Inicio Blog Página 1071

Denuncian que en Venezuela el espacio cívico está «en riesgo de desaparecer»

0
Al menos 10 organizaciones no gubernamentales sobre derechos humanos a nivel internacional advierten que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG busca estigmatizar, amenazar y reducir la ayuda humanitaria en Venezuela

Foto: Provea

Las redes regionales de organizaciones de la sociedad civil Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Civicus, IFEX-ALC y Voces del Sur denunciaron este 17 de enero que el Gobierno de Nicolás Maduro, a través del Poder Legislativo, busca aprobar una ley que «habilita la criminalización de organizaciones y actividades legítimas de la sociedad civil venezolana protegidas por el derecho humano a la libertad de asociación, que es fundamental para garantizar el espacio cívico».  

«Tras su aprobación en la primera discusión hace casi un año, el pasado 12 de enero se retomó el proceso de revisión parlamentaria de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” con el inicio del proceso de consulta pública, a pesar de que a la fecha el proyecto no se encuentra pública y formalmente disponible» denunciaron las cuatro instituciones a través de un comunicado de prensa. 

Destacaron que, desde la presentación ante el parlamento de la ley, se planteó un discurso estigmatizante que ubica a las organizaciones civiles que hacen trabajo social, humanitario y de promoción de derechos humanos como «enemigas de la patria», acusadas de usar «fondos ilícitos» para «financiar el terrorismo». 

«La propuesta legal otorga facultades al Poder Ejecutivo de supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las organizaciones y sujetos obligados, a través de atribuciones legislativas y de fiscalización. Tales capacidades someten la existencia de las organizaciones a la discrecionalidad de los intereses del gobierno de turno, lo que vulnera la autonomía e independencia», reitera el comunicado. 

Un gobierno opaco exige transparencia a terceros

El proyecto impone la obligatoriedad de proporcionar «datos sobre la constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento», «en un contexto donde se ha utilizado información de este tipo para perseguir y criminalizar sectores críticos al gobierno», denuncian las ONG. 

«Miles de personas dentro del país son beneficiarias de programas de asistencia social y humanitaria necesarios para atender la emergencia humanitaria compleja, de aprobarse esta ley dicho trabajo estaría severamente restringido. De igual forma, bajo esta legislación toda iniciativa autónoma e independiente de los intereses gubernamentales quedaría ilegalizada y sería automáticamente sospechosa de la comisión de delitos, esto incluye organizaciones, colectivos y movimientos sociales, religiosas, sindicales, educativas, comunitarias, ambientales, vecinales, entre otras», advierte el comunicado. 

Otras instituciones que analizan las violaciones a los derechos humanos, como la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch, la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), expresaron que el proyecto de ley tiene un «lenguaje vago y ambiguo en el borrador actual (…) que genera alertas» ante una nueva ola de represión en el país.

«Exhortamos a la comunidad internacional a dar su apoyo con acciones que eviten que esta y otras legislaciones similares en la región avancen, ya que solo buscan restar libertades en nuestros países. Tales iniciativas alimentan narrativas estigmatizantes y promueven más acciones restrictivas y antidemocráticas», aseveraron las instituciones en el comunicado. 

“Hay militares y civiles”: Las perlas de Diosdado Cabello sobre supuestos actos “conspirativos”

El primer vicepresidente del Psuv informó que “han capturado a algunas personas, que ya han confesado”, pero que los organismos de seguridad lograron desmantelar dichas acciones

 

La noche de este miércoles, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello reveló detalles sobre presuntos planes conspirativos anunciados previamente por Nicolás Maduro en la transmisión de su memoria y cuenta del pasado lunes.

Durante la emisión de su programa “Con el Mazo Dando”, Cabello aseguró que en cualquier momento se conocerá toda la trama en torno a los supuestos cuatro planes conspirativos que denunció Maduro.

El primer vicepresidente del PSUV informó que “han capturado a algunas personas, que ya han confesado”, pero que los organismos de seguridad lograron desmantelar dichas acciones. 

A continuación las perlas conspirativas de Diosdado Cabello:

«Nosotros vamos, contra los que han querido pedir invasiones en contra del país. No vamos a permitir que sigan haciendo daño al país»

«En cualquier momento saldrá toda la trama, mucha gente comprometida; militares retirados algunos, civiles, ellas y ellos».

Refiriéndose a la oposición dijo: “Son expertos en buscar en los oficiales retirados lo peorcito, gente sin liderazgo”

“El documento lo primero que decía que entraban por el estado Táchira y la primera cabeza que debía rodar es la Freddy Bernal. Textualmente lo decía”.

«Encontramos allí un señor (…) tenían un Ministro de Defensa para el gobierno de transición que ha dicho todo y se le ha encontrado todo».

«Iba a tener lugar el 1 de enero en la madrugada, cuando nos estuviéramos dando el Feliz Año, venía la noticia y con eso arrastrar al Pueblo, desmoralización y tristeza para nuestro Pueblo»

«El que se suma, que asuma su responsabilidad, que el país, el Estado, va con todo, con todo. No le vamos a perdonar ni la mínima. Pueden ir al mundo a decir lo que quieran. No nos vamos a dejar tumbar, no nos vamos a dejar que embochinchen al país, no vamos a permitir guarimbas, no vamos a permitir terrorismo ni violencia».

Denuncian agresiones a mujeres docentes durante detención de dirigente sindical Víctor Venegas

0
Advierten que los docentes públicos perciben un ingreso de 0,12 dólares diarios si se toma como referencia únicamente el sueldo mínimo venezolano

La asociación civil Frente Amplio de Mujeres Venezuela Libre denunció este 17 de enero que agredieron físicamente a mujeres docentes durante la detención arbitraria del presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de Venezuela (Fenatev), seccional Barinas, Víctor Venegas. 

«La tiraron (la empujaron) a la fuerza, le quitaron un niño a la profesora Sivila de las manos, nos jalonearon, nos lanzaron contra el piso… No nos dejaron ni hablar», denunció una de las víctimas a través de un video en la red social X de la asociación civil.

De acuerdo con la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), una docena de docentes del estado Barinas, al occidente de Venezuela, estaban reunidos en una asamblea cuando funcionarios de seguridad Estatal interrumpieron «irrumpieron de manera violenta» el lugar. 

Después que los funcionarios del Estado se llevaran a Vanegas. Posteriormente, el fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó a través de la red social X que el presidente de la Fenatev será procesado por «conspiración», sin ofrecer más datos sobre el caso. 

«Al señor Víctor se lo llevaron a la fuerza. (…). Nosotros no somos delincuentes, somos docentes. Lo que estamos exigiendo es un salario digno, porque nos lo merecemos. Los hijos de esos funcionarios son alumnos nuestros», agregó la maestra afectada en Barinas. 

https://twitter.com/FteMujeresVzla/status/1747696126839476310

Protestas por salarios dignos

Entre el 15 y el 17 de enero el gremio docente venezolano ha denunciado mejoras salariales. El Estado ofrece una remuneración de 130 bolívares, equivalentes a un monto menor a 4 dólares según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela. 

De acuerdo con las Naciones Unidas, una persona se considera en pobreza extrema si percibe un ingreso menor a 1,25 dólares americanos diariamente. Para el momento de redacción de este texto, un profesor público venezolano percibe un ingreso aproximado de 0,12 dólares diarios si se toma al sueldo mínimo como único beneficio. 

El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) informó este martes, 16 de enero, que en Venezuela se registraron 1.003 conflictos laborales durante el año 2023, la mayoría motivados por la exigencia de «salarios dignos».

«El Inaesin registró 45,95 % menos casos en 2023 que los 1.856 de 2022, un año de alta conflictividad laboral», explicó la organización en los datos difundidos.

Organizaciones No Gubernamentales como Provea y Fundehullan reclamaron al Estado venezolano la liberación Vanegas, la investigación de los funcionarios que maltrataron a las docentes el 17 de enero en Barinas y el aumento del salario mínimo venezolano. 

«Un procedimiento de violencia y agresiones por parte de los órganos de seguridad contra mujeres, menores de edad y líderes sindicales. En Venezuela ser docente y exigir un salario digno se criminaliza. Exigir derechos no es conspiración, no delito», agregó Lexys Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz. 

“Tienen terror a medirse e inventan conspiraciones”: Machado condenó detención de dirigente sindical en Barinas

0
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) también condenó la “detención ilegal del profesor” y la “constante persecución a todo venezolano que se pronuncie en contra de la desidia y la crisis generadas por el régimen”

 

Este miércoles, 17 de enero, María Corina Machado afirmó que con la detención del profesor y dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fenatv), Víctor Venegas, el régimen de Nicolás Maduro demuestra que tiene miedo a medirse y por tal razón “inventa conspiraciones”.

A través de su cuenta en X, antes Twitter, la candidata a las elecciones presidenciales por la oposición, afirmó que “estamos resteados con elecciones libres este año y les vamos a dar la derrota histórica”.

“Exigimos su libertad inmediata, el respeto a todos sus derechos, y el cese total a la persecución política de todos los venezolanos”, posteó machado en la red social.

ONG condenan exigen la liberación del profesor

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) también condenó la “detención ilegal del profesor” y la “constante persecución a todo venezolano que se pronuncie en contra de la desidia y la crisis generadas por el régimen”.

“El ensañamiento con aquellos que solo buscan mejores condiciones laborales, especialmente en el área educativa, solo confirma que el régimen quiere mantener a Venezuela en la miseria”, dijo la PUD en X, donde aseguró que la “criminalización” de la protesta “no va a detener la justa lucha de los trabajadores” contra los “sueldos de hambre”.

La ONG Provea se unió al rechazo y pidió que se deje de “satanizar” la lucha de los trabajadores.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió que se garanticen los derechos del profesor establecidos en la Constitución.

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia también rechazó la detención del dirigente gremial y expresó su solidaridad con todos los maestros que luchan por un salario digno. 

Varias organizaciones internacionales rechazan criminalización del trabajo de las ONG en Venezuela

0
Las limitaciones impuestas a las ONG pueden dificultar su capacidad para recopilar información esencial para la investigación en curso

Organizaciones internacionales manifestaron una “profunda preocupación” por la intención del gobierno de Nicolás Maduro de avanzar en la aprobación de una ley en contra de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Venezuela.

Se trata del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que se presentó ante la Asamblea Nacional oficialista el 24 de enero de 2023.

“El texto del proyecto contradice normas y estándares internacionales de derechos humanos y representa una grave amenaza para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC)”, advirtieron en un documento conjunto, Robert F. Kennedy Human Rights, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch, la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

El pasado 9 de enero de 2024, la AN chavista reanudó los esfuerzos para aprobar esta ley, según el anuncio de Jorge Rodríguez, de llevar a cabo una consulta pública sobre el contenido del proyecto de ley, con el objetivo de facilitar una segunda discusión que conduzca a su aprobación final.

En caso de ser promulgada, advierten las organizaciones, “esta ley tendría el efecto de obstaculizar la libertad de asociación y el accionar libre e independiente de las organizaciones de la sociedad civil, al obligarlas a buscar autorización del gobierno para su funcionamiento y revelar cualquier financiamiento extranjero”.

“El lenguaje vago y ambiguo en el borrador actual del proyecto de ley genera alertas frente a una persecución intensificada contra personas defensoras de derechos humanos, con posibles multas, cancelaciones de registro e incluso cargos criminales. El énfasis explícito de la ley en el financiamiento extranjero y la designación de las ONG como ‘agentes extranjeros’ agrava aún más sus preocupantes características”, añade el comunicado.

Las organizaciones recuerdan que no es la primera vez que el Estado adelanta esfuerzos legales o administrativos para limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

Independientemente de la aprobación final de esta ley, agregaron, “la sola existencia de este tipo de propuestas legislativas representa una amenaza, tiene un efecto intimidatorio sobre la sociedad civil y constituye una forma de control, todo lo cual va en contra de la obligación estatal de asegurar un entorno propicio para la defensa de los derechos y los valores democráticos”.

Dificultad para la CPI

A medida que Venezuela avanza en un año crucial para la investigación en la Corte Penal Internacional, las limitaciones impuestas a las ONG pueden dificultar su capacidad para recopilar información esencial para la investigación en curso y, en última instancia, dificultar la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad, advierte el texto.

También, conforme el país se acerca a las elecciones presidenciales de este año, así como a las elecciones legislativas y regionales en 2025, “la temporalidad de este proyecto de ley suscita preocupaciones sobre posibles aumentos en la represión gubernamental, situaciones que son tradicionalmente monitoreadas por las organizaciones de la sociedad civil”.

“Llamamos a la comunidad internacional a condenar tanto el proyecto de ley propuesto como los esfuerzos continuos del gobierno venezolano para hostigar a las organizaciones de la sociedad civil en el país. Les instamos a solidarizarse con las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela que enfrentan una criminalización y persecución constantes”.

Finalmente, instan al gobierno de Maduro “a cesar cualquier forma de hostigamiento contra las organizaciones de la sociedad civil y a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos para garantizar un entorno propicio para las personas defensoras de derechos humanos”.

Exhortan al CNE a realizar nueva jornada de inscripción y actualización en el registro electoral

0
Patiño abogó por que el Poder Electoral realice un operativo para que los 1.991.336 jóvenes entre 18 y 35 años que están en el país puedan inscribirse en el Registro Electoral. Dijo que la participación de los jóvenes es decisiva para el cambio político.

El dirigente social y político Roberto Patiño, exhortó este miércoles, 17 de enero, a que el Consejo Nacional Electoral organice una nueva jornada de inscripción y actualización de datos del Registro Electoral.

De acuerdo con una nota de prensa, Patiño señaló que el Poder Electoral puede realizar en cualquier momento estas jornadas de actualización, que no está condicionada por ningún cronograma comicial.

Asimismo, el dirigente afirmó que no existe ningún artículo en la Ley de Procesos Electorales (Lopre) que impida que se inicie este operativo, aunque no se haya convocado aún la elección presidencial.

Dijo que se calcula que 535.033 jóvenes que viven en el país cumplirán 18 años entre 2023 y 2024.

Campaña para el Registro Electoral

Patiño exigió al CNE que el nuevo proceso cuente con una campaña informativa sobre la ubicación de los puntos y los requisitos para inscribirse.

Además, denunció que en jornadas anteriores en algunos centros pidieron documentos expedidos por los consejos comunales. La normativa sólo exige la cédula laminada así esté vencida.

Recordó que no se cubrieron las 1.136 parroquias en las que están divididos los 335 municipios del país. Además, aseguró que los horarios de trabajo y la apertura de algunos módulos o centros de actualización fue irregular.

Insistió en que debería haber, al menos, un centro por municipio y en los municipios grandes como Libertador (Caracas), varios puntos.

Recomendó que los puntos de inscripción deben estar a la vista y en lugares como el Metro, centros comerciales, pues el elector no debe estar “persiguiendo” los centros.

“Hace 15 años el CNE desplegó puntos en las estaciones del Metro y lugares públicos para que la gente se inscribiese. Lograron una cobertura de 90% del censo electoral”, apuntó.

¿Por qué participar?

Roberto Patiño afirmó que los jóvenes se deben motivar a inscribirse en el Registro Electoral.

“La única solución para superar esta tragedia es el cambio político, y para lograrlo los jóvenes son decisivos. Para que puedan participar en las próximas elecciones tienen que inscribirse para votar”, dijo.

Explicó que esta crisis impide las oportunidades de trabajo y formación a los jóvenes para que puedan prosperar en Venezuela.

“No tienen alternativas para superarse y no trabajar como caleteros toda la vida. Son pocas las ofertas de empleo bien remunerado en el país”, añadió.

Enfatizó que a los jóvenes también les toca trabajar para mantener a sus familiares de la tercera edad que “ganan pensiones miserables”.

*Nota de prensa

Pacientes con cáncer de mama deben esperar más de un año para operarse

0
Durante el mes de diciembre 2023, el monitoreo de la ENH registró que en promedio, se realizan un total de 22 cirugías electivas a la semana por hospital

La Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), iniciativa de la ONG Médicos Unidos por Venezuela, reveló que los pacientes con cáncer de mama deben esperar más de un año para poder operarse.

Mediante su informe “Cirugías Electivas: Tiempos de Espera”, la ENH indicó que medir el tiempo de espera para cirugías catalogadas como “no urgentes o electivas” también es una forma de evaluar la capacidad de atención y respuesta en los hospitales.

Estos procedimientos, agregó la ENH, abarcan una amplia gama que incluyen desde cirugías asociadas a patologías oncológicas e incluso, cirugías estéticas. 

La organización toma en cuenta cuatro tipos de cirugías: relacionadas a cáncer de próstata y mamas, histerectomías y vesícula.

Para diciembre de 2023, de acuerdo con el informe, las cirugías que mayor tiempo de espera reportan son las asociadas a las de pacientes con cáncer de mama: 22% de los hospitales monitoreados reportaron que el tiempo de espera es desde 6 meses hasta más de un año.

“Si bien estos datos no profundizan en el tema, si nos indican que las mujeres se ven más afectadas por el retraso quirúrgico”, revela el texto.

Encuesta Nacional de Hospitales

La ENH enfatizó en que, en los casos oncológicos, el tener acceso a las cirugías en un marco de tiempo apropiado “puede hacer la diferencia en el desarrollo y tratamiento de la enfermedad”.

Entender de dónde vienen los retrasos

El informe de la Encuesta Nacional de Hospitales indicó que es importante entender de dónde viene este retraso en las cirugías electivas y por lo tanto en las largas listas de espera para poder entrar a quirófano.

Al respecto, revelaron en el texto, para el mes de diciembre 2023 el monitoreo de la ENH registró que en promedio se realizan un total de 22 cirugías electivas a la semana por hospital. 

Además, en promedio, los hospitales monitoreados, que son todos hospitales tipo III y IV, es decir, de alto nivel de complejidad y en su mayoría hospitales de referencia regional y nacional, tienen apenas 4 quirófanos operativos,
y reportan más de 70% de escasez en insumos básicos. 

Esa situación, advierte la ENH, causa que el acceso en tiempos apropiados a los quirófanos sea muy limitado, “afectando así el acceso a la salud y especialmente la calidad de vida de los venezolanos”.

Urgen a reformar legislación laboral para mejorar situación de trabajadores

0
Además de un aumento del salario mínimo, en el país se necesita reformar la legislación laboral para mejorar situación de los trabajadores, consideró el socio-director de Ecoanalítica Asdrúbal Oliveros,

El pasado 15 de enero el gobernante Nicolás Maduro, anunció un nuevo ajuste del “bono de guerra” que reciben los empleados públicos venezolanos, sin embargo, no se habló de un incremento del salario mínimo mensual, que se mantiene invariable desde marzo de 2022.

Para el socio-director de Ecoanalítica Asdrúbal Oliveros, además de un aumento del salario mínimo, en el país debería producirse una reforma de la legislación laboral.

Oliveros, en una entrevista para el Circuito Éxitos con el periodista Román Lozinski, aseguró que la legislación laboral venezolana “no va con los tiempos que están corriendo”, sin embargo, piensa que no ve posible que se produzca en el corto plazo una reforma, por ser un año electoral. 

Insistió en que se debe revisar el costo laboral y reformar la Ley del Trabajo, sin dejar de un lado la realidad económica.

“La otra cara de este tema es de dónde salen los recursos para pagar un aumento. A mí me gustaría que un maestro ganara más de 500 dólares mensuales,  1.000 dólares mensuales. ¿Pero tiene el Estado venezolano las condiciones actuales para pagar eso, con más de 2,5 millones de trabajadores públicos (…) El tema tiene aristas que no se han tocado: reforma del Estado, institucional, laboral, cómo aumentar la productividad”, preguntó. 

Hasta ahora, el salario sigue siendo de 130 bolívares mensuales, que equivalen a 3,60 dólares de acuerdo a la tasa del Banco Central. El bono de guerra se comenzó a pagar desde inicios del 2023 tanto a los empleados públicos, jubilados y pensionados. El ajuste de este 2024, según Maduro, es “un primer empuje”.

Gobierno tiene capacidad para pagar el aumento

Oliveros informó que la administración madurista ha mejorado el flujo de sus ingresos en los últimos con el relajamiento progresivo de sanciones por parte de la administración de Joe Biden. Además, Venezuela había logrado reducir también el descuento con el que vende su petróleo, con lo que aumentaron sus ingresos en 2023, “muy superior al que dice Maduro”, destacó. 

“Esto señala que el gobierno tiene la capacidad de pagar este aumento“, recalcó el socio-director de Ecoanalítica.

Respecto al ajuste de los bonos de guerra económica, Oliveros no estima que tras los ajustes haya presión inflacionaria, ni tampoco una depreciación agresiva.

“No espero deterioro en las variables inflación y tipo de cambio y sí puede mejorar un poquito el consumo”, precisó.  

Trabajadores desprotegidos

En el caso del sector privado “el salario es superior al del público”, comentó el economista, aunque ambos siguen siendo bajos para el costo de vida en Venezuela.

El promedio del salario en el sector privado es de 200 dólares, que están por encima del “ingreso mínimo integral” que ofrece el gobierno madurista tras los recientes ajustes anunciados (100 dólares).

“Hoy muchos trabajadores tienen un ingreso superior a 100 dólares pero que no imputa para vacaciones, prestaciones, no hay seguros. Están en una situación de vulnerabilidad, tienen bonos, pero no salario”, comentó Oliveros.

Oliveros resaltó que los trabajadores venezolanos están atados a sueldos bajos y que eso a su vez contribuye al crecimiento de la economía informal.

“Debería cambiarse y reformarse una nueva dinámica laboral en Venezuela para que un trabajador, tanto del sector público como del sector privado, pueda recibir mayores ingresos”, explicó.

Y es que ante la falta de buenas y consistentes oportunidades laborales, la economía informal en el país ha crecido. Se calcula que hay al menos un 40% de la fuerza laboral que ha decidido “ni trabajar en una empresa ni trabajar en el sector público, sino por su cuenta. Esto tiene sus complicaciones”.