Proponen que haya un mecanismo de interacción entre oficina de la CPI con las ONG y las víctimas
Venezuela es el único país de Latinoamérica con una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional. En paralelo, se instalará una oficina de la CPI este año.
Foto: AFP
La eventual instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas ha generado dudas sobre la finalidad de esta dependencia técnica de la máxima autoridad penal. La ONG Acceso a la Justicia explicó, a través de su informe Algunas acciones para la reforma del sistema de justicia penal venezolano en el marco de un escenario de «doble vía», cómo funcionará este acuerdo.
El pasado 29 de enero Acceso a la Justicia organizó una conferencia virtual en la que tres ponentes comentaron lo más destacado de cara a la instalación de la oficina de la CPI que fue anunciada en junio de 2023 por el fiscal Karim Khan.
Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, y Alí Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia Y Simón Gómez, profesor universitario e investigador, fueron los encargados de esbozar el panorama de Venezuela para 2024 en cuanto a la relación e investigación de la CPI.
Principio de complementariedad y doble vía
El profesor Gómez explicó que este acuerdo se basa en el principio de complementariedad. Lo que significa que la CPI y el Estado venezolano compartirán responsabilidades en la investigación de crímenes de lesa humanidad.
«En la comisión de crimines internacionales, como los de lesa humanidad, hay un impacto en un contexto de amplio alcance. Amplio número de víctimas, de perpetradores. Es razonable que se pueda compartir cargas entre las cortes internacionales y las cortes nacionales», comentó Gómez.
Gómez destaca que esta nueva forma de cooperación es de «doble vía».
«Es una estrategia nueva para abordar circunstancias problemáticas del pasado, frente a la CPI, en la que había severos tropiezos para contar con la cooperación de los extraños», agregó.
El investigador aseveró que la oficina de la CPI en Caracas no tendrá funciones de investigación como podría imaginarse.
«El propósito del segundo memorándum de entendimiento, es fortalecer el sector justicia en Venezuela mediante la asistencia técnica realizada en Caracas. No es una oficina de investigación para recibir evidencia. O cualquier acción de carácter investigativo», precisó.
Añadió que la tarea principal de la próxima oficina de la CPI es «compartir buenas prácticas en materia de justicia y complementariedad», así como la capacitación de funcionarios y establecimientos de mesas redondas. También, asesorar en proyectos que puedan plantear las autoridades nacionales. «La oficina también tiene el mandato de crear mecanismos para fortalecer el sistema judicial en Venezuela», afirmó.
La oficina de la CPI en Venezuela se espera que esté funcionando en el primer semestre de este año. Pero, el profesor universitario destacó que preocupa el grado de opacidad respecto a cuántas personas van a conformar la oficina y cuáles van a ser los canales de participación con la sociedad civil.
«Desde la sociedad civil pensamos que no es suficiente. Debe establecerse un mecanismo de interacción entre esta oficina, las ONG y las agrupaciones de víctimas. Es crucial para la causa de justicia por violaciones de DDHH y crímenes internacionales ocurridos en el país, pero también porque trasciende Venezuela, es un ensayo que está haciendo el fiscal en su gestión y prometen replicarlo en otras latitudes», concluyó.
La Haya sigue con su investigación
Por su parte Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, comentó sobre la dinámica de la relación entre Venezuela y la CPI a partir de la instalación de una oficina de la CPI en Caracas.
Destacó que la investigación en La Haya sigue su curso, a pesar de las suspensiones y apelaciones del gobierno venezolano: «Es verdad que hay una investigación. Es verdad que en Venezuela no hay capacidad para hacer justicia. Aunque sea así, es verdad que la Corte Penal no puede ocuparse de todo».
La oficina se ocupara de capacitar al Estado; mientras tanto sigue la investigación. «En Venezuela no hay acceso a la justicia. Y tiene mucho que ver con la emergencia humanitaria compleja», señaló.
«Se requiere que haya cambios para que impacten en todos los casos del sistema de la justicia penal», agregó Louza.
Hay cosas que se pueden hacer ya
Por su parte, Alí Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, mencionó la situación actual del sistema judicial venezolano y sugirió algunas medidas que se pueden aplicar de inmediato para fortalecerlo.
Daniels ejemplificó todas las vicisitudes que enfrenta una víctima al poner una denuncia. Desde ir a la fiscalía hasta saber quién será el juez encargado, todo parece una misión cuesta arriba para los venezolanos que buscan justicia en la corte.
En ese sentido, y para mejorar la transparencia, propone acciones como:
- Publicar información sobre los jueces y fiscales.
- Implementar un calendario de audiencias públicas.
- Permitir el acceso a los expedientes judiciales. Que se dicte una no prohibición de acceso a los expedientes, como ocurrió en el caso de María Corina Machado.
- Publicar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
«Ir a tribunales es no saber si va a servir de algo»
Daniels también criticó las condiciones de detención de algunos funcionarios públicos, que no son iguales a las del resto de los ciudadanos.
«Han habido varios casos donde varios funcionarios han sido detenidos y el sitio de detención es el cuartel de policía, donde la vida es bastante parecida a la libertad. Debe ser igual a los detenidos», consideró.
Por otra parte, mencionó una serie de medidas para fortalecer la justicia:
- Capacitar jueces. Crear mecanismos veraces. Establecer mecanismos de evaluación de los jueces, defensores y fiscales públicos. Es una urgencia, es una necesidad.
- Hacer público el presupuesto que nadie conoce desde hace 6 años (Ley de presupuesto), al menos en el caso de justicia.
- Todas las sentencias del tribunal deberían publicarse en la página web del TSJ.
- Exigir libros diarios actualizados y abiertos en todo los tribunales. Debe regir el código ético de la jueza y del juez venezolanos.
Argumentó que la oficina de la CPI en Venezuela tiene un rol fundamental en este proceso. «Aunque no es una oficina de atención al público, puede ser un canal para que la sociedad civil organizada envíe información sobre la situación de la justicia en el país», expresó.
Recomendamos aplicar las leyes vinculadas al sistema de justicia que han sido reformadas y que hasta el momento siguen sin cumplirse, como es el caso de las normas en favor de las personas LGBTIQA+ y los pueblos indígenas #CPIJusticiaVe https://t.co/GxUFDSMsWj
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) February 5, 2024
Poco margen para las ONG
Louza retomó apuntando que la instalación de la oficina de la CPI en Venezuela es una oportunidad para impulsar reformas urgentes en el sistema judicial del país.
«El fiscal de la CPI dijo que va a proponer cambios de leyes, esperemos poder participar ampliamente como debe ser con un proceso de consulta real y transparente. Todas las leyes de justicia necesitan reformas urgentes y hay varias que faltan como la ley de carrera judicial», aseveró.
La reforma del sistema judicial venezolano es un tema que requiere un esfuerzo conjunto del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional. La oficina de la CPI puede ser un actor importante en este proceso, pero es fundamental que se garantice la participación de todos los sectores involucrados.
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