Pago de la deuda externa no exime al Estado de garantizar el disfrute de los derechos humanos esenciales
«¿Las obligaciones financieras del Estado han tenido impacto positivo en los derechos humanos y han contribuido en el logro de los Objetivos del Milenio?», cuestiona la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB, Patricia Hernández
EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS de la Universidad Católica Andrés Bello y la organización no gubernamental Provea, llevaron a cabo, el viernes 29 de abril, el foro El impacto de la Deuda Externa en los Derechos Humanos, el cual contó con la participación de ponentes nacionales e internacionales.
Pese a la complejidad del escenario económico, la conclusión del panel fue unánime: el Estado debe cumplir con su obligación frente a sus acreedores tanto como debe velar por el ejercicio de, por lo menos, los derechos humanos mínimos esenciales de los ciudadanos.
El foro, moderado por el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, se inició con la participación del experto independiente sobre deuda externa y derechos humanos de las Naciones Unidas, Juan Pablo Bohoslavsky, quien argumentó que los regímenes autoritarios no solo violan los derechos humanos mediante torturas y represión, sino también mediante la imposición de modelos económicos que atentan contra los derechos económicos, sociales y culturales.
Bohoslavsky explicó que existe una interrelación entre la situación económica de estos regímenes y los derechos humanos. Por lo general, la abundancia de fondos suele incidir en el fortalecimiento del régimen, ya que logran exhibir ciertos logros; mientras que la merma de los recursos económicos suele provocar inestabilidad y mayor represión por parte del Gobierno, lo que a la larga debilita al régimen y promueve la apertura hacia un proceso de transición a la democracia.
¿A quién le pago?
El panel contó con la participación del economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, quien destacó que 70% de las divisas que percibirá el país en 2016 se destinarán al pago de la deuda externa, situación que limita drásticamente la disponibilidad de recursos a una economía que importa, aproximadamente, 80% de lo que consume.
“El tema de la deuda va más allá de a quién pagarle. Los costos del default son muy altos y las condiciones de los contratos son leoninas, por ejemplo, no se permite el default selectivo y ninguno de los bonos de Pdvsa contiene cláusulas de acción colectiva. El Estado no obtiene ningún beneficio al no cancelar la deuda y sí muchas repercusiones”, dijo Oliveros.
Con un PIB que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no superará los 150 mil millones de dólares, el Gobierno podría encontrarse ante la falsa disyuntiva de honrar la deuda con sus acreedores internacionales o cumplir con su obligación de velar por el disfrute de los derechos humanos, cuando en realidad, ambas obligaciones son ineludibles, argumentó Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB.
Hasta la fecha, Venezuela ha cumplido fielmente con sus obligaciones de pago de deuda externa, acotó Oliveros, sin embargo, el Estado ha dejado acumular la deuda con el sector privado dando como resultado la merma en la importación de bienes esenciales como alimentos y medicamentos.
“La deuda con el sector privado, aunque puede causar más ruido, es la de menor impacto para el Estado en término de sanciones. La mayoría de las empresas privadas entiende que será poco probable cobrar la deuda a la tasa registrada al momento de contraerla. Por la característica de la deuda, se pudiese renegociar a un valor menor al nominal”, explicó Oliveros.
El diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, confirmó durante su intervención en el foro que desde 2010, el gasto para servicio de la deuda externa ha sido el que más se ha incrementado en el Presupuesto anual de la Nación, mermando los recursos asignados para sectores clave para garantizar el derecho a la vida, salud, educación y alimentación, consagrados en la Constitución Nacional.
Mayor pobreza y menor escolarización
Patricia Hernández, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB, destacó durante su presentación que, por primera vez, la pobreza extrema es mayor a la pobreza no extrema, ya que más de la mitad de los venezolanos no tiene suficientes ingresos para satisfacer sus necesidades de alimentación.
“Los hogares en situación de pobreza aumentaron 53% en un año; la pobreza extrema se duplicó”, afirmó Hernández, quien se apoyó en datos de las encuestas de calidad de vida Encovi de 2014 y 2015.
La decana también abordó el tema del derecho a la educación, destacando que cerca de 1 millón de niños y adolescentes están fuera del sistema escolar. “Los datos demuestran que el sistema de educación formal se estancó, ¿se puede garantizar el derecho a la educación en este contexto de pobreza?”, preguntó.
El decano de la Facultad de Derecho, Dr. Miguel Mónaco, a cargo del cierre del foro, destacó la importancia de analizar este tipo de temas a fondo. “Hoy por hoy, la perspectiva económica es esencial para los derechos humanos. Es importante cerrar la brecha entre la mera declaración de los derechos y la realidad”.
Mónaco enfatizó que hay aspectos en la Constitución Nacional que, a largo plazo, tendrán que ser pensados ya que si bien la Carta Magna parte de un modelo social demócrata flexible, en el cual hay unos cometidos estatales para la garantía mínima de los derechos humanos, también es cierto que la Constitución no tiene clara las implicaciones acerca de la factibilidad de la materialización de estos derechos.
“La planificación central del Estado ha hecho que el disfrute de los derechos humanos se vea como concesiones por parte de los particulares. Lo más peligroso para los derechos humanos es que una mayoría circunstancial sea capaz de excluir a algunos ciudadanos del disfrute de sus derechos; en la medida en que se planifique centralmente, es el burócrata quien pasa a tener la decisión fundamental sobre cómo se asignan los recursos”, argumentó.
El decano concluyó señalando que la política presupuestaria del Estado debe partir de la consideración de los ingresos y no de los gastos, como se hace en la actualidad. “Hay que dar una discusión de fondo sobre la capacidad económica real del Estado. Hay que explicarle al ciudadano hasta dónde puede el Estado cubrir los gastos, por ejemplo, de la asistencia sanitaria, partiendo de la base de un presupuesto honesto”.
