Los órganos del poder público habrían ocultado evidencias de los casos de tratos crueles o torturas durante las detenciones en las protestas de 2014, cuando hubo 854 heridos y lesionados, advierte el informe “Que no quede rastro” emitido por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. En el documento se reportan violaciones del derecho a la integridad física.
CIDH-UCAB identificó 10 estrategias para ocultar las huellas de las agresiones. Cita la incomunicación de detenidos, el traslado de lesionados a órganos y hospitales militares, las presiones a las víctimas, el uso de la defensa pública para evitar denuncias, las omisiones de jueces durante las audiencias de presentación, la transformación de víctimas en victimarios, la confusión entre examen médico forense y el reconocimiento médico en el lugar de detención, la sustracción y desaparición de evidencias de malos tratos y tortura, así como las presiones a médicos.
Se recabaron los testimonios según los cuales funcionarios amenazaron a las víctimas con no prestarles la ayuda médica o hacerles más daño “si no se abstenían de declarar la verdad sobre lo acontecido”. “En varias oportunidades, al momento de atender casos de personas heridas en manifestaciones, funcionarios de los cuerpos policiales y militares solicitaban a los médicos la entrega de los objetos que constituían evidencia de las lesiones sufridas por las víctimas”, señala el informe.
El CDH-UCAB informó que, durante las detenciones, se violaron las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas. Consideran que esto se evidenció en los casos en los que las víctimas presentaban heridas de gravedad y fueron trasladadas por las autoridades a establecimientos médicos de carácter militar.
Agresiones las colas.
La ONG Espacio Público reportó 17 agresiones a periodistas o infociudadanos durante las colas derivadas de la escasez. En un informe difundido ayer indican que las víctimas, que recibieron ataques e insultos, representan 29,31% de un total de 58 casos de violación de la libertad de expresión durante el primer trimestre del año. Indican que la cobertura de las colas fue obstaculizada por cuerpos policiales o militares y trabajadores de los establecimientos.
Reportan que el Estado, con 60%, encabeza las violaciones de la libertad de expresión a través de los cuerpos de seguridad, funcionarios, el presidente Nicolás Maduro y varios organismos. “En algunos casos son funcionarios quienes -en desmérito de su condición de servidores públicos– descalifican, insultan y acusan de forma arbitraria a medios y periodistas con líneas editoriales independientes”.
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