La designación del Tren de Aragua (TDA) como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos fue apenas el primero de una seguidilla de sismos que sacudió a la pandilla en el último año, debilitando sus estructuras, colocando a sus miembros en una situación judicial comprometida, y dejando a miles de migrantes venezolanos como víctimas colaterales.
En sus primeros tres meses de gobierno, Donald Trump convirtió al TDA en el enemigo público N-1 de EE. UU. El mismo día de su juramentación como presidente firmó la orden para clasificar a la megabanda –que nació en una prisión venezolana–, los cárteles mexicanos y las pandillas centroamericanas como organizaciones terroristas. Un mes después, el 20 de febrero de 2025, concretó la medida.
Con el argumento de combatir a la pandilla, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, encarceló a migrantes y bombardeó embarcaciones en el Caribe.
Previamente, entre diciembre de 2024 y el 20 enero de 2025 las noticias sobre los supuestos delitos del TDA se multiplicaron en los medios estadounidenses, como FOX News y The New York Post. Destacaba especialmente el caso de violencia en una residencia en Aurora, Colorado.
Para ese momento, la atención mediática y la visibilidad ya se habían convertido en motivo de alerta para los miembros de la organización. Comenzaron a actuar con más cautela, no dejaban registros escritos de sus comunicaciones en WhatsApp y solo se conectaban por videollamadas.
Policías de Estados Unidos y Colombia identificaron lo que podría considerarse una fragmentación de la pandilla, que derivó en el surgimiento del Anti-Tren, un grupo integrado por desertores del TDA. En paralelo, aumentó la presión sobre el grupo: Chile y Colombia comenzaron a realizar operaciones conjuntas con autoridades de EE. UU. para desmantelar células en sus países.
En esta fase de persecución y cacería, cualquier venezolano era sospechoso de pertenecer al TDA –más aún si tenía tatuajes– y podía ser detenido. Pero la situación llegó al clímax cuando Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros el 16 de marzo.
El objetivo era “iniciar la remoción de cientos de miembros peligrosos del Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Extranjera (FTO) violenta y cruel, que ha estado amenazando a nuestra nación, llevando a cabo una guerra irregular y aterrorizando a los estadounidenses”, dice el comunicado de prensa del Departamento de Estado.
Pero la norma se usó para justificar la “deportación” ilegal de 238 migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, con excusa de que eran miembros del TDA. Investigaciones periodísticas demostraron que esto era falso y cuatro meses después todos los hombres fueron entregados al gobierno de Venezuela y liberados, en un “intercambio de prisioneros”.
Previamente, otros migrantes acusados sin pruebas de pertenecer al TDA, habían sido enviados a la cárcel de Guantánamo, en Cuba.
Estas acciones desproporcionadas y fuera de la ley causaron terror, no solo entre los venezolanos en Estados Unidos, también aumentaron la preocupación de los jefes de la banda. No es igual ser juzgado por secuestro, extorsión y homicidio que ser acusado por terrorismo.
La capitulación
Cuando Larry Amaury Álvarez Núñez –alias Larry Changa–, uno de los líderes del Tren de Aragua detenido en una prisión en Bogotá, solicitó al presidente Gustavo Petro que el grupo fuera incluido en el proceso de Paz Total del gobierno de Colombia, sabía lo que venía para esta organización criminal.
En una carta, enviada en octubre al presidente de Colombia, Alvarez Núñez hablaba como representante de la pandilla. “Como uno de los tres fundadores y vocero autorizado de la denominada banda criminal Tren de Aragua, me dirijo a ustedes con el debido respeto para expresar mi voluntad y la de nuestra organización de colaborar con el Estado colombiano en iniciativas de carácter social, preventivo y de reinserción, que contribuyan a reducir la violencia y la influencia de organizaciones criminales que afectan a comunidades vulnerables y a la población migrante”.
También insinuó que el TDA estaba interesado en desmovilizarse y en colaborar con las autoridades de los distintos países donde operaba el grupo, incluido EE. UU. Más que una negociación para detener su extradición a Chile, era la capitulación no formal de la pandilla más perseguida del continente.
Los bombardeos cada vez más frecuentes a embarcaciones supuestamente con droga y supuestamente del TDA, en el Caribe, pudieron ser otro incentivo para buscar algún acuerdo. A esto se suma la sanción a Giovanni Vicente Mosquera Serrano, uno de los hombres clave del TDA, quien fue añadido a la lista de los 10 más buscados del FBI.
Otro duro golpe fue la detención, en Colombia, de Kenffersso Jhosue Sevilla, alias Flipper, uno de las figuras más importantes de la organización.
Finalmente, la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por EE. UU. y la inclusión de Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, máximo jefe del TDA, en el indictment contra el expresidente constituye un punto de quiebre para la pandilla.
Si está en Venezuela, Guerrero podría correr la misma suerte del “Koki”, “El Picure”, “El Conejo”, “Wilmito” y otros jefes de megabandas de la era Maduro: morir en un supuesto enfrentamiento con las autoridades. Por eso, quizás su mejor opción sea aterrizar en una cárcel estadounidense.
Esta semana, en las redes sociales de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos) publicaron un aviso de se busca con la cara del Niño Guerrero, justamente durante la visita del Jefe del Comando Sur y de un importante funcionarios del Departamento de Estado a Venezuela.
En este contexto, el futuro del Tren de Aragua luce incierto, aunque todavía tienen presencia en algunos territorios de Venezuela y mantienen sus negocios enfocados en actividades comerciales, minería y lavado dinero.
En Estados Unidos, las noticias sobre el TDA son cada vez menos comunes, pero la persecución a los migrantes y las restricciones migratorias contra los venezolanos se mantienen.
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