Las denuncias de brutalidad policial y de maltratos en las prisiones de Venezuela han encontrado un eco en las Naciones Unidas, cuyo Comité Contra la Tortura se manifestó consternado el viernes pasado por las “ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos policiales o parapoliciales” en el país sudamericano.
Los expertos del Comité expresaron su alarma ante las “informaciones recurrentes que denuncian actos de tortura y malos tratos” de arrestados en las protestas antigubernamentales que estallaron el pasado febrero. Entre los casos mencionados por el Comité hay “palizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, violación sexual y amenazas, presuntamente para destruir pruebas de las actuaciones de las fuerzas de seguridad”.
El organismo pidió también la liberación del líder opositor Leopoldo López, en prisión desde el 18 de febrero, y del entonces alcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos.
El gobierno venezolano ha intentado salvar su imagen negando que se hayan realizado actos de tortura o de abuso por parte de las autoridades, y afirmando que en las prisiones no hay hacinamiento de reclusos. Sin embargo, el Comité de la ONU ha mostrado cifras y datos que evidencian lo contrario, y ha pedido al régimen de Caracas que permita lo antes posible la visita del relator de la ONU contra la tortura y que deje entrar a organizaciones no gubernamentales a los centros de detención.
El hecho de que en el organismo mundial hayan prestado oídos a las denuncias de atropellos contra opositores pacíficos, encarcelamiento de manifestantes en condiciones infrahumanas, torturas y agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos, no es una buena señal para el régimen de Nicolás Maduro.
La declaración del Comité de la ONU es un duro golpe al sucesor de Hugo Chávez y sus políticas de gobierno. Cuestionado por su pésima dirección de la economía, con un índice de popularidad en caída libre y disensiones en sus propias filas, Maduro encara ahora una demoledora acusación internacional que enfatiza el carácter represivo de su régimen.
El Comité Contra la Tortura debe seguir presionando a Caracas e investigar los métodos brutales con que el régimen mantiene su control del poder.
