembre al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar su caso, haciendo uso del mecanismo acordado entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en el marco de las negociaciones políticas que mantienen ambos bandos, de cara a las presidenciales.