El fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, reveló este viernes, 29 de diciembre, que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) creó una oficina en Viena, Austria, a través de la cual se suscribieron contratos irregulares que causaron un daño patrimonial de 4.800 millones de dólares. Detrás de la operación estuvo, según él, el ex ministro de Energía y Petróleo y ex presidente de la estatal petrolera, Rafael Ramírez.
La sede mencionada por Saab fue la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, una filial de Pdvsa en Europa creada en el año 2006 y encargada de «fiscalizar eficientemente el comercio de hidrocarburos para fines de recaudación de impuestos y regalías», de acuerdo con el fiscal designado.
Las operaciones fraudulentas de la oficina comenzaron en 2009, año en el que se suscribieron contratos de servicios con la empresa JBC Energy, cuya función era «prestar servicios de evaluación de precios para las diferentes fórmulas de sus diversos productos cotizados en el mercado internacional».
Según el fiscal designado, los datos para la comercialización real del petróleo fueron modificados por la compañía de manera intencional, con «el fin de favorecer a particulares y empresas que realizaban las transacciones de compra y venta del crudo con Pdvsa» y con la consecuente pérdida de ingresos para la petrolera venezolana.
Todo, insistió Saab, ocurrió con la anuencia de los directivos de la oficina: Bernard Mommer De Grave, gerente general; Irama Zulene Quiroz De Mommer, gerente de oficina; y Mariana Teresa Zerpa Morloy, consultora general, quienes presuntamente cobraron comisiones por hacer estas rebajas. Recalcó que esta sede fue promovida y creada por el ex ministro Rafael Ramírez.
Agregó que desde 2016 estas irregularidades cuentan con el apoyo de Nelida Iris Izarra Espinoza, directora general de la Oficina para la Determinación del Crudo de Exportación, quien ya fue detenida y será imputada por peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, legitimación de capitales y asociación.
Para el caso fueron comisionados los fiscales 22° nacional con competencia plena y 23° nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos.