Este jueves Cecodap emitió un comunicado en rechazo a la tortura y la ejecución de un adolescente por parte de la Operación Liberación del Pueblo, (OLP) en Barlovento estado Miranda.
Cecodap ante la desaparición y ejecución de 13 personas, especialmente la muerte un adolescente de 17 años tras ser severamente torturado fijó posición y esto fue lo que dijo al respecto:
- Manifestamos nuestra solidaridad a las familias de las víctimas y nos unimos al sentimiento de pesar que los embarga. Aspiramos que sus denuncias y reclamos sean escuchados y atendidos.
- Exigimos al Ministerio Público y al Poder Judicial la protección, asistencia, reparación e indemnización a los familiares de las víctimas, así como aplicar las sanciones que hubiere lugar a todos los funcionarios militares implicados en la OLP considerando como una circunstancia agravante la tortura y la muerte del adolescente.
- Exigimos al Poder Ejecutivo eliminar en todo el territorio nacional las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) como una estrategia de seguridad ciudadana. Existen casos y elementos suficientes que evidencian que no se tratan de hechos aislados, constituye una práctica institucionalizada que ha generado abusos, desapariciones, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias que no contribuyen, ni ha contribuido, a disminuir la violencia y la criminalidad. Cecodap durante el año 2015 registró en la prensa nacional 13 casos de adolescentes víctimas y 29 casos detenciones en el marco de estos operativos.
- Exhortamos a los distintos órganos del Estado diseñar e implementar una política pública para la prevención de la violencia y que todos los organismos de seguridad ciudadana tengan un carácter estrictamente civil y profesional de acuerdo a lo establecido en el Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos suscritos y ratificados por Venezuela.
- Expresamos nuestro rechazo a las declaraciones del Defensor del Pueblo en la cual se indica que “las personas ajusticiadas en Barlovento no tenían entradas policiales ni antecedentes penales.” Esta afirmación resulta preocupante porque el derecho a la vida, a la integridad personal y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes debe prevalecer para todas las persona, aun cuando tenga antecedentes penales o registros policiales.