A cuatro meses de la instalación de la Asamblea Nacional (AN) conviene realizar un análisis de cuál ha sido la relación entre la AN y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El escenario que se planteaba como probable antes de la elección de 6D se ha verificado: el TSJ ha bloqueado institucionalmente la actuación de la AN, al punto, que a cuatro meses de su instalación, la AN no ha podido tomar prácticamente ninguna decisión relevante que no haya sido anulada o bloqueada por el TSJ.
En ese sentido, el TSJ, en la práctica, ha anulado las tres principales funciones de la AN: tanto la función legislativa, al declarar como inconstitucional, por ejemplo, la reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela, así como la función contralora, al restringir el ámbito de la función contralora de la AN únicamente a funcionarios de la Administración Pública Nacional, así como la función política de la AN, al declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional y al interpretar el alcance de una eventual enmienda constitucional al período presidencial.
Para ello, el TSJ no sólo ha tomado decisiones ante casos concretos que se le plantean, sino que ha hecho interpretaciones generales sobre supuestos hipotéticos, para de alguna manera establecer, de antemano, los criterios para el bloqueo institucional de la AN.
La gran pregunta de hoy es cuáles son las implicaciones para el futuro político de Venezuela de estas decisiones del TSJ. Porque el escenario que se intuía se ha verificado: el TSJ ha sido absolutamente claro en sus decisiones, restringiendo el margen de acción de la Asamblea Nacional y protegiendo institucionalmente al Poder Ejecutivo de las actuaciones de la Asamblea Nacional. Y es a la luz de esa realidad constatada que deben analizarse los próximos escenarios políticos para el país.
En los próximos artículos explicaremos cómo se ha producido el bloqueo de cada una de las principales funciones de la AN por parte del TSJ.