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Migrar acentúa los factores de discriminación preexistentes

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El abogado Santiago Martínez reafirmó que la respuesta de los Estados debe ser acorde a esta naturaleza forzosa del desplazamiento

Organizaciones no gubernamentales concluyeron que los venezolanos que tienen que migrar y desplazarse del país están expuestos a la acentuación de “factores de discriminación” preexistentes.

En un foro organizado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac), se analizaron las vivencias de las personas migrantes venezolanas ante la xenofobia y ausencia de derechos.

Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), para noviembre de 2023, la cifra de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo superó los 7 millones y medio de personas.

Santiago Martínez, abogado especialista en derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó que “la experiencia de migrar, de desplazarse, reproduce los privilegios y también acentúa todos los factores de discriminación que preexisten”.

“Donde mejor se ve esto es en las rutas de desplazamiento. Las personas que se desplazan por un avión y que se desplazaron en determinado año, no tienen la misma experiencia que la de una mujer que se desplaza con hijos y que se desplaza caminando. O de una persona con discapacidad”, indicó.

Cuando una persona enfrenta un factor de discriminación su experiencia migratoria ya está determinada por ese factor. «Y cuando existen varios factores de discriminación estamos ante un enfoque interseccional, donde confluyen el color de piel, la condición económica, tener una discapacidad, el género, etc.».

Agregó que es importante que la respuesta de los Estados pueda atender estas necesidades de protección particulares. 

“Las mujeres venezolanas se enfrentan a una cantidad de riesgos de sufrir violencia asociados a estereotipos de género, asociados a la hipersexualización de sus cuerpos y asociados a la falta de atención salud sexual y reproductiva, que son problemas que seguramente existen en Venezuela, pero se acentúan en esos países”, añadió.

Generando sentido de comunidad

Sobre cómo ha sido el trabajo para apoyar a las personas venezolanas migrantes que llegan a Estados Unidos, Jesús Aguais, fundador de AID FOR AIDS (AFA), señaló que específicamente en Nueva York, desde 1996 a 2005, recibieron a una gran cantidad de latinoamericanos, incluyendo venezolanos, que venían a pedir asilo político basado en orientación sexual y estatus de VIH.

“Lo que nunca pensé es que eso era como el músculo que estábamos fortaleciendo para poder dar la ayuda que estamos dando ahora por medio de AID FOR LIFE”, organización que recolecta medicamentos contra el VIH para enviarlos al extranjero a personas sin acceso a tratamientos.

Aunque al principio la organización era muy pequeña y apoyaba solamente a un grupo muy específico de la población que llegaba a Estados Unidos, con el aumento de la migración de personas venezolanas, AID FOR LIFE se convirtió en una organización internacional.

En la actualidad tienen el programa de redistribución de medicamentos antirretrovirales más grande de los Estados Unidos, manteniendo a más de 200 mil personas en 75 países en tratamiento. «Este trabajo nos mantuvo conectado con las comunidades de personas con VIH».

Una respuesta acorde

El abogado Santiago Martínez reafirmó que la respuesta de los Estados debe ser acorde a esta naturaleza forzosa del desplazamiento. Si bien hay buenas prácticas en la región de acogida, no existe una respuesta coordinada, lo que hace que los desafíos perduren.

«De nada sirve que una frontera tenga ciertas políticas si en la siguiente hay otras. Esto sirve muy poco para el respeto y la garantía de los derechos humanos. La respuesta tiene que darse con enfoque de derechos humanos, con una idea de responsabilidad compartida y considerando el primer punto que traje a colación y es que el desplazamiento es forzado», dijo.

Además, recordó que los marcos legales de los Estados que reciben personas migrantes provenientes de Venezuela deben contemplar la definición ampliada de la Declaración de Cartagena, que no es la misma de la Convención de Refugio.

«No tiene que caracterizarse una persecución individualísima contra ti. Tú eres refugiado si te desplazas como consecuencia de la violación masiva de derechos humanos. Eso es lo que quedó consignado en la Declaración de Cartagena», expresó.

El nuevo perfil del migrante venezolano

El perfil de las personas migrantes venezolanas ha cambiado. Según Aguais hay incluso una demarcación entre el venezolano que llegó en avión y el que cruzó la frontera. Esto ha aumentado un fenómeno, caracterizado por el rechazo de algunos venezolanos contra sus compatriotas.

«Tenemos migrantes que vienen saliendo de una xenofobia muy tenaz en Chile, y llegaron a Nueva York, cruzaron todos los países, la selva del Darién, México, que muchos determinan que es más rudo que la selva, y cuando llegan a Nueva York se consiguen que que ahora ellos son vistos como de segunda clase. Siento que necesitamos un diálogo para poder reconciliar esas diferencias», señaló.

Aguais explicó que lo primero que han tenido que hacer es cubrir las necesidades inmediatas de las personas que están llegando a Estados Unidos en condiciones precarias, sin contar, por ejemplo, con un calzado adecuado para caminar por la ciudad. «Nuestra filosofía es que el primer paso a la integración es cuando reconozco y puedo llenar tu necesidad inmediata».

Sobre la carencia de una respuesta coordinada de la que hablaba Martínez, considera que esta se intensifica más debido a que la migración es uno de los temas políticos álgidos en este año electoral en los Estados Unidos. «Esa falta de coordinación hace el trabajo aún más más difícil».

Narrativa de normalización de la crisis venezolana

Ciordia recordó que muchos de los programas que se iniciaron en otros países para dar respuestas iniciales a las oleadas migratorias venezolanas no se han renovado. Y aunque en Estados Unidos el Estatus de Protección Temporal (TPS) sí se renovó, se aprueban actualmente menos solicitudes de asilo para personas venezolanas. «Es decir, no hay una correlación entre mayor vulnerabilidad y mayor protección en la respuesta», dijo.

Agregó que esto podría tener que ver con la imagen de normalización que ha vendido el Estado venezolano, que promueve que ya lo peor de la crisis ha pasado y que ha tenido mella en la respuesta de los Estados.

«Pareciera haberse internalizado que esta no es una población con la misma necesidad de protección de la que tuvo en algún momento. Pero los flujos migratorios nos dicen otra cosa», sumó.

Despertar la participación

Los ponentes coincidieron en que los Estados deben adoptar medidas idóneas para lograr la integración de las personas. Además, las autoridades de los Estados deben abstenerse de hacer comentarios estigmatizantes, que alientan el ambiente hostil contra los migrantes, porque otras personas se sienten entonces con derecho a agredirlos. Se debe visibilizar la migración como algo que puede ser positivo para los países de acogida. Estados Unidos, por ejemplo, es un país de migrantes.

«Hay que mostrar que la migración puede traer beneficios para todas las personas», remarcó Martínez.

«Estamos viviendo en un clima político que nos invita a despertar nuestro pensamiento crítico y la participación»,  concluyó Aguais.

*Nota de prensa

María Elena Lavaud comienza prometedora serie biográfica con libro sobre J.J. Rendón

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El texto “Quién es J.J” incluye una entrevista y más de 100 testimonios sobre la vida del estratega político

 

Pocos imaginan que un niño miope, de botas ortopédicas y víctima de bullying durante su infancia llegaría a convertirse en uno de los más exitosos y a la vez más temibles estrategas y especialistas en crisis, campañas electorales y resolución de conflictos alrededor del mundo. Lo anterior, que parece el enunciado para una nueva serie de televisión, es sin embargo una manera de resumir en grandes rasgos la vida personal y profesional del polémico J. J. Rendón, tema central del más reciente libro de la periodista y escritora venezolana María Elena Lavaud. 

Se trata de “¿Quién es J. J.?” , texto que recoge más de  100 testimonios y una entrevista al estratega más perseguido del mundo“. El libro presenta una profunda exploración a la vida y la mente de Juan José Rendón, conocido como J. J., el renombrado estratega político cuya habilidad para ganar elecciones es tan notable como la controversia que lo rodea.

En la nota de prensa promocional del texto se destaca que es “un viaje literario que entrelaza la intriga política con el drama humano y promete grandes revelaciones para los ávidos seguidores de los grandes temas del momento y de la complejidad del ser humano”.

Durante el proceso de escritura, Lavaud tuvo acceso a documentos, fotografías, notas personales del estratega y fue testigo de reuniones estratégicas en momentos críticos de campañas electorales. También sostuvo conversaciones íntimas con sus familiares, todo lo cual ha dotado al libro de una “minuciosidad y una profundidad remarcables”.

La obra ofrece una mirada íntima al entorno profesional y personal de Juan José Rendón, calificado por el diario ABC en español como “uno de los 10 estrategas más influyentes del mundo”, una figura emblemática en la resolución de crisis y un enérgico opositor del socialismo del siglo XXI y de regímenes totalitarios, lo que le ha valido tanto enemigos como aliados. 

Testimonios que capturan la complejidad del personaje

«La espina dorsal del libro es una larga conversación que sostuve con el estratega —relata la autora—, una conversación que se pasea por temas candentes, no solo de la política sino de los tiempos complicados que estamos viviendo, de sus vivencias, de sus afectos y sus preocupaciones. ¡Hablamos de todo! Y a esa entrevista se suma el testimonio de más de 100 personas que tuve la oportunidad de entrevistar y que le han conocido a lo largo de su vida. Creo que después de leerlo, cada quien tendrá mejores herramientas para sacar sus propias conclusiones. Honestamente, es un libro revelador, que deja mucho, lleno además de anécdotas sorprendentes. No es solo la historia de un individuo, es el reflejo de un universo particular, de una vida que se vive muy distinto a la mayoría; no peor ni mejor, solo distinto», describe en nota de prensa remitida a este despacho. 

El prólogo del libro ha sido escrito por el prestigioso consultor político y escritor de varios libros y ensayos Liébano Sáenz, condecorado varias veces internacionalmente por sus aportes al gobierno federal mexicano. Entre otros aspectos, Sáenz destaca en su presentación la relevancia de J. J. en la adaptación a la revolución digital, una transformación que va de lo tecnológico a lo social, cambiando paradigmas de comunicación y la relación entre los ciudadanos y el poder. «J. J. es un profesional que a pesar del gran éxito que le ha redituado fama a lo largo de 36 años, es enemigo de la ostentación e incluso en su vida cotidiana, hace alarde de sencillez. El libro nos ubica frente a este estratega al que todos quieren acercarse, atraídos por su halo de misterio y carisma; un hombre castigado por el dolor de estar separado de su país, Venezuela, al que algún día espera regresar sin riesgos».

Por otra parte, a lo largo de cada capítulo, los lectores encontrarán testimonios de primera mano que capturan la complejidad del personaje en distintas etapas de su carrera y de su vida: «A veces es un poco cortante y fuerte. Su manera de trabajar puede resultar chocante para algunos. Siempre dice que no está para perder tiempo y va a lo concreto»… «Cada mañana cuando me iba a la universidad, encontraba una rosa roja en mi carro. Siempre supe que era de él»… «Él dice que me echó de la campaña y yo que renuncié»… «Yo lo he visto mandar a callar a un presidente»… «Es un tipo muy preparado pero me sigue pareciendo un prepotente».

La saga

Este lanzamiento  de Lavaud marca un hito en la literatura de no ficción política.  Con la publicación de ¿Quién es J. J.? Más de 100 testimonios y una entrevista al estratega más perseguido del mundo, la autora no solo revela las facetas de una de las figuras más enigmáticas de la política latinoamericana sino que también anuncia el comienzo de una prometedora serie biográfica: la saga “¿Quién es?”, un ambicioso proyecto de varios libros busca explorar las vidas y legados de personajes continentales cuyas acciones han resonado en la vida de millones.

«Me siento honrada y orgullosa de iniciar esta saga con un personaje de la talla de J. J. Rendón», afirma Lavaud.

Acerca de la autora

María Elena Lavaud es periodista, escritora y editora. Por 18 años ininterrumpidos fue productora y conductora de programas de noticias, entrevistas y análisis político en la radio y la televisión de Venezuela (Globovisión, Circuito Unión Radio), desde donde fue además corresponsal para varias cadenas y canales de noticias internacionales (Telvisa/ECO, Visnews, QAP Noticias).

Al emigrar a Miami en el año 2014, fundó su propia agencia de servicios editoriales, MEL Projects Publishing & Entertainment, con la cual promueve la publicación independiente de nuevos y reconocidos autores a través de plataformas de autopublicación y hace adaptaciones teatrales a partir de sus libros.

Al mismo tiempo, ha desarrollado un método de coaching literario que ha servido para que decenas de autores emprendan su sueño de escribir, y lo ha convertido en un libro titulado “Súbete al tren, mi método de coaching de escritura potenciado en 10 pasos por la inteligencia artificial disponible en Amazon”, versión inglés y español.

Como autora, ha escrito “Días de rojo“, publicado en Venezuela y Colombia por Ediciones B, Grupo Z de España, un libro de autoficción inspirado en sus propias vivencias al cubrir el intento de golpe de estado de Hugo Chávez (Venezuela,1992); “La Habana sin tacones, crónicas de viaje a Cuba”, que ha vendido más de 20 mil ejemplares y resultó ganador del Internacional Latino Book Award en 2017; “Tatuaje de lágrimas”, inspirada en un caso real de violencia doméstica

Más de 170 parlamentarios de 14 países piden a la CPI acelerar investigación contra Maduro

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Los parlamentarios del Foro Madrid recordaron que el 26 de enero, el TSJ “cerró las posibilidades de una salida pacífica y electoral a la grave crisis humanitaria que vive el país” al inhabilitar a María Corina Machado

Más de 170 parlamentarios miembros del Foro Madrid, que agrupa al menos 14 países, piden a la Corte Penal Internacional (CPI) acelerar la investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Mediante un comunicado, dirigido al fiscal de la CPI, Karim Khan, los firmantes piden acelerar el proceso de investigación “para que pase a la fase de juicio”.

“El objetivo de esta petición es evitar una aún mayor tragedia en Venezuela y evitar aún más víctimas”, añadieron.

En el texto, los parlamentarios alertaron que en Venezuela “están dadas las condiciones para que se produzca un baño de sangre, el cual podrá evitarse mediante la actuación oportuna de su institución”.

Asimismo, recordaron que desde hace lustros, el régimen chavista “comete crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma”.

“Se trata de asesinatos, torturas, encarcelamientos, desapariciones forzadas, violaciones y persecuciones llevados a cabo de forma sistemática y generalizada en ‘contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque’, usando a los organismos de seguridad para ejercer la represión a “un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos” en los términos en los que alude el Artículo 7 del Tratado de Roma”, añade el comunicado.

Además, señalan que los delitos han sido documentados por numerosas organizaciones internacionales, entre ellas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU (Acnudh), el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) y la propia Fiscalía de la CPI. “Por todo ello existe una investigación abierta en contra del régimen venezolano en la Corte Penal Internacional”, recordaron.

También, los parlamentarios indicaron que en Venezuela se han agotado todas las instancias nacionales para castigar estos crímenes, puesto que el Poder Judicial incluido el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), está subordinado al Poder Ejecutivo”.

Al respecto, recordaron que el 26 de enero, el TSJ “cerró las posibilidades de una salida pacífica y electoral a la grave crisis humanitaria que vive el país”, con la inhabilitación de María Corina Machado, previa desaparición forzada de varios miembros de su comando.

“Tras obstruir los caminos electorales, al régimen venezolano solo le queda la opción de continuar reprimiendo a un pueblo hambriento y acorralado, ejercer cada vez más violencia y cometer aún más crímenes de lesa humanidad, es decir, perpetrar un baño de sangre”, agregaron en el texto.

 

“Soy la garantía de la paz y recuperación en Venezuela” y otras perlas de Maduro

“Van construyendo la narrativa de la manipulación porque el imperialismo sabe que en las elecciones el 2024, están perdidos”

Foto: @NicolasMaduro

El gobernante Nicolás Maduro se autocalificó este lunes, 5 de febrero, como la “garantía de la paz y la recuperación de Venezuela”.

Durante su programa Con Maduro+, el oficialista también denunció una “campaña de manipulación mediática”, luego de que sacaran “de contexto” unas palabras dichas el día anterior.

En las declaraciones previas, Maduro aseveró que el chavismo ganaría “por las buenas o por las malas” ante cualquier intento de “conspiración” y algunos medios señalaron que se refería a ganar en las elecciones presidenciales.

“Yo jamás diría eso”, aseguró el gobernante.

A continuación las perlas más destacadas de Maduro:

“Somos la garantía de paz de Venezuela. Y cuando digo somos, digo soy, y cuando digo soy, digo somos. Soy la garantía de la recuperación tranquila, de la restitución de los derechos progresivos y del avance de esta juventud para que sean dueños de su futuro, desde el presente y de aquí pa’ lante, 2030 o más”.

“Ha sido un éxito la consulta pública nacional que convocó la Asamblea Nacional. Participó el 90% de las organizaciones políticas inscritas en el Consejo Nacional Electoral”.

“En Venezuela tenemos formas de defendernos y decir nuestras verdades. Si estás en España, París, Nueva York, Lima (…) ¿Maduro se volvió loco? Y así van construyendo la narrativa de la manipulación porque el imperialismo sabe que en las elecciones el 2024, están perdidos. Lo sabe la CIA, lo sabe el Imperio y lo sabe la derecha. Y quieren empezar a manipular desde ya”.

“Yo jamás diría eso, yo dije hablando de las conspiraciones que si el pueblo venezolano algún día fuese sorprendido por alguna emboscada del carácter que sea mantengan la calma y cordura, nervios de acero, máxima movilización popular y agregué porque el equipo gana y vamos a ganar por las buenas o por las malas”, se refirió Maduro a declaraciones suyas que fueron sacadas de contexto.

En esa declaración del 4F, Maduro dijo concretamente: “Ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico, calma y cordura. Nervios de acero, máxima unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana, y vamos a ganar, por las buenas o las malas“.

“Vamos a convocar una mesa de trabajo amplia para que en Venezuela hagamos un seminario sobre la influencia de las redes sociales y el futuro de la juventud y la humanidad”.

Proponen que haya un mecanismo de interacción entre oficina de la CPI con las ONG y las víctimas

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Venezuela es el único país de Latinoamérica con una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional. En paralelo, se instalará una oficina de la CPI este año. 

Foto:  AFP

La eventual instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas ha generado dudas sobre la finalidad de esta dependencia técnica de la máxima autoridad penal. La ONG Acceso a la Justicia explicó, a través de su informe Algunas acciones para la reforma del sistema de justicia penal venezolano en el marco de un escenario de «doble vía», cómo funcionará este acuerdo.

El pasado 29 de enero Acceso a la Justicia organizó una conferencia virtual en la que tres ponentes comentaron lo más destacado de cara a la instalación de la oficina de la CPI que fue anunciada en junio  de 2023 por el fiscal Karim Khan.

Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, y Alí Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia Y Simón Gómez, profesor universitario e investigador, fueron los encargados de esbozar el panorama de Venezuela para 2024 en cuanto a la relación e investigación de la CPI.

Principio de complementariedad y doble vía

El profesor Gómez explicó que este acuerdo se basa en el principio de complementariedad. Lo que significa que la CPI y el Estado venezolano compartirán responsabilidades en la investigación de crímenes de lesa humanidad.

«En la comisión de crimines internacionales, como los de lesa humanidad, hay un impacto en un contexto de amplio alcance. Amplio número de víctimas, de perpetradores. Es razonable que se pueda compartir cargas entre las cortes internacionales y las cortes nacionales», comentó Gómez.

Gómez destaca que esta nueva forma de cooperación es de «doble vía».

«Es una estrategia nueva para abordar circunstancias problemáticas del pasado, frente a la CPI, en la que había severos tropiezos para contar con la cooperación de los extraños», agregó. 

El investigador aseveró que la oficina de la CPI en Caracas no tendrá funciones de investigación como podría imaginarse.

«El propósito del segundo memorándum de entendimiento, es fortalecer el sector justicia en Venezuela mediante la asistencia técnica realizada en Caracas. No es una oficina de investigación para recibir evidencia. O cualquier acción de carácter investigativo», precisó. 

Añadió que la tarea principal de la próxima oficina de la CPI es «compartir buenas prácticas en materia de justicia y complementariedad», así como la capacitación de funcionarios y establecimientos de mesas redondas. También, asesorar en proyectos que puedan plantear las autoridades nacionales. «La oficina también tiene el mandato de crear mecanismos para fortalecer el sistema judicial en Venezuela», afirmó.

La oficina de la CPI en Venezuela se espera que esté funcionando en el primer semestre de este año. Pero, el profesor universitario destacó que preocupa el grado de opacidad respecto a cuántas personas van a conformar la oficina y cuáles van a ser los canales de participación con la sociedad civil. 

«Desde la sociedad civil pensamos que no es suficiente. Debe establecerse un mecanismo de interacción entre esta oficina, las ONG y las agrupaciones de víctimas. Es crucial para la causa de justicia por violaciones de DDHH y crímenes internacionales ocurridos en el país, pero también porque trasciende Venezuela, es un ensayo que está haciendo el fiscal en su gestión y prometen replicarlo en otras latitudes», concluyó.

La Haya sigue con su investigación

Por su parte Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, comentó sobre la dinámica de la relación entre Venezuela y la CPI a partir de la instalación de una oficina de la CPI en Caracas.

Destacó que la investigación en La Haya sigue su curso, a pesar de las suspensiones y apelaciones del gobierno venezolano:  «Es verdad que hay una investigación. Es verdad que en Venezuela no hay capacidad para hacer justicia. Aunque sea así, es verdad que la Corte Penal no puede ocuparse de todo».

La oficina se ocupara de capacitar al Estado; mientras tanto sigue la investigación. «En Venezuela no hay acceso a la justicia. Y tiene mucho que ver con la emergencia humanitaria compleja», señaló.

«Se requiere que haya cambios para que impacten en todos los casos del sistema de la justicia penal», agregó Louza.

Hay cosas que se pueden hacer ya

Por su parte, Alí Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, mencionó la situación actual del sistema judicial venezolano y sugirió algunas medidas que se pueden aplicar de inmediato para fortalecerlo.

Daniels ejemplificó todas las vicisitudes que enfrenta una víctima al poner una denuncia. Desde ir a la fiscalía hasta saber quién será el juez encargado, todo parece una misión cuesta arriba para los venezolanos que buscan justicia en la corte. 

En ese sentido, y para mejorar la transparencia,  propone acciones como:

  • Publicar información sobre los jueces y fiscales.
  • Implementar un calendario de audiencias públicas.
  • Permitir el acceso a los expedientes judiciales. Que se dicte una no prohibición de acceso a los expedientes, como ocurrió en el caso de María Corina Machado.
  • Publicar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«Ir a tribunales es no saber si va a servir de algo»

Daniels también criticó las condiciones de detención de algunos funcionarios públicos, que no son iguales a las del resto de los ciudadanos.

«Han habido varios casos donde varios funcionarios han sido detenidos y el sitio de detención es el cuartel de policía, donde la vida es bastante parecida a la libertad. Debe ser igual a los detenidos», consideró. 

Por otra parte, mencionó una serie de medidas para fortalecer la justicia:

  • Capacitar jueces. Crear mecanismos veraces. Establecer mecanismos de evaluación de los jueces, defensores y fiscales públicos. Es una urgencia, es una necesidad.
  • Hacer público el presupuesto que nadie conoce desde hace 6 años (Ley de presupuesto), al menos en el caso de justicia.
  • Todas las sentencias del tribunal deberían publicarse en la página web del TSJ.
  • Exigir libros diarios actualizados y abiertos en todo los tribunales. Debe regir el código ético de la jueza y del juez venezolanos.

Argumentó que la oficina de la CPI en Venezuela tiene un rol fundamental en este proceso. «Aunque no es una oficina de atención al público, puede ser un canal para que la sociedad civil organizada envíe información sobre la situación de la justicia en el país», expresó.

Poco margen para las ONG

Louza retomó apuntando que la instalación de la oficina de la CPI en Venezuela es una oportunidad para impulsar reformas urgentes en el sistema judicial del país.

 «El fiscal de la CPI dijo que va a proponer cambios de leyes, esperemos poder participar ampliamente como debe ser con un proceso de consulta real y transparente. Todas las leyes de justicia necesitan reformas urgentes y hay varias que faltan como la ley de carrera judicial», aseveró.

La reforma del sistema judicial venezolano es un tema que requiere un esfuerzo conjunto del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional. La oficina de la CPI puede ser un actor importante en este proceso, pero es fundamental que se garantice la participación de todos los sectores involucrados.

El Mañanero del #6Feb: las ocho noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 6 de febrero resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: Asamblea Nacional propone un calendario electoral en menos de 72 horas, Conatel cierra otra emisora, muerte por accidentes viales viaja en dos ruedas y la Corte IDH analizará irregularidades en presidenciales de 2013, son las noticias más relevantes del día.

 Asamblea Nacional propone un calendario electoral para celebrar elecciones “lo más pronto posible”

Conatel cierra la emisora Onda 100.9 FM en Carabobo

Chavismo comienza a planear presidenciales sin Machado

Colectivos infringen la ley y el Estado muestra indiferencia

La muerte por accidentes viales viaja en dos ruedas

Falta de medios económicos para acceder a alimentos es una constante en Venezuela

Corte IDH analizará irregularidades en presidenciales de 2013 en audiencia este #6Feb

Noruega insta a cumplir con Acuerdo de Barbados y todo lo convenido en la negociación

La ONG Espacio Público advirtió que la salida del aire de Onda 100.9 FM «es el tercero en menos de dos años que involucra a emisoras del Circuito Unión Radio en Carabobo». Advierten que más de 290 emisoras han cerrado en los últimos 20 años

En El Mañanero

El 4 de febrero 1992 y la situación actual

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Algunas voces, unas bien intencionadas, otras no, alegan que en vista del veto hay que seleccionar de inmediato alguien que sustituya a MCM. Sería un grave error

 

A tres décadas de la insurrección militar de Hugo Chávez, no cesa la polémica sobre las causas y consecuencias de ese hecho. ¿Por qué intervienen los militares? ¿Son diferentes a los civiles? ¿Por qué los partidos políticos se vinieron a menos? Elegimos en primaria a María Corina como nuestra candidata, pero, por ahora, está vetada por el régimen. ¿Qué debemos hacer?

Desde que el dictador Juan Vicente Gómez creó el ejército profesional, hasta la fecha, se han producido varias intervenciones de los militares para intentar derrocar a quien ocupa Miraflores. El primero ocurrió en 1928, lo encabezó el capitán Rafael Alvarado. Esos oficiales no se levantaron en armas por ambición, sino influidos por las protestas de los estudiantes y de los políticos que luchaban contra la dictadura.

El 18 de octubre de 1945, los jóvenes oficiales graduados en la Escuela Militar estaban molesto con muchos jefes que no eran de escuela, los llamados “chopo ‘e piedra”. Además, había retardo en los ascensos y los sueldos eran muy bajos. Sin embargo, eso no era suficiente. Ellos percibieron que la ciudadanía y los recientes partidos políticos exigían que se eligiera al presidente mediante elecciones universales y secretas, a lo cual se negó el general Medina.

El 24 de noviembre de 1948 los militares derrocaron a don Rómulo Gallegos. Al respecto, Marco Tulio Bruni Celli cita en su libro a Rómulo Betancourt: “Al evaluar la actitud de los partidos no resulta fácil señalar a quién le cabe la mayor responsabilidad por esa feroz pugna interpartidista, si a nosotros, demasiados arrogantes por ese millón de votos con que nos respaldaba el pueblo o si las demás organizaciones al hacernos una oposición enconada”. Al triunfar el golpe encabezado por el Alto Mando militar, tanto COPEI, como URD reconocieron a la Junta de Gobierno. La consecuencia fue la cruenta dictadura de Pérez Jiménez.

Desde noviembre de 1957 la población estaba descontenta. Con el alzamiento militar del 1 de enero de 1958 se evidenció que también los militares lo estaban. La huelga estudiantil, el manifiesto de los Notables de la época, la huelga general, la Junta Patriótica y las manifestaciones en la calle presionaron para que los comandantes generales de los cuatro componentes desconocieran al dictador. Durante la Junta de Gobierno presidida por Wolfang Larrazábal hubo descontento entre algunos militares e incluso un alzamiento el 7 de septiembre de 1958; con razón o sin ella, consideraban que había mucho bochinche y que se les daba alas a los comunistas.

Durante el gobierno de Rómulo Betancourt, se produjeron varios alzamientos que fracasaron. En el Carupanazo y el Porteñazo hubo una evidente participación del castrocomunismo. Estos y otros alzamientos contra un gobierno electo limpiamente fueron motivados por la creencia, cierta o no, de que el país no machaba por buen camino. Equivocadamente, los militares pensaron que ellos eran los llamados a enderezar entuertos. En todos ellos participaron civiles y ninguno tuvo el apoyo del Alto Mando militar.

Sobre el alzamiento del 4 de febrero de 1992, encabezado por Hugo Chávez, y sucesos posteriores que culminaron con la destitución de Carlos Andrés Pérez, se han escrito varios libros. En algunos se insiste en culpar al grupo de los 25 llamados Notables firmantes del manifiesto de 1990 de haber desencadenado los hechos. Obvian que los partidos políticos y el sistema judicial se habían desprestigiado, que la corrupción había alcanzado niveles nunca vistos, incluyendo al sector militar, que la pobreza había aumentado, al igual que la deuda de la República y que la economía estaba mal. Los Notables lo que hicieron fue advertir que el país iba por mal camino.

Los militares no viven en Marte, por lo que estaban al tanto de la situación y decidieron intervenir el 4F. Afortunadamente fracasaron, pero el mar de fondo seguía presente. La defenestración de Carlos Andréshttps://runrun.es/opinion/453392/cap-por-eddie-a-ramirez-s/ fue injusta y fue un juicio político. Muchos pensaron que era mejor apartarlo porque podría suceder otra insurrección militar y más episodios de saqueo. Ese juicio lo decidió su propio partido y el Congreso Nacional, no fueron los Notables. Entre estos, el único que evidenció no ser demócrata fue José Vicente Rangel. Nadie puede dudar de la honorabilidad y espíritu democrático de un Arnoldo Gabaldón, José Román Duque Sánchez, Rafael Pizani, Pastor Oropeza, Alfonzo Ravard e Isbelia Sequera, entre otros.

El no haber tomado correctivos hizo inevitable la aparición de un Chávez. Afirmar que su “Por ahora” fue lo que lo llevó a la presidencia carece de sustento.

Algunos sostienen que el 4 de febrero estaban comprometidos oficiales de alto rango. No tenemos elementos para desmentirlo, pero lo cierto es que el alzamiento fracasó porque no contó con el apoyo del Alto Mando. Con toda seguridad hubo descuido y enfrentamientos entre algunos generales que facilitaron el golpe. El propio Carlos Andrés ignoró los informes que le presentaron sobre la conspiración.

En resumen, las intervenciones de los militares a veces se justifican, otras no, y siempre contaron con apoyo civil. Con la excepción del 18 de octubre, las restantes fracasaron por no estar involucrado el Alto Mando. Evidentemente ahora se justificaría, pero la dirigencia opositora, y específicamente María Corina, ha dicho enfáticamente que la vía es electoral, lo cual es acertado.

Algunas voces, unas bien intencionadas, otras no, alegan que en vista del veto hay que seleccionar de inmediato alguien que la sustituya. Sería un grave error. Con apoyo de la opinión de los gobiernos democráticos del mundo y presión interna, ella será nuestra candidata y próxima presidenta.

Si permitimos que Maduro impida una elección libre con participación de María Corina, aumentará la emigración, la pobreza, el deterioro de la educación, salud y de los servicios públicos, y se perjudicarán los países de la región. Exigimos se abran más centros de Registro Electoral en Venezuela y que podamos votar quienes estamos en el exterior.

Como (había) en botica

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 

Clima 21: Al menos 33 ríos de la Amazonía venezolana están contaminados por la minería

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Advierten que la contaminación de los ríos por sedimentación y por mercurio aumentó 106 % en los últimos 6 años

Para inicios del año 2017 en Venezuela se reportaban 16 ríos de la cuenca del Orinoco y del Esequibo afectados por la minería ilegal, ahora la cifra subió a 33. Así lo denuncia el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (Clima 21) en su informe publicado este 5 de fecbrero. 

La cantidad de ríos afectados por la minería en la Amazonía aumentó 106 %, según la institución.

«Todas las cuencas principales están amenazadas por la sedimentación y la contaminación por mercurio derivada de la explotación de oro. En las cuencas del Cuyuní, Caroní y Caura hay comprobadas evidencias de que esta contaminación ha afectado a poblaciones humanas. Ninguna de las Áreas Protegidas al sur del país parece estar cumpliendo con su objetivo de conservar los ecosistemas incluidos en sus territorios incluyendo los ríos que las atraviesan», agregó la ONG.

Clima 21 denunció que el Estado venezolano no ofrece ningún dato o declaración sobre el impacto ambiental del Arco Minero del Orinoco, proyecto del gobierno de Nicolás Maduro desde el año 2016, ni las industrias extractivas de bauxita y coltán en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, al sur y oriente del país. 

«Aunque el daño en algunos casos se inició desde hace más de 100 años, en los últimos 20 años se ha incrementado de manera significativa», agregó el observatorio. «Solo el río Cuyuní (afluente del río Esequibo) parece estar en condición crítica, pero en la mayoría de los casos existe evidencia de un deterioro importante de su salud. Sin embargo, la ausencia de datos actualizados impide conocer del todo su situación actual». 

Minería del oro: la más degradante

Alteración de cauces, aumento del riesgo a inundaciones, deforestación de los bosques rivereños, erosión y socavación de sus márgenes; deterioro de la calidad del agua por el incremento de residuos de la explotación —uso de mercurio, fugas de combustibles y lubricantes, así como por residuos orgánicos provenientes de los asentamientos mineros—, envenenamiento, el aumento de la turbidez y la pérdida de biodeiversidad son algunos de los fenómenos socioambientales que enfrentan los cuerpos de agua dulce en la región. 

En el caso de la minería del oro, Clima 21 advierte que en Venezuela aumentó el uso de embarcaciones llamadas «dragas», que excarvan y succionan el fondo de los ríos para extraer los minerales, rompiendo la flora y eliminando la fauna de las profundidades. 

«Esta forma de minería fluvial ya era utilizada a finales del siglo pasado, pero restringida a pocos ríos, como Atapabo, Caroní y el Paragua. Actualmente, se tienen referencias de la presencia de embarcaciones realizando actividades mineras en al menos 16 ríos en los estados Bolívar (9) y Amazonas (7)», informó la ONG.

El Observatorio advirtió que en el año 2020 el gobierno de Nicolás Maduro anuló la Gaceta Oficial
Nº 0010 del Ministerio de Minería Ecológica para el desarrollo de minería fluvial en los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruari y Cuyuní, «todos ellos situados dentro del territorio del Arco Minero del Orinoco».

Pero, «hasta la fecha, no ha sido posible verificar esta noticia», agregaron. 

El olvido de la bauxita también contamina

Para la ONG, la extracción y prosecamiento de la bauxita lleva en decadencia socioambiental desde el 2006. Las minas a cielo abierto desatendidas en Orinoco medio produjeron unos lagos de «lodo rojo» que genera un riesgo de contaminación a los afluentes si se llegara a derramar.

«La caída de la producción de Bauxilum tuvo como consecuencia que fueran abandonados los programas de conservación de estas lagunas, lo que ha generado filtraciones que están afectando a las lagunas naturales cercanas y posiblemente contaminando al Orinoco y los peces usados en la alimentación humana», se lee en el informe. 

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Captura de pantalla de Google Earth de una mina de Bauxita en Los Pijiguaos, municipio Cedeño, al occidente del estado Bolívar. Créditos: Clima 21

«Aunque no se tiene información sobre el impacto ambiental de esta actividad sobre los cuerpos de agua locales, imágenes satelitales de la zona demuestran que los cursos de agua y sus bosques ribereños han sido alterados. Igualmente, se supone que las aguas y organismos de estos tramos fluviales también han sido afectados», agregó la institución.

La opacidad de la minería del coltán

Dentro de la falta de información estatal, Clima 21 advirtió que la minería del coltán aumentó en los últimos 6 años «principalmente en localidades del municipio Cedeño del estado Bolívar, en la cuenca de los ríos Suapure y Parguaza y en el municipio Atures del estado Amazonas». 

A través de informantes protegidos por la institución, se destaca que la extracción de este mineral es a cielo abierto y cerca de las cuencas fluviales, erosionando las zonas boscosas y degradan la biodiversidad. 

«Aún así, no se tiene información sobre ningún aspecto de la explotación de este mineral, ni sobre los posibles impactos ambientales que puedan estar generando en Venezuela», dijo el observatorio.