Mientras los dos bufetes de abogados que defienden a Campo Flores y Flores de Freitas trabajan en la elaboración de recursos que buscan revertir el veredicto de culpabilidad del jurado, el gobierno estadounidense puso sobre la mesa nuevos datos sobre el caso con la intención de eliminar las pocas posibilidades que existen de que el tribunal falle a favor de los sobrinos y pueda iniciarse un nuevo juicio.
En la información suministrada por el gobierno estadounidense al tribunal se hace énfasis en que los acusados tenían un negocio de drogas en marcha antes de que apareciera la DEA, con lo cual buscan restarle fuerza al argumento expuesto por la defensa en su moción y dejar claro que los dos familiares de la primera dama Cilia Flores no son unos “estúpidos novatos”, sino unos narcotraficantes activos y conocedores de la industria de drogas.
En febrero, y gracias a revelaciones de nuevos testimonios y la data extraída de los celulares de ambos acusados, se determina que en mayo de 2015 los primos Flores participaban en negocios relacionados con el narcotráfico. La Fiscalía introdujo datos que profundizan las relaciones que sostenían con capos de la droga que son buscados en Estados Unidos, tal como Hermágoras González Polanco y Vasily Kotosky Villarroel Ramírez, ambos presos en cárceles venezolanas.