Inicio Blog Página 1090

Los derechos humanos más vulnerados a los venezolanos en 2023

0
Las fallas en los servicios básicos, educación en ruinas, hospitales sin insumos médicos y un salario mínimo mensual de menos de cuatro dólares al mes son muestra fehaciente de los derechos humanos más vulnerados este año que está por finalizar

 

El año 2023 no escapó de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Otro año más en el que el gobierno de Nicolás Maduro pasó por alto su responsabilidad de velar por el cumplimiento y garantizar que se respeten y protejan los principios fundamentales de derechos humanos establecidos en la Declaración Universal en el año 1948.

En este 2023, como en años anteriores, organizaciones nacionales e internacionales continuaron documentando que en Venezuela se transgreden el ejercicio de los derechos políticos, el derecho a la justicia, a la educación, a la salud, a la libertad de expresión e información y hasta el derecho a la vida.

A juicio de Laura Louza, defensora de los derechos humanos y directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, en Venezuela “hay una normalización a la violación de los derechos humanos”.

Explicó que el país sigue en una situación precaria con respecto a la alimentación, servicios públicos, hospitales en ruinas, falta de combustible, ante esto, los ciudadanos intentan resolver por sí mismos sus propios problemas, y que aunque haya aspectos que han mejorado en comparación con 2018-2019, son mejoras circunstanciales y no estructurales “lo que ha generado que las vulneraciones a los derechos humanos se hayan estabilizado, en el sentido de que son continuas en un entorno restrictivo y cerrado y eso es una normalización, pero no hace que estemos mejor”.

Louza asegura que un salario mínimo que no satisface las necesidades de los ciudadanos, el derecho a la participación política, el cierre de emisoras de radio, las arremetidas en contra de las ONG, la intervención del gobierno en el ámbito universitario, las constantes fallas en los servicios básicos y detenciones arbitrarias, evidencian claramente cómo fue la situación de los derechos humanos en 2023.

A continuación repasaremos cuáles fueron los derechos humanos más vulnerados durante este 2023 en Venezuela:

Derecho a la salud 

En Venezuela el derecho a la salud ha sido uno de los más vulnerados desde que inició la emergencia humanitaria compleja. Infraestructuras en ruinas, falta de insumos, de personal, bajos salarios para los médicos y enfermeras es la constante que se repite en todos los hospitales públicos del país, todos a cargo del Estado. 

  • Un estudio de la ONG Monitor Salud reveló en octubre de 2023 que el derecho a la salud y a la vida está vulnerado por la falta de agua potable, de insumos de limpieza y desinfección y de equipos de protección.
  • La Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) reportó fallas eléctricas en 40 % de los hospitales públicos de Venezuela durante 2023.
  • El gobierno lleva años sin divulgar los boletines epidemiológicos semanales, lo que priva a los profesionales de la salud y ciudadanía en general de conocer las enfermedades que están circulando en el país para tomar medidas preventivas efectivas ante brotes de enfermedades como la influenza o dengue. 
  • Según Lucía Velutini, encargada de relaciones institucionales de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, en 2023 fallecieron seis niños a la espera de un trasplante renal. 
  • Un brote de influenza causó marcado ausentismo escolar desde el mes de octubre sin que el Estado informara sobre los casos. 
  • Expertos entrevistados por Runrun.es recordaron que por lo menos desde el año 2017, el Estado sigue en deuda con la vacunación contra la influenza estacional: «Lamentablemente, el Estado venezolano no ofrece vacunas contra la influenza, así como dejó de vacunar también contra neumococo, rotavirus y así como es uno de los pocos Estados del continente americano que no vacuna contra el VPH», declaró el pediatra Alejandro Crespo Freytes.

Derecho a la educación

Otro derecho vulnerado en 2023 fue el de la educación. Infraestructuras en el olvido, fallas en los servicios básicos, aumento en la tasa de deserción escolar, baja calidad educativa, negación de recursos para la inversión y un pensum escolar que data de 40 años reflejan la crisis del sector. 

  • Según cifras de la OCHA, para 2023 se mantuvieron en Venezuela las barreras que frenan la inclusión educativa, como el bajo ingreso de las familias y la oferta escolar producto de la restricción de los recursos.
  •  El más reciente informe del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL) arrojó que los alumnos de educación media en Venezuela son cada vez “menos” competentes en materias fundamentales, habilidad verbal, matemática, biología, física, química e inglés.

Derecho al trabajo

El derecho al trabajo digno sufre desde hace varios años graves vulneraciones. Persecución contra el movimiento sindical, la falta de negociación colectiva, el salario mínimo más bajo del mundo, la inflación y devaluación del bolívar continuaron mermando los ingresos de todos los venezolanos, incluyendo salarios y pensiones.

  • El 1 de agosto los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueron sentenciados a pasar 16 años tras las rejas, aunque fueron liberados el 19 de diciembre en un canje por estadounidenses detenidos en el país y el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab.
  •  De acuerdo con Provea, el gobierno de Maduro detuvo en 2023 a 20 trabajadores de Sidor por exigir sus derechos laborales.
  • Según el balance del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), solo en el mes de agosto se registraron 277 protestas ligadas a la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Siendo las protestas laborales las que ocuparon el primer lugar de exigencia con un 40%. 

Derecho a la vida 

El derecho a la vida, sin duda, es uno de los más importantes consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Venezuela, una muerta bajo custodia de fuerzas de seguridad del Estado sacudió al país el pasado mes de abril, cuando salió a la luz pública una trama de corrupción que involucraba a la principal empresa estatal del país, Petróleos de Venezuela, con un desfalco incalculable de millones de dólares.

  • El 20 de abril Leoner Azuaje presuntamente se habría quitado la vida mientras estaba recluido en la sede del Sebin en El Helicoide. Las versiones del suicidio fueron muy contradictorias y poco creíbles. 
  • A diario, venezolanos fallecen en hospitales por falta de medicinas e insumos, siendo los más afectados pacientes oncológicos, con VIH, diabetes, entre otras patologías. Pensionados y jubilados no pueden cumplir correctamente los tratamientos para sus patologías crónicas por un sueldo mínimo que no se ajusta desde marzo de 2022. 

Derecho a servicios básicos 

La escasez de agua y las recurrentes fallas en los servicios básicos constituyeron las principales exigencias en protestas en todo el país. 

  • De acuerdo con el último estudio del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) realizado en noviembre de 2023, el servicio de gas doméstico no llega con la misma frecuencia en todos los estados, lo que obliga a buscar otras alternativas como la leña para la cocción de los alimentos.
  • Un reciente estudio del OVSP arrojó que  el servicio de agua potable fue valorado negativamente por 64,9% de usuarios en 12 ciudades del país, siendo la irregularidad en los intervalos de distribución la principal razón para que 51,7% de los usuarios que opinaran desfavorablemente sobre el servicio.
  • El servicio eléctrico es considerado, según el OVSP, como el peor en cuanto a calidad. Una reciente medición del OVSP estimó que 76,6% de los consultados evaluó de forma negativa este servicio principalmente por las frecuentes fluctuaciones e interrupciones.
  • Sobre el acceso a internet, el estudio de la organización señaló que aunque el acceso al internet fijo aumenta por oferta privada, persisten las fallas en el servicio. Aunque en la valoración ciudadana en las 12 ciudades estudiadas se percibió una leve mejoría en cuanto a la calidad del servicio, un 46,9% de los encuestados criticó las intermitencias en el servicio y 32% la velocidad de navegación.

Derecho a la alimentación

El artículo 305 de la Constitución expresa la garantía de la seguridad alimentaria para la población; sin embargo, este derecho se vulnera a diario en el país. 

  • Actualmente, el salario mínimo se ubica en 130 bolívares, unos 3,6 dólares al cambio, mientras que la canasta alimentaria, compuesta por 60 productos, se ubicó para el mes de octubre en $493,53. Esto se traduce en que el poder adquisitivo del salario mínimo es de 0,7%. 
  • En Venezuela, cerca de 6,5 millones de personas padecen hambre, según el informe «Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina 2022», de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
  • En 2022 el 78,9% de los hogares consultados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), reportó inseguridad alimentaria.
  • En septiembre de 2023, la empresa venezolana Consultores21 llevó a cabo la actualización de su estudio Crisis de Seguridad Alimentaria en Venezuela. Los resultados de la medición realizada en 2.000 hogares venezolanos arrojaron que hasta 7 de cada 10  familias venezolanas están en situación de inseguridad alimentaria. «Que 7 de cada 10 familias estén en situación de inseguridad alimentaria es una cifra que no debería invisibilizarse aun con la  mejora de la situación económica, dada la presencia de productos en los anaqueles que siguen siendo inalcanzables para muchos venezolanos», expresa en el informe de la encuesta Consultores 21. 

Derecho a la libertad de expresión y libre asociación

La libertad de expresión no escapó de los derechos humanos más vulnerados en 2023. También se ha restringido el derecho a la libertad de asociación, reunión y manifestación pacífica.

  • Según un informe de la ONG Espacio Público al menos 217 violaciones a la libertad de expresión se registraron en Venezuela durante el primer semestre de 2023, un promedio de 1,2 ataques al día contra el ejercicio del periodismo o del derecho a la protesta.
  • Solo en el mes de agosto, la ONG documentó 27 violaciones a la libertad de expresión, de los cuales 10 fueron casos de censura y otra decena de «intimidaciones», así como tres registros de «hostigamiento verbal», dos «agresiones», una amenaza y una restricción administrativa.
  • El más reciente informe de Venezuela sin Filtro precisó que en 2023 la cifra de portales web bloqueados ascendió a 80.  Mientras que en 2022 hubo 108 dominios bloqueados y 529 eventos de bloqueo, hasta octubre de 2023 se reportó que hubo un 45% más de dominios bloqueados que en 2022.
  • La mayoría de los medios bloqueados en Venezuela son los nacionales, uno de ellos fue El Carabobeño, meses antes de las elecciones primarias. “El punto de la censura es que el venezolano desista de mantenerse informado” expresó Andrés Azpúrua, presidente de VE Sin Filtro, en la presentación del informe
  • Espacio público denunció, además, que en el país «se mantiene el patrón de persecución y criminalización de la prensa y el discurso crítico» por parte del Gobierno y de las instituciones públicas.

Derecho a la democracia 

El derecho a la participación política y al debido proceso es otro derecho vulnerado en el país y más recientemente con la realización de las primarias de oposición. 

Luego de esto, el régimen de Nicolás Maduro citó para comparecer ante los tribunales a Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Adbul-Had, este último detenido, secuestrado y recientemente liberado, violando su derecho a la libertad, a la presunción de inocencia y también a la libertad de asociación.

120.000 menores de edad cruzaron la selva del Darién en 2023

0
La experta de Unicef Johana Tejada López, dijo que 2023 “ha sido un año en que se ha batido un récord. Han pasado más de 100.000 niños, niñas y adolescentes, de ellos el 50 % son menores de 5 años”

 

Las autoridades de Panamá informaron que 2023 cerró con 520.085 migrantes que cruzaron la Selva de Darién, de los cuales 120.000 fueron menores de edad.

El Ministerio de Seguridad Pública panameño (Minseg) informó a través de sus redes sociales que ciudadanos venezolanos, 328.667; ecuatorianos, 57.222; haitianos, 46.558; y chinos, 25.344, “fueron las nacionalidades más recurrentes en cruzar”.

Este 2023 “ha sido un año en que se ha batido un récord. Han pasado más de 100.000 niños, niñas y adolescentes, de ellos el 50 % son menores de 5 años”, dijo a mediados de diciembre pasado a EFE la experta basada en género del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Johana Tejada López.

La mayoría de las familias que migran son de Venezuela, Haití, Ecuador y Colombia, detalló Tejada López en el albergue de Lajas Blanca que, al igual que en Bajo Chiquito, es escenario de esa situación con numerosas familias con niños y adolescentes.

Más de medio millón de migrantes en tránsito

De igual manera, el informe aporta cifras que dan cuenta de una “baja significativa” en la entrada de migrantes por la densa selva del Darién, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 con 49.256, 37.231, y 24.626, respectivamente.

El nuevo registro de tránsito de migrantes por el Darién hacia Norteamérica al cierre del 2023 deja atrás el de años anteriores, como en el 2020 cuando cruzaron la selva 8.594 inmigrantes; en 2021, 133.726, y 248.283 en 2022, de acuerdo con el Minseg.

Es así como este año batió el récord de más de medio millón de migrantes en tránsito por el Darién.

*Con información de EFE

Operación Autana: ¿acto de soberanía o lucha por el control de las minas al pie del Yapacana?

0
La organización SOS Orinoco considera que la Operación Autana “fue solo un show” y señala que las minas en el Parque Nacional Yapacana siguen operando de forma ilegal, ahora regentadas por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Por Simón Arreaza (Correo del Caroní)

El Parque Nacional Yapacana, declarado como tal por Carlos Andrés Pérez el 12 de diciembre de 1978, cuya superficie es de 320.000 kilómetros cuadradas, es castigado desde 1988 por la explotación minera irregular que -en principio- se limitaba a la presencia de grupos pequeños en los alrededores del cerro que da nombre al parque, pero esta actividad comenzó a crecer considerablemente desde 2004, siendo más fuerte entre 2010 y 2012.

A mediados de diciembre de 2022, el gabinete de Nicolás Maduro informó del inicio de la llamada Operación Autana, que según indicó la vocería oficial, tiene como objetivo expulsar del territorio a quienes ejercen la minería ilegal y afectan la fauna y flora del parque. Sobre el tema, Correo del Caroní presenta un resumen de las versiones de víctimas y de la vocería oficial.

Operación inicia con violencia basada en género 

A lo largo del 2023, durante el desarrollo del operativo militar, han surgido denuncias sobre hechos calificados como irregulares por los responsables de las afirmaciones, quienes señalan como prueba de ello el video difundido en redes sociales que protagoniza la hija de un capitán indígena, Nancy Herrera, quien durante una conversación con el oficial de la FANB, José Viloria Sosa, le hacía saber que las 50 máquinas que iban a quemar como de uno de los operativos pertenecían al general José Ramón Maita, jefe de las zonas operativas de defensa integral (ZODI) del estado Amazonas.

Pocos días después del primer video, Nancy apareció en un segundo video pidiendo disculpas públicas por sus palabras y fue confrontada por el general junto a un fiscal del Ministerio Público y algunos guardias nacionales que se encontraban alrededor de la mesa en la que se desarrolló la conversación. En el video se puede ver cómo el general Maita le dijo a Nancy que ella “estaba diciendo mentiras de él y que debía pedir disculpas”. La hija del capitán indígena se disculpó y luego exigió que, en nombre de su comunidad indígena, se diera pronta respuesta sobre las personas que la FANB apresaron en Puerto Ayacucho como parte de la Operación Autana.

Luego, en la cuenta del abogado y defensor de derechos humanos, Olnar Ortiz, se publica un tercer video en el que Herrera denuncia que recibió amenazas por parte del general José Maita y aseguró que teme por su vida y la de su familia. Ortiz ha llevado este caso a la Fiscalía y las instancias necesarias para hacer valer los derechos de Nancy Herrera.

Desalojo a sangre y fuego 

A mediados de junio de 2023 el Ceofanb (el Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana), a través del sitio web psuv.org.ve, anunció que, como parte de la Operación Autana, incautó motores, plantas eléctricas, cables, tuberías, moledoras de piedra, sierras eléctricas, bidones con combustible para avión, gasolina y otros productos y artefactos utilizados por quienes ejercen la minería ilegal.

También notificó a través del sitio web ceofanb.mil.ve, la creación de un canal humanitario para facilitar la salida voluntaria de quienes habitaban dentro del parque nacional, informando luego que más de 280 personas «fueron extraídas de las inmediaciones del Parque Nacional Yapacana de manera voluntaria».

Otra situación denunciada en X, es la que da cuenta de un violento altercado ocurrido la mañana del 13 de septiembre en el que efectivos de la Guardia Nacional ingresaron al campamento conocido como «Cacique» en horas de la madrugada. Testigos aseguran que para las 5:00 de la mañana, la mitad del campamento estaba quemado y hubo disparos de armas de guerra de los funcionarios de la FANB, en respuesta a la negativa de los que allí vivían de salir de la zona.

Sobre esto, el Gobierno nacional publicó un comunicado el 14 de septiembre con su versión de los hechos, en el que asegura que durante el desalojo en el que participaron 400 efectivos militares con el objetivo de desmantelar 500 estructuras clandestinas utilizadas para la minería ilegal, se «generaron 2 fallecidos y 3 heridos, así como 3 efectivos militares heridos». Expresaron que el altercado ocurrió producto de un «ataque sorpresivo de un grupo de mineros con armas blancas y de fuego», sin embargo, no hacen referencia ni detallan las acciones que realizó la GNB en respuesta a las supuestas agresiones por parte de los mineros.

Desalojo sin avisar

En respuesta a estas afirmaciones oficiales, el defensor de derechos humanos Olnar Ortiz informó a Correo del Caroní que en el lugar de los hechos se encontraban personas de edad avanzada, mujeres embarazadas y niños que no fueron avisados de la quema del campamento y que corrieron el riesgo de sufrir lesiones y quemaduras mientras huían de las llamas. Luego del altercado y los disparos, habitantes de la zona que se encontraban en el lugar aseguraron que los disparos fueron hechos «al azar»; mientras que oficialmente se dio a conocer la muerte de 3 personas vestidas con short, franela y sandalias, que no contaban con armamento de ningún tipo.

Ortiz lleva el caso judicial del joven Luis Higuera, uno de los tres fallecidos durante el operativo en el campamento cacique, y sobre el cual el Ministerio Público alegó que el asesinato no se investigó porque debía efectuarse una denuncia.

El abogado igualmente afirmó que el operativo no cumplió con lo que indican los artículos 41 y 42 del Reglamento de Servicio de Guarnición, y que lo mismo sucedió con los casos de los fallecidos.

Sobre el procedimiento en general, Ortiz señala que hubo varias violaciones a la legislación vigente, y también mencionó que las acciones anunciadas por el Estado de implementar vías humanitarias para la salida de ciudadanos y el desalojo de mineros no se cumplieron en el campamento Cacique.

Afirma que en el caso de Luis Higuera hubo conductas de los funcionarios del Estado que convierten su muerte en un crimen de lesa humanidad que debe investigarse aunque nadie realice una denuncia formal, tal y como manda el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

También denunció el caso ante el Foro Permanente para los Pueblos Indígenas de la ONU y ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, atendiendo al artículo 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 Relató que los padres de los otros 2 jóvenes se negaron a realizar las denuncias pertinentes por el asesinato de sus familiares, que de igual manera deben ser investigados por el Ministerio Público por el uso inadecuado de armas de guerra, que los convierte en crímenes de lesa humanidad.

En relación con las acciones en el campamento Cacique, también desde su cuenta de X, la periodista Carolina Azavache compartió videos en los que se observan personas heridas y de manera extraoficial informa la muerte de 4 personas y múltiples civiles heridos.

La FANB tiene control de las minas de Yapacana 

Maap, proyecto de la Organización Amazon Conservation, en su primer informe Maap #155 publicado el 14 de junio del 2022, muestra que desde el año 2000 hasta la fecha se perdieron 550 hectáreas consecuencia de la minería ilegal en la zona.

Parte de la deforestación y extracción minera es producto de la llegada de los grupos armados señalados como terroristas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) desde Colombia, que llevan más de 10 años en el territorio y cuyo objetivo principal es económico: lograr el sostenimiento de sus operaciones militares.

Estos grupos armados fueron los primeros en salir del parque luego del aviso realizado por los funcionarios del Estado venezolano que solicitaban el desalojo de los mineros de la zona, antes de la puesta en marcha de la Operación Autana, confirmó Ortiz.

 Hasta el momento, la información oficial es que han desalojado más de 11.500 mineros que se encontraban en la zona, y desmantelado más de 4 mil viviendas improvisadas, según datos del general Domingo Hernández Lara en su cuenta de X. A esto, los habitantes del Yapacana aseguran que son los militares quienes actualmente se encuentras resguardando la zona desde un comando militar recientemente creado, y son quienes están tomando las decisiones.

SOS Orinoco a través de su cuenta de X también manifestó que la operación Autana “fue solo un show” y señaló que las minas en el Parque Nacional Yapacana siguen operando bajo el marco ilegal, pero que esta vez son controladas por las Fuerza Armada Nacional Bolivariana en vez de por los grupos terroristas.

Habitantes de la zona aseguran que los funcionarios castrenses que actualmente resguardan las zonas mineras le niegan el paso a periodistas y defensores de derechos humanos a las minas, siendo esto una violación al acceso a la información, tal como lo describe el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Una operación que no incluye reubicación de mineros desalojados 

Desde el inicio de la operación el gobierno bolivariano anunció la creación de una vía humanitaria para el desalojo seguro de los habitantes del Yapacana, sin embargo, Olnar declaró que dichas vías humanitarias y otras promesas no se cumplieron, contrario a lo que el Poder Ejecutivo informa.

Hizo referencia a que desde el gobierno no se creó un plan de políticas públicas dirigido a los mineros venezolanos que subsistían de la extracción del oro, dejándolos a la deriva luego de la operación.

Luego del desalojo del parque, habitantes de Puerto Ayacucho informan sobre el aumento de la delincuencia en los alrededores de la capital del estado. Asumen que quienes ejercían la minería ilegal, en muchos casos, eran personas que enviaban dinero a parientes de distintas partes de Venezuela o familias que vivían de esta actividad, por lo que su expulsión representa una reducción en sus ingresos y los obliga a encontrar nuevas maneras de obtener recursos para subsistir en medio del panorama actual del país.

Según el marco legal venezolano vigente, en estos casos el Estado debe aplicar políticas públicas para reubicar a estas familias y generar las condiciones necesarias para que obtengan empleos o fuentes de ingreso de manera legal, pero hasta el momento se desconoce si el Estado incluyó en el diseño de la Operación Autana la reubicación y gestión humanitaria para los mineros que vivían en los campamentos dentro de los bosques del parque.

Otro ente gubernamental que se involucró en el proceso es el Ministerio de Ecosocialismo (Minec), que anunció el inicio de un plan de reforestación en el Parque Nacional Yapacana, información compartida por el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca Vega, en su cuenta de X. Lorca visitó Puerto Ayacucho pero se desconoce si llegó al parque nacional, y no hay información concreta sobre cuándo iniciará el plan de reforestación y el costo de llevar a cabo dicho proyecto, que según estipulan los artículos 141 y 143 de la Constitución de la República de Venezuela, es de dominio público al igual que la información completa del proyecto. 

Dudan del compromiso del Gobierno venezolano con tratados internacionales  

Durante la Cumbre por la Amazonía, realizada el 8 y 9 de agosto en Brasil, el Gobierno venezolano llevó 113 objetivos para cumplir con la declaración de Belem, que es un acuerdo que prioriza las necesidades de cooperación entre países con situaciones en común, principalmente las relacionadas con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de las aguas, de los suelos y la deforestación.

El Gobierno venezolano se comprometió a erradicar la minería ilegal, la contaminación de las aguas producto de estos actos y a desarrollar estrategias en pro de mejoras ambientales. Sin embargo, desde la red social X, SOS Orinoco denuncia el avance continuo de la minería en diferentes zonas de Yapacana e insiste en calificar de “montaje” las acciones en el parque nacional.

En este orden de ideas, activistas ambientales y defensores de derechos humanos acusan a Venezuela de no mostrar interés en suscribir tratados internacionales para la preservación del ambiente y la biodiversidad, mencionando como ejemplo de ello el Acuerdo de Escazú, que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina, el cual hasta el momento no ha firmado el Gobierno venezolano lo que pone en duda su compromiso con los 113 objetivos previamente definidos en la Cumbre de Belem.

La firma del Acuerdo de Escazú implica que la República Bolivariana de Venezuela deberá desarrollar políticas públicas que permitan a los ciudadanos tener acceso a la información ambiental, participar en la toma de decisiones, denunciar casos de daño ambiental y que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sean respetados bajo cualquier circunstancia.

Precisamente, Olnar Ortiz hizo referencia a que el Estado debe activar un plan de reforestación y tomar en cuenta a las comunidades indígenas, que son quienes conocen mejor la biodiversidad de la zona y calificó de “mentiras” las promesas del gobierno, hasta que Venezuela no firme el Acuerdo de Escazú.

María Corina Machado anuncia la creación de «la Red 600K» para la defensa del voto

0
Pidió a la comunidad internacional abogar para que las presidenciales del 2024 «se hagan bien»; y llamó a los venezolanos a «armar su propio comando de campaña»

La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de 2024, María Corina Machado, informó este primero de enero, en su mensaje de Año Nuevo, que creará una red de ciudadanos para velar por el derecho al voto y la transparencia electoral de cara a los comicios presidenciales pautados para el segundo semestre del año. 

«Este no será un año de ofertas publicitarias convencionales. Todos estamos hartos de promesas que nadie cumple. 2024 será un año de intenso trabajo. Iremos bajando líneas para cada una de las fases de esta lucha, son tareas muy complejas y recibirán información clara y precisa para que cada ciudadano ponga sus capacidades y sus recursos al servicio de esta noble causa», dijo.

«Desde ya estamos contruyendo la más formidable estructura para la defensa del voto: La red 600K.  Esta es una legión inmensa de 600.000 ciudadanos formados como nunca antes se ha hecho en este continente», agregó.

«Lo que viene no es fácil»

La representante de la opodición se comprometió a «hacer todo» en la «compleja negociación» que «se lleva adelante» con el gabinete de Nicolás Maduro de cara a los comicios presidenciales, con el fin de que el «interés común» de la población «esté siempre por delante».

«Se lleva adelante una compleja negociación con el régimen en la cual me comprometo a hacer todo para que el interés común y superior de los venezolanos esté siempre por delante», aseguró la exdiputada en un video que publicó en redes sociales, en el que no ofreció mayores detalles sobre estas conversaciones.

Estamos «dispuestos a aprovechar la oportunidad real que tenemos», expresó Machado. «Si reprimen y tocan a uno, otro lo reforzará y ser hará la tarea».

La líder opositora aseguró que ha comenzado el año «más importante de la historia contemporánea de Venezuela», en el que se va a «enfrentar y a derrotar» a un «sistema criminal» en estos comicios.

«Lo que viene no es fácil. El régimen seguirá usando cada brazo de su sistema criminal como tentáculo para atropellar, amenazar, perseguir y atemorizar, (…) tengamos siempre presente que su propósito es desmoralizarnos y apartarnos del foco, que es construir nuestra gran organización», dijo.

Machado, que asegura que nunca ha sido notificada de inhabilitación alguna, pidió en diciembre al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar su caso, haciendo uso del mecanismo acordado entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en el marco de las negociaciones políticas que mantienen ambos bandos, de cara a las presidenciales.

1.928 venezolanos fueron deportados o «reptatriados» en 2023, según gobierno madurista

0
La mayoría de los venezolanos «repatriados» provenían de Estados Unidos, donde el 73,33 % de los vuelos de deportación fueron provinieron de Norteamérica

Con información de EFE

Un total de 1.928 migrantes venezolanos fueron deportados en 15 vuelos durante el 2023, de los cuales 11 salieron desde Estados Unidos, con el que el país caribeño suscribió un acuerdo en esta materia, informó el 31 de diciembre el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

Según un video publicado en X (antes Twitter) de la institución, otros dos vuelos salieron desde México, uno desde Chile y otro desde Islandia.

Según el Ministerio, estas deportaciones o «rapatriaciones» se llevaron a cabo gracias al plan gubernamental «Vuelta a la Patria». Los venezolanos que regresaron a su país han denunciado en distintas ocaciones que los funcionarios del Estado les decomizan sus documentos de identidad y los resguarda sin servicios básicos durante más de una semana.

Anmistía Internacional denunció durante el 2023 que todas las acciones de los países para deportar a los migrantes venezolanos es una violación a los derechos humanos, sobre todo el derecho al no retorno.

«El riesgo que corren las vidas, seguridad y libertades de las y los venezolanos si son devueltos es muy alta», advirtió Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

De Venezuela han salido en los últimos años unos 7,72 millones de personas, de acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V). El régimen de Nicolás Maduro niega esas cifras, calcula que la migración venezolana ronda por los «dos millones» de personas Desde el año 2011 el Estado no realiza un censo para medir las cifras demográficas en el país. 

El pasado 8 de diciembre, el Ejecutivo anunció una serie de vuelos de repatriación desde Chile, sin precisar la fecha exacta de estas operaciones aéreas acordadas entre ambos países. Mientras tanto, el 30 de diciembre un total de 329 personas llegaron a Venezuela en dos vuelos desde México —207 en el primero y 122 en el segundo—, como parte de un acuerdo de cooperación bilateral.

Inflación de 2023 cerró en 156,57% de acuerdo con Cedice Libertad

0
Hubo un alza de los 61 rubros que componen la Cesa Cedice 

 

Según lo informó la ONG Cedice Libertad, la inflación en 2023 cerró en 156,57%, en bolívares y en 11,03% en dólares.

En la más reciente investigación de su Observatorio de Gasto Público, coordinada por el economista Oscar J. Torrealba, se detectó que el alza de los 61 rubros que componen la Cesa Cedice en el mes de diciembre fue de 6,94 % en moneda nacional y en 6,03 en divisas.

“En diciembre, este nivel de consumo exige 12,3 salarios integrales de US$ 45 indexados al tipo de cambio del BCV, es decir, poco menos de medio salario integral por día”, dijo el informe del OGP.

La ciudad más cara de Venezuela sigue siendo Caracas, en donde los precios se incrementaron 171,68% en Bs y 15,64 en US$ durante 2023 en tanto que en el mismo periodo en Maracaibo la inflación registró 148,44% en Bs y 9,75 en US$. Valencia reportó alzas de 146,5% en Bs y 4,84% en US$.

Los rubros más inflacionarios en 2023 fueron los de servicios, cuyo aumento fue de 302,26% en Bs y 71,19% US$.

La recreación y el esparcimiento cerraron con 163,99 en Bs y 12,35 US$. El transporte se incrementó en Bs. 162,07 y 11,54% US$. Perfumería y cuidado personal también subió en los últimos 12 meses con 161,63 en Bs y 11,33 US$. En restaurantes la inflación fue de 122,1% en Bs y – 5,5% en dólares

En el segmento alimentos los precios se duplicaron en bolívares con 103,79% y bajaron 10,44% en dólares.

Variación de precios por rubro en diciembre de 2023
Alimentos: 8,64% Bs, + 7,72%US$
Restaurantes: 8,49% Bs +7,53US$
Servicios: 5,95 % Bs, 5,04 % US$
Recreación y esparcimiento: +5,16% Bs, +4,27 %US$
Perfumería y cuidado personal: +3,49% Bs, +2,6 US$
Transporte: +6,54% Bs, +5,69 % US$

 

LEA. Cecodap: la salud mental en Venezuela se convirtió en privilegio

Fiscalía prohibió fuegos artificiales en el Hotel Humboldt

0
 Usuarios de la red social X e instituciones protestaron por el uso de pirotecnia que se pretende lanzar desde el hotel 

 

El fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, designó a la  Fiscalía 88 Nacional con competencia en materia de protección integral del ambiente, para investigar a la empresa Eventos Pirotécnicos G&M por la pretensión ilegal de presentar un acto de fuegos pirotécnicos en el Hotel Humboldt, «sin la autorización del Ministerio para el Ecosocialismo y afectando la fauna y flora del Waraira Repano (Ávila)».

A través de su cuenta de la red social X, Saab dijo que «la acción que se toma en el marco de dar cumplimiento a las medidas precautelativas de protección dictadas a favor de dicho Parque Nacional: pues las consecuencias de dicha ′actividad′ afectarían a la fauna y la flora que allí hacen vida».

Agregó que, estos mal llamados «shows» causan graves problemas con químicos tóxicos que ocasionarían desesperación a las aves, que dejarían a sus crías abandonadas, con posibles incendios forestales, entre muchas otras.

En redes sociales se difundió un video en el que sale un hombre explicando que desde este sábado 30 de diciembre se trabaja para llevar a cabo los preparativos del evento para despedir el 2023 y que, junto a la empresa G&M Pirotecnia, se consolidará el lanzamiento de los fuegos artificiales.

En la red social X, varias personas e instituciones protestaron por el espectáculo de pirotecnia que se pretende lanzar desde el Hotel Humboldt. Uno de ellos es el Colegio de Médicos Veterinarios de Miranda que, por medio de un comunicado, manifestaron su preocupación por los fuegos artificiales ya que aseguran que estos artículos afectan a los animales de compañía, a los que están en granja y a la fauna silvestre.

Explica el texto que el oído de los animales es mucho más sensible que el de los humanos y la detonación de los fuegos artificiales pueden causar que ellos se vuelvan sordos si están cerca. Además, pueden desarrollar fobias y pánico en ellos.

Advierte el Colegio de Médicos Veterinarios del estado Miranda también que los fuegos artificiales son tóxicos y que, cuando la pirotecnia detona, suelta partículas nocivas para la salud de los animales y los humanos.

La organización Sembramos todos, en su cuenta en la red social X cuestionó la acción y la calificó como una irresponsabilidad ambiental, por el impacto que puede generar.

Otros usuarios reprochan que, por un lado, se permitan este tipo de actividades en el Hotel Humboldt -enclavado en el Cerro El Ávila- mientras funcionarios de la Guardia Nacional requisan a los visitantes del parque nacional para evitar que lleven yesqueros, medicinas y cremas porque podrían hacer daño a la naturaleza.

De igual forma se preguntan por la cantidad de dinero invertida en la pirotecnia cuando aseguran que esos recursos pueden ser usados para una verdadera mejora de las necesidades de los venezolanos.

 

LEA   AN chavista se lava las manos y asegura que Alberto Aranguibel no pertenece al Parlamento

Partida de mujeres artistas dejó un vacío en 2023

0
Entre quienes fallecieron este año están Tina Turner, Sinead O‘ Connor, Raquel Welch y las venezolanas Marlene y Zulay García
También murieron renombrados actores como Matthew Perry, Ryan O‘ Neal, Michael Gambon, Tom Wilkinson y los locales Manuel Escolano y Julio Mota

 

Este 2023 que está a horas de concluir estuvo marcado por el fallecimiento de mujeres artistas de la talla de Lisa Marie Presley, Tina Turner, Sinead O‘ Connor, Raquel Welch, Gina Lollobrigida, Suzanne Somers y Glenda Jackson, así como las venezolanas Marlene, Zulay García y la chilena radicada en Caracas, Veronica Oddó. 

También en la rama masculina de la actuación murieron Ryan O‘ Neal, Tom Sizemore, Andrés García, Alan Arkin, Paul Reubens, Angus Cloud, Mark Margolis, Manuel Escolano, Julio Mota, Michael Gambon, Matthew Perry, Andre Braugher, Lee Sun-Kyun, Tom Wilkinson y los directores Carlos Saura, William Friedkin y Román Chalbaud.

La partida de Perry causó especial conmoción entre los millones de fanáticos de la serie de televisión Friends. El cuerpo sin vida de Perry fue encontrado en la bañera de hidromasaje de su casa en Los Ángeles, California en octubre de este año. “La causa de la muerte del actor Matthew Langford Perry, de 54 años, fueron los efectos agudos de la ketamina“, dijo el Departamento Médico Forense de Los Ángeles.

En su libro, Perry escribió que para dejar las drogas gastó 9 millones de dólares en terapia. Pero de acuerdo al “DailyMail”, el actor habría encontrado una manera de mantener su adicción a través de aplicaciones de citas, asistiendo a encuentros con mujeres jóvenes que le facilitaban las sustancias. 

En el deporte se hizo notable la partida de los lanzadores Juan Carlos Pulido, Tim Wakefield, el histórico hiteador venezolano Víctor “Vitico” Davalillo, el fanatico número 1 de los Leones del Caracas, “Chivita” Lezama, el basquetbolista Garly Sojo, el comentarista y narrador, Lázaro Candal y el legendario futbolista francés, Just Fontaine.

 

LEA   Las primarias y María Corina fueron el suceso y personaje del año