20 organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron sobre el inicio de un proceso de discusión para la elaboración de una Ley de Amnistía que abarque el período 1999–2026 y presentaron cinco exigencias para incorporarlas al debate.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, las ONG manifestaron que una ley de amnistía, debidamente concebida y discutida, puede constituir un instrumento relevante para avanzar en la restitución de derechos, la convivencia democrática y la reconstrucción del tejido social. Sin embargo, enfatizaron que el proceso de discusión y elaboración de dicha ley no debe convertirse en un obstáculo ni en una justificación para frenar o suspender la excarcelación inmediata de las personas detenidas por motivos políticos.
“La amnistía no equivale a un perdón generalizado, ni supone impunidad, ni mucho menos olvido. Por el contrario, debe entenderse como una herramienta excepcional, enmarcada en estándares internacionales de derechos humanos, orientada a la liberación de personas injustamente perseguidas y a la adopción de garantías de no repetición”, aclararon las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Las exigencias
- La continuación inmediata y sin condicionamientos de las excarcelaciones de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, sin supeditar este proceso a la discusión o aprobación de la Ley de Amnistía.
- La publicación oportuna y completa del anteproyecto de ley de amnistía, a fin de que pueda ser conocido, evaluado y debatido de manera informada por las víctimas, organizaciones de derechos humanos, la academia, sectores sociales y demás actores interesados.
- Un proceso de discusión amplio, plural, transparente y participativo, que incorpore de forma efectiva a las organizaciones nacionales de derechos humanos y a los mecanismos internacionales competentes, en particular la OACNUDH y otros órganos del sistema internacional de protección.
- La garantía expresa de que la Ley de Amnistía no promoverá impunidad, no impedirá el acceso a la justicia ni limitará las obligaciones internacionales del Estado venezolano, ni el funcionamiento de los mecanismos internacionales de investigación y rendición de cuentas, incluidos los de carácter judicial.
- La articulación de la ley de amnistía con una agenda integral de transición democrática, que incluya memoria, verdad, justicia, reparación integral a las víctimas, reformas institucionales y garantías de no repetición.
Participación de organismos internacionales
Las 20 ONG consideran que un proceso de amnistía requiere tiempo, consultas amplias y un debate serio y responsable. Advirtieron que el resultado final de la ley debería ser, necesariamente, producto de un proceso progresivo, que debe privilegiar la participación, la transparencia y el apego a las normas internacionales.
Reiteraron que la eventual ley de amnistía ni es contraria, ni limita ni obstaculiza el funcionamiento de los mecanismos internacionales de justicia y protección de derechos humanos, incluyendo aquellos de carácter judicial, como la investigación realizada actualmente por la Corte Penal Internacional (CPI). “La vigencia del derecho internacional y las obligaciones del Estado venezolano en esta materia deben ser plenamente respetadas”.
“Consideramos indispensable que los organismos internacionales de derechos humanos, tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI), tengan un rol activo en los procesos de consulta, definición de criterios y análisis de casos, en articulación con las organizaciones nacionales de derechos humanos que, desde hace años, han documentado violaciones y acompañado a las víctimas”, sugirieron.
Caleidoscopio Humano, Cadal, Cepaz, Civilis Derechos Humanos, Clippve, Venezuela en Movimiento, Foro Penal, Fundaredes, Gritemos con Brío, La República TV, La TV Calle, Laboratorio de Paz, Nosotras por Todas, Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Red de Derechos Humanos del estado Lara, Red de Derechos humanos en Acción, Redes Ayuda, Transparencia Venezuela y Vicaría de DDHH Arquidiócesis de Barquisimeto son las organizaciones que se pronunciaron en este documento.
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