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Hoy se cumplen 10 años del asesinato de Bassil Da Costa y Robert Redman

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En el año 2014 se produjeron en Venezuela las primeras protestas antigubernamentales que dejaron como saldo 43 personas asesinadas y más de 800 heridos 

 

Este lunes, 12 de febrero, Día de la Juventud, se cumplen 10 años del asesinato de Bassil Da Costa, de 23 años y el piloto Robert Redman.

Da Costa recibió un disparo en la cabeza  a manos de funcionarios SEBIN en una manifestación, en la esquina de Tracabordo, en La Candelaria, Caracas, en las primeras protestas en contra de Nicolás Maduro.

El abogado Joel García publicó un video en su cuenta en X, antes Twitter, en el que expone distintas fotografías del joven y su lucha por querer un país mejor. 

Por el asesinato de Da Costa, fueron aprehendidos ocho funcionarios, seis del Sebin, uno de la PNB  y otro del Ejército.

Pero solo José Ramón Perdomo (comisario del Sebin) fue acusado formalmente por el caso como autor material del asesinato de Da Costa.

A Perdomo lo condenaron a 29 años y seis meses de prisión por los cargos de homicidio intencional calificado con alevosía, motivos innobles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República en 2016. 

Al resto de los funcionarios involucrados en la muerte de Da Costa les concedieron libertad bajo régimen de presentación.

Robert cargó el cuerpo de Bassil 

Robert Redman, piloto de avión de 31 años y abiertamente opositor al Gobierno de Nicolás Maduro, fue testigo de los dos primeros asesinatos de ‘La Salida’.

En las primeras horas de la revuelta, Robert ayudó a cargar al joven Bassil Da Costa.

Más tarde, ya en casa, su padre lo vio manchado con sangre del fallecido y con heridas causadas por los perdigones que disparó la Policía, lo que no impidió que volviera a salir, de noche, a otra manifestación.

La protesta nocturna en la que participó fue disuadida a disparos por un grupo de hombres que no fueron identificados, pese a que múltiples medios coincidieron en asegurar que eran policías.

La siguiente vez que Derek Redman, padre de Robert, vio a su hijo fue en la morgue, con la cabeza atravesada por una bala.

Por el caso de Redman fueron detenidos unos policías pero ninguno fue sentenciado, según explicó su padre a EFE.

La ONG Provea recordó que en las protestas de 2014 se registraron 854 heridos y lesionados, 3.172 detenciones arbitrarias, 204 ataques a zonas residenciales y 43 personas asesinadas.

*Con información de Efe

Venezuela fuera de la lista de destinos turísticos con gran potencial para 2024

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La responsable de la cartera de Turismo de las Naciones Unidas destacó que a pesar de estar rezagada, Venezuela ha mostrado signos positivos en el desarrollo turístico

 

La directora Ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona, ha destacado el gran potencial de Latinoamérica en el desarrollo del sector turístico para 2024. Sin embargo, Venezuela no figura entre los cuatro destinos con mayor potencial.

La responsable de la cartera de Turismo de las Naciones Unidas destacó que a pesar de estar rezagada, Venezuela ha mostrado signos positivos en el desarrollo turístico, impulsados en parte por la apertura de la frontera con Colombia. Bayona espera que esto permita un flujo de visitantes que contribuya al crecimiento del sector.

Según Bloomberg Línea, se espera que el sector turismo internacional recupere completamente los niveles previos a la pandemia de la COVID-19 este año. La ONU Turismo prevé un crecimiento del sector de un 2% en comparación con los niveles de 2019.

Bayona identificó a El Salvador, Colombia, Curazao y República Dominicana como las naciones que están impulsando el turismo en Latinoamérica. Destacó que El Salvador, gracias a la política de seguridad y generación de confianza del presidente Nayib Bukele, ha experimentado un crecimiento potente, recibiendo 3,4 millones de turistas internacionales el año pasado.

Finalmente, Bayona resaltó que Colombia ha aumentado su conectividad aérea internacional, recibiendo a 5,2 millones de turistas extranjeros en 2023. Curazao, por su parte, se ha destacado por su modelo de cruceros y diversificación, superando los 500.000 visitantes en noviembre del año pasado.

 

Avión venezolano iraní ya se encuentra en Estados Unidos

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La Justicia argentina ordenó inmovilizar la nave y dispuso que los 19 tripulantes del avión no podían salir del país. Con el correr de la investigación la nave quedó en Buenos Aires pero los tripulantes fueron liberados

 

 

El avión de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo que llegó a Argentina en junio de 2022 con tripulantes venezolanos e iraníes sospechosos de espionaje y que desde entonces permanecía bajo custodia en Buenos Aires, partió este lunes en la madrugada rumbo a Estados Unidos.

El 747-300M Dreamliner de carga, propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial de la estatal venezolana Conviasa, pertenece a empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.

La tripulación que había llegado en el avión a Argentina el 6 de junio de 2022, que estaba conformada por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue retenida inicialmente por la Justicia y puesta en libertad después por el juez federal Federico Villena por falta de evidencia por el delito de financiación de actividades terroristas.

El avión había llegado a Argentina procedente de México y tras hacer una escala en Venezuela. Dos días después partió de Argentina para cargar combustible en Uruguay, pero tuvo que regresar al aeropuerto de Ezeiza porque el país vecino no autorizó su aterrizaje.

A su regreso a Ezeiza, la Justicia argentina ordenó inmovilizar la nave y dispuso que los 19 tripulantes del avión no podían salir del país. Con el correr de la investigación la nave quedó en Buenos Aires pero los tripulantes fueron liberados.

El reclamo de Estados Unidos 

La justificación de la reclamación por parte de EE.UU. es que fue una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio de EE.UU. la que transfirió el avión -de fabricación estadounidense- a un tercero, algo prohibido precisamente a efectos de la sanción.

La decisión de decomisar y entregar el avión retenido fue adoptada por la Justicia argentina en consideración a un tratado suscrito por Argentina y EE.UU., por el cual ambos países “se comprometieron a brindarse asistencia mutua”, lo que incluye la “cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro”.

La decisión de la Justicia argentina provocó una dura reacción de las autoridades venezolanas, que exigieron “la inmediata devolución de la aeronave” el pasado 30 de diciembre en un comunicado que expresaba que el tratado entre Argentina y EE.UU.

“No puede ser aplicado a un tercer Estado porque estaría en franca violación a las obligaciones asumidas en convenios multilaterales”, que establecen “procedimientos para resolver este tipo de controversias”.

Antes de la partida del avión se sumó un confuso episodio, cuando el segundo de la embajada de Venezuela en Buenos Aires violó la seguridad del avión Emtrasur Cargo al sacarle fotos el 6 de febrero pasado acompañado por un funcionario de la Administración Nacional de Aviación Civil, por lo que fue declarado persona no grata y dejó el país en las 48 horas siguientes.

*Con información de EFE

Amnistía Internacional pidió la libertad «inmediata e incondicional» de Rocío San Miguel

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San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.  Funcionarios del Sebin y de la Dgcim habrían efectuado el procedimiento

 

Este lunes, 12 de febrero, Amnistía Internacional (AI) pidió la libertad «inmediata e incondicional» de la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.

En la red social X, Amnistía Internacional aseguró que «está monitoreando la denuncia de desaparición forzada» de San Miguel, y pidió el respeto a sus derechos y a la «medida cautelar de protección dictada a su favor» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, así como «acceso a abogados y familiares».

San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.  Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia  Militar (Dgcim) habrían efectuado el procedimiento.

Todo esto pese a que desde el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de ella y de su hija, tras alegar que era objeto de «hostigamientos y amenazas, incluyendo amenazas de muerte proferidas en su domicilio», en razón de las actividades que desarrolla como parte de la organización no gubernamental Control Ciudadano, desde la que constantemente denuncian las irregularidades del sector castrense en Venezuela.

A casi 60 horas de la detención de San Miguel, el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, confirmó las versiones de medios de comunicación de que la vinculaban con con el caso “Brazalete Blanco”, una de las cinco conspiraciones bajo actual investigación por parte del gobierno venezolano, quien asegura que se trataba de una operación que incluía un presunto intento de magnicidio. 

*Con información de EFE

Rocío San Miguel

Confundir adversarios con enemigos

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La confusión entre adversario y enemigo abre la puerta a prácticas autoritarias, donde se justifica la represión de aquellos que son percibidos como una amenaza existencial

 

@cjaimesb

El ataque en Charallave al grupo de Vente Venezuela de María Corina Machado pone de relieve –una vez más– un hecho que el régimen chavomadurista ha consumado en muchas ocasiones para asegurar la consolidación del poder: eliminar la disidencia e imponer una ideología única.

Como cualquier régimen autoritario y/o totalitario, busca eliminar cualquier amenaza real (o percibida, o inventada) a su autoridad, lo que incluye desde opositores políticos, activistas, intelectuales, hasta cualquier grupo considerado contrario a los intereses del Estado o de los líderes en el poder.

Las consecuencias de tales ataques son profundas y multifacéticas y afectan tanto al tejido social, como a la estructura política y económica del país. El ataque físico contra opositores crea un ambiente de temor que desalienta la disidencia y promueve la autocensura entre la población, socavando la participación ciudadana. Justamente eso es lo que buscan…

Los países que ejercen violencia contra sus propios ciudadanos enfrentan condenas internacionales y aislamiento, lo que deteriora sus relaciones diplomáticas y tienen un impacto negativo en su economía. Y después salen lloriqueando porque los sancionan… Lo peor es que las que les duelen son las sanciones personales.

El ataque físico a adversarios no solo tiene implicaciones inmediatas para aquellos directamente afectados, sino que también tiene efectos a largo plazo sobre la estructura política, social y económica de una nación, socavando los fundamentos de la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible.

Por esto en la esfera política actual, la distinción entre adversarios y enemigos se vuelve crucial. Así ocurre en las democracias, pero está claro que en Venezuela no tenemos democracia desde hace rato. Por eso, algo que debería ser natural como tener oposición política, el régimen venezolano la tacha con la etiqueta de “enemigo” y esto conlleva una carga emocional y una percepción de amenaza muy perjudicial para cualquier proceso de diálogo que persiga la estabilidad. ¿Adiós, Barbados?…

Esta dicotomía adversario-enemigo está diseñada para demonizar al otro, erosionando así valores fundamentales como la tolerancia, el respeto y la diversidad de opiniones. La confusión entre adversario y enemigo también abre la puerta a prácticas autoritarias, donde se justifica la represión de aquellos que son percibidos como una amenaza existencial.

Con motivo del trágico fallecimiento del expresidente chileno Sebastián Piñera, su compatriota, el periodista Cristian Warnken, su adversario político en muchas ocasiones, le escribió una carta póstuma que es una auténtica joya, un homenaje al deber ser, un ejemplo de democracia y civismo:

“Hoy le escribo esta carta como un adversario político suyo, al que le molestaron muchos aspectos de su personalidad política y de sus gobiernos, pero que reconoce en usted un demócrata cabal. Cada vez es más difícil encontrar demócratas cabales en nuestra América Latina asediada por las tentaciones populistas y autoritarias. Y eso: que usted lo haya sido en momentos donde era más fácil recurrir a la fuerza que a la razón, habla de una lucidez política cada vez más escasa y habría que ser muy mezquino para no reconocer eso. Y eso es lo que la historia –no los que se creen dueños de la interpretación de la historia– reconocerá”.

Más adelante añade:

“No voy a sumarme a esos homenajes que no nacen de ninguna convicción ni reconocimiento auténtico. Pero sí quiero decirle –desde la diferencia y desde esa distancia extraña que hace de un ausente a alguien más presente que nunca– todo aquello valorable que reconozco en usted. De eso se trata el espíritu democrático: de reconocer y respetar a nuestros adversarios, de no dejar que la ira y el resentimiento nublen nuestra razón y nos impida ver el rostro del ‘otro’ radicalmente otro a nosotros. Como dijera Enrique Lihn ‘a pesar de mi cólera/ nunca quise desbaratar a mi enemigo’”.

En última instancia, el diferenciar claramente entre adversarios políticos y enemigos fortalece el tejido democrático, fomenta la cohesión social y sienta las bases para un debate político constructivo y enriquecedor. La democracia, como sistema, se beneficia de la pluralidad de voces y perspectivas. Hago votos en memoria de ese gran demócrata que fue Piñera, porque nuestro país retome el camino democrático que una vez tuvo…

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 

60 horas después, Saab confirmó detención de Rocío San Miguel por presunta “conspiración”

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El fiscal impuesto por la Constituyente dijo que Rocío San Miguel fue detenida por estar “presuntamente vinculada y referenciada” en la trama conspirativa denominada “Brazalete Blanco y cuyo objetivo, según el gobierno, era atentar contra Maduro

 

60 horas de que se produjera la detención de la abogada y defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, el fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, confirmó que la habían detenido tras girarse una orden de aprehensión en su contra. 

El gobierno vincula a San Miguel en una presunta trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada “Brazalete Blanco”, cuyo objetivo según denuncian, era atentar contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios  “así como el ataque a varias unidades militares en San Cristóbal ( Táchira ) y otras entidades del país”. 

“Dichas investigaciones continúan su curso recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país, como siempre, apegados a lo establecido en nuestra Constitución, las leyes de la República y las normas nacionales e internacionales de protección a los Derechos Humanos”, escribió Saab en un mensaje en la red social X.

Pero activistas y ONG tanto nacionales como internacionales  señalan lo contrario y rechazaron la detención arbitraria y desaparición forzosa de San Miguel, a quien se llevaron detenida el 9 de febrero cuando intentaba viajar por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.  Denunciaron que supone una nueva acción en el marco de una escalada de persecución contra personas que promueven la defensa de los derechos humanos en Venezuela. 

Amnistía Internacional pidió la libertad “inmediata y condicional” de San Miguel mientras que Natalia Brandler, presidente de la Asociación Cauce, enfocada en el empoderamiento político de las mujeres, remarcó que la detención de Rocío San Miguel viola la Convención del  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw),  órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La Cedaw establece que los Estados deben garantizar a las mujeres el derecho a participar en la vida pública y política, y a defender los derechos humanos sin discriminación.

Henrique Capriles, María Corina Machado, así como otros políticos y varios periodistas también manifestaron su solidaridad con San Miguel y se unieron a la etiqueta #DondeEstáRocío que se volvió tendencia en redes sociales.

De espaldas a la ley

Martha Tineo, confundadora y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón,  tildó de “gravísimo” el caso de la presidente de Control Ciudadano. Recordó que la abogada ganó un caso al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber sido despedida como consecuencia de la “Lista Tascón”. Venezuela tenía como plazo hasta mayo de 2024 para acatar la decisión de la CIDH, y recientemente, San Miguel exhortó al gobernante Nicolás Maduro a dar instrucciones por el cumplimiento de la sentencia dictada en 2018 para resarcir daños a los ciudadanos afectados. 

“Y aún así, es víctima de desaparición forzada, son más de 48 horas sin saber de su paradero, fue retenida inicialmente por autoridades migratorias en el Aeropuerto de Maiquetía. Estamos en presencia de la consumación de uno de los crímenes más atroces contra los derechos humanos, las desapariciones forzadas, que no solo afectan a la persona arbitrariamente privada de su libertad, sino que además los daños se extienden a su núcleo familiar”, expresó en declaraciones a Runrun.es.

Mientras que Laura Louza, directora y fundadora de Acceso a la Justicia, opinó respecto al hecho de que San Miguel y otras dos mujeres venezolanas (la defensora de derechos Tamara Sujú y la periodista Sebastiana Barráez) fuesen objeto en el último mes de persecución judicial.

“Eso es ‘normal’ en un contexto de arbitrariedades, cuando cometes una o dos, vas perdiendo los límites y eso es lo que está pasando (…) No es un ataque particular contra las mujeres, lo que ocurre es que que las afectadas, como Rocío San Miguel, se ocupan de un tema delicado, como lo es el militar. Tamara Sujú también denuncia sobre un tema muy complejo, que es el de los presos políticos y por la misma razón vive afuera; y Sebastiana Barráez ha informado sobre cuestiones muy delicadas del ámbito militar. Diría que más bien por ahí va el patrón”, opinó. 

A San Miguel no le perdonan su conocimiento del tema militar

Hay una política de asfixia contra defensores de derechos humanos que se está aplicando en diferentes niveles, alertan especialistas
Rocío San Miguel fue detenida, y hace menos de un mes, se giraron órdenes de aprehensión contra la periodista Sebastiana Barráez y la defensora de DDHH, Tamara Sujú. Tanto Barraéz como San Miguel han denunciado durante años  irregularidades y revelado información sobre el sector castrense que se mantiene bajo opacidad 
En el pasado, el gobierno había sido “más prudente y menos represivo” cuando se trataba de mujeres. Pero en esta nueva escalada de persecución,  “pareciera que ya no le importa tanto ir más contra ellas”

 

Con la reciente detención arbitraria de la abogada, defensora de derechos humanos y presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, se completa una cadena de sucesos que, en menos de un mes, corroboran que la persecución política en Venezuela arrecia y se enfoca contra los defensores de los derechos humanos. Analistas consideran que el gobierno se está volviendo más autoritario y represivo, hasta el punto de superar sus propios límites y actuar ahora más frontalmente contra mujeres y, en específico, contra quienes han analizado y denunciado situaciones irregulares dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.  Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia  Militar (Dgcim) habrían efectuado el procedimiento. La detención trascendió extraoficialmente en horas de la noche del sábado 10 de febrero, denunció el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela). 

Todo esto pese a que desde el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de ella y de su hija, tras alegar que era objeto de «hostigamientos y amenazas, incluyendo amenazas de muerte proferidas en su domicilio», en razón de las actividades que desarrolla como parte de la organización no gubernamental Control Ciudadano, desde la que constantemente denuncian las irregularidades del sector castrense en Venezuela.

A casi 60 horas de la detención de San Miguel, el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, confirmó las versiones de medios de comunicación de que la vinculaban con con el caso “Brazalete Blanco”, una de las cinco conspiraciones bajo actual investigación por parte del gobierno venezolano, quien asegura que se trataba de una operación que incluía un presunto intento de magnicidio. 

“El Ministerio Público informa la detención de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, ello en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada ‘Brazalete Blanco’, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolas Maduro y otros altos funcionarios”, escribió William Saab en la red social X.

Por el mismo caso y en menos de un mes, el gobierno madurista también emitió órdenes de captura en contra de la periodista Sebastiana Barráez y la abogada defensora de DDHH, Tamara Sujú. A ambas el fiscal impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, las vinculó también con el caso “Brazalete blanco” y con supuestos delitos de “homicidio intencional calificado en grado de tentativa”, “terrorismo” y “asociación”. 

Sujú, asilada desde el año 2014 en la República Checa y quien denuncia constantemente los maltratos y torturas a los que son sometidos los presos políticos venezolanos, increpó al fiscal general tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra y denunció que su función era “defender los crímenes de lesa humanidad que comete la tiranía”.

Este 11 de febrero, al conocer la detención de Rocío San Miguel, opinó que el fiscal general “continúa ejecutando obedientemente el último plan ordenado por su jefe Nicolas Maduro”, de supuestamente “perseguir y reprimir sistemáticamente a la población, violando los DDHH y ejecutando crímenes de lesa humanidad con total impunidad”.

Mientras que la periodista Sebastiana Bárraez, objeto de la persecución judicial del gobierno por publicar durante años información sobre el sector militar que se mantiene bajo total opacidad,  también comentó sobre la arbitraria detención de San Miguel: “Ya saldrá algún testigo estrella a presentar testimonios para inculparla de alguna de esas porquerías a las que están acostumbrados a presentar en los tribunales de terrorismo, o algo similar”, escribió en la red social X. 

Silenciar a los defensores y la información militar

Varias ONG venezolanas e internacionales, como Provea y Amnistía Internacional, coinciden en que la detención  de Rocío San Miguel es otra muestra del progresivo cierre del espacio cívico en Venezuela y del empeño del gobierno por “reprimir a las voces críticas”.

Y las mujeres venezolanas no han sido la excepción a la regla de persecución política en Venezuela que ha imperado en los años de gestión madurista. Cifras de Odevida indican que entre enero de 2014 y septiembre de 2021, 412 mujeres fueron detenidas por motivos políticos en Venezuela, 33% de las cuales denunciaron haber sido torturadas a manos de agentes de seguridad del Estado. 

 Para diciembre de 2023, Foro Penal manejaba una lista de 275 presos políticos: 256 son hombres y 19 mujeres. En conversación con Runrun.es Martha Tineo, cofundadora y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón,  precisó que para febrero de 2024,  la ONG  maneja una cifra de 21 presas políticas en Venezuela que, por su condición de mujeres, ameritan una atención privilegiada.

“Más allá de su condición de mujeres, esto deja en evidencia la existencia de una escalada alarmante en el patrón de persecución por razones políticas en Venezuela que pone en primera línea a los defensores de derechos humanos (…) Hay una política de asfixia contra defensores de derechos humanos que se está aplicando en diferentes niveles, como el legislativo, y a través de acciones de amedrentamiento, hostigamiento, amenazas, persecución y hasta desaparición forzada”, agregó. 

Tineo tildó de “gravísimo” el caso de la presidente de Control Ciudadano. Recordó que la abogada ganó un caso al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber sido despedida como consecuencia de la “Lista Tascón”. Venezuela tenía como plazo hasta mayo de 2024 para acatar la decisión de la CIDH, y recientemente, San Miguel exhortó al gobernante Nicolás Maduro a dar instrucciones por el cumplimiento de la sentencia dictada en 2018 para resarcir daños a los ciudadanos afectados. 

“Y aún así, es víctima de desaparición forzada, son más de 48 horas sin saber de su paradero, fue retenida inicialmente por autoridades migratorias en el Aeropuerto de Maiquetía. Estamos en presencia de la consumación de uno de los crímenes más atroces contra los derechos humanos, las desapariciones forzadas, que no solo afectan a la persona arbitrariamente privada de su libertad, sino que además los daños se extienden a su núcleo familiar”, expresó.

Laura Louza, directora y fundadora de Acceso a La Justicia, destacó que en menos de un mes se ha acentuado la persecución política en el país y las mujeres no han quedado exentas de estas acciones arbitrarias.  Aunque no se atreve a asegurar que haya un patrón persecutorio específico contra ellas, sí llamó la atención sobre el hecho de que, en el pasado, el gobierno había sido “más prudente y menos represivo” cuando se trataba de mujeres. Pero en esta nueva escalada, cuando la administración de Nicolás Maduro se encamina a “a un nivel más autoritario”, entonces  “pareciera que ya no le importa tanto ir más contra ellas”.

“Y eso es ‘normal’ en un contexto de arbitrariedades, cuando cometes una o dos, vas perdiendo los límites y eso es lo que está pasando”, sumó Louza.  “No es un ataque particular contra las mujeres, lo que ocurre es que que las afectadas, como Rocío San Miguel, se ocupan de un tema delicado, como lo es el militar. Tamara Sujú también denuncia sobre un tema muy complejo, que es el de los presos políticos y por la misma razón vive afuera; y Sebastiana Barráez ha informado sobre cuestiones muy delicadas del ámbito militar. Diría que más bien por ahí va el patrón”, opinó. 

Ricardo Ríos, analista de entornos, presidente de Poder & Estrategia y miembro de la Asociación Civil Estrategia Ciudadana coincide con esta apreciación de Louza.

“Es muy llamativo que en menos de un mes, detengan y/o imputen a las dos fuentes más reconocidas del tema militar en Venezuela. Primero Sebastiana Barráez y ahora Rocío San Miguel. Voces que tienen añales analizando/denunciando sobre el tema militar ¿Por qué ahora?”, preguntó en un mensaje en la red social X. 

Además de ser una muestra de la persecución política en Venezuela, la detención de Rocío San Miguel viola la Convención del  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw),  órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Así lo denunció Natalia Brandler, presidente de la Asociación Cauce, enfocada en el empoderamiento político de las mujeres. La Cedaw establece que los Estados deben garantizar a las mujeres el derecho a participar en la vida pública y política, y a defender los derechos humanos sin discriminación.

Espacio cívico bajo acecho

Martha Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón,  destacó el hecho de que, en el pasado, el patrón persecutorio del gobierno siguió una ruta, según la premisa del “enemigo interno”, que apuntó a dirigentes políticos, miembros del movimiento estudiantil, periodistas y trabajadores de medios. Pero, de un tiempo para acá, se ha ido focalizando contra los defensores de derechos humanos.

“Y ocurre porque son ellos quienes se han encargado -en esta crisis de derechos humanos sostenida desde hace más de una década-  de documentar estos casos, visibilizarlos ante la comunidad nacional e internacional y avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y reparación de las víctimas”, abundó. 

Tineo insistió en que la defensa de los derechos humanos es también un derecho humano reconocido por los tratados y convenios internacionales y, por tanto, de aplicación directa en Venezuela a tenor de lo que establece la Constitución de la República. 

Activistas y defensores de DDHH se pronuncian en contra de desaparición forzada de Rocío San Miguel

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La desaparición forzada de Rocío San Miguel se produce en medio del recrudecimiento actos contra las organizaciones de la sociedad civil por parte del Estado

 

Desde que se supo de la desaparición de Rocío San Miguel, los activistas y defensores de Derechos Humanos se han hecho solidarios con la presidenta de la ONG, Control Ciudadano.

“Exigimos respuesta y atención inmediata del caso a los organismos internacionales de protección y defensa de los DDHH que se encuentran en Venezuela. ¡Ya basta de silencio! Estos hechos ocurren aún con presencia en el país de la oficina del Alto Comisionado de DDHH” , dijo Delsa Solórzano, la madrugada de este domingo 11 de febrero cuando se conoció el caso.

 

https://twitter.com/delsasolorzano/status/1756539933727015376?s=46&t=A8-azbei2G4VKLpYAabbGg

 

Se conoció que su detención se produjo el día viernes 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. San Miguel es experta en temas militares, de seguridad y defensa y fue una de las que promovió la denuncia por discriminación política de empleados de la administración pública en sus lugares de trabajo ante la CIDH por la lista Tascón.

El periodista Luis Carlos Díaz, publicó en su cuenta de Instagram, @luiscarlosdiazv, que San Miguel y su hija, desde el año 2012, tienen medidas cautelares de protección por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras ataques en su contra y hostigamiento. “Se suma a Javier Tarazona, otro importante defensor de DDHH, que sigue en prisión con problemas graves de salud” , agregó Díaz.

Aministía Internacional pidió la libertad inmediata e incondicional de San Miguel; dijo que está monitoreando la denuncia de desaparición forzada de la activista y “y se une a los llamados para el respeto a sus derechos, a la medida cautelar de protección dictada a su favor por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  así como acceso a abogados y familiares”.

 

https://twitter.com/amnistia/status/1756689884192895433

 

Por su parte, Susana Rafalli, especialista en gestión de seguridad alimentaria, envió su aliento y consideración por Rocío, su hija, familia, comunidad  universitaria. “Una mujer rigurosa, apegada a procesos formales, a la institucionalidad, profundamente humana«, agregó.

 

https://twitter.com/susanaraffalli/status/1756685084785033521

Transparencia Venezuela también se pronunció en redes sociales y exigió el respeto de los derechos de la presidenta de Control Ciudadano y “de la cautelar de protección dictada a su favor”.

https://twitter.com/NoMasGuiso/status/1756680585190256675

Henrique Capriles, María Corina Machado, así como otros políticos y varios periodistas también manifestaron su solidaridad con San Miguel y se unieron a la etiqueta #DondeEstáRocío que se volvió tendencia en redes sociales.